“Decisión es ilegal y viola derechos humanos”
Representantes de planteles y alumnos piden al Ministerio de Educación definir el marco legal que ampara los procedimientos por irrespeto de los símbolos patrios
Unión Radio
Romeo pidió a la fiscal Ortega investigar agresión a estudiantes
Fausto Romeo, presidente de la Asociación Nacional de Institutos Educativos Privados, tildó de incongruente el comunicado difundido por el Ministerio de Educación en el que anuncia la apertura de procedimientos penales, civiles y administrativos en 15 colegios privados en cuyas instalaciones, según el documento, se incita a la violencia y al irrespeto de los símbolos patrios.
El docente explicó que la medida no les ha sido notificada y que integrantes del gremio educativo de todo el país esperan una comunicación oficial para conocer la naturaleza del proceso disciplinario. “Es un comunicado mezclado con un procedimiento penal que no está establecido en la Lopnna y que no está firmado ni por la consultoría ni por el ministro (Elías) Jaua”, enfatizó.
Señaló que solo una de las 15 instituciones mencionadas en el documento está adscrita a la Andiep y solicitó a la fiscal Luisa Ortega Díaz que se determine la responsabilidad de quiénes han agredido a estudiantes.
Trina Carmona, presidenta de la Asociación Venezolana de Educación Católica, que agrupa a varios de los planteles señalados, advirtió que en cada colegio adscrito a esta asociación los directivos atendieron las acciones estudiantiles. “Los jóvenes se organizaron y se expresaron pero dentro de los colegios. En ningún momento trancaron calles”.
Añadió que AVEC está también a la espera de conocer el fundamento legal de la apertura del procedimiento. “Deben aclararnos cuáles son las sanciones y en qué se basan. Hasta ahora esperamos la notificación de los supervisores circuitales”.
Nancy Hernández, presidenta de Fenasopadres, indicó que la medida responde a una acción violatoria del derecho a la libertad de expresión. “Izar la bandera, disentir y protestar no son delitos tipificados. La manifestación pacífica está consagrada en nuestra Constitución. El ministro miente y acusa. Exigimos que presente pruebas”.
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