Tres explosiones en cinco días en Chile: ¿Se puede hablar de terrorismo?
La Fiscalía indaga las tres explosiones en contra de infraestructuras críticas que ocurrieron en Chile, para “producir daño”. Sin embargo, el gobierno de Gabriel Boric opta por Ley de Armas para presentar querellas ante las explosiones en Chile. Evita sustentar las demandas en la Ley Antiterrorista.
Los rieles del puente ferroviario que cuelga sobre el río Itata en la región de Ñuble, al sur de Chile, están destruidos. Un artefacto explosivo acabó con la vía exclusiva de carga, pero hay tablones y vigas que parecen haber sido dañadas a mano. Es el tercer ataque en cinco días en el país. Dos torres eléctricas —una en Valparaíso y otra en Arauco— estallaron antes. ¿Es terrorismo? El hermetismo reina.
La Fiscalía indaga estos actos contra de infraestructura crítica cometidos para “producir daño”. El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, admite que los hechos “tienen una connotación distinta”. Reconoce que sólo pueden deberse a “una acción dolosa o maliciosa por parte de los hechores”.
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Sin embargo, el gobierno de Gabriel Boric opta por Ley de Armas para presentar querellas ante las explosiones en Chile. Evita sustentar las demandas en la Ley Antiterrorista. Las pesquisas se concentran en un inventario de los peajes aledaños a los predios atacados y la recolección -desde las empresas telefónicas- de las señales de los teléfonos que se activaron a los días y las horas de los atentados, para cercar y acotar la búsqueda de los responsables. Hasta ahora no hay ningún detenido.
Una situación que empora
Las investigaciones sobre las explosiones en Chile están a cargo del persecutor regional Héctor Barros, pero la frecuencia de estos ataques ya catapultó al país a la lista naciones donde el terrorismo empeora, así lo demuestra el informe del centro de estudios australiano Instituto de Economía y Paz (EIP).
Su ranking que ordena a 163 países según los efectos de la actividad terrorista ubica a Chile en la posición 17 en el Índice de Terrorismo Global (Global Terrorism Index) tras evaluar no sólo las muertes, sino también los incidentes, los rehenes y los heridos por esta causa.
Chile subió un puesto en comparación con el informe anterior y se mantiene como la segunda nación de Latinoamérica acechada, superada sólo por Colombia, que está en el puesto 15. Debajo de Chile está Perú, Venezuela, Argentina, Ecuador, Paraguay, Uruguay y Brasil.
Esa posición deriva de la contabilización de 1.170 ataques terroristas que resultaron en 20 muertes entre 2012 y 2022. Sin embargo, la mayor parte estos ataques y la mitad de las muertes, ocurrieron en los últimos dos años.
Una tendencia que persiste
El aumento del terrorismo en Chile con explosiones parece una tendencia a persistir, considerando que entre 2002 y 2009 sólo existían 23 ataques y ninguna muerte en las estadísticas por este flagelo.
Ese escenario cambió. Ahora va en otra dirección, porque “se ha producido un recrudecimiento del conflicto entre los mapuches y el gobierno chileno en los últimos años, con 359 atentados atribuidos a extremistas mapuches desde 2020. La mayoría de estos ataques se han dirigido contra empresas activas en la región”, puntualizó el informe.
Si bien el informe es categórico, en La Moneda evaden vincular a la comunidad indígena con los ataques a pesar de que el líder mapuche, Héctor Llaitu, quien está en prisión preventiva por presunto robo de madera en el Centro de Cumplimiento Penitenciario del Bío Bío, advirtió que “el gobierno debe tener claro que el conflicto continuará y puede profundizarse, porque las nuevas generaciones mapuches están creciendo con mayores convicciones”
Incluso, dijo que el gobierno está aún a tiempo de evitar que el conflicto mapuche escale, pero “el tiempo se agota y las posibilidades se pierden”.
¿Son los tres ataques de esta semana la prueba de ello? Las autoridades deben esclarecerlo, pero el ascenso del terrorismo aumenta ante la amplitud de la Ley 18.314 conocida como “Ley Antiterrorista” que dificulta la calificación de un delito de índole «terrorista». De hecho, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial recomendó a Chile revisar la normativa para que «especifique exactamente que [sic] delitos terroristas cubre, y que se adapte a los estándares internacionales».
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