-General Héctor Hernández
Da Costa fue detenido el 13 de agosto de 2018 detenido dentro de su vivienda
sin que se le mostrara una orden judicial, sin información de por qué estaba
siendo detenido, y en medio de un procedimiento ejecutado por funcionarios de
la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).
Durante 40 días permaneció en
desaparición forzosa en la sede de dicho organismo. Se le vinculó al presunto
atentado con drones contra Nicolás Maduro durante un desfile de la Guardia
Nacional en la avenida Bolívar de Caracas.
En la Dgcim fue víctima de malos tratos, entre
ellos la negación de atención médica o de recibir alimentación adecuada para
sus padecimientos de diabetes y enfermedades gastrointestinales.
Luego fue trasladado a la llamada
Casa de los Sueños 2, como se conoce a la sede de la Dgcim ubicada dentro de
Fuerte Tiuna. Allí sus familiares pudieron verlo por tan solo 10 minutos, sin
ninguna privacidad y a través de un vidrio. “A nosotros nos afectó mucho porque
fue como si se tratara de un animal salvaje. La comunicación nunca fue clara”,
expresa su hija Loredana Hernández.
Regresó a la sede de ese siniestro
organismo en Boleita, donde persistieron las mismas malas condiciones de trato.
Durante 11 meses a raíz de la epidémica de Covid-19 las visitas fueron
suspendidas y cuando se retomaron solo se permitieron una o dos por mes, con la
presencia de una persona de su entorno.
Por compartir una celda con una
persona enferma con coronavirus, estuvo contagiado de covid-19 y no recibió
atención médica durante ese periodo.
La visita es grabada y hay
micrófonos en el sitio donde ésta se permite. Tal irregularidad afecta la estabilidad emocional
de toda la familia.
La narcodictadura hace caso omiso de
las recomendciones de organismo internacionales en favor de los presos
políticos.
En el caso del general Héctor Hernández
Da Costa, tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como el
Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas se han
pronunciado en su caso.
El 15 de octubre de 2019, la CIDH le
solicitó al régimen de Nicolás Maduro que
adoptase las medidas necesarias para proteger los derechos a la salud, vida e
integridad personal del prisionero, así como garantías de que las condiciones
de su reclusión cumplan estándares internacionales.
Por su parte, el Grupo de Trabajo se
pronunció en julio de 2020 para dejar en claro que la detención del militar fue
totalmente arbitraria, y su privación de libertad incumplía la Declaración
Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos. Igualmente, se estimó que en el contexto de la pandemia por el
coronavirus y la amenaza que representa en los sitios de detención, se debe
garantizar la inmediata liberación de este funcionario.
Al respecto, su hija Loredana
Hernández aseveró haber ido a la Defensoría del Pueblo y hecho denuncias
públicas para tratar de visibilizar la medida del Grupo de Detenciones
Arbitrarias, lo mismo sus abogados, sin recibir respuesta.
-Ya la orden de mi papá –afirmó- tiene
siete meses y sigue preso, la inmediatez no se la han dado.
Asimismo señaló que se debía
entregar una respuesta al Grupo de Detenciones Arbitrarias de la ONU, con sede
en Ginebra, pasados seis meses de emitida la orden. -Sin embargo –apuntó- no se ha materializado la libertad, no
se ha materializado ninguna de las recomendaciones que hacía la medida, pero
seguimos insistiendo en organismos nacionales e internacionales. En esa medida
se discutía punto por punto, incluso con el Ministerio de Relaciones
Exteriores, las razones por las cuales mi papá es considerado inocente y se
solicitaba su libertad inmediata”.
Una de las juezas de la
narcodictadura, quien estaba encargada de la audiencia preliminar, tampoco
respondió a la solicitud hecha por el Grupo de Trabajo de la ONU. Ella, que ha sido señalada por organizaciones no
gubernamentales de impartir justicia en base a razones políticas, fue
reemplazada por la jueza Carolina López, de la misma calaña.
Loredana Herrnández del mismo modo
declaró que “Ese distanciamiento físico que nos han impuesto es algo inhumano,
nos ha afectado mucho. Más ahorita en cuarentena porque las visitas son
escasas, no hay intimidad familiar. Me afecta mucho verlo cómo está.
Luego apuntó:
-...hay militares honestos. Las
personas que tienen medidas de la ONU tienen que cumplirse. Se deben caer todas
las mentiras y así se está demostrando hasta el momento, y espero que todas las
personas dentro del juicio hagan valer la inocencia de mi padre y del resto de
los presos políticos que están en el caso.
Su hija Loredana fue apresada y
ahora se encuentra en el exilio, después de la persecución a la que fue
sometida, y su esposa, Lili Barboza, sigue en Venezuela y tiene prohibición de
salida.
Son más los presos políticos
militares.
Según la ONG Justicia Venezolana,
hasta el 26 de marzo había de ese año había 140 militares presos por razones
políticas, 35 de ellos en riesgo por su condición de salud.
Se les acusa de terrorismo, traición
a la patria, sustracción de armamento militar, conspiración, entre otros.
Recordó, además, que en su primera
actualización oral, la Misión de Determinación de Hechos destacó el uso por
parte del régimen venezolano del concepto de “enemigo interno” para justificar
la persecución a la disidencia, y mostró
su preocupación por las personas
detenidas en los centros de inteligencia militar y civil.
Igualmente hizo mención particular
de los casos del capitán Luis de la Sotta y el coronel jubilado Oswaldo García
Palomo, quienes “siguen en un estado de salud frágil y en condiciones de
detención terribles, y presuntamente siguen siendo sometidos a tortura u otros
tratos crueles”.
También citó el asesinato del
capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, debido a la anulación de la sentencia
contra los dos presuntos responsables en 2020, concluyendo que la muerte del militar fue consecuencia de
las torturas infligidas por funcionarios de inteligencia militar.
Pero “La nueva acusación del
Ministerio Público incluyó los delitos más graves de homicidio calificado con
alevosía y tortura. Sin embargo, el Estado sigue procesando sólo a funcionarios
de bajo rango por esta muerte”.
(El fiscal de la narcodictadura, Tarek William Saab, indigno del cargo
que arbitrariamente le expidió la inconstitucional Asamblea Nacional
Constituyente, en ninguna de las muertes por tortura ha acusado a los autores
intelectuales, convirtiéndoe en cómplice de los mismos)
La
fuente citada agregó:
-Mientras que la Alta Comisionada
Bachelet, desde su primer informe sobre el país en 2019, también ha puesto de
manifiesto las violaciones contra los militares detenidos por razones
políticas, incluyendo las detenciones arbitrarias y la utilización de torturas
para someter y obtener información de los detenidos, así como pocas garantías
para un juicio justo.
También se ha puesto de manifiesto
el uso de instalaciones clandestinas y no oficiales por parte de los órganos de
inteligencia militar (Dgcim) para detener a presos políticos, entre ellos los
mismos funcionarios castrenses acusados de haber cometido algún delito.
(Pero tampoco mencionó a la cadena de mando como responsables de tales
violaciones de los derechos humanos)
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