Sólo cuentan los revolucionarios

Sólo cuentan los revolucionarios

Juan del Pilar Goberna Hernández ha sufrido en su propia piel las consecuencias de la injusticia y exclusión

lunes, agosto 31, 2015 | Leonardo Calvo Cardenas

Juan del Pilar Goberna, junto a ex periodista independiente Katia Sonia Martin Veliz (foto tomada de Internet)

LA HABANA, Cuba.- Cubanet.com, Juan del Pilar Goberna Hernández, al igual que tantos cubanos, ha sufrido en su propia piel las consecuencias de la injusticia y exclusión.
Juan Goberna es un promotor y defensor de los derechos humanos, quien a sus sesenta y nueve años y después de largos tratamientos e infructuosas intervenciones quirúrgicas, fue hace pocas semanas diagnosticado con glaucoma crónico, con atrofia del nervio óptico y declarado ciego legal por los especialistas del hospital oftalmológico Ramón Pando Ferrer de La Habana.
La doctora que lo atiende recomendó y orientó al paciente que, certificado médico mediante, se presentara en la instancia municipal de la Asociación Nacional del Ciego (ANCI) con el objetivo de recibir los beneficios y apoyos que la organización “humanitaria y no gubernamental” brinda a los invidentes cubanos, especialmente entrenamiento en el uso del bastón y el sistema de lectura Braille.
Según cuenta Goberna, al entregar los documentos requeridos, fue informado que su solicitud se tramitaría por la Dirección Provincial y consultado con el Ministerio de Justicia. Ante la sorpresa e interrogante del aspirante, los funcionarios explicaron que al procesar las solicitudes había que determinar si el futuro miembro mantenía una actitud acorde con los principios revolucionarios, requisito irrecusable para pertenecer a la asociación. Cuenta que inmediatamente y sin salir de su asombro, dejó claro que él era miembro del movimiento de derechos humanos.
Varios días después la Presidenta Provincial de la ANCI, Bárbara G. Ajete, le informó Goberna que su solicitud no procedía pues, según los estatutos de la asociación, su condición de activista pro democracia es incompatible con la pertenencia a la misma, en tanto los asociados deben mantener “actitudes consecuentes con la ética y moral de la revolución”. Asegura el protagonista que en el lugar se encontraba el periodista oficialista Joaquín Borges Triana, quien de manera irrespetuosa le dijo que si quería podía quejarse a la emisora Radio Martí.
Ante la insistencia de Goberna, los funcionarios de la ANCI le entregaron la copia de un pequeño fragmento de los mencionados Estatutos de la organización donde en el artículo 9 entre los deberes de los asociados en su inciso j refrenda:
“Apoyar decididamente cualquier manifestación, actitud, pronunciamiento resolución que adopte la Asociación en defensa de la Patria y en preservación de los derechos conquistados por nuestra Revolución Socialista”.
Resulta inconcebible que una formulación tan difusa baste para negar a una persona la asistencia y respaldo que merece por su discapacidad y su simple condición de humano.
Situaciones como esta indican que esas organizaciones están muy lejos de ser no gubernamentales y muy lejos de ser humanitarias. Imponer condicionamientos ideológicos y exigencias de fidelidad política para integrar asociaciones que deben tener un carácter humanista e incluyente, demuestra la verdadera naturaleza de un gobierno que se ufana, con interesada manipulación, de tantas misiones de colaboración humanitaria alrededor del planeta, pero que no ha aprobado leyes de protección a los discapacitados, a quienes no brinda respaldo y seguridad material acorde con el real costo de la vida y además excluye y discrimina.
Al igual que instituciones académicas, científicas y culturales, organizaciones religiosas y sociales controladas por el gobierno cubano la ANCI, la Asociación Cubana de Limitados Físico- Motores (ACLIFIM) y la Asociación Nacional de Sordos de Cuba (ANSOC) son objeto de la solidaridad internacional de quienes no imaginan que actúen como instrumentos de control y manipulación.
Son muchos los gobiernos, organizaciones e instituciones que rinden culto legal y práctico a la libertad individual y la diversidad, que brindan respaldo material a las autoridades de la isla y sus organizaciones “civiles” para a tender las necesidades de los discapacitados y esa solidaridad es persistentemente traicionada por la discriminación a que está expuesto cualquier cubano sin importar su condición física o vulnerabilidad.
A modo de ejemplo podemos citar también el capítulo IV de los estatutos de la ANSOC que en su artículo 7 inciso d referido a los requisitos para obtener la membresía estipula:
“Tener condiciones morales y sociales acordes con nuestros principios socialistas”.
Estas reglamentaciones discriminatorias y excluyentes se contradicen totalmente con lo refrendado por la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de la que Cuba es signataria y que estipula:
Artículo 21– Libertad de expresión y de opinión y acceso a la información.
“Los Estados Partes adoptarán todas las medidas pertinentes para que las personas con discapacidad puedan ejercer el derecho a la libertad de expresión y opinión, incluida la libertad de recabar, recibir y facilitar información e ideas en igualdad de condiciones con las demás…”
Artículo 29 Participación en la vida política y pública
“Los Estados Partes garantizarán a las personas con discapacidad los derechos políticos y la posibilidad de gozar de ellos en igualdad de condiciones con las demás y se comprometerán a:
“Asegurar que las personas con discapacidad puedan participar plena y efectivamente en la vida política y pública en igualdad de condiciones con las demás…”
Cuba es miembro también de la Unión Latinoamericana del Ciego ULAC y Unión Mundial del Ciego UMC, que en sus Estatutos recoge como primer objetivo:
“Los objetivos de la Unión son proteger y promover los derechos humanos, civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de las personas ciegas y deficientes visuales; permitir a las personas ciegas y deficientes visuales reunirse y expresar sus opiniones y aspiraciones y, con arreglo a decisiones adoptadas democráticamente,..”
Estas instituciones de seguro no imaginan la manera en que se manifiesta la exclusión que ejercen los gobernantes de la Isla en el tratamiento a los discapacitados.
montesinos3788@gmail.com