Sobre la paz
Los últimos nombramientos son un pésimo mensaje a una sociedad que desea la paz en Colombia, pero no de esta manera. ¿Y ahora que ha sido detenido Nicolás Petro se nombrará también gestor de paz?
En este país se ha buscado siempre la paz, no como bandera política sino como derecho fundamental. Por eso, con paciencia de Job se ha condescendido desde tiempo atrás con las difíciles pruebas de amnistías, indultos y procesos de paz con la insurgencia. Incluso el de Juan Manuel Santos al que el pueblo dijo “no” en un plebiscito que después se ignoró. Conceder múltiples beneficios de todo orden a los criminales cuando a los ciudadanos se les imponen cargas de todo orden ha sido una constante. Y se observa que las concesiones solo han producido frustración. La paz se ve cada día más lejana. Los conflictos fluyen por todos los rincones de la patria. El país tiene la tasa de criminalidad más alta de América y la segunda en el mundo. Cifras recientes del Ministerio de Defensa indican un aumento de la delincuencia mientras las víctimas elevan su voz a lo largo y ancho del país esperando obtener justicia, como condición indispensable para la paz. Esa paz que debería traer bienestar, seguridad, tranquilidad para los nacionales sigue siendo solo un mito, una quimera.
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Las medidas adoptadas por el actual gobierno para conseguirla van en contravía de ella. Tienen el efecto contrario, ya que solo sirven a la criminalidad. Tal como se advierte en medidas del orden de la renuncia del Estado a controlar los cultivos de coca y marihuana, que han sido siempre germen de violencia. Y, desde luego, fuente de recursos para las organizaciones delincuenciales. El pago que se ha ofrecido a jóvenes para que no delincan, no maten, sin saberse como se hará la selección de los beneficiarios, solo estimula el incumplimiento de los deberes y obligaciones consagrados en el artículo 95 de nuestra Constitución. Se trata de un típico caso de “el crimen paga” y esto atenta contra la paz como también lo hacen las directrices impartidas a las FFMM y de Policía.
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Y qué decir de los denominados gestores de paz designados por la administración, los que, al parecer, requieren tener prontuario para desempeñarse como tales. En este sentido, los últimos nombramientos son un pésimo mensaje a una sociedad que desea la paz, pero no de esta manera.
Confirma la anterior aseveración el nombramiento de las siguientes personas:
Violeta Arango Ramírez, más conocida como Violeta, Tatiana o Isabela Domínguez. Militante del ELN, partícipe del atentado con bomba al Centro Comercial Andino de Bogotá, con el que se causó la muerte a tres personas.
Persona que, sin ningún recato, en un video que ha circulado profusamente alardeó: “Pertenecer al ELN es un proyecto de vida para los jóvenes y es una decisión voluntaria”. Clara apología del delito a la cual el gobierno hizo oídos sordos. Debió ser removida, pues su llamado no es a la paz, labor como gestora, sino una incitación a conformar grupos al margen de la ley, lo que constituye un delito y muy grave, al involucrar menores.
Salvatore Mancuso, quien luego de entregar a la JEP un relato lleno de mentiras que duró cuatro días, contaba con otros 10 para probar sus afirmaciones, sin que lo haya hecho, como lo afirmó recientemente el propio presidente de la JEP. Sujeto que se encuentra en los Estados Unidos pagando condena. ¿Qué sentido puede entonces tener este nombramiento?
Cabe anotar que fue extraditado a los Estados Unidos por continuar delinquiendo y que su prontuario es voluminoso. El fiscal general mencionó que a Mancuso le han imputado 38.626 delitos.
La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá dejó en firme su extradición. La doctora Alexandra Valencia, juez de Justicia y Paz, puntualiza en reciente fallo que: “Se puede establecer que, al parecer, el postulado Salvatore Mancuso y sus defensores han querido instrumentalizar la justicia con el fin de desligarse de los compromisos pactados en este especial sistema de justicia transicional, cuando al haberse postulado y desmovilizado en el marco de la Ley 975 de 2005, se comprometió a brindar verdad con el fin de esclarecer los hechos delictivos desarrollados con ocasión al conflicto armado interno colombiano”.
Y finalizan con una advertencia a la JEP en punto a que las confesiones y recientes declaraciones que realizó en la audiencia única de verdad no son hechos nuevos, como lo requiere ese tribunal para definir su sometimiento a esa instancia judicial.
Carlos García, delegado de paz del gobierno en los diálogos y conversaciones con alias Iván Mordisco, individuo que es el principal sospechoso del atentado, en junio de 2021, al presidente Iván Duque cuando se desplazaba en un helicóptero en la ciudad de Cúcuta.
Y posteriormente el país se entera de que se pretende designar a Alexander Farfán Suárez, carcelero de las FARC a quien se conoció con el alias de “Gafas” como posible negociador con las mal llamadas disidencias de Iván Mordisco. Fue capturado y se acogió a la JEP, pero como buen bandido volvió a las andadas y se alzó de nuevo en armas. Quienes lo padecieron como Ingrid Betancourt y Marc Gonsalves se estremecen y califican de locura que éste sea gestor de paz.
De este ramillete de criminales, más los que representan al ELN y a la organización de Mordisco, no se puede esperar la paz. Obvio, se dirá, entonces, que no son ellos sino las “disidencias”. Bien reza el viejo refrán: “Árbol que crece torcido nunca su rama endereza, pues se hace naturaleza el vicio con que ha crecido”.
No se puede lograr la paz mediante una negociación con criminales. La paz se consigue con desarrollo, educación, progreso, y son claves el respeto y el acatamiento a la ley. No será suficiente firmar un papel tal y como ya aconteció con la malograda paz de Santos.
Las negociaciones no pueden ser un medio para burlar la Constitución y la ley, conseguir impunidad y, menos aún, continuar delinquiendo sin consecuencia alguna. Así continúan, por petición de Gustavo Petro, la suspensión de órdenes de captura para “obtener soluciones al conflicto armado, (…) el cese de hostilidades y el pacto de acuerdos de paz tendiente a facilitar el desarme y la desmovilización del autodenominado Estado Mayor Central de las FARC-EP”. ¿Y, entonces, con que grupo de insurgentes se firmó el Acuerdo de Paz de La Habana?
Irónicos por decir lo menos resultan los trinos del expresidente Ernesto Samper respecto a la designación de Mancuso, e insólito que reclame una verdad, la que él le debe al pueblo colombiano.
¿Y ahora que ha sido detenido Nicolás Petro se nombrará también gestor de paz?
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