La minería revolucionaria
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la noche del pasado 12 de junio la muerte de Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero”, señalado como líder de la organización criminal Tren de Aragua. Según la información difundida, la operación tuvo lugar en el epicentro del denominado Arco Minero del Orinoco.
Más allá de las circunstancias que rodean ese hecho, el anuncio vuelve a poner en evidencia la dramática realidad que vive Venezuela al sur de su geografía y revela la manera irresponsable como el chavismo-madurismo ha administrado los territorios y las riquezas de la nación.
La Amazonía venezolana constituye uno de los patrimonios naturales más valiosos del planeta. Allí se encuentran inmensas reservas de biodiversidad, recursos minerales y fuentes hídricas fundamentales para el equilibrio ecológico de Venezuela y de buena parte de América del Sur. Sin embargo, la ausencia de valores éticos, la incapacidad administrativa y, sobre todo, la voracidad de enriquecimiento de la cúpula instalada en el poder desde la llegada de Hugo Chávez, transformaron esa inmensa riqueza natural en un territorio dominado por la violencia, el crimen y la destrucción ambiental.
El balance del llamado socialismo del siglo XXI en materia minera resulta incluso más desastroso que su gestión en el resto de la vida económica, social y política del país. La magnitud del daño ocasionado aún no es plenamente conocida por los venezolanos ni por la comunidad internacional, debido a que se trata de una vasta región selvática, alejada de los grandes centros poblados y con escasa presencia institucional.
Lo cierto es que en esos territorios se consolidó una red de mafias dedicadas a la explotación aurífera, reproduciendo la vieja fiebre del oro asociada al mito de El Dorado. La minería se convirtió además en un mecanismo para comprar lealtades políticas y asegurar respaldos mediante la distribución irregular de enormes riquezas.
Todo el discurso ambientalista que acompañó la campaña presidencial de Hugo Chávez en 1998, así como la posterior propaganda oficial sobre el llamado “ecosocialismo”, terminó reducido a una simple consigna. Nunca existió una política seria, responsable y técnicamente sustentada para proteger y administrar racionalmente los recursos naturales de la región.
La minería artesanal e ilegal que durante décadas desarrollaron pequeños grupos de buscadores de oro fue sustituida por una estructura mucho más peligrosa. Organizaciones criminales, grupos armados irregulares como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) de Colombia, así como actores vinculados al poder político y militar venezolano, se repartieron amplias zonas de la Amazonía para explotar sus riquezas sin ningún tipo de control institucional.
Las consecuencias ambientales son devastadoras. La destrucción de extensas áreas boscosas amenaza no solo la biodiversidad de la región, sino también las fuentes hídricas que alimentan ríos fundamentales para Venezuela, entre ellos el Orinoco y el Caroní. Esta situación pone en riesgo ecosistemas de extraordinario valor, maravillas naturales como el Salto Ángel y, además, compromete la capacidad de generación hidroeléctrica que durante décadas constituyó uno de los mayores logros de la Venezuela democrática.
La intervención indiscriminada de amplios espacios geográficos ya está afectando el equilibrio hídrico de la región y amenaza el funcionamiento de los complejos hidroeléctricos instalados en Guayana. A ello se suma la destrucción de suelos, la contaminación de las aguas y la extracción irracional de minerales sin planificación alguna ni estudios de impacto ambiental que permitan recuperar las áreas intervenidas.
El resultado es la acumulación de enormes pasivos ambientales, sin precedentes en la historia contemporánea de Venezuela. Miles de hectáreas han sido devastadas durante estos veintisiete años de revolución, y su recuperación exigirá inversiones cuantiosas y esfuerzos sostenidos durante décadas.
Frente a esta realidad, la Venezuela democrática que habrá de surgir tiene la responsabilidad histórica de detener la expansión descontrolada de la actividad minera, impedir que continúe avanzando la destrucción de la selva amazónica y establecer reglas claras para la explotación racional de los recursos existentes.
La riqueza aurífera del país debe convertirse en una palanca para el desarrollo nacional y no en una fuente de enriquecimiento para grupos privilegiados. Durante estos años, el oro extraído en el sur de Venezuela no ha servido para mejorar los servicios públicos ni la calidad de vida de los ciudadanos. Por el contrario, ha sido utilizado para financiar estructuras de poder, comprar fidelidades políticas y enriquecer a sectores vinculados al régimen.
Las principales beneficiarias de esta actividad han sido las mafias y organizaciones criminales que operan en la zona, dejando tras de sí un saldo de violencia, contaminación, erosión y devastación ambiental.
El episodio relacionado con la muerte de “Niño Guerrero” vuelve a llamar la atención internacional sobre la existencia de estas estructuras criminales. También pone de manifiesto la incapacidad del régimen para ejercer un control efectivo sobre una región estratégica para el futuro de Venezuela.
El país necesita recuperar la soberanía sobre su territorio amazónico, erradicar las organizaciones criminales que hoy lo dominan y emprender un amplio programa de restauración ambiental. Asimismo, resulta indispensable desarrollar un modelo de aprovechamiento racional de los recursos minerales que permita convertir esa riqueza en bienestar para los venezolanos y no en una fuente permanente de corrupción y destrucción.
Solo así podremos garantizar a las futuras generaciones la preservación de un patrimonio natural indispensable para la vida, la producción de agua, la captura de gases de efecto invernadero y la conservación de tesoros naturales como el Salto Ángel. Solo así Venezuela podrá recuperar el esplendor de su Amazonía y asegurar que esa riqueza extraordinaria contribuya verdaderamente al desarrollo de la nación.
Caracas, lunes 22 de junio del 2025
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la noche del pasado 12 de junio la muerte de Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero”, señalado como líder de la organización criminal Tren de Aragua. Según la información difundida, la operación tuvo lugar en el epicentro del denominado Arco Minero del Orinoco.
Más allá de las circunstancias que rodean ese hecho, el anuncio vuelve a poner en evidencia la dramática realidad que vive Venezuela al sur de su geografía y revela la manera irresponsable como el chavismo-madurismo ha administrado los territorios y las riquezas de la nación.
La Amazonía venezolana constituye uno de los patrimonios naturales más valiosos del planeta. Allí se encuentran inmensas reservas de biodiversidad, recursos minerales y fuentes hídricas fundamentales para el equilibrio ecológico de Venezuela y de buena parte de América del Sur. Sin embargo, la ausencia de valores éticos, la incapacidad administrativa y, sobre todo, la voracidad de enriquecimiento de la cúpula instalada en el poder desde la llegada de Hugo Chávez, transformaron esa inmensa riqueza natural en un territorio dominado por la violencia, el crimen y la destrucción ambiental.
El balance del llamado socialismo del siglo XXI en materia minera resulta incluso más desastroso que su gestión en el resto de la vida económica, social y política del país. La magnitud del daño ocasionado aún no es plenamente conocida por los venezolanos ni por la comunidad internacional, debido a que se trata de una vasta región selvática, alejada de los grandes centros poblados y con escasa presencia institucional.
Lo cierto es que en esos territorios se consolidó una red de mafias dedicadas a la explotación aurífera, reproduciendo la vieja fiebre del oro asociada al mito de El Dorado. La minería se convirtió además en un mecanismo para comprar lealtades políticas y asegurar respaldos mediante la distribución irregular de enormes riquezas.
Todo el discurso ambientalista que acompañó la campaña presidencial de Hugo Chávez en 1998, así como la posterior propaganda oficial sobre el llamado “ecosocialismo”, terminó reducido a una simple consigna. Nunca existió una política seria, responsable y técnicamente sustentada para proteger y administrar racionalmente los recursos naturales de la región.
La minería artesanal e ilegal que durante décadas desarrollaron pequeños grupos de buscadores de oro fue sustituida por una estructura mucho más peligrosa. Organizaciones criminales, grupos armados irregulares como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) de Colombia, así como actores vinculados al poder político y militar venezolano, se repartieron amplias zonas de la Amazonía para explotar sus riquezas sin ningún tipo de control institucional.
Las consecuencias ambientales son devastadoras. La destrucción de extensas áreas boscosas amenaza no solo la biodiversidad de la región, sino también las fuentes hídricas que alimentan ríos fundamentales para Venezuela, entre ellos el Orinoco y el Caroní. Esta situación pone en riesgo ecosistemas de extraordinario valor, maravillas naturales como el Salto Ángel y, además, compromete la capacidad de generación hidroeléctrica que durante décadas constituyó uno de los mayores logros de la Venezuela democrática.
La intervención indiscriminada de amplios espacios geográficos ya está afectando el equilibrio hídrico de la región y amenaza el funcionamiento de los complejos hidroeléctricos instalados en Guayana. A ello se suma la destrucción de suelos, la contaminación de las aguas y la extracción irracional de minerales sin planificación alguna ni estudios de impacto ambiental que permitan recuperar las áreas intervenidas.
El resultado es la acumulación de enormes pasivos ambientales, sin precedentes en la historia contemporánea de Venezuela. Miles de hectáreas han sido devastadas durante estos veintisiete años de revolución, y su recuperación exigirá inversiones cuantiosas y esfuerzos sostenidos durante décadas.
Frente a esta realidad, la Venezuela democrática que habrá de surgir tiene la responsabilidad histórica de detener la expansión descontrolada de la actividad minera, impedir que continúe avanzando la destrucción de la selva amazónica y establecer reglas claras para la explotación racional de los recursos existentes.
La riqueza aurífera del país debe convertirse en una palanca para el desarrollo nacional y no en una fuente de enriquecimiento para grupos privilegiados. Durante estos años, el oro extraído en el sur de Venezuela no ha servido para mejorar los servicios públicos ni la calidad de vida de los ciudadanos. Por el contrario, ha sido utilizado para financiar estructuras de poder, comprar fidelidades políticas y enriquecer a sectores vinculados al régimen.
Las principales beneficiarias de esta actividad han sido las mafias y organizaciones criminales que operan en la zona, dejando tras de sí un saldo de violencia, contaminación, erosión y devastación ambiental.
El episodio relacionado con la muerte de “Niño Guerrero” vuelve a llamar la atención internacional sobre la existencia de estas estructuras criminales. También pone de manifiesto la incapacidad del régimen para ejercer un control efectivo sobre una región estratégica para el futuro de Venezuela.
El país necesita recuperar la soberanía sobre su territorio amazónico, erradicar las organizaciones criminales que hoy lo dominan y emprender un amplio programa de restauración ambiental. Asimismo, resulta indispensable desarrollar un modelo de aprovechamiento racional de los recursos minerales que permita convertir esa riqueza en bienestar para los venezolanos y no en una fuente permanente de corrupción y destrucción.
Solo así podremos garantizar a las futuras generaciones la preservación de un patrimonio natural indispensable para la vida, la producción de agua, la captura de gases de efecto invernadero y la conservación de tesoros naturales como el Salto Ángel. Solo así Venezuela podrá recuperar el esplendor de su Amazonía y asegurar que esa riqueza extraordinaria contribuya verdaderamente al desarrollo de la nación.
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