Entre 2008 y 2019 se asignaron más de 14 mil millones de dólares a la institución y programas del Estado encargados de garantizar la protección integral de niños y adolescentes en el país. Sin embargo, en las calles, barrios y casas hogares se evidencia cómo a miles de niños se les vulneran sus derechos: pasan hambre, no van al colegio, son violentados e incluso asesinados. ¿Qué pasó con los recursos? ¿No alcanzaron o no llegaron?

Por: Grisha Vera, Patzzy Salazar y Génesis Carrero

Manuel* nació en 2005, dos años antes de la reforma de la Ley Orgánica de Protección a Niños, Niñas y Adolescentes, instrumento legal de avanzada en los derechos de la infancia. Sin embargo, en 12 años, el Estado venezolano no ha podido garantizar que a Manuel se le cumplan sus derechos.

Ya tiene 15 años y su historia se levanta entre dos pilares: la necesidad y el maltrato. Nació en el Materno de Petare, en la ciudad de Caracas, en situación de pobreza extrema. Fue presentado cuando tenía cuatro años de edad. Dice no saber dónde está su papá. Vivió en la calle durante casi tres años y no fue escolarizado hasta que cumplió 12 años, aunque en esa oportunidad no completó el año escolar. La frustración y el hambre lo empujaron de nuevo a la calle.

En más de una década y con cuatro programas estatales que tienen como objetivo garantizar los derechos y proveer de oportunidades a niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad, Manuel no se ha visto beneficiado por ninguno de ellos. El sistema de protección de niños y adolescentes no ha garantizado siquiera que su familia de origen u otra lo abrigue y lo proteja.

Según cálculos de El Pitazo, el Estado venezolano ha presupuestado entre 2008 y 2019 al menos 14.000 millones de dólares a las instituciones y programas encargados de velar por la protección de la infancia venezolana. Las cuentas se sostienen en los datos publicados en las leyes de presupuestos, créditos adicionales y memorias y cuentas.

EN 12 AÑOS, EL ESTADO VENEZOLANO NO HA PODIDO GARANTIZAR QUE A MANUEL SE LE CUMPLAN SUS DERECHOS

El monto no es cualquier cosa. Superó en más de 1.000 millones de dólares los recursos enviados a Cuba durante una década para generar electricidad en la isla. Es incluso superior a los presupuestos anuales de la República aprobados por la Asamblea Nacional Constituyente en 2019 y 2020, un poco más de 5.400 millones de dólares y 8.100 millones de dólares, respectivamente.

La opacidad en la información oficial no permite conocer si el dinero presupuestado al Instituto Autónomo Consejo Nacional de Derecho del Niño, Niña y Adolescente (Idenna), al Servicio Autónomo Fondo Nacional de Protección del Niño y Adolescente, a la Gran Misión Hijos de Venezuela, a la Fundación Misión Niños Jesús y a la Fundación Nacional Niño Simón fue ejecutado en su totalidad ni tampoco cómo fue gestionado.