viernes, 16 de agosto de 2024

Sentencia del TSJ sobre las elecciones: un fallo inútil hasta para el régimen

 

Sentencia del TSJ sobre las elecciones: un fallo inútil hasta para el régimen

Luego del lapidario  informe de la ONU, que ratifica lo denunciado por el Centro Carter, la sentencia que emita el Tribunal Supremo de Justicia sobre las elecciones solo le servirá a Nicolás Maduro para sumar el reconocimiento de México, como asomó López Obrador. EEUU respaldó totalmente el  informe del panel de expertos, mientras Brasil y Colombia mantienen la posición que excluye la vía judicial para la resolución de la crisis. Por su parte, Enrique Márquez pidió declarar nulo el proceso que adelanta la Sala Electoral

Sentencia del TSJ sobre las elecciones: un fallo inútil hasta para el régimen
La publicación del informe de la ONU tres días antes de la fecha prevista por el TSJ para emitir su sentencia sobre las elecciones desencajó por completo al chavismo. (X)

La sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) chavista sobre las elecciones presidenciales del 28 de julio en Venezuela –que se espera este viernes– servirá de poco o nada al régimen de Nicolás Maduro en su afán por conseguir reconocimiento internacional a su fraudulenta reelección luego del lapidario  informe del panel de expertos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) divulgado este martes, el cual ratifica lo denunciado previamente por otros organismos de prestigio internacional en materia de veeduría electoral como el Centro Carter y la Misión de Observación Electoral (MOE) de Colombia. Ya Estados Unidos se sumó en las últimas horas a respaldar el  informe de la ONU que califica como “clarísimo”.

Solo el presidente saliente de México, Andrés Manuel López Obrador, asomó este martes que se daría por bien servido con ese fallo, al anunciar que no seguirá formando parte de las negociaciones junto con sus homólogos de Colombia, Gustavo Petro, y de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, hasta que el TSJ al servicio del régimen de Maduro se pronuncie, abriendo la puerta a un eventual reconocimiento al resultado anunciado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) desde hace 17 días sin haber publicado hasta la fecha cifras desagregadas por mesas de votación, como exige la ley, y como reclaman los organismos internacionales. De esta manera, el mandatario mexicano se aparta del compromiso firmado la semana pasada por su canciller, acogiéndose a la doctrina de no intervención que invoca de manera selectiva.

Y es que los ministros de exteriores de Colombia, Brasil y México emitieron el jueves pasado un comunicado en el que “consideran fundamental la presentación por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela de los resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024 desglosados por mesa de votación”, ya que –según remarcan en la comunicación conjunta– descartan la vía judicial para resolver la crisis puesto que “al tomar nota del proceso iniciado ante el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ) en torno al proceso electoral, parten de la premisa de que el CNE es el órgano al que le corresponde, por mandato legal, la divulgación transparente de los resultados electorales”. Por tal motivo, lo que ha dicho López Obrador este martes va en dirección contraria a lo firmado por su canciller hace apenas seis días atrás.

La ONU lapida sentencia del TSJ sobre las elecciones

Esta exigencia que recae únicamente sobre el organismos electoral va en consonancia con los reclamos del panel de expertos de la ONU, del Centro Carter y de la MOE de Colombia. Si bien estos dos últimos ya habían advertido que las elecciones en Venezuela “no podían considerarse democráticas” porque “no cumplieron con los estándares internacionales de integridad electoral” y habían coincidido en que los resultados reales apuntan a un triunfo indiscutible del opositor Edmundo González Urrutia, el más reciente  informe que la ONU decidió hacer público –dado que se trataba de un reporte de carácter privado– no solo eleva la presión internacional sino que además deslegitima la sentencia que emitirá el TSJ sobre las elecciones.

Como elemento probatorio adicional, la ONU agrega que tras observar una muestra de las actas de dominio público, entre ellas las publicadas por la oposición, determinó que “exhiben todas las características de seguridad de los protocolos de resultados originales”. Es decir, desestima los señalamientos del régimen sin evidencias de que las actas son falsas. El  informe de la ONU además fue calificado como “clarísimo” por Estados Unidos, según escribió este miércoles en su cuenta de X el subsecretario adjunto del Departamento de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, remarcando además cada uno de los incumplimientos de las autoridades electorales venezolanas.

Confesión de espionaje a la ONU

El mencionado informe puso además sobre la mesa una grave y delicada situación de espionaje por parte de la dictadura chavista a la misión de la ONU durante su estadía en Venezuela, pues en su intento por desacreditarla en un comunicado oficial, el régimen expone supuestos contactos permanentes de los expertos con funcionarios estadounidenses, lo que constituye una confesión de que vigilaba sus conversaciones.

La ONU ha dado sin duda un golpe certero que Nicolás Maduro no se esperaba. Es por eso que en Miraflores han reaccionado sin medir las consecuencias. Mientras por un lado desde Presidencia revelaban sus labores de espionaje a un organismo multilateral, por el otro desde la Asamblea Nacional chavista anunciaban reformas electorales para impedir de manera total y sin disimulo la observación internacionales en los comicios internos. El CNE hizo lo propio con un apresurado comunicado en su cuenta de X, del que al poco tiempo se retractó de divulgar y eliminó.

Todo esto demuestra que la publicación de este  informe tres días antes de la fecha prevista por el TSJ para emitir su sentencia sobre las elecciones desencajó por completo al chavismo. Muy probablemente seguirán adelante con su propósito de “certificar” la proclamación de Maduro como supuesto ganador de la elección, pero con menor credibilidad de la poca que ya tenía tanto el proceso como el propio tribunal.

Un tribunal que ya tomó parte

Como si la imparcialidad de la presidente del TSJ, Caryslia Rodríguez, no estuviera ya lo suficientemente en entredicho con su reciente militancia en el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), el proceso ha estado plagado de irregularidades. Primero, Nicolás Maduro solicitó con el recurso contencioso que interpuso una “certificación” de unos resultados electorales aún no publicados que no compete al máximo tribunal, pues su Sala Electoral solo tiene facultad para dirimir una disputa contra una elección, no para validar un resultado. Segundo, el tribunal no entregó copias del recurso ni detalles de la actuación a las partes citadas a comparecer, según denunció el excandidato presidencial Enrique Márquez. Tercero, el TSJ no ha ofrecido información detallada sobre la evaluación de las elecciones ni quiénes forman parte de los “expertos” que realizan dicha pesquisa para poder emitir una sentencia, según reclama la ONU en su  informe. Y cuarto, cualquier fallo que emita este tribunal puede ser recusado por haber fijado posición previamente sobre la materia en cuestión, pues sin conocerse la totalización, el TSJ felicitó “al jefe de Estado Nicolás Maduro por su reelección”, lo que en un país democrático obligaría a cualquier sala de esta máxima corte a abstenerse de emitir cualquier sentencia al respecto.

Enrique Márquez pide declarar nulo el proceso del TSJ

Adicionalmente, vale recordar que Caryslia Rodríguez anunció que luego de admitido el recurso se avocaría a “verificar y certificar de manera inequívoca e irrestricta los resultados”. Sin embargo, Enrique Márquez dejó claro este miércoles que la sentencia que emita el TSJ sobre las elecciones no solamente se puede apelar sino que además debe declarase previamente nula. A su juicio, lo que la Sala Electoral debe hacer es ordenar el conteo voto a voto para que se esclarezca el verdadero resultado y evitar el “jueguito” de calificar como falsas las actas que son de dominio público sin presentar evidencias.

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