España se venezolanizó: comenzó el «bachaqueo» con citas para la seguridad social
La realidad que hoy enfrentan los usuarios españoles es agriamente familiar para los venezolanos que viven en esta nación: teléfonos saturados, la página web de la Seguridad Social sin disponibilidad y, cuando se acaban las opciones, si la persona debe ir a las oficinas de atención al ciudadano, con cita previa, se encuentra con colas de 20 o 30 personas. Nada garantiza que el proceso se lleve a cabo el día pautado y es por ello que las personas recurren a los revendedores de turnos, para que los lleven a comunas donde se puedan efectuar los trámites con mayor facilidad. La imagen pareciera una viva copia de Venezuela en 2015, cuando se popularizó la reventa de productos subsidiados, es decir, "el bachaqueo"
Milagros Boyer PANAM POST 
El modus operandi de particulares que, a cambio de una cantidad de dinero intercambian un turno en alguna institución estatal, ya llegó a España. Esta deplorable táctica para obtener beneficios de usuarios con mayor urgencia coloca a la nación europea en otro peldaño de similitudes con Venezuela y su reprochable manejo de trámites en las oficinas públicas. En esta oportunidad, la institución objeto de denuncias es la Seguridad Social, donde hoy conseguir un turno puede costar hasta 50 euros.
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Los reportes sobre la dificultad de realizar el proceso a cabalidad y los retrasos en el ortogamiento de una pensión o una prestación por maternidad se han multiplicado por miles en España. Los jubilados, madres o aspirantes a cobrar el ingreso mínimo son los principales afectados por esta ineptitud.
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Tal ha sido el desbordamiento de demandas frente a la escasa y escueta oferta que las quejas sobre el servicio que brinda la seguridad social creció 42 %. De las 934 registradas en 2020 se pasó a 2966 en 2022. Asimismo, en este ejercicio los centros de atención telefónica y telemática de la Seguridad Social no atendieron casi cuatro millones de llamadas, según sondeos que brindó el diario ABC.
La realidad que hoy enfrentan los usuarios españoles parece de espanto para unos, pero agriamente familiar para los venezolanos que viven en esta nación, se hace cada vez más palpable: teléfonos saturados, la página web de la Seguridad Social sin disponibilidad y, cuando se acaban las opciones, la persona debe ir a las oficinas de atención al ciudadano, con cita previa, se encuentra con colas de 20 o 30 personas.
A pesar de que, si la gestión y los funcionarios lo intentan, puede iniciar el proceso, el patrón detectado es que se tomen hasta tres meses para que un jubilado o una viuda perciban su pensión. Lo que sorprende es que la seguridad social anteriormente gestionaba esas prestaciones en tan solo ocho días.
Este colapso dio como resultado el negocio paralelo de compra y venta de citas. En medio del desespero, los usuarios pagan por gestiones que en circunstancias normales son gratuitas. El diario ABC describe el problema: «Particulares, locutorios y gestorías ofertan sus servicios a todo aquel que quiera pagarlos; son múltiples los anuncios en portales de segunda mano, en los que es fácil encontrar a alguien que quiere ayudar, previa tarifa».
El origen del problema, explica el diaro español, es porque la plantilla está más que mermada y porque la deslocalización de los expedientes aprobada por Escrivá, que implica que se deriven determinados expedientes del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) desde oficinas saturadas de trabajo hacia otras que presentan una carga menor, realmente no está funcionando.
El «bachaqueo» español: «Se sacan todo tipo de trámites»
Hay plataformas como Milanuncios que vende estos servicios, que no solo se limita a la seguridad social, sino tmabién a instituciones que se relacionen al tema de extranjería. Ahora, estos últimos meses el nicho se ha ampliado a otros organismos. Se ofrecen citas para el SEPE y también la Agencia Tributaria. Se busca las provincias que estén menos «trabadas» y también de allí viene la variación de precios, que pueden desde 10, 15 o 20 euros, con las citas más lejanas, hasta 50 euros, si ocurren en 48 horas. Así lo explicó ABC:
El negocio de venta de citas se mueve en función de necesidades. Cuanto mayor es el colapso, más aprovechan algunos para sacar rédito económico. Los particulares suelen cobrar precios más bajos que, por ejemplo, las gestorías, que lo facturan como un servicio sujeto a IVA, o los locutorios, que por apenas tres euros nos harán la gestión que solicitamos. Y la variación de precios se produce independientemente de si uno puede garantizar el servicio en comparación a otro.
Desde la Seguridad Social niegan a este diario que haya problema alguno con las citas, pero las largas colas en las oficinas son síntoma de que algo no va bien. Quien no paga por una cita tiene un amigo que le facilita las cosas, y quien no recurre a una cosa o a otra debe enfrentarse a las demoras del sistema.
Es el típico «bachaqueo» de números que se vivió en Venezuela desde 2015. Según recuentos de la BBC, los bachaqueros eran personas dedicadas al contrabando de productos y gasolina a Colombia, país donde estos bienes son decenas de veces más caros. Sin embargo, desde que la escasez de productos subsidiados aumentó en la nación que dirige Nicolás Maduro, la reventa también se volvió rentable adentro del país, antes de la dolarización de facto que ocurrió en 2019.
Los bachaqueros ya no son necesariamente contrabandistas que llevan productos de un país a otro, sino también personas que compran en un supermercado y revenden en el mercado negro, sea a domicilio o en mercados informales en la calle.
Muchos venezolanos ven a los bachaqueros como un mal necesario y les compran para evitarse la fila. Hoy, estas prácticas llegan a tierras españolas y amenazan con quedarse.
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