El caso de los magistrados “chuzados” que salpica al gobierno de Petro
El presidente de la Corte, José Fernando Reyes, entregó a Camargo una carta del magistrado Jorge Enrique Ibáñez, detallando seguimientos y perfilamientos a él y su esposa. También se reportan posibles chuzadas a magistrados auxiliares.
La fiscal Luz Adriana Camargo está al frente de una grave denuncia que involucra interceptaciones ilegales a magistrados de la Corte Constitucional, presuntamente realizadas por la inteligencia del Gobierno Petro. En una sesión extraordinaria, el presidente de la Corte, José Fernando Reyes, entregó a Camargo una carta del magistrado Jorge Enrique Ibáñez que detalla seguimientos, perfilamientos y chuzadas telefónicas que él y su esposa han sufrido.
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Según la revista Semana, la alarma se encendió cuando un mensaje viral de WhatsApp, proveniente del celular de Ibáñez, advertía sobre estas interceptaciones ilegales. En su carta, Ibáñez indica que sus comunicaciones han sido intervenidas por organismos de inteligencia oficial sin autorización judicial, mencionando específicamente a la Presidencia de la República y la Dirección Nacional de Inteligencia, entre otros.
Además, Ibáñez denuncia que las comunicaciones de los magistrados auxiliares de su despacho también han sido intervenidas, y no descarta que otros magistrados de la Corte Constitucional estén en la misma situación. La preocupación se extiende a la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y la JEP, donde también se reportan inseguridades similares.
Las denuncias incluyen seguimientos a la esposa de Ibáñez por parte de funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Prensa de la Presidencia. Un alto oficial confirmó a SEMANA la existencia de tales interceptaciones, mencionando nombres clave como Carlos Ramón González, director de la DNI, y René Guarín, jefe de Tecnología y Sistemas de Información en la Casa de Nariño.
La relación entre el Gobierno y la Corte Constitucional ha sido tensa, exacerbada por decisiones judiciales contrarias a reformas propuestas por el Gobierno Petro y recortes presupuestarios a la Rama Judicial. Este clima de desconfianza se ha agudizado con la llegada de Vladimir Fernández a la Corte, visto por algunos como un posible “espía” del Ejecutivo.
La fiscal Camargo tiene el desafío de esclarecer estos hechos y garantizar la independencia judicial en Colombia. Las denuncias sobre persecución y vigilancia ilegal deben ser investigadas a fondo, y los responsables deben rendir cuentas para preservar la democracia y la justicia en el país.
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