La agonía judicial del capitán Caguaripano: nueve años de encierro y su libertad en el limbo
La incertidumbre rodea el caso del militar que lideró la denominada Operación David en 2017. Tras nueve años de su detención, Juan Caguaripano espera que un tribunal revoque la sentencia a pena máxima por alzarse en contra de Nicolás Maduro. Su familia clama justicia y reparación tras las violaciones de sus derechos humanos y espera que el Estado no prolongue los tratos crueles a los que ha sido sometido durante su reclusión
Desde que un tribunal impuso la pena máxima al capitán Juan Carlos Caguaripano Scott en diciembre de 2025, el país experimentó dos giros inéditos. Primero, militares estadounidenses capturaron a Nicolás Maduro, quien antes había exigido públicamente todo el peso de la ley contra el oficial.
Después, Delcy Rodríguez asumió la presidencia interina y sancionó el 19 de febrero una Ley de Amnistía destinada a vaciar las cárceles de presos políticos. Pero Caguaripano sigue tras las rejas.
La familia espera su pronta liberación. Sobre todo después de que en agosto la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de Carabobo admitiera un recurso de impugnación por parte de la defensa del militar retirado de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) para revocar el fallo condenatorio, tanto de él como los otros 22 militares privados de libertad que se alzaron en contra de Nicolás Maduro, a quien desconocían como presidente.
La Corte convocó, entonces, a una audiencia telemática oral y pública con los 23 militares acusados para analizar el recurso. Este acto se celebró el 26 de agosto tras seis horas de retraso y una falla eléctrica en la cárcel de Yare que impidió la conexión a los demás prisioneros.
Al término de la sesión, el tribunal fijó el lapso legal de diez días de despacho para emitir su decisión. Es decir, diez jornadas hábiles de trabajo judicial, sin incluir fines de semana ni días feriados.
“Si pasan los días de despacho, la corte deberá notificarnos sobre la decisión”, aclaró Thereslí Malavé, abogada de Caguaripano.
La esposa de Caguaripano, Irene Olazo, exigió respuestas el pasado 7 de septiembre a través de un video en redes sociales. Cuestionó que la instancia no haya tomado la decisión de liberar inmediatamente al capitán.
“No prolonguen la tortura (…). En sus manos está la justicia, ¿Por qué esperar hasta el último momento?. Hay 23 familias que esperan esta decisión para saber si estamos en un proceso real de transición”, clamó.
<blockquote class="twitter-tweet" data-media-max-width="560"><p lang="es" dir="ltr">10 días... 24 vidas... Venezuela esperando justicia. La audiencia de apelación del caso Paramacay se realizó el 26 de agosto y el plazo para conocer la decisión está llegando a su fin.<br>¿Por qué esperar hasta el último minuto?<br>Libertad para el Cap. Caguaripano y sus compañeros! <a href="https://t.co/DAc3ZT59yx">pic.twitter.com/DAc3ZT59yx</a></p>— Irene Olazo Mariné (@IreneOlazoReal) <a href="https://x.com/IreneOlazoReal/status/2096969066111996037?ref_src=twsrc%5Etfw">September 7, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>Olazo, exiliada en Costa Rica desde 2018, consideró que la ausencia de una respuesta rápida sobre el caso de su esposo evidencia el trasfondo político de su detención y constituye una nueva violación a sus derechos. “Es parte de la tortura sistemática a la que ha sido sometido”, remarcó.
El capitán Caguaripano ganó notoriedad pública tras el video que difundió el 6 de agosto de 2017 en redes sociales desde la 41ª Brigada Blindada Pedro León Torres (Fuerte Paramacay), en Naguanagua, estado Carabobo. Allí, junto a una veintena de militares, se declaró en rebeldía y encabezó la denominada Operación David: un asalto al cuartel militar para sustraer armamento e intentar forzar un cambio de gobierno.
La hazaña no se logró. Horas más tarde, las autoridades tomaron el control de las instalaciones.
Un exalcalde señalado
Tras permanecer escondido por cinco días, funcionarios de la Policía del Municipio Sucre detuvieron a Caguaripano y al primer teniente Yefferson García Dos Ramos en La Urbina, al este de Caracas, informó el ministro de la Defensa de ese entonces, Vladimir Padrino López.
A raíz de la captura, el oficialismo llegó a difundir una narrativa de supuesta cooperación entre la Alcaldía de Sucre y el Gobierno nacional. Diosdado Cabello, actual ministro de Interior y Justicia, acusó a Carlos Ocariz, entonces alcalde de Sucre, de facilitar la ubicación de Caguaripano en 2017. En sus palabras, para «congraciarse» con el gobierno de Maduro.
Cabello insistió en que nadie obligó a Ocariz a entregar esa información y que la versión de una supuesta coacción era falsa. Ocariz desmintió al dirigente oficialista y lo instó a mostrar las pruebas sobre esa presunta entrega. “Ese día ni siquiera estaba en el país”, dijo en un vídeo que difundió en su cuenta de X.
<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="es" dir="ltr">Otra vez la misma mentira en el programa de los miércoles…<br>les dejo la respuesta que di en sept 2025 ante el mismo libreto en el mismo programa.<br>Si lo dice Cabello obviamente es mentira<br>No importa cuando lo diga, siempre es mentira <a href="https://t.co/m4KMIr1lYx">pic.twitter.com/m4KMIr1lYx</a></p>— Carlos Ocariz (@CarlosOcariz) <a href="https://x.com/CarlosOcariz/status/2092788791366791515?ref_src=twsrc%5Etfw">August 27, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>Ocariz aclaró que, cuando ocurrió la detención de Caguaripano, estaba en Estados Unidos atendiendo una emergencia médica de su hijo.
“Yo salgo de Venezuela el 9 de agosto, con un permiso de la Cámara Municipal, y al capitán lo detienen el 11. Cuando a él lo arrestan, nadie me llamó a avisarme ni consultarme porque, operativamente, es imposible que algún funcionario llame al alcalde para notificar un arresto y, como alcalde, no es legal que interfiera en un proceso policial”.
El exalcalde explicó que, de acuerdo con la versión del cuerpo policial, la detención del capitán ocurrió luego de que los funcionarios del organismo de seguridad detuvieran en una alcabala un vehículo, cuyos ocupantes no se identificaron y, al no hacerlo, decidieron darse a la fuga. Tras una persecución, los detuvieron y, una vez en la sede de PoliSucre, intervenida por el gobierno, el militar se identificó como Juan Carlos Caguaripano.
“Allí el Ministerio de Interior y Justicia procede a llevárselo. Y lo único que solicité es que le tomarán fotos para certificar que se lo estaban llevando en perfecto estado de salud”
Luego de la decisión de la Corte de Apelaciones, Cabello volvió a acusar a Ocariz de entregar al capitán.
“En nueve años, Diosdado Cabello ha dicho esto sin entregar ninguna prueba, y no lo hace porque no la tiene. Si fuese así, habría una llamada telefónica o un vídeo, pero no lo hay. Además, jamás he visto ni hablado con Diosdado Cabello. El gobierno solo usa este y otros casos para generar ruido, manipular y generar desconfianza en la oposición”, sostuvo.
Tortura prolongada
Una vez bajo custodia estatal, el capitán fue sometido a una serie de torturas tras su traslado a la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y, posteriormente, al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), según denunciaron sus familiares.
El propio Caguaripano denunció que sus captores le propinaron golpizas, descargas eléctricas, asfixia con gas pimienta y tortura psicológica. Su padre, Juan Bautista Caguaripano, declaró que, durante su reclusión en el Sebin, los funcionarios bajaron al militar retirado a “La Tumba” —el sótano del edificio—. Allí le aplicaron más descargas eléctricas sobre el cuerpo desnudo, lo arrastraron por un suelo cubierto de piedras picadas y lo golpearon en los genitales.
Los organismos internacionales de derechos humanos documentaron que Caguaripano pasó 45 días incomunicado. Por las graves denuncias, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le otorgó el 8 de junio de 2018 medidas cautelares tras considerar que su salud y su vida estarían en riesgo por las condiciones de prisión. Sin embargo, a pesar de la protección, las autoridades ordenaron su traslado a la cárcel del Rodeo I. Allí permanece recluido a la espera de la respuesta de la Corte de Apelaciones de Carabobo.
“Desde su trasladado al Rodeo I, la información que recibimos de Juan Carlos es extremadamente limitada. Antes, cuando él estaba en el SEBIN, esporádicamente, le permitían llamadas telefónicas y mi hija y yo podíamos saber de él, incluso, a través de fotos y cartas; aunque fueran monitoreadas, pero había algún contacto. Desde marzo de 2024, no tengo comunicación telefónica con él y esto significa que como su esposa y madre de su hija he tenido que vivir una enorme incertidumbre sobre su estado de salud. En la última audiencia del 26 de agosto, por información de su abogada, supimos que Juan Carlos ni siquiera pudo tomar un lápiz para escribirle una nota a su papá”, rememoró.
Fue el 19 de diciembre de 2025 cuando un tribunal con competencia en terrorismo sentenció al capitán Caguaripano a 30 años de prisión. También a los otros 22 militares que lo respaldaron en el asalto al Fuerte Paramacay. Los acusaron de traición a la patria, rebelión y sustracción de armamento militar.
“Mi esposo no está preso por un proceso penal ordinario, sino que es un secuestrado político. Su caso está relacionado con la situación política de Venezuela, y durante estos años hemos visto como, pese a todas las irregularidades procesales, las decisiones judiciales no se traducen en una excarcelación definitiva. Mantenerlo preso responde a una dilación de carácter político y no a una verdadera necesidad de justicia. Su situación no puede seguir usándose como forma de castigo político ni mucho menos su caso debe convertirse en una ficha en una mesa de negociación”, dijo Olazo.
Sin amnistía
La Ley de Amnistía no benefició a Caguaripano. Pese al acercamiento entre la Asamblea Nacional de 2015 —representada por la exdiputada Dinorah Figuera— y el actual Parlamento de mayoría oficialista que encabeza Jorge Rodríguez, su salida de prisión sigue estancada. De hecho, Diosdado Cabello se encargó de enterrar cualquier suspicacia al negar públicamente que la liberación de los presos políticos fuera incluida como tema en la agenda de discusión entre ambas partes.
El nombre del capitán, ni de otros 328 presos políticos que registra la ONG Foro Penal hasta el 31 de agosto de 2026, figuran en las excarcelaciones tras el primer encuentro de la negociación. Para Foro Penal, la falta de liberaciones entre los presos políticos militares responde a motivaciones estrictamente políticas.
El futuro
El futuro inmediato del capitán Caguaripano depende de tres magistrados de Carabobo. Estos deben decidir si ratifican o anulan la condena dictada por una justicia que respondía a Maduro. Pero el futuro de su familia, tras nueve años de detención, depende de si la libertad en la Venezuela post-madurimo aún tiene un precio político.
“No estoy pidiendo privilegios para Juan Carlos, sino justicia; que se revise su caso de manera objetiva y se reconozcan todas las irregularidades denunciadas durante su proceso y el de los demás militares detenidos, así como la violación a sus derechos humanos. No quiero que la historia de Juan Carlos quede reducida al expediente de un preso político más, quiero que la verdad prevalezca, que haya una reparación de los daños y, por encima de todo, que mi hija vuelva a ver a su padre en libertad”, sentenció Olazo.
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