CIDH exige garantizar derecho a reproducir información
El comisionado Felipe González pidió al Estado desarrollar información sobre la elección de los rectores del CNE para asegurar independencia | Foto Archivo El Nacional
El gobierno negó otra vez solicitud para que se constate la situación de los derechos humanos en el país
20 DE OCTUBRE 2015 - 12:01 AM
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos abogó por la libertad de expresión en Venezuela. El comisionado Felipe González, relator para Venezuela, señaló: “Tiene que garantizarse el derecho de los medios locales de reproducir información producida en otros países”.
Durante el inicio de las audiencias públicas del 156 período de sesiones en Washington, Estados Unidos, González indicó que el Estado venezolano no se ha hecho cargo de las observaciones del organismo sobre las deficiencias en el acceso a la información pública, ni ha consignado la información solicitada.
El comisionado destacó que el derecho a la información pública es garantía de los derechos sociales, políticos y económicos, y destacó la importancia de que se acate la sentencia de la Corte Interamericana que ordenó devolver la concesión a Radio Caracas Televisión. Sin embargo, el director de Conatel, William Castillo, negó esta posibilidad porque “ya hay una decisión del TSJ”.
Varias ONG denunciaron las condiciones de la libertad de expresión. La directora de IPYS Venezuela, Marianela Balbi, aseguró que los procedimientos judiciales contra periodistas, medios y activistas de derechos han aumentado durante el gobierno de Nicolás Maduro. “De 64 acciones legales, entre 2002 y 2015, 29 corresponden a delitos de difamación e injuria, en los que se ha afectado a 36 personas acusadas. Más de la mitad de los afectados por las demandas de difamación e injuria corresponde a los 22 directivos de los medios Tal Cual, El Nacional y La Patilla, acusados por el presidente de la Asamblea Nacional”, afirmó Balbi.
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa reportó 205 denuncias sobre violaciones a la libertad de expresión en los primeros meses de este año. Oswaldo Cali, de la ONG Espacio Público, indicó que los periódicos críticos del gobierno no tienen papel y denunció el bloqueo de páginas web.
Al respecto, William Castillo aseveró: “El negocio de los periódicos es la información, no es el papel. ¿Sin papel cómo se difunde la información?”. Indicó que 75% de los periódicos recibe papel, pero no dio detalles sobre la situación del resto de los impresos. También acusó a Miguel Henrique Otero, presidente editor de El Nacional, de “revender” el insumo.
“¿Qué hace el Estado venezolano para evitar la autocensura?”, preguntó la comisión. A lo que el director de Conatel respondió: “Nunca, como hoy, hubo tanto espacio para poder ejercer el derecho a la libertad de expresión”.
Durante la audiencia, el relator especial para la libertad de expresión, Edison Lanza, pidió visitar el país para constatar la situación de los derechos humanos y aseguró que dejaba extendida la petición. “Hemos estado en 15 países sin ningún tipo de problema. Solicitamos visitar Venezuela a la mayor brevedad, para que cese el clima de polarización”, indicó.
Sin embargo, la representación del Estado negó una vez más la posibilidad de la visita. El representante del gobierno, Germán Saltrón, puso como condición que se rectifique el error de haber apoyado el golpe de Estado contra Hugo Chávez en abril de 2002.
Observación vetada. La solicitud del comisionado Felipe González de que la OEA participe como observador en las elecciones del 6-D fue rechazada de forma enfática por Saltrón, al decir que Venezuela no confía en el organismo. “La OEA ha apoyado dictaduras, certificado golpes de Estado y fraudes electorales; no ha tenido una práctica democrática durante todo su funcionamiento”, dijo.
La CIDH considera “injustas” las acusaciones de Luis Britto García, del Consejo Nacional de Derechos Humanos, que acusó al organismo de no registrar las violaciones de derechos humanos en Estados Unidos.
En las audiencias de la CIDH sobre Venezuela también se denunció la persecución hacia los defensores de los derechos humanos, por lo que el organismo pidió al Estado no tomar represalias contra estos activistas.
La coordinadora de Cofavic, Liliana Ortega, destacó que los planes de seguridad ciudadana deben ser conducidos por civiles.
EL DATOEl comisionado Felipe González pidió al Estado desarrollar información sobre la elección de los rectores del CNE para asegurar independencia y sobre las auditorías ciudadanas al proceso electoral. También interpeló: “¿Cómo se evalúa la independencia de auditorías ciudadanas si hace una década no hay auditorías independientes?”
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