Colombia: La seguridad nacional en riesgo
Es claro que todos los colombianos estamos inmensamente preocupados por el desmantelamiento de nuestra Fuerza Armada.
Precisa con diamantina claridad el artículo 217 de nuestra Constitución Política: “La Nación tendrá para su defensa unas Fuerzas Militares permanentes constituidas por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Las Fuerzas Militares tendrán como finalidad primordial la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y del orden constitucional.”
Hoy, cerca ya de cumplirse dos años del gobierno de Petro, nos vemos obligados a poner esto en duda.
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El grave conflicto que se está viviendo en el sur del país en los departamentos del Cauca y el Valle, nos deja saber que la integridad territorial está completamente expuesta. Los hechos violentos sucedidos en Jamundí (Valle del Cauca) nos señalan que estamos ante un teatro de operaciones insurgentes.
Gustavo Petro asumió la presidencia de Colombia en agosto de 2022. Inmediatamente inició una tenaz persecución a las FFMM y de Policía. Lo primero fue el nombramiento de Iván Velásquez como ministro de Defensa. Se trata de un personaje cuestionado y cuestionable que no quiere a la institución. Por el contrario, la persigue. Desde su llegada a la cartera de Defensa se han registrado numerosos cambios, varios de ellos han sido verdaderos remezones. Se ha producido un número tan grande de retiros que se ve comprometida la existencia misma de las Fuerzas Armadas. Y mientras estas son desmanteladas la guerrilla y la delincuencia se fortalecen.
A la fecha de esta columna han sido retirados más de 50 generales. La Policía está ad portas de desaparecer. Las fuerzas militares han perdido, según informes recientes, un número considerable de hombres, muchos de ellos por retiros voluntarios. La desbandada mayor se ha dado en la Policía. El gobierno está en mora de despedir al ministro ante su pésima gestión
El motivo de todo esto parece ser aplicar una nueva estrategia que permita renovar la cúpula militar y alinear las Fuerzas con la nueva doctrina de ” seguridad humana ” propuesta por el presidente.
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Dos retiros recientes causan preocupación. El primero es el del general Luis Ospina, comandante del Ejército, desvinculado para llamar a ocupar su lugar a Luis Emilio Cardozo, retirado en agosto de 2022. El segundo es el del general Oscar Vera Peláez, de quien se dice que pidió su baja. Es el último general experto en Inteligencia Militar que comandara dicha Arma y estaba al frente de la Quinta Brigada, con sede en Bucaramanga.
Diversas manifestaciones de ex integrantes de las FFMM y de Policía reflejan descontento con las políticas del gobierno. En mayo de 2023 un considerable número de ellos se reunió en la plaza de Bolívar de Bogotá para expresar desacuerdo.
Como causa de muchos retiros se menciona el mal denominado cambio de doctrina hacia una “seguridad humana” que ha ocasionado mucho malestar y resistencias al interior de las Fuerzas.
Muchos altos y medios mandos han optado por retirarse o han sido llamados a calificar servicios debido a su desacuerdo con la eliminación del concepto de “enemigo interno”.
Se ha buscado que se ponga el foco en la protección de vidas y el trabajo social lo que resulta más que cuestionable porque eso no es lo que corresponde a las Fuerzas Armadas según la Constitución. Nuestras FFMM y de Policía no son grupos cívicos ni voluntarios ni hermanitas de la caridad.
Queriendo oscurecer el papel de las FFMM y de Policía se indica que los retiros están relacionados con esfuerzos por eliminar la corrupción y las violaciones de derechos humanos dentro de las Fuerzas. La administración Petro ha buscado depurar la institución de elementos que hayan estado involucrados en prácticas cuestionables, como los “falsos positivos”. Pero la realidad es que su programa de cambio, para seguir adelante con la destrucción, hace necesario reducir a las FFMM, las cuales en nuestro país, no se dude cumplirán el mandato constitucional, y no se someterán como corruptas de la vecina Venezuela.
Estos cambios y retiros masivos han tenido varias implicaciones para la estructura y operatividad de las Fuerzas Militares y la Policía:
Debilitamiento institucional: la salida de un gran número de altos mandos genera preocupación sobre la disminución de la capacidad operativa y del liderazgo. Quizás lo más peligroso es la entrega de los organismos de inteligencia a antiguos militantes del M-19.
Resistencia Interna: La implementación de nuevas políticas ha enfrentado una fuerte resistencia, lo que ha generado tensiones internas y desafíos para la cohesión y eficacia de las Fuerzas Militares.
El jueves de la semana en curso el país conoció el recorte de 14.000 millones de pesos en el combustible del ejército. La capacidad del ejército para moverse rápidamente y responder a amenazas inmediatas, no nos quepa la menor duda, se ve seriamente comprometida. Esto incluye la respuesta a insurgencias, operaciones antiterroristas y misiones de seguridad fronteriza.
Los patrullajes y las misiones de vigilancia se reducen, en momentos que la inseguridad es galopante. Es evidente entonces que estas circunstancias serán aprovechadas por los delincuentes que desarrollan actividades ilegales como el narcotráfico y la delincuencia organizada.
Es claro que todos los colombianos estamos inmensamente preocupados por el desmantelamiento de nuestra Fuerza Armada. La reducción de recursos afecta significativamente la moral y también la motivación de las tropas. Se sentirán menos respaldadas y menos preparadas. Los ciudadanos siempre hemos procurado defenderlas.
En conclusión, todas estas medidas, incluyendo el recorte de los 14.000 millones para combustible, dañan la estructura operativa y la movilidad de nuestras Fuerzas y así se ve expuesta nada menos que la seguridad nacional.
Pildorita: Los colombianos no salen de su sorpresa por la forma cuestionable como se llevó a cabo la aprobación de la reforma pensional.
La última palabra la tendrá la Corte Constitucional que cuenta con suficiente jurisprudencia para decidir una vez se verifiquen las irregularidades presentadas, como impedir el debate del texto.
En el último debate de la campaña presidencial Petro dijo que le metería la mano (garra) a las pensiones. Lo dijo en vivo y en directo para todo el país. Y votaron por él.
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