Rusia libera a asesinos de las cárceles para atacar a Ucrania
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Activistas y víctimas de criminales condenados temen que los indultados regresen a sus hogares con una ola de violencia, envalentonados por su liberación anticipada.
Vladislav Kanyus, un joven de Kemerovo, en el suroeste de Siberia, mató brutalmente a su ex novia Vera Pekhteleva, torturándola, asfixiándola y apuñalándola durante horas.
En julio de 2022 fue condenado a 17 años tras un juicio de gran repercusión que reavivó el debate nacional en Rusia sobre la falta de protección contra la violencia doméstica y la indiferencia de las fuerzas de seguridad ante estos casos. Pero entonces Oksana, la desconsolada madre de Pekhteleva, recibió una foto de Kanyus, no en prisión, sino con uniforme militar rodeado de otros soldados rusos.
El asesino de su hija había sido indultado por el presidente Vladimir Putin a cambio de tomar las armas en Ucrania.
“Pensé que me estaba volviendo loca, no paraba de hacer zoom en la foto y mirarle a la cara con incredulidad”, dijo Oksana Pekhteleva, describiendo la conmoción que supuso para su familia. “Ya sabes cómo es la psique humana, la primera etapa es la negación”.
Según activistas de derechos humanos, el Ministerio de Defensa ruso ha reclutado hasta 100.000 personas este año recorriendo las colonias penitenciarias y ofreciendo recortar años de las condenas de personas condenadas por algunos de los crímenes más horripilantes del país.
El ex policía, Sergei Khadzhikurbanov, fue condenado a 20 años de prisión en 2014 como uno de los cinco hombres acusados de organizar el asesinato de Politkovskaya. (Nunca se determinó quién ordenó el asesinato.) El trabajo de Politkovskaya, que destapó los abusos rusos durante las guerras de Chechenia, había dado lugar a numerosas amenazas y ataques antes de que fuera asesinada a tiros en el ascensor de su edificio de apartamentos en Moscú.
El abogado de Khadzhikurbanov declaró a los medios de comunicación rusos que su cliente había firmado recientemente otro contrato y seguiría en el ejército.
Kanyus fue indultado en secreto en abril. La familia de Vera Pekhteleva no fue informada, pero sospechó que había salido de prisión cuando recibió la foto en la que aparecía empuñando un arma.
En otoño, Kanyus ya publicaba fotos suyas haciendo barbacoas en las redes sociales. Hace aproximadamente una semana, el padre de Vera recibió una notificación oficial de la fiscalía local en la que se le informaba de que, efectivamente, Kanyus había sido indultado y enviado al frente.
El Kremlin no ha expresado ningún arrepentimiento cuando se le ha preguntado por la decisión de Putin de liberar a asesinos para reforzar las filas rusas en Ucrania.
“Los convictos, incluidos los condenados por delitos graves, expían sus crímenes con sangre en el campo de batalla, en las brigadas de asalto, bajo las balas, bajo los obuses”, declaró a la prensa el portavoz de Putin, Dmitri Peskov.
Alena Popova, una activista de derechos humanos que representa a la familia de Pekhteleva y que lleva mucho tiempo presionando para que se introduzca una ley de maltrato doméstico en el código penal ruso, dijo que le preocupa que los condenados liberados lleven una ola de violencia de vuelta a casa, envalentonados por su liberación anticipada.
Popova y su equipo afirman estar inundados de llamadas y mensajes de personas que ya han estado en contacto con sus maltratadores o con los asesinos de sus seres queridos, o que temen verlos. La mayoría de los casos no generan titulares, dijo, porque la gente tiene miedo de hablar.
Las familias afectadas temen repercusiones porque sus agresores luchan en lo que Putin ha descrito como una “guerra por el futuro de Rusia”. Cualquier crítica a los que participan en las hostilidades podría ser considerada por las autoridades como una crítica a la guerra o al ejército, lo que ahora es ilegal en la Rusia en tiempos de guerra.
Algunas de las activistas por los derechos más destacadas de Rusia, como Popova y organizaciones como Nasiliu.net (No a la violencia), han sido etiquetadas como agentes extranjeros, una designación que pone en peligro a cualquiera que entre en contacto con ellas y ahuyenta aún más a las mujeres que podrían buscar ayuda.
“Todo esto nos impide arrojar luz sobre la magnitud real del problema”, afirma Popova. “Estas personas regresan de la guerra con trastornos de estrés postraumático -antes tenían las manos manchadas de sangre y luego fueron a Ucrania y allí mataron a más gente- y ven que todo el sistema les respalda, por lo que sienten una absoluta sensación de impunidad”.
“Justo antes de que te pusieras en contacto conmigo, recibí un mensaje de una joven cuya amiga vio a un violador que la acosaba desde hacía tiempo por la calle, y se tomó un puñado de pastillas”, añadió. “Y éste es sólo un caso”.
Las familias de las víctimas no tienen prácticamente ningún recurso para anular los indultos, dijo Ilya Politkovsky, hijo de Anna Politkovskaya. En una declaración publicada por Novaya Gazeta, el periódico donde trabajaba su madre, Politikovsky y su hermana, Vera Politkovskaya, dijeron que consideraban el indulto de Khadzhikurbanov como “un ultraje a la memoria de una persona asesinada por sus convicciones y su deber profesional”.
“Si soy sincera, sospechábamos que esto podía ocurrir”, declaró Politkovsky a The Washington Post. “Cuando empezó todo este reclutamiento en prisión, tuve la sensación de que Khadzhikurbanov realmente querría ir a la guerra”.
“Creo que es injusto e ilegal”, añadió. “Pero, por desgracia, somos impotentes y no podemos cambiar nada a este respecto”.
La familia de Pekhteleva ha presentado una solicitud para que se inicie una investigación sobre la actuación de la fiscalía local, que recomendó el indulto de Kanyus y no informó a la familia sobre su paradero. La familia había solicitado que se le notificaran todos los movimientos de Kanyus durante el juicio, una medida permitida por la legislación rusa para la seguridad de las víctimas de delitos.
“Nos hemos sentido muy humillados por todo esto y nadie quiere asumir la responsabilidad”, declaró Oksana Pekhteleva. “Hay una violación tan flagrante de nuestra ley. . . . ¿Por qué nuestro Estado nos trata de una manera tan indignante?”.
La vía rápida hacia la libertad a través de las trincheras de Ucrania, posibilitada por los sistemas judicial y penitenciario rusos, contrasta fuertemente con los severos castigos que se imponen a los activistas antiguerra por infracciones menores.
El jueves, por ejemplo, Alexandra Skochilenko, una artista pacifista de San Petersburgo, fue condenada a siete años por sustituir unas etiquetas de precios de supermercado con mensajes contra la guerra.
Alexei Gorinov, miembro de un consejo municipal de Moscú que fue la primera persona condenada en virtud de una ley que penaliza la difusión de “información falsa” sobre el ejército ruso tras la invasión de Ucrania, ha sido recientemente objeto de otro proceso en su contra, a pesar de que ya está encarcelado.
En un comunicado, los partidarios de Gorinov dijeron que se le acusaba de justificar el terrorismo, porque había hecho declaraciones positivas sobre una explosión que dañó el puente de Crimea, el preciado proyecto de infraestructuras de Putin que conecta Rusia con Crimea, la península anexionada ilegalmente.
Kanyus, que nunca admitió su culpabilidad ante el tribunal, pasó menos de medio año en prisión por el brutal asesinato. Cinco agentes de policía fueron condenados a penas suspendidas por negligencia después de que los vecinos dijeran que intentaron durante tres horas pedir ayuda al oír los gritos de Vera Pekhteleva, pero no obtuvieron respuesta. Cuando un vecino rompió la puerta con una palanca, ella ya estaba muerta.
“Siento que recibirá su merecido, pues también existe el juicio y el castigo de nuestro Señor”, declaró Oksana Pekhteleva. “No le tengo miedo, pero sí temo que algún día pueda seducir a alguna otra chica, y si alguna vez fue capaz de hacer lo que hizo y se salió con la suya, pueda torturarla igual que hizo con mi hijo”.
Con información de infobae.com
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