Boluarte busca capital político en emergencia por el ciclón Yaku
La presidente peruana, que está en el Ejecutivo desde que Pedro Castillo asumió el poder en julio de 2021, culpa a la anterior administración por la negligencia para prevenir este tipo de desastres naturales. La emergencia le ha servido para anunciar la entrega de bonos a los damnificados como una medida populista tras meses de violentas protestas contra su gestión y una investigación en Fiscalía por la muerte de unos 60 manifestantes
El norte de Perú está bajo el agua. El ciclón Yaku inundó 17 regiones que abarcan 483 municipios causando 58 muertes, 8.222 damnificados, 57 heridos y ocho desaparecidos. El balance del impacto del fenómeno climático sentencia al gobierno de la presidente Dina Boluarte, quien se juega en el manejo de la emergencia su débil aprobación.
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Las lluvias agarraron desprevenida a la mandataria. La devastación de la zonas urbanas y rurales de los departamentos costeros de La Libertad, Lambayeque, Piura y Tumbes obligó la declaración de Estado de Emergencia y la movilización de su gabinete.
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Boluarte intenta capitalizar la emergencia a favor de su figura con el decreto de la reingeniería de la oficina de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC) para ofrecer una «solución efectiva al problema que genera periódicamente las intensas lluvias en el país».
Con más populismo
La disposición parece estratégica para sus intereses. Ocurre tras la divulgación de la encuesta de Datum, en la que se muestra que la percepción de su gestión toma un respiro, al pasar de 16 % a 19 % de aprobación. Si bien son solo tres puntos, en su caso es muy significativo si se toma en cuenta el rechazo enorme que ha tenido.
Los estratos en los que mejoró su aprobación son el E, donde subió siete puntos (de 10 % a 17 %), así como el C, con un incremento similar al pasar de 17 % a 24 %.
Un dato clave en el sondeo hecho en la víspera de la arremetida del ciclón Yaku es que en el norte del país -zona donde se concentra la emergencia por las lluvias- su aprobación creció de 10 % a 17 %. En el oriente, por otro lado, se observó un crecimiento de 11 % a 19 %.
Boluarte apuesta a mantener la tendencia con más populismo. A través del Ministerio de Vivienda ordenó la entrega de un bono de arrendamiento de 500 soles mensuales (USD 132), bautizado como Bono 500, por un plazo de hasta dos años o hasta que se le reconstruya una casa a los afectados.
La indemnización permitirá cubrir un alquiler y, al mismo tiempo, activará el seguro agrario catastrófico, un bono que impulsa el Ministerio de Desarrollo Agrario para transferir otros 800 soles (USD 210) por hectárea a los agricultores que perdieron sus cultivos a raíz de las lluvias.
Incluso, el desempeño en la crisis también incidirá sobre el jefe del gabinete, Alberto Otárola, quien mantiene una desaprobación de 72 %, una cifra que en el norte del país supera el 90 %. Salir a flote o hundirse son las únicas opciones que tienen ambos.
Disposiciones tardías
Las medidas de Boluarte para hacer frente al ciclón Yaku son reactivas. Ella está en el Ejecutivo desde que el expresidente Pedro Castillo asumió el poder en julio de 2021. En su rol como vicepresidente no fue mucho lo que hizo para fortalecer los sistemas de drenaje o mejorar la gestión de las cuencas de los ríos con potencial de desbordamiento.
La negligencia es compartida con los gobiernos regionales. En Tumbes, posiblemente la región más afectada, el gasto en inversión para la «reducción de la vulnerabilidad y atención de emergencia por desastres» del gobierno provincial durante 2022 fue de solo 23 % del presupuesto, mientras que en Lambayeque alcanzó el 39 %.
«No tenemos maquinarias, autobombas, no tenemos cómo afrontar este sistema de lluvias porque se abandonó realmente al Estado», dijo Boluarte en una visita a las zonas afectadas.
Otra prueba de fuego
Sobre la espalda de la presidente pesa la compleja situación. Boluarte forma parte del gobierno que durante año y medio postergó la atención a las zonas vulnerables ante las precipitaciones y ahora su capacidad de respuesta inmediata servirá de termómetro para medir la efectividad y eficiencia de su administración.
La presión es evidente. Sin embargo, la mandataria aprovecha la oportunidad para tratar de oxigenar su imagen, luego de la cuestionada política de seguridad que implementó para contener las protestas sociales que suman 60 muertes. La Fiscalía la tiene bajo investigación preliminar por los delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves.
«Esta es la segunda prueba seria de gestión que le toca y una nueva oportunidad para demostrar que ella y su equipo están a la altura de las circunstancias», señala El Comercio en su editorial de este lunes.
La situación está lejos de terminar. Los pronósticos meteorológicos estiman que las lluvias persistirán esta semana. Las clases están suspendidas hasta el lunes 20 de marzo en ocho regiones costeras. Trabajo sobra. ¿Habrá capacidad?
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