Embargo
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Juan Garantón, abogado del diario El Nacional, afirmó que la medida de embargo aplicada este viernes contra la sede del periódico es un acto que carece de legalidad debido a que el lunes 10 de mayo se introdujo un recurso de revisión constitucional ante los magistrados de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.

«Esta es una cuestión en la que los magistrados deben pronunciarse, porque este abuso de autoridad que está ocurriendo aquí es delictivo, es una flagrancia, es un hecho punible (…) Esto no es aplicación de derecho ni de norma jurídica alguna. Esto es un vulgar delito que se está cometiendo contra el diario El Nacional y las personas que aquí se encontraban habitando en este periódico», enfatizó.

El abogado dijo que el proceso ejecutado por la Guardia Nacional Bolivariana no contó con el aval de un representante del Tribunal Supremo de Justicia.

«No es embargo. Está tomado por la fuerza. No está aquí un juez, ni un abogado con una carta notificando el proceso. Aquí llegó la Guardia Nacional y tomó el edificio, sacando a toda la gente que trabajaba, que hacía su vida aquí», explicó.

Y agregó: «No hay acceso para nadie a la sede. Esto está en manos de la Guardia Nacional Bolivariana. No sé por orden de quién, porque un tribunal aquí no está».

Garantón fustigó que a la fecha no ha recibido notificación sobre el plazo de pago que establece la sentencia, por lo que encontró ilógico la aplicación de la medida de este viernes.

«No nos han notificado el plazo para reunir los casi 14 millones de dólares. Ese lapso, establecido en la sentencia, no ha corrido. Ni siquiera ha habido notificación de un juez. 

Esto es un abuso de autoridad», indicó.

Medida ilegal

La noche de este viernes, el Tribunal Cuarto de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas practicó el embargo ejecutivo contra la sociedad mercantil Editora El Nacional C.A., parte demandada en el juicio que por daño moral sigue en su contra el ciudadano Diosdado Cabello.

Un hombre identificado como fiscal procedió a pegar un cartel de notificación que indica que se cubre la cantidad de 141.501,24 petros del total de 237.000 petros que obliga a pagar el Tribunal Supremo de Justicia, con la estructura del diario.

La acción fue rechazada por el presidente editor de El Nacional, Miguel Henrique Otero, quien pidió denunciar el atropello contra la institución.

Jorge Makriniotis, gerente general de El Nacional, también deploró la medida, que calificó como un ataque a la democracia.

A estas voces se sumaron dirigentes políticos y la sociedad civil, que expresaron su solidaridad con el medio.