Contra la paz criminal, por Marta de la Vega
TCDTwitter: @martadelavegav
La paz criminal es la expresión usada por Carlos Blanco para explicar la persistencia de Maduro, pese a tantos años de lucha cívica por la democracia, de resistencia y de persecuciones despiadadas en contra de los opositores al régimen de facto en Venezuela. La burla más reciente fue el encarcelamiento de personas dedicadas a la defensa de los derechos humanos, durante la visita a fines de enero de 2023 del alto comisionado de la ONU que sustituyó a Michelle Bachelet en tal tarea. No olvidemos que durante la visita de esta última en Caracas a fines de junio de 2019 ocurrió la presentación en tribunales, el 28 de junio, después de haber sido secuestrado por hombres armados sin identificar y permanecer desaparecido desde el 21 de junio, pese a las solicitudes reiteradas de familiares y abogados acerca de su paradero, del capitán de marina retirado Rafael Acosta Arévalo, agonizante delante de los jueces por las monstruosas torturas a las que fue sometido y quien murió en la madrugada del 29 de junio.
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Todas las maniobras hasta ahora realizadas por Maduro y sus funcionarios del gobierno usurpador, han buscado mantener un mandato ilegítimo. Una de las últimas ha sido la suspensión de las negociaciones en México con excusas banales e infundadas para ganar tiempo en su afán de permanecer en el poder, no importa a cuál precio. Maduro sigue insistiendo en la falsa afirmación de incumplimiento de las fuerzas democráticas representadas en la Plataforma Unitaria del acuerdo social de noviembre de 2022 en la mesa de negociaciones en México, por no haber recibido el monto acordado para aliviar las secuelas de la emergencia humanitaria compleja que sufre la población más vulnerable en Venezuela. Aunque sabe bien que el dinero será administrado por organismos especializados adscritos a la ONU para asegurar la transparencia de su uso y destino, manipula los hechos, amparado en la hegemonía comunicacional que el régimen ha impuesto como mecanismo de control social.
La gente de los sectores sociales y económicos más golpeados por la crisis no se rinde y no han cesado las protestas que durante enero y febrero de 2023 se han incrementado y multiplicado en muchas regiones del país, lideradas por los gremios docentes y funcionarios de la administración pública por un salario digno, aunque la censura en los medios de comunicación, el monopolio informativo que domina el espectro radial y televisivo bajo el gobierno madurista, la intimidación, encarcelamiento y persecuciones judiciales, pretendan silenciarlas o sofocarlas.
Este horizonte en el que el terrorismo de Estado es un recurso para el sometimiento social mediante el miedo, no ha oscurecido la fuerza de los reclamos a los que se suman varios gremios y sectores desprotegidos como indígenas, jubilados y personas, niños y adultos, con situaciones de alto riesgo como los trasplantados, o con enfermedades críticas como cáncer, insuficiencia renal o diabetes, por el incumplimiento o el abandono de las obligaciones del Estado. Es de tal magnitud la violación sistemática y reiterada de los derechos humanos más elementales, demostrada por diversos informes de la ONU, la OEA y de organizaciones como Human Rights Watch o Amnistía Internacional, que el nuevo alto comisionado de la ONU, Volker Türk, antes de salir del país a fines de enero de 2023 pidió en rueda de prensa no solo que fueran liberados los presos políticos sino que cesaran de una vez las torturas, que son política de Estado en el régimen de Maduro, cuyos responsables, según el Estatuto de Roma y los tratados internacionales de rango constitucional, son tipificados como criminales de lesa humanidad.
Contra la paz criminal hay dos hechos relevantes para abrir un espacio de esperanza a favor del cambio de modelo político y económico actual, y la reconstrucción de la dinámica social a favor de un futuro deseable en el país, ambos bajo el liderazgo de la sociedad civil organizada. Por un lado, las organizaciones no gubernamentales que en democracia complementan las tareas del Estado, pero en Venezuela suplen las funciones de un Estado ausente o negligente frente a las poblaciones más desasistidas. Hay maravillosos ejemplos de solidaridad y compasión de la sociedad venezolana para generar confianza y capital social mediante la organización de iniciativas comunitarias por una mejor calidad de vida. Son iniciativas de este tipo las que la asamblea ilegítima de 2020 pretende aplastar con una ley inconstitucional contra las ONG. Una de ellas, por ejemplo, se ocupa de rescatar de la desnutrición aguda a la población infantil en los sectores más pobres, mediante programas específicos impulsados por la acción de Cáritas con el liderazgo de Susana Raffalli.
Por otro lado, la instalación de la Comisión Nacional de Primaria, cuyos desafíos son muchos y grandes, integrada por profesionales independientes y honorables, es una muestra de cooperación entre ciudadanía y sectores políticos. Resultado de la necesidad de un liderazgo unitario, esta Comisión, escogida después de amplias consultas a los partidos políticos y a la sociedad civil, trabaja desde la fuerza de la ciudadanía por lograr recuperar la democracia y la decencia, para llevar a cabo la escogencia de un candidato presidencial que represente las fuerzas democráticas unidas en el propósito de derrotar la pretensión continuista del régimen denominado por Maduro revolucionario, que es en realidad la más siniestra farsa de supuesta inclusión y progreso del siglo XXI. Se abre así un espacio para la participación y la esperanza de revertir la ruina a la que ha sido llevado el país por el proyecto de Chávez y sus sucesores.
Marta de la Vega es Investigadora en las áreas de filosofía política, estética, historia. Profesora en UCAB y USB.
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