Traslados de presos políticos a cárceles comunes genera rechazo
El decreto número 4610 de la Gaceta Oficial 42.125 indica que el ejercicio de las funciones de custodia debe ser transferido en el plazo de 30 días, contados a partir de la vigencia de dicha resolución. Ya los traslados comenzaron según han confirmado defensores de los derechos humanos. La Oficina de Bachelet monitorea traslado de presos políticos a cárceles comunes.
Caracas. La decisión del gobierno de Nicolás Maduro de trasladar a cárceles comunes a los presos políticos es cuestionada y rechazada por algunas organizaciones y defensores de los derechos humanos.
El pasado 12 de mayo, en Gaceta Oficial, el gobierno de Nicolás Maduro ordenó al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y a la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) que pase la custodia de los privados de libertad al Ministerio para el Servicio Penitenciario.
El decreto número 4610 de la Gaceta Oficial 42.125, indica que el ejercicio de las funciones de custodia debe ser transferido en el plazo de 30 días, contados a partir de la vigencia de dicha resolución.
Estos traslados ya comenzaron, según han denunciado en redes sociales defensores de derechos humanos y dirigentes políticos de oposición.
Lilia Camejo, directora ejecutiva de la Organización No Gubernamental (ONG) Justicia Venezolana, cuestionó la medida ordenada por el Ejecutivo Nacional de transferir la custodia de presos políticos militares al Ministerio para el Servicio Penitenciario.
Camejo alertó acerca del hacinamiento en las cárceles comunes. “En las cárceles comunes la cifra de reclusos supera 171 % de la capacidad instalada”, dijo.
En este punto coincidió el abogado de varios presos políticos, Joel García, quien en entrevista radial señaló que el hacinamiento en las cárceles del país empeorará con el traslado de los detenidos por razones políticas que se encontraban en la Dgcim, Sebin y FAES.
En este sentido, Camejo indicó que “en el caso de los castrenses detenidos por razones políticas, además de violar que la justicia militar prevé los centros carcelarios para estos, podría suponer un enorme riesgo para la integridad física de los mismos, ante el hacinamiento”.
“Como organización que encabeza la defensa privada de varios oficiales tras las rejas sin haber cometido delito, hemos denunciado por años las pésimas condiciones que existen tanto en la Dgcim como en el Sebin por tratarse de centros de detención preventivos. Hoy con profunda preocupación alertamos que pretendan trasladar a varios de los 140 militares presos políticos a sitios de reclusión donde reina la anarquía, abundan casos de enfermedades crónicas, existe desnutrición y no se garantizan los derechos humanos de los detenidos”, detalló.
Oficina de Bachelet monitorea traslado a cárceles comunes
La dirigente nacional de Voluntad Popular y defensora de Derechos Humanos, Adriana Pichardo, denunció el traslado ilegal de siete presos políticos detenidos en la sede de las FAES en La Quebradita la noche del miércoles.
Informó que a propósito de ese hecho, recibió una llamada de los representantes en Venezuela de la Oficina del Alto Comisionado para los DD. HH. de la ONU, para informarse sobre el caso y sobre la reciente resolución que ordena el traslado de presos políticos del Sebin y la Dgcim a cárceles comunes.
“Agradezco mucho a la oficina de Bachelet que ayer se comunicó conmigo y con algunos familiares para monitorear la situación”, dijo en una rueda de prensa.
Pichardo precisó que los siete detenidos (Darío Estrada, Rigoberto Moreno, Robert Franco, Juan Carlos Ochoa, Argenis Utrero, Julio César Sánchez y un séptimo aún no identificado) fueron llevados a la sede de las FAES en La Yaguara, pero alertó que es un traslado ilegal que podría enmarcarse en la mencionada resolución.
“Es un acto ilegal y violatorio de los derechos humanos. En Venezuela hay 363 presos políticos. Todos tienen la huella de la tortura y de los tratos crueles. Trasladar a un prisionero político de un lugar a otro no borra la huella de la tortura. La intención política de lavar la cara a algún personaje del régimen porque estamos en medio de una investigación de la Corte Penal Internacional no lo van a lograr. No pueden borrar los testimonios de las víctimas, no pueden borrar los expedientes que durante años hemos consolidado sobre la situación gravísima de los derechos humanos en Venezuela”, dijo Pichardo.
Recalcó que de acuerdo al ordenamiento legal vigente, el traslado de cualquier detenido debe ser ordenado por el juez de su causa, no por una resolución ministerial.
Expresó que el temor de los presos políticos, sus familias y sus defensores de ser trasladados a cárceles comunes se fundamenta en el hecho de que el sistema penitenciario venezolano es de los peores del mundo y ahí corren el riesgo de morir enfermos, convivir con delincuentes condenados o ser usados como rehenes.
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