Brasil investiga a diplomáticos de Maduro para deportarlos por nexos con Lula
Cinco voceros diplomáticos del chavismo en Brasil tienen un plazo de diez días para defender su estadía en el país suramericano o salir
La Policía Federal de Brasil investiga la deportación contra diplomáticos al servicio del dictador Nicolás Maduro en el país, en un capítulo más de la serie de intentos de expulsión de chavistas de Brasil.
La medida trasciende luego de que Irene Rondón, quien encabeza actualmente la misión chavista se reuniera con el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva durante su visita a Brasilia a principios de mayo, divulga Noticias RTV.
Ahora ella, junto al general Manuel Antonio Barroso, quien funge como agregado militar de la embajada de Venezuela en Brasilia. A la lista se suman también María del Pilar García, Ángel Gustavo Rodríguez y Freddy Efraín Meregote. Estos funcionarios tienen diez días para presentar una defensa técnica escrita que justifique su estadía.
El encuentro no es casual. Lula está en campaña y teje sus redes. «Seré candidato contra Jair Bolsonaro», le reveló a la revista Paris Match. Y es que para el expresidente sus años en el poder —entre 2003 y 2010— el país se convirtió en un “actor mundial de envergadura”.
Si tiene salud y figura como favorito “no dudará” en presentarse en una contienda comicial, considerando que además se declara como “un buen presidente”. Ya sus promesas las propaga en Twitter.
Lula confiesa sus pretensiones con absoluto desparpajo. Se siente preparado para volver a la arena política ahora que recuperó sus derechos políticos por orden del Tribunal Supremo brasileño. Dicho ente anuló hace un año cuatro juicios que cursaban en su contra en tribunales locales de Curitiba, debido a un conflicto de competencias.
De este modo, quedaron sin efecto las penas acumuladas de 26 años que pesaban sobre él por condenas de corrupción en cuatro procesos. Ahora, la recuperación del apoyo parece una meta inminente. Maduro ya le propone hacer “política sin odio”.
Opositores con crédito
Pero la cercanía de Lula con los diplomáticos de Maduro está en riesgo. Los procesos de deportación de estos son el resultado de meses de disputa entre el gobierno de Jair Bolsonaro y los voceros de Miraflores.
La fricción comenzó con la decisión del líder brasileño, en enero de 2019, de no reconocer al gobierno de Maduro y respaldar al opositor Juan Guaidó como presidente encargado.
Con esta disposición a favor, Guaidó tiene en Brasil un equipo magro encabezado por la abogada María Teresa Belandria. La representante del gobierno interino al entregar sus credenciales como embajadora de Venezuela creó una situación inusual: dos equipos de diplomáticos venezolanos enfrentados en Brasilia.
Belandria es la única reconocida por la Cancillería pero los chavistas mantienen el control del edificio de la embajada.
Desde el inicio del gobierno de Bolsonaro, el Ministerio de relaciones exteriores trabaja para que los representantes de Maduro salgan del país. En una de las primeras acciones, la Cancillería dejó de emitir o renovar tarjetas de registro diplomático, una especie de documento de identidad, para los chavistas.
En abril del año pasado la cartera retiró a su personal de la embajada en Caracas esperando que los diplomáticos chavistas en Brasil abandonaran el país, pero esto no ocurrió. El freno de la medida fue debido a la querella que el diputado del partido de Lula, Paulo Pimenta, interpuso ante el Tribunal Supremo Federal para impedirlo.
Personas no gratas
Esta investigación de deportación comenzó en septiembre del año pasado. En aquel entonces la Cancillería informó a la Policía Federal que los funcionarios habían sido declarados «personae non gratae», quedando así anuladas las inmunidades y privilegios diplomáticos.
A raíz de ello, la Policía Federal envió cartas a los representantes de Maduro indicándoles que tenían 60 días para regularizar su condición migratoria como ciudadanos comunes o debían salir del país.
Finalizado el plazo, la PF comenzó con sus investigaciones de deportación. Sin embargo, el organismo policial «no brinda información sobre los procesos administrativos iniciados contra una determinada persona, debido al secreto legal que protege a los titulares de la información».
La Cancillería afirma que la declaración de los chavistas como «personae non gratae» no contradice la decisión del Tribunal Supremo Federal que prohíbe la expulsión en medio de la pandemia. Pero ese estado de calamidad pública por el coronavirus terminó formalmente el 31 de diciembre y el tiempo para la samba se acabó.
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