Juan Carlos Requesens
Martínez. El 7 de agosto de 2018 el entonces diputado a la Asamblea Nacional
fue detenido por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia en la residencia
de sus padres, ubicada en Terrazas del Club Hípico (este de Caracas), sin una orden
judicial y de forma violenta. Se le acusó de estar involucrado en el presunto
atentado con drones contra el narcodictador Nicolás Maduro, mientras
participaba en los actos conmemorativos fundacionales de la Guardia Nacional.
No se le respetó su inmunidad parlamentaria.
Efectivos de ese organismo represivo
también apresaron a su hermana Rafaela Requesens, dirigente estudiantil
universitaria, entonces, y luego politóloga de la Universidad Central de
Venezuela, en su apartamento en Caracas. Fue liberada, después
de que le tomaran fotos y amenazaran con contar lo ocurrido.
No esta de más recordar que la
Constitución señala que toda persona detenida debe ser puesta a la disposición
de un juez dentro de las 48 horas de su detención, lo cual no se cumplió en
este caso.
Fue víctima de la violación de
derechos humanos, que van desde haber sido detenido sin una orden judicial,
estar incomunicado casi tres días y ser sometido a tratos crueles, hasta sufrir
violaciones al debido proceso, como que el Tribunal Supremo de Justicia
sentenciara su enjuiciamiento sin motivar su detención en flagrancia. Además,
se le irrespetó la inmunidad parlamentaria de la que gozaba al momento de su
arbitraria detención.
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