Para el Estado las garantías constitucionales, el respeto y su obligación de proteger y garantizar los derechos humanos, como el cumplimiento de los pactos y convenciones internacionales suscritos y ratificados por la República, establecidos en nuestra norma suprema, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, no es prioridad.

Cuando se cumple un nuevo aniversario de la firma de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU (10 de diciembre de 1948) en nuestro país no hay nada que celebrar. El Estado se ha encargado de pulverizar y aniquilar los derechos civiles y políticos, como la libertad y la vida.

Los cuerpos represivos y de seguridad del Estado no tienen miramientos para aplicar detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales, tratos crueles e inhumanos y degradantes.

El sistema de justicia está politizado: se usa para perseguir a la disidencia vulnerando el debido proceso.

Los derechos políticos están limitados, el ejemplo más reciente es el caso del proceso electoral del estado Barinas, donde el Plan República, la Contraloría General de la República y el TSJ, extralimitando sus funciones, despojaron de hecho las competencias y facultades del ente rector que rige los procesos electorales como lo establece nuestra carta magna y son los que deciden quién tiene derechos y quién no.

La violación del derecho a la alimentación ha derivado en una pobreza que, según la encuesta Encovi, alcanza 92,4% por la hiperinflación que devoró totalmente el miserable salario y las pensiones de hambre. Los servicios básicos son ineficientes, obligando incluso a los más vulnerables a cocinar con leña. El derecho a la salud se hace inalcanzable para los pacientes crónicos y en especial para los niños que siguen falleciendo en el J. M. de los Ríos. La libertad de expresión y el libre ejercicio del periodismo también se han visto limitados con agresiones.

Un balance demuestra el momento más oscuro que viven los derechos constitucionales en Venezuela y el porqué la CPI ya inició investigación formal en Venezuela por crímenes de lesa humanidad.

El Estado se equivoca nuevamente al archivar el memorando de entendimiento firmado con la CPI y olvida que el documento establece que es de competencia del fiscal Karim Khan realizar una investigación paralela con toda la facilidad y flexibilidad, como lo establece el Estatuto de Roma. Insisto, en Venezuela no existe un sistema de justicia que pueda procesar, juzgar a los responsables de estos crímenes horrendos y es por eso que sigo manteniendo la tesis de que la única vía es la CPI por tener la facultad de investigar, juzgar, condenar, desde funcionarios de altos rangos, militares y jefes de Estado en ejercicio.