ORPANAC y NEM: Caso de La Auyama se debería decidir con un referéndum consultivo

ORPANAC y NEM: Caso de La Auyama se debería decidir con un referéndum consultivo

(Prensa Orpanac - CNP11495) Las organizaciones no gubernamentales ORPANAC y NEM  aseguran que la salida para el caso planteado por el Proyecto Habitacional La Auyama que pretende llevar a cabo el Ejecutivo nacional y el regional,  es un referéndum consultivo que asegure la participación ciudadana en la toma de una decisión que afectaría a la calidad de vida de los habitantes de los municipios Maneiro y Mariño.

El director de la Organización para la Prevención Nacional de la Corrupción (ORPANAC), Juan Carlos Torcat, explica que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que en el artículo 71 establece el referéndum consultivo  debe recoger como mínimo el 10 por ciento de las personas inscritas en el REP en los municipios Mariño y Maneiro.

“Como ciudadanos tenemos el deber y derecho de participar, activamente en la programación y ejecución de los proyectos, y el Estado tiene que garantizar nuestra participación, y en este caso podrán opinar si quieren o no que se construyan las  2.500 viviendas  que plantea desarrollar el gobierno central y el gobierno regional,  o un parque para el disfrute de todos los habitantes”.

Torcat aseguró que mantuvo una reunión con el alcalde del municipio Mariño. Alfredo Díaz y que este manifestó que considera son los ciudadanos los que deben decidir sobre el destino del Proyecto Habitacional La Auyama.

Por su parte, el director de la ONG Nueva Esparta en Movimiento (NEM), Antonio González Abad, asegura que el referéndum en el caso Proyecto Habitacional La Auyama, está basado en dos premisas fundamentales. “Por un lado tenemos que la construcción de las viviendas que se está adelantando por los ejecutivos nacional y regional, viola disposiciones constitucionales referente a las facultades que tienen los municipios para regular la materia de urbanismo. Y por otro lado el colapso inminente de los servicios que implica la introducción de una población de 12.500 personas aproximadamente en un municipio donde apenas habitan 40 mil personas, es decir, más de una quinta parte de la población de ese municipio crecería de una sola vez”.

“Sabiendo que no se han construido nuevas plantas de agua, no se han adquirido o fabricado nuevas plantas de tratamiento, ni se tienen nuevos embalses, y no se cuenta con nuevas plantas de electricidad, pues es fácil adivinar que, ya teniendo un caos en los servicios públicos, la adición de esas viviendas y el aumento de población que implica,  significará un impacto  fuerte en los servicios públicos”, afirma el abogado.

Según afirma Rodríguez Abad, la ciudadanía tiene tres maneras de actuar frente a este problema que se les avecina. “Por un lado tiene una vía judicial, que en un país donde prácticamente en 17 años no se ha sentenciado nunca contra el ejecutivo nacional, es una vía ilusoria. Por otro lado tienen una vía de presión ciudadana, de manifestación, participación y protesta activa, que está en las manos de cada ciudadano, y por otro lado tiene la oportunidad de manifestar  esta opinión de manera formal a través de un referéndum consultivo, de los regulados en el artículo 71 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”.

Siendo este el panorama las ONG, ORPANAC y NEM avalan la opción del referéndum consultivo, por ser un mecanismo de participación ciudadana directa, “un mecanismo que es el único viable, posible para que la ciudadanía represente su parecer de forma vinculante ante una actuación de todas luces arbitraria ejecutada por los órganos del poder central en perjuicio de los verdaderos intereses de los habitantes de los municipios Maneiro y Mariño”.