Contratos millonarios con fundación comunista avivan escándalo en el gobierno de Boric
El flujo de dinero de, al menos 209 millones de pesos, a la Fundación Instituto de Estudios Laborales (FIEL) comenzó con la entrada de Jeannette Jara, como la cabeza del ministerio del Trabajo
La entrega de millonarias sumas de dinero desde instituciones estatales a fundaciones aliadas del presidente chileno, Gabriel Boric, también incluye a organizaciones vinculadas al Partido Comunista (PC) en la lista de beneficiados con altos montos en el último año.
En esta oportunidad, se trata de la Fundación Instituto de Estudios Laborales (FIEL), dirigida por Karen Palma, directora del Comité Central del Partido Comunista y Guillermo Salinas, tesorero de la cúpula de la tolda, organización que tuvo cuatro contratos que suman 209 millones de pesos, que son alrededor de 260.000 dólares, aprobados por parte del ministerio del Trabajo y Previsión Social
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Este flujo de transferencias comenzó con la entrada de Jeannette Jara, militante del PC como la cabeza de la cartera laboral del Ejecutivo. De acuerdo con El Líbero, los primeros tres contratos por 119 millones de pesos se adjudicaron “tan pronto asumió Jeannette Jara en 2022”, mientras que, el cuarto contrato por 90 millones de pesos lo avaló el subsecretario de Previsión Social, Christian Larraín, hace un mes.
Desembolsos con dudas
Los montos servirían para financiar educación previsional, formación sindical y programas de diálogo social para reconversión laboral, así se justificaron los desembolsos pero hay dudas cuando Pablo Zenteno, actual director del Trabajo y miembro del Comité Central del PC tiene en su historial su paso como coordinador de FIEL. Otro que destaca es Fernando Carmona, quien de manejar las finanzas fundación ahora forma parte del equipo del Segundo Piso de La Moneda como parte del staff de asesores de Boric.
Bajo ese contexto, las asignaciones que han beneficiado a la fundación comunista salieron durante el periodo del campaña constitucional del Fondo de Educación Previsional (FEP), contemplado en la ley 20.255 de 2008 que permite financiar proyectos, programas y actividades de educación y difusión del sistema de pensiones de capitalización individual.
Por esta vía, el mes pasado 1.500 millones de pesos a 17 entidades de 39 que postularon. Entre ellas, figuró la FIEL comunista como una de las seis organizaciones que ha “repetido el plato”.
Ahora, la preferencias en estas operaciones ya no pasarán desapercibidas considerando que la Contraloría investigará el caudal de movimientos financieros estatales con las fundaciones. El ente ordenó congelar -hasta nuevo aviso- todos los convenios y contratos que implican la entrega de fondos públicos, tras la salida de 426 millones de pesos, equivalentes a 530.000 dólares de las cuentas de la Secretaria Regional Ministerial de Vivienda (Seremi) de Antofagasta a las arcas de la fundación Democracia Viva.
La Policía de Investigaciones (PDI) también se sumó a las pesquisas que determinarán si se incurrió en fraude al fisco y tráfico de influencias en las asignaciones pero el despliegue institucional para esclarecer las razones de la entrega de dinero a fundaciones, cuyo monto total trasciende a 479 millones de dólares, comienza a inquietar al gobierno.
Un giro en el discurso
Si bien el presidente, Gabriel Boric, vociferó que no tendría “complacencia” con nadie dejando a un lado la posibilidad de ejercer “defensa corporativa” al prometer ajustarse a “los estándares utilizados en el pasado para juzgar y criticar a los adversarios ante casos contra la fe pública”, ahora cambia su discurso con respecto al escándalo para blindar a figuras cercanas a La Moneda.
El mandatario pasó de respaldar el “caiga quien caiga” a proteger a su delegada en la Región de Biobío, Daniela Dresdner, al secretario regional ministerial de Vivienda del Maule, Rodrigo Hernández y al ministro de Vivienda, Carlos Montes.
Boric olvidó que prometió no arriesgar “las manos al fuego por nadie” para cuestionar “el festival de renuncias que está pidiendo la oposición o algunos personeros”.
En el fondo es una defensa tácita que incluye al ministro de desarrollo social y fundador de Revolución Democrática, Giorgio Jackson, otro señalado en el conflicto por ser su tolda el epicentro de las indagaciones.
La estrategia de Boric podría fallar. Fuente de La Tercera admiten que las declaraciones del mandatario corren el riesgo de “envejecer mal” si se constata algún tipo de delito en el caso de Dresdner y Hernández
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