jueves, 10 de octubre de 2024

Rodulfo González. LA NARCODICTADURA DE NICOLÁS MADURO

 

IV.Parece que están tratando de tener una presencia en la situación de Medio Oriente, otro conejo que sale del saco de trucos de la dictadura. Muy difícil, un régimen que acaba de robarse las elecciones el 28 de julio, no tiene ni respeto ni nada que buscar en el escenario mundial. Una brigada humanitaria enviada por quienes tienen 2000 presos políticos y niños torturados, no tiene nada que ofrecer en materia humanitaria.

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EEUU no extendería parole humanitario para venezolanos, según CBS

RedLocomotive

asi es el comunismo democrata

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Detectives manejan dos hipótesis en el estremecedor asesinato de la periodista Mercedes Herrera

OlivePopcorn

Y porque no fueron a buscarla directamente a su casa desde el primer momento que se desaparecio?

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Diosdado Cabello se alarmó por piques de carros en calles de las Mercedes

CyanRaindrop

¿Quienes están en los piques? Los hijitos de echufaos chaveros y militares.¿Carros sin matrícula? Tú sabes perfectamente que uno de los negocios de varios altos cargos del desgobierno, es traerse carros robados en container desde USA y España. Varias de las camionetas en qué andan son robadas a agencias de renting de Miami, y deportivos que vienen de España, no te hagas el gafo.

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Diosdado Cabello asomó que posee la lista de la plataforma “Ya Casi Venezuela”

OliveCloud

el jefe del cartel de los meones

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6

LA REPRESIÓN POSTELECTORAL

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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   La represión contra los adversarios de la narcodictadura comenzó desde el 29 de julio, cuando el pueblo de manera  espontánea, en el uso del  derecho constitucional de manifestar, se lanzó a las calles de las principales  ciudades del país para protestar por la proclamación tramposa que hiciera el presidente del Consejo Nacional Electoral, Elvis Hidrobo Amoroso del candidato perdedor por más de 30%, Nicolás Maduro, quien puso en práctica, lo que los especialistas llaman terrorismo de Estado procediendo a la persecución y detención de los testigos de mesa, mujeres, niños y adolescentes, periodistas, activistas políticos y sociales, discapacitados y ancianos.

(El Dato

Más de 60 políticos,18 periodistas y cinco defensores de DDHH detenidos tras dos meses del #28J. La Patilla, 30-9-2024)

 

            De esa forma, con el contubernio del ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, que tiene en su poder las actas de escrutinio, y directores de los cuerpos civiles y militares, hizo realidad su funesta amenaza de un baño de sangre en el país si perdía las elecciones. Hasta el 14 de agosto, según el fiscal del terror de la narcodictadura, Tarek William Saab. la violencia postelecciones presidenciales, había dejado como saldo 25 muertes y 192 heridos, atribuibles por el servil funcionario del régimen a la Plataforma de Unidad Democrática y no a la Guardia Nacional, colectivos, el Sebin, y la DGCIM, responsables de tales actos de violencia criminal.

            El Presidente Electo, doctor Edmundo González, perseguido del régimen, tuvo que refugiarse, para salvaguardar su vida, primero en la Embajada de los Países Bajos, y luego en la de España, de donde salió deportado hacia Madrid, luego de ser coaccionado por Delcy Rodríguez, vicepresidente ejecutiva, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, Eudoro González y el sicario político de la narcodictadura, José Luis  Rodríguez Zapatero.

            En tal perverso propósito utilizaron el Sippenhaft,  un concepto jurídico establecido durante el régimen nazi de Adolfo Hitler, egún el cual, un acusado de supuestos crímenes políticos extendía automáticamente su responsabilidad penal, en igual medida, hacia sus familiares, de modo que los mismos, eran considerados igualmente culpables, arrestados; y, en algunos casos, también condenados a muerte. 

            Desde siempre, los cuerpos represivos de la narcodictadura han empleado el Sippenhaft, superado en crueldad, ya que se extiende a amigos de los perseguidos, si tienen la mala fortuna de encontrarse en el sitio donde estos van a detenerlos y no están.

            Los ejemplos de tales arbitrariedades abundan. El  10 de febrero de 2024 se produjo la detención, en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía de Rocío San Miguel, directora de la ONG Control Ciudadano. Con ella fueron detenidos dos hermanos, su exesposo, y el padre de su hija.

            Entre tanto, el ministro del Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, ha anunciado la operación represiva denominada “Tun Tun” para privar de libertad a los adversarios de la narcodictadura.

            Sus primeras víctimas fueron Milciades Ávila y Edwin Moya, miembros del equipo de seguridad de María Corina Machado,  secuestrados el 29 de septiembre por efectivos de las fuerzas represivas del régimen,

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Al respecto el medio norteamericano El Nuevo Herald reseñó:

            -La oposición venezolana denunció este domingo la detención de dos miembros del equipo de seguridad de la líder María Corina Machado, entre ellos, su “jefe de protección”, Milciades Ávila, quien ya había sido encarcelado el pasado 17 de julio y liberado 36 horas después, con medidas cautelares. Edwin Moya “afirmó el Comité de Derechos Humanos del partido Vente Venezuela (VV), formación que lidera Machado, en la red social X. El comité indicó que desconoce el paradero de Ávila y Moya, por lo que exigió saber dónde están y su “libertad inmediata”.

            El medio adicionó:

            -“Esta nueva arremetida forma parte del falso expediente armado por el oficialismo contra toda la disidencia política y ocurre justo después de declaraciones recientes de los propios voceros del régimen sobre la supuesta huida de Machado del país”, añadió. Sostuvo que se trata, “una vez más, de un escenario de desinformación para cercar aún más a la dirigente y desmoralizar al país”. Entretanto, la presidenta del partido político Primero Justicia (PJ), María Beatriz Martínez, dijo que estas detenciones no cambian “la verdad que pretenden callar”. “Hace dos meses ganamos limpiamente las elecciones, el mundo lo sabe y con la represión y la persecución, (Nicolás) Maduro solo logra hundirse más”, añadió en X, pese a que el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó como ganador de las presidenciales del 28 de julio al mandatario. Igualmente, el exdiputado Juan Pablo Guanipa indicó, en la misma red social, que Ávila y Moya son “dos venezolanos comprometidos con su país que no deben estar ni un segundo bajo secuestro”. El pasado 17 de julio, Ávila fue detenido cuando se encontraba en su vivienda, según informó entonces Vente Venezuela. El jefe de seguridad de Machado fue liberado tras más de 36 horas detenido, con una “medida cautelar de presentación en el tribunal” cada 30 días, de acuerdo a la información de la exdiputada. El sábado, Maduro aseguró que Machado se está preparando para irse de la nación caribeña, porque -dijo- los antichavistas “son cobardes”. “Hoy les digo, la supuesta abeja reina se quedó sin abeja y está preparando maletas Gucci (…) ella sabe lo que yo estoy diciendo y ‘La Sayona’ (en alusión a Machado) se está preparando para irse, compadre, también lo estoy diciendo, son cobardes”, dijo el mandatario en la manifestación convocada para celebrar su controvertida reelección en el estado La Guaira (norte).

            Por su parte, el Comité de Derechos Humanos del partido Vente Venezuela, denunció en la red social X. la detención de dos miembros del equipo de seguridad de la líder política María Corina Machado,  Milciades Ávila y Edwin Moya, quienes fueron secuestrados este fin de semana por efectivos de las fuerzas represivas del régimen El            La fuente comité indicó que desconoce el paradero de Ávila y Moya, por lo que exigió saber dónde están y su «libertad inmediata.

            -Esta nueva arremetida forma –explicó la nota- parte del falso expediente armado por el oficialismo contra toda la disidencia política. Y ocurre justo después de declaraciones recientes de los propios voceros del régimen sobre la supuesta huida de Machado del país.

            El 30 de septiembre la ONG Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA) aseguró que las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio, en las que el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó como ganador a Nicolás Maduro, fueron empañadas por una “escalada de graves abusos” por parte -dijo- de las autoridades de la nación.

            El portal AlNavío refirió al respecto:

            -“El proceso electoral del 28 de julio debía servir para abrir el camino hacia el rescate de la democracia y la reinstitucionalización del país, fue empañado por una escalada de graves abusos por parte de las autoridades venezolanas”, indicó la organización en un mensaje publicado en X.

            Asimismo, dijo que las autoridades de la nación tuvieron como objetivo “torcer la voluntad popular y aplastar el descontento de las grandes mayorías”.

            Y agregó:

            -Tras la proclamación de Maduro como el ganador de las presidenciales en Venezuela, la oposición mayoritaria, agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), denunció fraude electoral, lo que desencadenó protestas masivas contra el resultado oficial, que dejaron 25 muertos y más de 2.400 detenidos, según las autoridades.

            La PUD justifica la victoria de su abanderado, Edmundo González Urrutia, con base al “83,5 % de las actas electorales” que afirma haber reunido a través de testigos y miembros de mesa, y que, posteriormente, fueron divulgadas en una página web, documentos que el Gobierno tacha de “falsos”.

            También señaló:

            -El pasado 17 de septiembre, la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU para Venezuela reveló que pudo confirmar que en los primeros días de las protestas por el resultado oficial de las presidenciales, al menos, 158 niños fueron detenidos y que algunos de estos sufrían discapacidad y fueron acusados de delitos graves, como terrorismo o incitación al odio.

            “Este fenómeno es algo nuevo y extremadamente preocupante”, sostuvo la presidenta de la Misión, Marta Valiñas, en comentarios a la prensa durante la presentación del último informe que su equipo elaboró sobre la situación en Venezuela en el último año.

            “No solo no ha habido mejoras (en derechos humanos), sino que las violaciones se han intensificado, alcanzando niveles de violencia sin precedentes en el contexto postelectoral”, recalcó.

            En la misma fecha, el portal 800 Noticias, con información de TalCual,  reportó:

                -Cinco de los 68 adolescentes que permanecen detenidos por las protestas poselectorales fueron pasados a juicio durante el fin de semana por tribunales con competencia en terrorismo, según denuncias de familiares y la ONG Una Ventana a la Libertad.

            Y añadió:

            -Uno de ellos es Diomer Gómez, de 17 años de edad, quien se encuentra detenido en la Unidad de Atención Ciudad Caracas, ubicado en El Cementerio. Otros cuatro están privados de libertad en el centro de coordinación policial de la urbanización Juan José de Maya de San Felipe, Estado Yaracuy.

            En el caso de Gómez, sus familiares se enteraron de la audiencia preliminar, que se hizo pasadas las 9:30 p.m, luego de que el abogado defensor pudo comunicarse con ellos, por lo que no estuvo acompañado de un representante como lo estipula la ley.

            Ahora, señaló una de sus hermanas, deben esperar a conocer cuándo iniciará el juicio. Diomer Gómez fue acusado de los presuntos delitos de terrorismo, incitación al odio y hurto calificado. «El expediente claramente dice que no existen pruebas, pero a través de una jurisprudencia la Fiscalía dice que se tiene que ir a juicio para ellos buscar la prueba. ¿Eso es justo? ¿Más de 50 días detenido y aún la Fiscalía no tiene pruebas?», reclamó su hermana Dionexis García en días pasados.

            También señaló:

            -La ONG Una Ventana a la Libertad informó que otros cuatro adolescentes señalados de participar en las protestas poselectorales en San Felipe fueron enviados a juicio el jueves 28. Este grupo fue detenido el 30 de julio en Boraure, municipio La Trinidad, tras ser señalados de haber participado un día antes en una manifestación en el sector Las Tapias, en la capital de Yaracuy.

            En la audiencia del pasado jueves la fiscalía les ofreció admitir los hechos y otorgarles así un beneficio procesal, pero los jóvenes se negaron, destacó la organización en una nota de prensa.

            Por su parte, la ONG Justicia, Encuentro y Perdón también denunció que un grupo de adolescentes detenidos en la ciudad de Valencia, Estado Carabobo, estaba siendo presionado para admitir delitos que no han cometido. Recordó además que cualquier declaración obtenida bajo coacción carece de validez legal.

            El 12 de agosto 2024 Noticias ONU reportó:

            -El Gobierno debe investigar las violaciones de las garantías fundamentales que han ocurrido en el marco de las protestas relacionadas con las elecciones presidenciales de julio pasado, dice el grupo establecido por el máximo órgano de derechos humanos la ONU.

            Tras los comicios presidenciales del 28 de julio pasado en Venezuela, en las que las autoridades electorales declararon vencedor al actual mandatario Nicolás Maduro, se suscitó una serie de movilizaciones de protesta, tanto en las calles de todo el país como en las redes sociales, a las que el Gobierno ha respondido con represión, según la Misión de Determinación de los Hechos en ese país*, nombrada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

            La Misión, conformada por expertos independientes, emitió un comunicado este lunes exigiendo a las autoridades venezolanas a detener inmediatamente la represión e “investigar a fondo la avalancha de graves violaciones a los derechos humanos que están ocurriendo”.

            Luego indicó:

            -De acuerdo con los expertos, el Estado ha creado un clima de temor generalizado que ha dado lugar a 23 muertes documentadas entre el 28 de julio y el 8 de agosto, la mayoría de ellas por disparos de armas de fuego. En 18 casos, las víctimas fueron hombres de menos de 30 años.

            La presidenta de la Misión, Marta Valiñas, dijo que las denuncias deben investigarse y que, de confirmarse un abuso de la fuerza por los cuerpos de seguridad o de civiles armados progubernamentales, debe haber rendición de cuentas.

            Los datos de los expertos, obtenidos del análisis de informes de organizaciones defensoras de los derechos humanos señalan que después de la elección fueron detenidos al menos 1260 personas, incluidas 160 mujeres.

            La mayor parte de las detenciones se produjeron en el Distrito Capital, 18%; seguido de los estados de Carabobo, 16%; y Anzoátegui, 9%.

            Los números proporcionados por el Fiscal General de la República elevan aún más a cifra al reportar 2200 detenidos de manera indiscriminada, con la calificación de “terroristas”.

            Entre las personas detenidas se cuentan dirigentes, miembros y simpatizantes de partidos políticos, periodistas y defensores de derechos humanos, considerados o percibidos como opositores por las autoridades.

            Después especificó:

            -Los expertos argumentaron que la gran mayoría de las personas detenidas simplemente manifestaron su rechazo al resultado de la elección presidencial anunciado por las autoridades y detallaron que muchas de las detenciones ocurrieron después de que esas personas participaran en protestas o expresaran sus opiniones en redes sociales, cuando las autoridades fueron a buscarlas a sus casas.

            Además, informaron tener denuncias de detenciones de más de cien niños, niñas y adolescentes imputados por los mismos crímenes graves que los adultos. Esos menores de edad no cuentan con la presencia de sus padres, madres o tutores durante las actuaciones judiciales.

            Igualmente señaló:

            -La Misión reclama con firmeza la obligación de garantizar que los niños, niñas y adolescentes detenidos sean tratados con estricto apego a las normas internacionales de protección de la niñez, respetando su interés superior”, declaró Francisco Cox, integrante del grupo.

            Los especialistas sostuvieron que las características de las detenciones indican que se trata de detenciones arbitrarias y que violan el debido proceso, dejando a los afectados desprotegidos ante el sistema de justicia.

            Apoyaron esta afirmación citando audiencias telemáticas sumarias, llevadas a cabo por los Tribunales con competencia en terrorismo de Caracas, aunque los hechos hubieran ocurrido en otro lugar; la imputación de graves cargos penales como terrorismo, conspiración y delitos de odio, sin una base probatoria que lo fundamente o aplicados de forma desproporcionada; la negación de información a familiares o información tardía e incompleta; o los impedimentos para el nombramiento de abogados de confianza de las personas detenidas.

            En este sentido, la Misión recalcó que todas las personas detenidas bajo esas condiciones deben ser liberadas inmediatamente.

            Otra de las integrantes, Patricia Tappatá, declaró:

            -Las autoridades tienen que respetar de manera irrestricta las normas internacionales sobre el debido proceso y sobre las condiciones de detención, usando los canales formales para comunicarse con los familiares”, subrayó otra de las integrantes.

            El 9 de septiembre de 2024 Roberto Macedonio Vega, de Euronews,  reportó:

            -En su guerra contra Elon Musk, ha decidido anular la plataforma en el país durante 10 días. Expertos consultados por 'Euronews' aseguran que lo hace para evitar que se difundan imágenes de la represión y las protestas previsas para los próximos días.

            Siguen la represión y las violaciones de derechos humanos en Venezuela dos semanas después de las elecciones del 28 de julio que dieron la 'victoria' oficialista a Nicolás Maduro, pese a que las actas de los colegios electorales, publicadas por la oposición, indican lo contrario.

            Organizaciones como Foro Penal denuncian una situación límite en el país, sumido en protestas contra el fraude electoral reconocido ya por el Centro Carter, al que Maduro acusa de incitar "un golpe de Estado" e incluso por otros Gobiernos de izquierdas como el del chileno Javier Boric.

            Luego indicó:

            -Según el último recuento de víctimas de Foro Penal, en Venezuela se han producido 1.263 arrestos arbitrarios, 114 de los detenidos serían menores de edad.

            La cifra sería aún mayor según Amnistía Internacional, que habla de más de 2.000 detenidos "por ser críticos con el Gobierno", algo de lo que ha presumido el propio Maduro.

            Amnistía Internacional ha publicado un informe en el que denuncian la existencia de "torturas, muertes y uso excesivo de la fuerza" con el fin de "silenciar la disidencia y la protesta".

                La misión de Determinación de los Hechos de la ONU así como la Fiscalía de la Corte Penal Internacional consideran, además, que estos hechos "cometidos en Venezuela parecen constituir crímenes de lesa humanidad".

            El día 24 del mismo mes y año  miembros del G7 reunidos al margen de la 79 Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas exigieron poner fin a la violación de los derechos humanos en Venezuela por parte de los cuerpos represivos del régimen dictatorial de Nicolás Maduro.

            La periodista  Janet Zoila Yucra Maguiña, del portal Ipacto Venezuela, reseñó al respecto:

            -Los ministros de Exteriores del G7 reunidos al margen de la Asamblea General de la ONU en Nueva York pidieron este martes a las autoridades de Venezuela “poner fin las violaciones de los derechos humanos” y expresaron su indignación por la orden de detención y las amenazas al que ha sido candidato de la oposición en las recientes elecciones, Edmundo González.

            En una declaración del ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, como representante de turno del G7, se expresó la “profunda preocupación por la situación en Venezuela, tras la votación del 28 de julio” y se .enfatizó que la victoria proclamada por Nicolás Maduro, “carece de credibilidad y legitimidad democrática, como lo indican los informes del Panel de Expertos de la ONU y observadores internacionales independientes, así como los datos publicados por la oposición”.

            Después añadió:

            -Y los representantes de Italia, Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Japón y Reino Unido pidieron nuevamente “que los resultados electorales sean completos y verificados de manera independiente para garantizar el respeto a la voluntad del pueblo venezolano”.

            Asimismo, “expresaron su indignación por la orden de aprehensión y las constantes amenazas a la seguridad del candidato opositor, “quien decidió buscar refugio en España” y mencionaron que según “los informes independientes antes mencionados, Edmundo González Urrutia parece haber obtenido la mayor cantidad de votos” el 28 de julio.

            Instaron además “a los representantes venezolanos a poner fin a todas las violaciones y abusos de los derechos humanos, las detenciones arbitrarias y las restricciones generalizadas a las libertades fundamentales, que afectan particularmente a la oposición política, los defensores de los derechos humanos y los representantes de los medios independientes y la sociedad civil”

            Y pidieron “la liberación de todos los presos políticos y un camino hacia la libertad y la democracia para el pueblo de Venezuela“, reseña la agencia Efe.

            Mientras que instaron a la comunidad internacional “a mantener a Venezuela en un lugar destacado de la agenda diplomática y expresaron su apoyo a los esfuerzos de los socios regionales para facilitar la transición democrática y pacífica liderada por Venezuela que el pueblo de Venezuela ha elegido claramente en las encuestas“.

            Por otro lado, la periodista Idania Chirinos, de  NTN24,  denunció al medio  Euronews  que el régimen de Nicolás Maduro quiere evitar a toda costa que la comunidad internacional vea tales violaciones de derechos humanos en su país. Para ese momento, según la ONG Provea,  el número de manifestantes muertos ascendía ya a 24.

            Chirinos, una de las voces más reconocidas del país, que lo abandonó tras ser perseguida por el chavismo que no toleró sus críticas. aseguró además que "Hay una violación extrema de los derechos humanos en Venezuela".

            Y añadió:

            -A todos nos duele Venezuela y no podemos perder la esperanza ni el compromiso en recuperar la democracia . Hay presos que son nuestros amigos, hay presos que son nuestras propia familia, hay desaparecidos con quien tuvimos la oportunidad de compartir.

            Luego advirtió, en referencia a la acusación de la Fiscalía de Nueva York contra Nicolás Maduro de pertenecer al cartel de los Soles:

            -No estamos peleando contra un Gobierno formal, sino contra un régimen criminal que ha sido señalado de tener vínculos con el tráfico.

            Y seguidamente apuntó:

            -Las redes sociales son para los venezolanos el medio más eficaz y eficiente de comunicar porque no hay medios de comunicación libres, los portales más importantes son bloqueados así que las redes son la única forma de comunicarnos.

            Su intención es apagar todas las redes sociales e ir a un 'black out' informativo total, donde solo se escuche la voz del régimen en los medios que ellos tienen en sus manos. Twitter es una plataforma a través de la que los venezolanos se informan.

            Respecto a los presos políticos destacó:

            -Incluso miembros del partido de la oposición, como María Oropeza, coordinadora de Vente Venezuela en el Estado venezolano de Portuguesa o Freddy Superlano, jefe de la campaña opositora, son víctimas de la mayor persecución política que se recuerda en el país, aunque no la primera. Imputan a la mayoría de detenidos delitos de terrorismo.

            -No son los únicos, otros políticos opositores como el exdiputado Américo de Grazia o el ex gobernador de Mérida, Williams Dávila, también han sido detenidos. Familiares de ambos hablan de secuestro y aseguran que se desconoce su paradero.

            El 24 de septiembre Periódico Cubano, que se edita en Miami, reportó:

            -Edmundo González, presidente electo de Venezuela, ofreció su primera entrevista desde su exilio en España. Durante la conversación, González abordó temas clave sobre la situación política venezolana, pero evitó profundizar en las sanciones impuestas por varios países. El líder político llegó a España tras un acuerdo con el gobierno de Nicolás Maduro, y su estancia ha sido marcada por su activismo y contactos internacionales.

            Luego indicó:

            Interrogado por la agencia Reuters sobre si “¿EEUU debería reforzar sanciones, la Unión Europea debería reforzar sanciones? ¿Deberían revocarse las licencias petroleras a Chevron y a Repsol para conseguir mayor presión sobre ese tema?”, el exiliado dijo que “no quiero opinar, no… No quiero discutir este tema o no lo considero… No, no es importante, pero no quiero opinar sobre el particular.”

            En la entrevista, González afirmó sentirse “en libertad” en España, una sensación que no había experimentado en Venezuela. “Me siento muy bien, en un país que me acoge y con una libertad que no se puede medir en palabras”, comentó el dirigente.

            La fuente igualmente precisó:

            -González no dejó de mencionar que su principal aspiración es una transición democrática en Venezuela. Con el 10 de enero de 2025 como fecha clave para la toma de posesión, el líder electo expresó su confianza en que este proceso se lleve a cabo en paz y que sea respetado por todas las fuerzas políticas del país. Según el político, su principal objetivo es que Venezuela recupere la normalidad democrática, donde todos puedan expresarse libremente y sin temor a represalias.

            El exilio de González, según él mismo relató, es temporal. Espera regresar a su país en los próximos meses, siempre y cuando existan las garantías necesarias para ejercer su mandato sin interferencias. “Nosotros estamos luchando por una transición en paz, y eso es lo que hemos transmitido durante nuestra campaña”, aseguró.

            En la misma fecha el portal AlNavío, con información de EFE,  reportó: Los ministros de Exteriores del G7 reunidos al margen de la Asamblea General de la ONU en Nueva York pidieron este martes a las autoridades de Venezuela “poner fin las violaciones de los derechos humanos” y expresaron su indignación por la orden de detención y las amenazas al que ha sido candidato de la oposición en las recientes elecciones, Edmundo González.

            En una declaración del ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, como representante de turno del G7, se expresó la “profunda preocupación por la situación en Venezuela, tras la votación del 28 de julio” y se enfatizó que la victoria proclamada por Nicolás Maduro, “carece de credibilidad y legitimidad democrática, como lo indican los informes del Panel de Expertos de la ONU y observadores internacionales independientes, así como los datos publicados por la oposición”

            Los representantes de Italia, Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Japón y Reino Unido pidieron nuevamente “que los resultados electorales sean completos y verificados de manera independiente para garantizar el respeto a la voluntad del pueblo venezolano”.

            Seguidamente indicó:

            -Asimismo, “expresaron su indignación por la orden de aprehensión y las constantes amenazas a la seguridad del candidato opositor, “quien decidió buscar refugio en España” y mencionaron que según “los informes independientes antes mencionados, Edmundo González Urrutia parece haber obtenido la mayor cantidad de votos” el 28 de julio.

            Instaron además “a los representantes venezolanos a poner fin a todas las violaciones y abusos de los derechos humanos, las detenciones arbitrarias y las restricciones generalizadas a las libertades fundamentales, que afectan particularmente a la oposición política, los defensores de los derechos humanos y los representantes de los medios independientes y la sociedad civil”

            También pidieron “la liberación de todos los presos políticos y un camino hacia la libertad y la democracia para el pueblo de Venezuela”.

            De igual, también en la misma fecha, el periodista Enrique Barrios, del portal Punto de Corte,.reseñó:

            -José David Crespo Camacaro, un adolescente de 14 años, sigue bajo custodia en el Retén del Manzano, Barquisimeto, a pesar de presentar una boleta de excarcelación y padecer de amibiasis, según ha denunciado su madre, Marbelin Camacaro. La detención de José David, junto con la de su padre, Israel Crespo, el pasado 30 de julio, ha generado un clamor por justicia y libertad.

            Y agregó:

            -La detención se produjo en el contexto de lo que se describen como arrestos masivos post-electorales, donde la policía estadal y posteriormente la Guardia Nacional intervinieron, acusándolos de delitos que su familia y defensores rechazan vehementemente. A Israel lo trasladan a la cárcel de Tocorón, mientras que José David permanece en el retén de menores, condiciones que su madre describe como injustas y crueles.

            Marbelin Camacaro, quien está embarazada, ha solicitado la liberación de su hijo, subrayando su inocencia y las dificultades económicas y emocionales que enfrenta para visitar a su esposo. La denuncia se amplifica a través de redes sociales, donde figuras como Molly De La Sotta han compartido el caso, buscando generar una presión pública para que las autoridades actúen conforme a derecho y justicia.

            Igualmente indicó:

            -Este caso pone en relieve las condiciones de los centros de detención en Venezuela y las dificultades que enfrentan los familiares de los detenidos para obtener información y justicia. La comunidad internacional y organizaciones de derechos humanos están alertadas sobre la situación de José David Crespo, quien, según la documentación presentada, debería estar en libertad, especialmente considerando su estado de salud y la orden de excarcelación.

            .La madre de José David llama desesperadamente para que se respete la ley y se libere a su hijo, un menor que, según su versión, lo arrestan sin una orden de aprehensión y sin derecho a un abogado. La situación refleja una serie de problemas legales y de derechos humanos que afectan a muchos en Venezuela, donde los procedimientos judiciales y las condiciones de detención son a menudo criticados.

            El 20 de setiembre el medio Impacto Venezuela reportó:

            -El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, habló este viernes con … Nicolás Maduro, y le manifestó su “preocupación” por los controvertidos resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio en Venezuela, que la oposición asegura haber ganado, anunció su oficina.

            Y añadió:

            -Guterres “expresó preocupación por los informes de violencia poselectoral y violaciones de derechos humanos (y) enfatizó la necesidad de resolver cualquier disputa política de manera pacífica, a través de un diálogo genuino e inclusivo”, señaló un comunicado de la oficina del portavoz.

            La comunicación fue vía telefónica.

            El reporte publicado por Impacto Venezuela igualmente destacó que el secretario general de la ONU tomó nota de las posiciones de Maduro proclamado ganador por el Consejo Nacional Electoral (CNE) para un tercer mandato consecutivo de seis años (2025-2031), lo que fue validado luego por el Tribunal Supremo de Justicia, aun sin presentar las actas de votación que probarían su victoria. Ambas instituciones están acusadas de servir al gobierno.

            -La oposición venezolana, liderada por María Corina Machado, -explicó  el medio- denunció que hubo fraude y publicó en un sitio web copias de un 80% de las actas electorales, que afirma demuestran el triunfo de su candidato Edmundo González Urrutia.

            Tras pasar un mes en la clandestinidad, González Urrutia, sobre el que pesaba una orden de captura, se exilió el pasado 8 de septiembre en España.

            El candidato opositor afirmó… haber firmado bajo “coacción” del gobierno venezolano un documento para “acatar” la cuestionada reelección de Nicolás Maduro, a cambio de permitirle la salida de su país.

            En la misma fecha,  la Misión de Establecimiento de los Hechos de la ONU para Venezuela advirtió  que el riesgo de la desintegración del Estado de derecho en el país “es muy alto”, tras el agravamiento de la situación de los derechos humanos y la reactivación “de la maquinaria represiva” del gobierno a raíz de las elecciones del 28 de julio.

            -Estas violaciones –reseñó el portal 800 Noticias- son el resultado de un plan diseñado anticipadamente y ejecutado a través de diferentes modalidades de represión: un plan para desalentar, silenciar, y anular la oposición política y las voces críticas al Gobierno…o a quienes reclaman transparencia de los resultados electorales”, señaló en el Consejo de Derechos Humanos la presidente de la Misión, Marta Valiñas.

            El informe, hecho público el viernes 20 de septiembre,  constata que los recientes abusos de los derechos humanos que pudo documentar (como detenciones arbitrarias, torturas y violencia sexual) son una continuación de las violaciones que en el pasado consideró que constituían crímenes de lesa humanidad.

            De igual modo señala que durante la campaña electoral, entre el 4 y el 25 de julio, la Misión documentó hasta 121 detenciones de personas que fueron arrestadas simplemente por prestar algún servicio en los actos de campaña de la oposición.

(Cabe recordar que al doctor Edmundo González se le faltó el respeto, ya a bordo de un avión de Conviasa y hasta fue amenazado de expulsión del mismo por un trabajador de esa empresa aérea venezolana. Por otro lado, la líder María Corina Machado antes, durante y después de la campaña electoral no podía viajar al interior vía aérea debido a una orden arbitraria del régimen prohibitiva al respecto)

            Sobre el citado informe la periodista Janet Zoila Yucra Maguiña, del portal Punto de Corte, señaló  que  a la luz del mismo “La maquinaria represiva del Estado venezolano continúa cometiendo graves violaciones de derechos  humanos y delitos”.

            También citó que la Misión de la ONU alteró en el mismo respecto a las masivas detenciones en manos de agentes policiales que ingresaron a las casas sin órdenes judiciales.

            -En varios casos –explicó- no conocían ni el nombre de la persona a detener.

            Apuntó igualmente que Marta Valiñas expresó que “Las detenciones investigadas por el equipo de la ONU fueron arbitrarias” y en algunos casos “seguidas de actos de tortura y de desapariciones forzadas de corta duración”.

            Asimismo señaló que “A pesar de las advertencias del gobierno sobre la posibilidad de un estallido de violencia si Maduro no ganaba las elecciones, entre el 29 y 31 de julio hubo 915 protestas en todo el país, en las que se pudo confirmar la muerte de 25 personas, que fallecieron por disparos de arma de fuego..

            De igual modo reconoció que “La Misión no tiene aún evidencia suficiente para atribuir autoría en estos casos, pero en varios se documentó la presencia de efectivos de la Guardia Nacional o de la Policía Nacional haciendo uso de sus armas de fuego para reprimir las protestas”.

            Además detalló que 158 niños, algunos con discapacidad, fueron detenidos tras las protestas postelectorales.

           

(El 3 de octubre el portal 800 NOTICIAS reseñó: “Tras la elección presidencial del 28 de julio más de 2000 personas,  fueron detenidas durante las protestas registradas el anunció del CNE que proclamó ganador al actual mandatario Nicolás Maduro, todos han sido trasladados a las cárceles destinadas para ellos por orden de las autoridades venezolanas. Y agregó: La gran mayoría de los detenidos hombre, mujeres y menores de edad han sido sometidos a tratos crueles y torturas, de acuerdo a las denuncias de las ONG y familiares.

A estas denuncias se suma la del reportero gráfico, Jesús Medina Ezaine -actualmente en el exilio- quien aseguró que en el retén de Caraballeda en el Estado Vargas, son sometidos a tratos crueles y torturas ocho menores detenidos durante las protestas poselectorales, a todos se les acusa por terrorismo. En el video divulgado los detenidos intentan comunicarse con sus familiares apostados en las afueras del recinto).

            Respecto a los métodos de torturas empleados por los represores de la narcodictadura, el medio especificó:

            -La presidenta de la Misión indicó que se identificó “una serie de métodos de tortura utilizados por las fuerzas de seguridad o por los servicios de inteligencia, como puñetazos, golpes con planchas de madera o con bates envueltos en espuma, y descargas eléctricas, asfixia con bolsas de plástico” entre otros.

            La jurista sostuvo que la comunidad internacional “enfrenta una gran responsabilidad para detener esta persecución, para que las violaciones y delitos que se cometieron y que continúan cometiéndose no queden impunes y para dar aliento a las víctimas asegurando que podrán obtener justicia”.

            El embajador de Venezuela ante la ONU en Ginebra, Alexander Yáñez, rechazó con vehemencia las denuncias de la Misión y afirmó que la ola de violencia postelectoral fue generada “por la derecha fascista de Venezuela” que “empleó bandas criminales para atacar personas y quemar y destruir instituciones públicas”.

            “No fueron protestas pacíficas”, señaló el diplomático y pidió al los países que rechacen el informe de la Misión, que calificó de “grotesca burla escrita”.

            Ecuador, que tomó la palabra en nombre de Argentina, Chile, Canadá, Paraguay, Guatemala, Uruguay y el suyo propio, pidió al Gobierno de Venezuela que cese con la represión y deploró “la falta de independencia de la Consejo Nacional Electoral y del Tribunal Supremo de Justicia”.

            Pidió que se trate a los menores detenidos de acuerdo a las normas internacionales, exhortó a la “verificación imparcial de los resultados electorales” y se mostró a favor de que el Consejo de Derechos Humanos renueve el mandato de la Misión de Establecimiento de los Hechos para Venezuela, que expira en breve.

            El informe concluyó señalando que las violaciones a los derechos humanos ocurridos en el país constituyen el crimen de lesa humanidad de persecución fundada en motivos políticos.

            También el 20 de septiembre la periodista Janet Zoila Yucra Maguiña, del portal Punto de Corte, reportó:

            -El dirigente opositor, Edmundo González, dijo este viernes que buscó refugio diplomático después de que le dijeran que las fuerzas de seguridad del presidente Nicolás Maduro que “vendrán por usted”.

            En entrevista con la agencia Reuters, González, a quien la oposición insiste que fue el verdadero ganador de las elecciones de julio otorgadas a Maduro, dijo a la agencia, durante una entrevista en Madrid, que podría haber sido encarcelado y posiblemente torturado si se hubiera quedado en Venezuela.

            El exdiplomático de 75 años partió hacia España después de obtener garantías de que su familia y sus propiedades en Venezuela estarían seguras, explicó y agregó que quería tener la libertad de buscar el apoyo de los líderes mundiales para su caso para ser presidente.

            “Un oficial de seguridad que trabajaba conmigo me llevó aparte y me dijo que había recibido información de que los órganos de seguridad iban a buscarme y que lo mejor era refugiarse”, informó.

            “Podría haberme escondido, pero tenía que ser libre para poder hacer lo que estoy haciendo, transmitir al mundo lo que está pasando en Venezuela, establecer contactos con los líderes mundiales”, argumentó.

            Luego señaló:

            -Un tribunal venezolano había emitido una orden de arresto contra González, acusándolo de conspiración y otros delitos, luego de que Maduro dijera que la oposición estaba tratando de derrocarlo mediante un golpe de Estado.

            Contó que ya se había reunido con importantes figuras políticas españolas desde su llegada el 8 de septiembre y que, tras recibir invitaciones para visitar Alemania, Países Bajos y la Comisión Europea, realizaría una gira por Europa.

            Afirmó que confiaba en que todavía era posible un traspaso pacífico del poder en Venezuela si él fuera la persona que lo lideraría.

            “Quiero asegurar que se respete la voluntad de los 8 millones de venezolanos que votaron por mí el 28 de julio”, expresó, en referencia a las afirmaciones de la oposición de una victoria aplastante basadas en los votos que ha publicado. “Esa es una decisión que ya se ha tomado y aspiro a cumplirla plenamente”.

            Ratificó que primero buscó refugio en la embajada de Holanda y después de 32 días tomó la decisión de abandonar Venezuela, trasladándose a la residencia del embajador español para realizar una solicitud de asilo desde Madrid.

            Sabía que una vez emitida la orden de arresto, enfrentaría una pena de prisión, potencialmente en “una de las prisiones que han convertido en centros de tortura en Venezuela”.

(El doctor Edmundo González Urrutia fue reconocido, entre otros, como Presidente Electo por la Cámara de Diputados de Chile, Congreso de Costa Rica, Congreso de Colombia,

Congreso de Diputados de España y el Parlamento Europeo)

 

            La periodista adicionó:

            -Esta semana se supo que mientras estaba en la residencia del embajador de España, Ramón Santos, González firmó una carta diciendo que aceptaba la victoria electoral de Maduro.

            El gobierno de Venezuela publicó fotografías de la firma en presencia del presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, la vicepresidenta Delcy Rodríguez y el enviado español.

            González dijo a Reuters que la carta fue acordada durante 48 horas “muy tensas” y reuniones prolongadas entre él y los funcionarios venezolanos, y que fue “obligado” a firmar.

            El líder opositor afirmó que las fotografías y grabaciones de audio fueron tomadas sin su permiso, descartando que fueran realizadas por el embajador.

            “Terminamos con un texto que firmé. Dije que respetaba la decisión, aunque no estaba de acuerdo con ella”.

            González dijo que a cambio obtuvo garantías por escrito de que su hija y su familia, incluidos dos niños, que permanecen en Venezuela, estarían a salvo, junto con su automóvil y su apartamento.

            Agregó que en ese momento no buscó garantías para la liberación de los presos políticos, pero es una de las causas que lleva a todos los foros internacionales.

            El 26 de septiembre de 2024 la líder de la democracia, María Corina Machado durante una entrevista con los medios  TalCual, El Pitazo y Runrunes, transmitida por YouTube y difundida por agencias y portales de noticias, aseguró que el expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero colaboró en la "maniobra del régimen" -en alusión al Ejecutivo de Nicolás Maduro- que permitió el exilio hacia Madrid de Edmundo González Urrutia.

            -No es verdad que (Zapatero) –se lee en el portal El Español- salvó a Edmundo, él vino a ser parte, o él operó como parte de una maniobra del régimen en contra de los venezolanos, y esto es gravísimo.

            La exdiputada dijo que la salida del antichavista de Venezuela -donde la Justicia había emitido una orden de captura en su contra- se logró a través de "una operación grotesca, horrible, montada por el régimen, con operadores dentro y fuera del país".

            El medio digital añadió:

            -Edmundo González llegó a España el pasado 8 de septiembre como refugiado político tras pasar varios días escondido por miedo a las amenazas chavistas. Afirmó entonces que venía a España por decisión "personal" con el objetivo de continuar "la lucha por lograr la libertad y la recuperación de la democracia en Venezuela".

            Más tarde, el régimen de Nicolás Maduro difundió que tenía un documento firmado por González "acatando" el resultado anunciado por el chavismo y González denunció que había firmado tras ser "coaccionado, chantajeado y presionado" durante "horas muy tensas" en la residencia del embajador español en Caracas.

            La coacción a Edmundo se inició en la embajada de Holanda, pero su titular no dejó entrar a los chavistas.

            Más tarde, el régimen de Nicolás Maduro difundió que tenía un documento firmado por González "acatando" el resultado anunciado por el chavismo y González denunció que había firmado tras ser "coaccionado, chantajeado y presionado" durante "horas muy tensas" en la residencia del embajador español en Caracas.

            También apuntó:

            -En un vídeo se podía ver en la residencia del embajador, Ramón Santos, a Edmundo González junto a Delcy Rodríguez, vicepresidenta de la República, sancionada por la Unión Europea, y Jorge Rodríguez, su hermano y presidente de la llamada Asamblea Nacional, designada por el régimen.

            Las imágenes provocaron las críticas del Partido Popular, que acusó al Gobierno de Pedro Sánchez de ser "cómplice" de la dictadura de Maduro al permitir que se "coaccione y chantajee" al líder democrático venezolano en suelo diplomático español.

No obstante, Edmundo González siempre ha negado coacciones del Gobierno español y la embajada y ha destacado que "aseguraron mi libertad de decisión".

            En todos estos acontecimientos sobrevoló la figura del expresidente Zapatero y el propio Edmundo afirmó que entendía "que él era el artífice de promover ese encuentro". 

            Luego señaló:

            -Tras semanas de silencio, este martes Zapatero reconoció su participación "en la tarea de facilitación" para que González viniese a España, aunque no dio más detalles de la operación ni se pronunció sobre si Edmundo pudo recibir coacciones en la embajada de España en Venezuela.

            En otra entrevista divulgada por las redes sociales el Presidente Electo Edmundo González Urrutia manifestó que María Corina Machado no supo de su plan de irse hasta el día antes de ir a la embajada de España.

            Igualmente se mostró confiado en que ella no tendrá que tomar una decisión similar, pero advirtió: “Es una situación que se puede presentar con cualquier dirigente político que pueda estar en riesgo”.

            Antes de estos hechos, el lunes 2 de septiembre, el fiscal del terror, Tarek William Saab, había emitido una orden de captura contra el Presidente Electo, que una hora después procesó el Juzgado Especial Primero de Primera Instancia en Funciones de Control con Competencia en Casos Vinculados con los Delitos Asociados al Terrorismo.  Este tribunal chavista emitió la Orden Aprehensión N° 100-24 y lo acusó de forjamiento de documentos públicos, instigación a la desobediencia de leyes, usurpación de funciones, conspiración, asociación para delinquir  y sabotaje a daños de sistema.

            Conviene recordar que la investigación contra el Presidente Electo el 28 de julio guarda relación con la publicación de una página web en la que la principal coalición opositora -la Plataforma Unitaria Democrática (PUD)- asegura haber cargado "el 83,5 % de las actas electorales" recabadas por testigos y miembros de mesa la noche de la elección para sustentar su denuncia de fraude en las presidenciales.

            -La PUD –se lee en la Web- divulgó estas actas, que el Ejecutivo tacha de "falsas", después de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamara como ganador de los comicios a Nicolás Maduro, lo que ha sido cuestionado por numerosos países, algunos de los cuales respaldan que González Urrutia ganó por amplio margen.

            El jueves pasado, cuando se hizo pública la tercera boleta de citación, la Fiscalía advirtió que, de no asistir nuevamente, sería "librada una orden de aprehensión respectiva" al considerar que se "encuentra en presencia de peligro de fuga".

            El día 25 de agosto -fecha en la que se emitió la primera citación-, a través de un video publicado en redes sociales, González Urrutia expresó que el MP lo "pretende someter a una entrevista sin que se precise en qué condición se espera que comparezca y precalificando delitos no cometidos".

            A su juicio, el fiscal general, Tarek William Saab, "se ha comportado, reiteradamente, como un acusador político", ya que -aseveró- "condena por anticipado y ahora impulsa una citación sin garantías de independencia y del debido proceso".

            El 25 de septiembre la Fiscalía informó a través de Instagram que el fiscal del caso, Luis Ernesto Dueñez, había sido condecorado con la Orden Dr. Danilo Ánderson, por su “labor profesional y de perseverancia en la lucha contra la impunidad, contribuyendo a la consolidación del estado de derecho y la justicia en Venezuela”.

            Lo propio hace la narcodictadura con sus torturadores, a los que asciende y premia con divisas o las propiedades de los presos políticos o exiliados.

            El día siguiente el abogado Joel García dijo a EFE que a los detenidos "les imputan por igual terrorismo, pero no individualizan las conductas", lo que contraviene -dijo- uno de los principios básicos del derecho, que establece que la responsabilidad penal es individual.

            El entrevistado señaló además que a la fecha más 2.400 personas fueron detenidas tras las elecciones del 28 de julio, algunas acusadas por la Fiscalía de «terrorismo, sin que se sepa exactamente cuántas, un delito «amplio» en el marco jurídico del país, según expertos, quienes advierten que, por tanto, cualquier cosa cabe» para que alguien sea señalado como terrorista.

(En ninguna de las dos dictadura militares que sufrió Venezuela en el siglo XX, la de los generales Juan Vicente Gómez y Marcos Pérez Jiménez, hubo niños detenidos por razones políticas. Además, la tortura no alcanzó las dimensiones de crueldad adquiridas durante la narcodictadura de Nicolás Maduro, a pesar de la inexistencia de la Ley Especial Para Prevenir y Sancionar la Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes la Defensoría del Pueblo)

            La fuente añadió:

            -El letrado explicó que se han realizado audiencias «masivas» en las que se lleva a cabo el proceso judicial «vía telemática» a los detenidos de «forma colectiva».

            Para García, la acusación de terrorismo es «un patrón sistemático y generalizado» contra la población «disidente» al gobierno de Nicolás Maduro, algo que -afirmó- se vio, aunque con «más selectividad», en las protestas antigubernamentales en 2014, 2017 y 2019, pero «la diferencia» es que, durante esos años, los detenidos «podían designar defensa privada», como contempla la ley.

            Asimismo, afirmó que a los detenidos en las protestas poselectorales los representan defensores públicos, lo que no permite «una contraparte» que «refute» las acusaciones, pues considera que funcionarios adscritos al Poder Judicial cumplen instrucciones y no pueden hacer mayor cosa.

            En la  misma fecha, la ONG Foro Penal dio a conocer la existencia  de 1.867 presos políticos tras las elecciones y advirtió que este es el mayor registro de presos con fines políticos conocido en Venezuela, al menos en el siglo XXI.

            "Seguimos recibiendo y registrando detenidos", señaló el texto publicado en El Nacional la organización pro derechos humanos.

            Señaló también que 68 de los detenidos son adolescentes, en edades comprendidas entre 14 y 17 años

            La cifra suministrada por Foro Penal abarca desde el 29 de julio  el día siguiente a las presidenciales en Venezuela, en las que el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó presidente electo a Nicolás Maduro y la oposición denunció fraude, .hasta el 23 de septiembre 1.867 presos políticos en Venezuela.

            Según los detalles difundidos en redes sociales, 1.637 presos son hombres y 230 mujeres. Además, hay 1.708 civiles en el grupo y 159 militares. A la fecha 151 personas han sido condenadas.

            Foro Penal recordó igualmente:

            -Desde 2014, primer año de gobierno de Nicolás Maduro luego de la muerte de Hugo Chávez Frías, se han registrado 17.828 detenciones con fines políticos en Venezuela; el número de personas asistidas por Foro Penal que han sido excarceladas más de 14.000 y personas aún sujetas arbitrariamente a medidas restrictivas de su libertad: más de 9.000.

            Luego indicó:

            Organizaciones internacionales han exigido la libertad de todos los presos políticos, pues defienden el derecho a la protesta y a la libertad de expresión. Sin embargo, en el país se desató una ola de persecución contra aquellos que manifestaron ideales contrarios al chavismo.

            Quienes están encarcelados enfrentan violaciones de sus derechos humanos debido a las condiciones en las que están o los tratos que reciben de funcionarios de seguridad.

            El 28 de septiembre del mismo año, una Nota de Prensa divulgada en las redes sociales por el Observatorio Venezolano de Prisiones expresó:

            María González no soltaba el cartel con la foto de su hijo Johanny Vásquez y el mensaje “libertad para los presos políticos”, aunque le dolía el pecho. Respiraba agitada y sus ojos se llenaban de lágrimas frecuentemente.

            La hija de María es quien se encarga de ir a tribunales o hacer los trámites necesarios, tras la detención de Johanny el 29 de julio, en el contexto de las protestas poselectorales. “Tengo una presión en el pecho, me duele mucho”.

            Luego indicó:

            -Las madres de los adolescentes y jóvenes detenidos en la represión poselectoral también se sienten presas. Ahora su vida está dedicada a insistir para lograr la libertad plena de quienes fueron aprehendidos arbitrariamente por los cuerpos de seguridad del Estado venezolano. Los hermanos, hermanas, padres y otros parientes también padecen en carne propia la detención. La rutina en casa se detuvo, así como el ritmo laboral.

            “Estamos desesperadas, sentimos impotencia, rabia y decepción cuando les dicen terroristas. Mi hijo tiene 16 años y si le meten 10 años de cárcel va a salir de 26 años, se ha perdido su vida ahí”, contó una madre entre lágrimas.

            El domingo 28 de septiembre (sic)  se cumplen dos meses desde que el Consejo Nacional Electoral proclamó a Nicolás Maduro como ganador de las elecciones presidenciales y se generaron protestas en Venezuela, entre el 29 y 30 de julio, en rechazo a los resultados electorales y para exigir que se publicaran las actas de los comicios.

            La Misión de Determinación de los Hechos sobre Venezuela documentó la detención de 158 adolescentes, 130 varones y 28 mujeres. Sin embargo, Nicolás Maduro refirió que eran más de 2000 detenidos, una semana después de las manifestaciones.

            La mayoría de los jóvenes y adolescentes detenidos fueron imputados por terrorismo -entre 25 y 30 años de prisión- e incitación al odio -de 10 a 25 años de condena-. También se registran casos de aprehendidas a víctimas de torturas o de desaparición forzada.

            Posteriormente, en el intertítulo “Sin respuesta de la defensa públicade la Nota de Prensa puntualizó:

            -Nérida Ruiz tiene preso a su hijo, de 16 años, quien está preocupado porque no podrá iniciar las clases en octubre. En la Escuela Técnica Comercial Robinsoniana Distrital Juan España, en El Valle, lo esperan para que curse sexto año. Además de sus estudios, el adolescente ayuda a su mamá con el cuidado de su hermanito, de dos años.

            “Yo le digo a él que estudie porque eso es lo que pobremente uno le puede dejar, y que no estudie por estudiar, que aprenda bien. Él me dice que va a buscar un trabajo para ayudarme, porque yo soy madre soltera”, cuenta.

(En el mando de la Defensoría Pública siempre ha estado, desde hace casi 14 años, la hermana de Nicolás Maduro, María Adelaida Maduro Moros. Infobae, 18 de junio de 2014)

            La madre recibió apoyo de su jefe, sin embargo, Nérida, quien trabaja como cajera en una mueblería, pidió sus vacaciones para dedicarse a lograr la libertad de su hijo. “Es fuerte porque vamos a los tribunales y no hay despacho, la fiscal salió de vacaciones y la suplente nunca está, no nos informan nada. Tenemos defensor público impuesto”.

            Mientras Nérida se encarga de las visitas a su hijo mayor, una vecina cuida a su otro hijo, de dos años. Es madre soltera y contaba con el apoyo del adolescente para los cuidados del niño. “Mi hijo pequeño llama a su hermano por las noches y cuando lo ve en una foto que tengo en la casa lo va a buscar a su cuarto”.

            Las hermanas también asumieron las riendas de los detenidos, para evitar crisis nerviosas en sus madres. Gabrielis Ramírez, de 19 años, asistió a una convocatoria frente al Ministerio Público del comité de Madres en Defensa de la Verdad, el 26 de septiembre. Ella es quien se encarga de ir a los tribunales porque su mamá sufre de la tensión. Sus dos hermanos, de 21 y 22 años, están privados de libertad.

            “Ha sido duro para mi mamá. Nuestro papá se fue hace muchos años al extranjero y no supimos de él, mis hermanos son el sustento de la casa. Solo somos mis hermanos y yo con mi mamá”, contó la joven de 19 años, quien vive en La Guaira.

            El comité de Madres en Defensa de la Verdad lo confirmaron familiares de adolescentes y jóvenes detenidos en el contexto de las manifestaciones, acusados de terrorismo e incitación al odio y a quienes no se les permitió defensa privada.

            El 26 de septiembre asistieron al Ministerio Público para exigir la libertad de sus parientes y entregaron una carta dirigida al fiscal Tarek William Saab en la cual pidieron que se respete el debido proceso.

“No son terroristas, son inocentes”, gritaban los familiares afuera del Ministerio Público.

Hay madres que tienen casi dos meses sin ver a los jóvenes detenidos, trasladados al Internado Judicial de Carabobo. Solo les permiten una llamada cada 15 días, pero no han podido constatar su estado de salud.

(Al fiscal del terror, Tarek William Saab, le importa un comino el sufrimiento de las madres con sus hijos presos menores de edad, por hacer uso legítimo de un derecho consagrado en la Constitución chavista, el de protestar por el fraude del 28J, que de materializarse acabará con los niños, adolescentes y jóvenes, al acallarlos con los cuerpos de  exterminio de la narcodictadura a la sirve y no al pueblo, que le paga el sueldo)

            Al final de la Nota de Prensa el Observatorio de Prisiones de Venezuela destacó:

            -La Misión de Determinación de los Hechos sobre Venezuela sostuvo que los principales poderes públicos abandonaron su independencia y se sometieron al Ejecutivo, ya que “muchas de las garantías judiciales perdieron su efectividad, dejando a la ciudadanía en desamparo frente al ejercicio arbitrario del poder”. Recomendó al Estado venezolano que aseguren la transparencia de las investigaciones del Ministerio Público y que se respete el debido proceso.

            El 5 de agosto la ONG Una Venta a La Libertad, reportó:

            -Ascienden a 30 las privaciones ilegítimas de libertad durante manifestaciones realizadas esta semana en la entidad llanera, tras los resultados de las elecciones presidenciales realizadas la semana pasada en todo el país.

            Así lo confirmó el Coronel Ramón Cabeza, Secretario de Seguridad Ciudadana y Comandante de la Policía del Estado Apure, quien informó este fin de semana que tras los actos vandálicos, de terrorismo, alteración del orden público y amenazas de muerte contra dirigentes del oficialismo, registradas en el estado los días 28,29 y 30 de julio actualmente, se encuentran detenidos 30 ciudadanos.

            El funcionario igualmente informó que los casos presentados permanecen detenidos en varios centros de detención preventiva del Estado Apure, la Policía del Estado Apure, el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC), el comando de la Guardia Nacional  y la Zona de Defensa Integral (ZODI 31 Apure) y la Dirección de Contrainteligencia Militar (DGCIM).

(Para este abominable oficial de las fuerzas armadas quienes protestan porque la narcodictadura, en connivencia con el siniestro Consejo Nacional Electoral, desconoció la voluntad mayoritaria de cambio expresada por el pueblo soberano en los comicios del 28J, son terroristas)

            Posteriormente precisó:

            -Entre los casos  reportados este fin de semana se encuentra el de María Isabel García, coordinadora del Voluntariado de Mujeres con María Corina y Edmundo en Elorza fue detenida el sábado 3 de agosto en la alcabala de Vuelta del Cacho, ubicada en la entrada de Elorza, Municipio Rómulo Gallegos.

            Luego fue trasladada a la estación de la Guardia Nacional de Mantecal, Municipio José Cornelio Muñoz. Sin embargo, la audiencia de presentación se ,llevó a cabo en el Circuito Judicial Penal en San Fernando de Apure, como todos las causas de este tipo. 

            Este viernes 2 de agosto, la dirigencia del Partido Primero Justicia denunció que funcionarios del SEBIN, detuvieron a David Villarroel, dirigente político del mismo en la Parroquia el Recreo, San Fernando de Apure.  Exigimos la liberación inmediata de David y todos los detenidos desde el 28 Julio.

            Por otro lado, durante la tarde del miércoles 31 de julio la Policía del Estado Apure detuvo al  testigo de mesa nombre Abraham Roberti Rodríguez, miembro de la estructura 600K en el sector Los Cocos de Caramacate en el Municipio San Fernando del Estado Apure.

            “Le preguntaron el nombre y al asentir le taparon la cabeza y se lo llevaron detenido”. Lo detuvo la PN”, comentan los familiares.

            El reporte destacó también:

            -A la lista de detenidos por esta causa se suma Andrés Ascanio Chaparro cuya audiencia telemática se llevó a cabo también el 31 de julio a las 09:00, y en la cual no le permitió asistencia privada, lo acusaron de terrorismo. También, aproximadamente a las 12:50 de la tarde del 30 de julio del presente año, funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana  adscritos al DCZ-354 aprehendieron a Luis Eduardo Herrera Peña de 24 años.

            La captura de Herrera Peña se concretó frente a la Plaza Negro Primero en San Juan de Payara, Municipio Pedro Camejo en el Estado Apure, luego de una publicación en whatsapp, a las 4 de la tarde del 29 de Julio, dónde aparecía el joven llamando a salir a las calles a defender la voluntad ejercida por los ciudadanos el pasado 28 de julio.

            -El joven –explicó- fue trasladado hacia la sede del DGCIM en la ZODI-APURE que hasta los momentos familiares no tienen acceso a ninguna información de su paradero”, revelan familiares. Sin embargo, de acuerdo a fuentes en materia judicial en las actas aparece que lo detuvieron el 30 de julio. Fue presentado este viernes 2 de agosto con los delitos anteriormente señalados.

            También se encuentra bajo prisión en San Fernando, capital del Estado Apure, el ciudadano Edixon Orozco Martínez, por estas mismas causas y aún está a la espera de la audiencia de presentación.

            Antony Josué Araujo Herrera de 21 años fue detenido por funcionarios de la Policía Nacional, en su propia casa el martes 30 de julio, aproximadamente a la 01:30 PM en el Municipio Achaguas, luego de una manifestación presentada en la entrada de este municipio.

            En su cuenta X el G.J Domingo Hernández Lárez, comandante estratégico operacional de las FANB dio cuenta en esta red social  que el día 2 de agosto que efectivos de la #FAN en labores de inteligencia, por la defensa de la paz, efectuaron la aprehensión de un ciudadano identificado como Yefrin Josué Campos Aragoza, integrante de los Comanditos, por la comisión del delito de instigación al odio, luego que el joven invitaba a la población a atentar contra la vida de Nicolás Maduro.

            Efectivos de la #FAN  en labores de inteligencia, por la defensa de la paz, efectuaron la aprehensión de un ciudadano identificado como Yefrin Josué Campos Aragoza, C.I.N° V-32.416.008; parte de las células durmientes de los “Comanditos de la violencia”, por la comision del… pic.twitter.com/zbRell92Tx

            — GJ. Domingo Hernández Lárez (@dhernandezlarez) August 3, 2024

            Ángel Martelo de 21 años fue apresado en la urbanización Santa Inés, aproximadamente a las 03:00 PM del día de agosto del año en curso, por una comisión de funcionarios del SEBIN quienes según testimonio de los familiares no dieron detalles del arresto. “Lo montaron en la camioneta y se lo llevaron sin mediar palabras”, indicaron.

            La nota explicó:

            -Son parte de las células durmientes de los “Comanditos de la violencia” por incitación a la violencia, odio y desestabilización, al publicar de manera premeditada imágenes y mensajes en las redes sociales, planificando realizar un ataque terrorista al complejo de gas doméstico de la urbanización Santa Inés, Municipio San Fernando, del estado Apure”, escribió el comandante estratégico operacional de la FAN en su cuenta de X

            Efectivos de la #FAN  en labores de inteligencia, por la defensa de la paz, efectuaron la aprehensión de dos ciudadanos identificados como Héctor José Hidalgo Betancourt C.I.V-26.889.989 y Angel Jesús Martelo Mendoza C.I.V-30.544.099, parte de las células durmientes de los… pic.twitter.com/f1BWHFvLKf

— GJ. Domingo Hernández Lárez (@dhernandezlarez) August 3, 2024

            Igualmente señaló:

            -En Guasdualito, municipio fronterizo José Antonio Páez en el Estado Apure, se encuentran privados de libertad varios ciudadanos: Anderson de Jesús Castro Barrios, apresado el 29 de julio y la audiencia de presentación se celebró el 01 de agosto, así como también de Anthony Alexander Velazco Gutiérrez, Wilson Stiven Vielma Díaz. En esta zona fronteriza también tienen bajo custodia de los cuerpos policiales está la ciudadana Jennireth Gómez Piña y Francisco David Rodríguez Cabrices.

            Por su participación en una marcha pacífica, el 30 de julio también fue apresado Edurbely David Pérez Suárez en la plaza Boyacá en Guasdualito estado Apure, mientras se llevaba a cabo un partido de fútbol, acusado de cometer terrorismo y alteración del orden público.  Tiene 24 años de edad, solo en la cédula, puesto a qué es una persona con cierta discapacidad que le impide desarrollarse de manera normal como cualquier adulto, además, tiene un quiste en el cerebro y quien presenta, además, complicaciones cardíacas, por lo que requiere tratamiento médico de por vida.

            También en este mismo orden de ideas en Guasdualito se practicaron otras detenciones de Jhonathan Josué González Rodríguez de 24 años, ingeniero en Sistemas, Yercfinzon Emanuel Pérez Sepulveda de 20 años, estudiante, Eduar Jose Bastidas de 21 años, mecánico de profesión, José Jean Carlos Páez Ovallos, detenido el 31 de Julio ya fue presentado sitio de reclusión Centro de Coordinación Policía N 2 (Guasdualito).

            Finalmente apuntó:

            El 1 de agosto, se concretó la detención de Alan Sinohed Castro por terrorismo, incitación al odio, obstrucción de la vía pública y resistencia a la autoridad. Se encuentra recluido en los calabozos de la Guardia Nacional Bolivariana.

            (Si las Fuerzas Armadas actuaran contra los guerrilleros colombianos y la minería ilegal  con la misma diligencia que pusieron  en práctica contra quienes protestaron justificadamente por el fraude electoral del 28J,  nuestras  fronteras no serían violadas, ni envenados los ríos ni deforestados los parques nacionales. No lo hacen porque son sus cómplices. Además, el ministro de la Defensa del régimen criminal de Nicolás Maduro, Vladimir Padrino López, tiene las pruebas del fraude.)

        El 9 de agosto de 2024 la  Agencia PARLASUR repórtó:

            -El jueves 8 de agosto de 2024, se informó sobre la detención en Caracas del Exparlamentario venezolano del MERCOSUR, Williams Daniel Dávila Barrios, quien ejerció como Presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales del Parlamento del MERCOSUR (PARLASUR). Según informaron allegados a Dávila, fue arrestado en Los Palos Grandes por fuerzas de la Guardia Nacional y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN).

            Luego indicó:

            -La Presidencia del PARLASUR, en atención a la gravedad de la situación, ha enviado una nota urgente al Gobierno de Venezuela, a través del Embajador ante la ALADI y MERCOSUR en Montevideo, exigiendo conocer de inmediato la situación y el paradero del Exparlamentario.

            Cabe destacar que el Williams Dávila es beneficiario de una Medida Cautelar vigente impuesta al Gobierno de Venezuela en el año 2017 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), registrada bajo el Número 533-17, Resolución 35/2017.

            Luego destacó:

        -En declaraciones al respecto, la Presidenta del PARLASUR, Fabiana Martín, afirmó que “el arresto del Exparlamentario Williams Dávila, en contra de las medidas cautelares internacionales que protegen sus derechos, es un hecho alarmante que va en detrimento de los principios democráticos y el Estado de derecho en Venezuela. Instamos a las autoridades venezolanas a respetar estas medidas y garantizar la seguridad y el bienestar de todos sus ciudadanos.”

            Desde la Presidencia del Parlamento del MERCOSUR, basado en los principios democráticos y de paz que lo rigen, se insta al cese inmediato de este tipo de acciones represivas contra la sociedad venezolana y la oposición política.

            En la misma fecha Ivonne Valdés, de  CNN Español, reportó:

            -Dos líderes de la oposición venezolana fueron detenidos en lo que organizaciones civiles y sus familiares denuncian como una continuación de la persecución y el hostigamiento contra manifestantes opositores por parte del Gobierno de… Nicolás Maduro tras las protestas poselectorales en este país.

            El Centro para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos en Venezuela, Defiende Venezuela, denunció en redes sociales que el exgobernador del estado Mérida y dirigente del partido Acción Democrática (AD), Williams Dávila Barrios, había sido detenido por “colectivos” durante una vigilia que se llevaba a cabo este jueves en honor a los detenidos, realizada en la Plaza Los Palos Grandes del municipio capitalino Chacao.

            Y añadió:

            -La organización indicó que se desconocía su paradero y medios venezolanos han difundido un video del supuesto momento en el que fue detenido la noche del jueves. CNN no ha podido verificar independientemente estas imágenes.

            Por su parte, María De Grazia, la hija de Américo De Grazia, dijo este jueves en un video que “después de más de 24 horas sin saber de su paradero y después de haberlo buscado ‘bajo piedras’, desesperados, nos enteramos que lo tienen en El Helicoide”, una prisión de alta seguridad en Venezuela.

            De Grazia fue diputado de la Asamblea Nacional de 2011 a 2021 y ha sido crítico del Gobierno de Maduro señalando la detención de otros ciudadanos opositores. En 2021 fue inhabilitado para ejercer funciones públicas como parte del equipo del entonces presidente de la Asamblea, Juan Guaidó.

            “No sabemos qué cargos se le imputan, no tienen una orden de captura contra mi papá, no tenemos fe de vida, no sabemos en qué condiciones lo tienen”, afirmó la hija de Grazia.

            Por otro lado, Manuel Cobela y Osmary Hernández,  del mismo medio,  adicionaron que doce días de la realización de las elecciones presidenciales en Venezuela y de las protestas generadas en rechazo al anuncio del Consejo Nacional Electoral que proclamó ganador a Nicolás Maduro, sin hasta ahora publicar resultados que lo respalden.

            Luego indicaron:

            -La organización no gubernamental Foro Penal ha verificado más de 1.000 detenciones, entre ellas las de varios dirigentes opositores. El mandatario maneja otras cifras y habla de más de 2.000 arrestos.

            El 29 de septiembre el portal 800 Noticias reportó:

            -El partido político Convergencia exigió este fin de semana la liberación de su coordinador nacional, Biagio Pilieri, tras un mes de ser detenido luego de participar en una protesta convocada por la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), en contra del resultado oficial de las presidenciales del 28 de julio.

            Y agregó:

            -Hace un mes detuvieron injustamente a nuestro coordinador nacional, Biagio Pilieri, 30 días en los que sus derechos han sido violados, 30 días sin su libertad, 30 días sin poderlo ver», señaló la formación en un mensaje publicado en X.

            (..) El pasado 5 de septiembre, su esposa, María Livia Vasile, denunció que Pilieri fue acusado de cinco delitos, entre ellos “terrorismo”, al tiempo que explicó que fue presentado en una audiencia sin la presencia de sus “abogados de confianza”.

            “Mi esposo fue presentado el pasado día viernes, 30 de agosto, sin presencia de sus abogados de confianza, con asistencia de un defensor público. Fue imputado por cinco delitos: conspiración, asociación para delinquir, instigación al odio, terrorismo y traición a la patria», señaló Vasile en X.

            Pilieri fue detenido el pasado 28 de agosto tras participar en una protesta convocada por la PUD, en rechazo al fallo del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que convalidó la controvertida reelección de Nicolás Maduro en las presidenciales, según denunciaron opositores en la red social.

            También destacó:

            -La oposición indicó que fue capturado luego de que supuestamente dos vehículos y dos motos lo persiguieran por Caracas.

            Un día después de su detención, Convergencia denunció que funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) allanaron la residencia de Pilieri, en el Estado Yaracuy (oeste), sin ofrecer mayores detalles del operativo policial.

            El 29 de septiembre Miguel Martínez, del portal Punto de Corte, reportó:

            -Este 28 de septiembre se cumplió un mes desde la detención arbitraria del activista opositor, Biagio Pilieri, tras una masiva manifestación en Caracas el pasado 28 de agosto.

            La ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) informa que ni la familia, ni los abogados del activista y también periodista no han podido acceder a él, exigiendo su libertad y la de todos los más de 2000 presos políticos, que se encuentran en estado de indefensión por no contar con una defensa de confianza o privada.

            En fecha del 5 de septiembre, la esposa de Pilieri reveló que fue llevado a tribunales el 30 de agosto, sin la presencia de sus abogados de confianza. La Fiscalía lo acusa de delitos como conspiración, terrorismo y traición a la Patria.

            Luego señaló:

            -Pilieri, actualmente con defensor público, no ha podido comunicarse con su familia desde hace más de una semana, según denunciaron familiares.

            La esposa de Pilieri insiste en el respeto de sus derechos constitucionales, citando artículos de la Constitución que protegen el debido proceso y comunicación.

             Sobre los prisioneros de la narcodictadura luego del fraude del 28J, la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones denunció que ““Cumpliendo con la peor de sus amenazas, el régimen de Nicolás Maduro concretó el traslado de más de 700 presos políticos, detenidos arbitrariamente después de las elecciones presidenciales del 28 de julio, quienes se encontraban en calabozos policiales de todo el territorio nacional y fueron llevados hasta las cárceles de Tocuyito y Tocorón.

            Luego indicó:

            -Los movimientos inusuales se viralizaron a través de las redes sociales con desgarradoras imágenes en las que los familiares ven con terror como sus seres queridos, a quienes hasta la fecha no les permiten visitas ni la designación de sus abogados de confianza, son trasladados hacia cárceles sin previo aviso y a cientos de kilómetros de distancia.

            El pasado domingo 25 de agosto trascendió, según la versión de los familiares, que un grupo de personas fueron ingresadas al Internado Judicial Capital “Yare III”, donde presuntamente les raparon el cabello y uniformaron con franelas y pantalones azules, para posteriormente ser trasladados en al menos 14 autobuses hacia el Centro Penitenciario de Aragua, conocido como “Tocorón”; el Centro de Formación Hombre Nuevo Libertador, conocido como “Fénix Carabobo”, y las instalaciones del desalojado Centro Penitenciario de Carabobo, conocido como “Tocuyito”.

            El lunes 27 de agosto, también se reportaron traslados desde la sede de la Policía Nacional… de San Francisco en el Estado Zulia y desde el Dirección de Investigaciones Penales de la PN en Barinas, hacia la región central del país donde se ubican las cárceles de Tocorón y Tocuyito. Una vez más les negaron información a los familiares sobre cuál sería el destino de sus familiares.

            Asimismo apuntó:

            -En tanto, el viernes 30 de agosto, familiares del estado insular Nueva Esparta denunciaron que en un avión trasladaron a un grupo de presos político hacia tierra firme en una clara violación al debido proceso. También se reportaron traslados desde los estados Táchira y Apure.

            Hasta la fecha, a ninguna de las personas trasladadas en los días anteriormente mencionados se les ha permitido el contacto con sus familiares ni la designación de sus abogados de confianza, por lo que desde el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) estamos monitoreando y documentando la situación. Preocupa en gran medida que estas personas privadas de libertad no han sido sometidas a chequeos físicos ni psicológicos, aunado a que ni siquiera se han preocupado por la atención integral de las personas con enfermedades preexistentes y discapacidad.

            En este punto es importante destacar que la detención arbitraria tiene un impacto devastador en la salud mental de las víctimas, dejando secuelas que pueden durar toda la vida porque el aislamiento, la incertidumbre y el miedo constante generan altos niveles de ansiedad, estrés postraumático y depresión. Durante el encierro, las víctimas suelen experimentar una sensación de impotencia y vulnerabilidad extrema, lo que puede llevar a trastornos psicológicos graves, como alucinaciones, paranoia y pérdida del sentido de identidad. Además, las secuelas de la detención arbitraria no terminan con la liberación.

            Las personas que han sido detenidas de manera injusta a menudo enfrentan dificultades para readaptarse a la vida cotidiana, sufriendo de insomnio, pesadillas y un estado de alerta constante. El estigma social y el trauma emocional prolongado pueden afectar sus relaciones interpersonales y su capacidad para mantener un empleo, perpetuando un ciclo de sufrimiento y exclusión social. El daño causado por estas experiencias es profundo y, en muchos casos, irreparable.

            Igualmente destacó:

            -Ahora bien, también observamos con suma preocupación que los traslados a estos detenidos se llevaron a cabo con muchas irregularidades, incluso algunos bajo engaño, pues no les avisaron a sus familiares y muchos de ellos se enteraron cuando fueron a llevarles la comida a las comandancias policiales.

            Son muchos los familiares que han viajado a kilómetros de distancia, a pesar del costo económico que esto implica en un país azotado por la inflación, y en ninguno de los penales antes mencionados hay una lista de trasladados. No hay quien les dé información sobre el paradero de su familiar, ni cuándo serán los días de visitas y bajo qué condiciones serán.

            El equipo de OVP se mantiene vigilante ante estos hechos que no han hecho más que violentar las garantías judiciales y los derechos humanos de cada uno de los detenidos arbitrariamente, para informar exhaustiva y oportunamente al sistema internacional e interamericano de protección de los DDHH.

            El 9 de septiembre de 2024 Amnistía Internacional reveló en las redes sociales que en medio de la intensificación de la represión postelectoral urge una rendición de cuentas internacional y por lo tanto el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas debe renovar el mandato de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, afirmaron 30 organizaciones nacionales e internacionales que defienden los derechos humanos en Venezuela.

            La nota señaló además,  que la Misión puede jugar un rol clave en la rendición de cuentas y mantener el escrutinio internacional en medio de la represión generalizada tras las elecciones del 28 de julio, recalcaron las organizaciones.

            -Tras las elecciones presidenciales, -afirmó-  las y los venezolanos se enfrentan a una brutal represión contra quienes ejercieron su derecho a la participación política y a la protesta, líderes políticos, periodistas, personas defensoras de los derechos humanos y otras personas opositoras o percibidas como tales, lo que hace que la necesidad de renovar el mandato de los expertos sea más urgente que nunca, señalaron las organizaciones.

            (…) La Misión fue uno de los primeros mecanismos internacionales en afirmar que las autoridades venezolanas han cometido graves violaciones de derechos humanos como parte de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil que podrían constituir crímenes de lesa humanidad. En sus rigurosos informes, esta identificó a autoridades de medio y alto rango, incluido el jefe de Estado, como posibles responsables de violaciones de derechos humanos tales como ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y torturas, violencia sexual, así como abusos contra manifestantes. La Misión también se ha referido al papel activo del poder judicial venezolano en la comisión de estas violaciones y los diversos mecanismos de represión del Estado, incluido un plan para reprimir a la oposición o a aquellas personas percibidas como tal, y la falta de una reforma genuina del aparato de seguridad pública.

            Luego apuntó:

            -Millones de venezolanos participaron en las elecciones presidenciales, a pesar de las irregularidades y violaciones de los derechos humanos que empañaron el proceso, incluyendo detenciones de miembros de la oposición, discursos estigmatizantes, ataques al espacio cívico, inhabilitaciones arbitrarias de personas candidatas de la oposición y restricciones a la participación política.

            El Consejo Nacional Electoral anunció que Nicolás Maduro ganó las elecciones, pero un panel técnico de expertos electorales de la ONU y el Centro Carter, que fueron las únicas misiones técnicas de observación acreditadas por el propio CNE para observar los comicios, concluyeron que el proceso careció de transparencia e integridad. La oposición publicó en Internet actas de votación asegurando que Edmundo González Urrutia ganó las elecciones por un margen significativo.

            Desde el 29 de julio, las autoridades venezolanas han activado su política de represión, violando derechos humanos, incluyendo a la vida, las garantías judiciales y la libertad.

            Asimismo especificó:

            -Las fuerzas de seguridad venezolanas, así como grupos armados pro gobierno, conocidos como “colectivos”, han reprimido las manifestaciones contra el resultado electoral anunciado, generando reportes de más de 20 muertes de manifestantes y transeúntes. Según Nicolás Maduro, más de 2.400 personas han sido detenidas, incluidas 120 niñas y niños, entendiendo “niños” como menores de 18 años según la definición de la Convención sobre los Derechos del Niño. Muchas de las personas detenidas han sido acusadas de ‘terrorismo’ y otros tipos penales discrecionales.

            El sistema judicial venezolano, incluidos el Tribunal Supremo de Justicia o la Fiscalía General, carecen de independencia e imparcialidad, como la Misión ha documentado rigurosamente en sus informes.

            Otras condiciones estructurales que facilitan la comisión de graves abusos y llevaron a la creación de la Misión, persisten y se han agravado incluyendo la impunidad y la falta de independencia judicial y de reparación a las víctimas, según las organizaciones.

Con la renovación del mandato de la Misión, los gobiernos enviarían un mensaje claro a los autores de abusos de que la comunidad internacional se compromete a hacerles rendir cuentas por crímenes internacionales y continuas violaciones de los derechos humanos, así como respaldar la lucha de tantas víctimas por lograr verdad y justicia, afirmaron las organizaciones firmantes. Las investigaciones en curso y los informes públicos de la Misión también son esenciales para evitar un mayor deterioro en un periodo postelectoral crítico.

            De igual modo señaló:

            -La renovación de su mandato permitiría a la Misión continuar reuniendo evidencias sobre las graves violaciones de derechos humanos que todavía se cometen, analizar sus causas raíz, determinando posibles responsables, reportar sobre las dinámicas en el país y proveer recomendaciones necesarias. También permitiría a la Misión apoyar y complementar las funciones de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, que está llevando a cabo una investigación sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela.

            Interrumpir el trabajo de la Misión en un momento tan crucial tendría implicaciones negativas para la protección de las víctimas, los supervivientes y la población en general, y podría incentivar aún más al gobierno venezolano a continuar su brutal represión, concluyeron las organizaciones.

            La solicitud fue firmada por representantes de  Acceso a la Justicia, Alerta Venezuela, Amnistía Internacional, Caleidoscopio Humano,  Centro de Justicia y Paz (Cepaz), Centro para los Defensores y la Justicia, Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), CIVICUS,  Comisión Internacional de Juristas, Comité de familiares de víctimas de los sucesos de febrero y marzo de 1989 (COFAVIC), Espacio Público, Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH),  Foro Penal,  Freedom House, Fundación para el Debido Proceso (DPLF), Global Centre for the Responsibility to Protect (GCR2P), Human Rights Watch, Ideas por la Democracia,  Justicia, Encuentro y Perdón,  Laboratorio de Paz, Observatorio Global de Comunicación y Democracia (OGCD), Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS), Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), ONG Red Reto, Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea), Red Electoral Ciudadana (REC), Robert F. Kennedy Human Rights, Servicio Internacional de Derechos Humanos y Voto Joven.

            El día 30 de septiembre, la Misión Internacional de la Organización de las Naciones Unidas en Venezuela emitió un comunicado en el que expresó su preocupación por las violaciones de derechos humanos que se producen en este país.

            -Existen –explicó- motivos razonables para creer que se cometieron al menos 5 privaciones arbitrarias de la vida, 14 desapariciones forzadas de corta duración y 58 detenciones arbitrarias cometidas durante este tiempo.

            Igualmente documentó 28 casos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes contra personas detenidas, incluidos 19 casos de uso de violencia sexual y de género contra hombres y mujeres en el mismo período.

            Y agregó:

            -Su presidenta también denunció la detención de dirigentes sindicales, periodistas y personas defensoras de derechos humanos. A esos representantes de los trabajadores los detuvieron durante un año y los sometieron a un fuerte maltrato después de que reivindicaran mejoras laborales. Todo ello, en un país que está mucho más cercano a la fantasía socialista que todos aquellos que nos regimos por el oscuro capital.

            El 30 de septiembre de 2024 la ONG  Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia pidió protección internacional para las víctimas de la represión desatada por la narcodictadura contra manifestantes y activistas políticos y sociales.

            El portal 800 Noticias relató al efecto:

            -Gracias a las gestiones realizadas por el equipo de Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha otorgado medidas cautelares en beneficio de 7 venezolanos, Roland Carreño, Freddy Superlano, Biagio Pilieri, así como de los activistas Carmen Leonor Azuaje, Elianger Navas, Nélida Sánchez y la periodista Ana Carolina Gauta.

 

(Estas medidas son simbólicas porque la

narcodictadura no las cumple)

 

            Luego de evaluar los informes detallados presentados por la ONG, la instancia internacional alertó sobre la situación de gravedad, riesgo y daño irreparable contra los derechos humanos de los mencionados detenidos en los eventos post electorales.

            Seguidamente señaló:

            -Kelvi Zambrano Director de la Coalición por los DDHH y la Democracia expresó: “Agradecemos enormemente a la CIDH por su interés y preocupación por los presos políticos venezolanos, es necesario que el Estado venezolano cumpla con la petición de garantizar la vida e integridad física y moral de quienes gozan de este beneficio internacional”.

            Destacó Zambrano que la CIDH además de protección a las víctimas, pide el cese de la represión, persecución y ataques contra la libertad de expresión en Venezuela. Añadió que la Coalición por los DDHH apuesta al diálogo, la reconciliación, la paz, la justicia y la libertad de los presos políticos.

            Después apuntó:

            El Director de la ONG recordó que la CIDH exhorta a las autoridades venezolanas a informar dónde se encuentra los detenidos bajo custodia del Estado, en qué condiciones y las circunstancias de su detención.

            “Estamos de la mano con las víctimas que han acudido a nosotros en busca de apoyo, no las vamos a abandonar, por lo que seguimos trabajando con los organismos internacionales en busca de protección, hasta lograr la libertad de todos los detenidos de forma arbitraria, añadió Kelvi Zambrano defensor de los derechos humanos.

            En igual fecha, 800 Noticias reportó:

            -La relatora de la ONU sobre la independencia de los jueces y abogados, Margaret Satterthwaite, instó este lunes al Gobierno de Nicolás Maduro a liberar «inmediatamente» al abogado Perkins Rocha, acusado por las autoridades de haber ayudado a candidatos de la oposición durante las últimas elecciones en Venezuela.

            Rocha fue detenido por agentes de seguridad del Estado encapuchados el 27 de agosto, tras haber trabajado como asesor jurídico de la principal coalición opositora de Venezuela, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD).

            Después destacó:

            -El letrado fue retenido en paradero desconocido hasta que compareció ante la justicia, luego de lo cual fue trasladado al centro penitenciario El Helicoide.

            Según la experta, este “secuestro, detención y procedimiento” por parte de las autoridades venezolanas podrían constituir represalias por haber ayudado a los candidatos de la oposición durante los comicios.

            “Me preocupa seriamente que pueda haber sido sometido a tortura y malos tratos mientras se desconocía su paradero”, afirmó Satterthwaite en un comunicado,, donde también expresó: “El caso de Rocha parece ser el último de una serie de casos similares dirigidos contra quienes expresaron su oposición al actual gobierno a través de vías democráticas”.

            Ante esta situación, instó a las autoridades venezolanas a permitir que Rocha se reúna con su abogado y sea liberado de forma inmediata de su detención arbitraria para que pueda preparar su defensa

            En la misma fecha, pero en el portal Punto de Corte, Aslhyth Álvarez escribió:

            Como defensor de los derechos humanos, Diego Casanovas recalcó que trabajan en un “Comité de familiares y amigos por la libertad de los presos políticos” una causa que es bandera para toda la población venezolana que tiene más de 2500 presos políticos, algo nunca visto en el país.

“Son familias que están sufriendo por tener a sus familiares presos” dijo.

            Luego indicó:

            -El activista comentó durante el programa Agenda Común para Punto de Corte Doble Vía, dirigido por Vanessa Davies José Gregorio Yépez, que algunas madres no han podido ver a sus familiares y “no saben en qué condiciones están después de 50 días”.

            Diego Casanova destacó la importancia de defender la libertad y solicitar la justicia internacional para que el mundo sea consciente de lo que está sucediendo en Venezuela, destacando que existen numerosas familias y que la mayoría de los encarcelados políticos después del 29 de julio provienen de sectores populares desfavorecidos.

            “Son miles de familias, la mayoría de los presos políticos después del 29 de julio son de sectores populares muy pobres” atribuye este perfil a una razia represiva que se desató contra estos sectores en virtud de haber votado el 28J a favor del candidato de las fuerzas democráticas.

            Y añadió:

            -En este contexto el gobierno viéndose rechazado de manera categórica por estos sectores que en algún momento lo apoyaron “le enviaron un mensaje a esta población que salió de manera espontánea ese 29J ¡hartos de lo que estaba ocurriendo y de la burla ante el fraude!” manifestó Casanova.

            El activista defensor de derechos humanos, considera que su hermano, así como la de muchas otras personas de bajos recursos, son víctimas de la “política represiva” del Estado contra los sectores populares del país que no apoyaron al oficialismo en las elecciones presidenciales del 28 de julio.

            José Gregorio Pérez Maita, joven de 25 años quien vive en Charallave, Municipio Cristóbal Rojas del Estado Miranda y es una de las personas detenidas en el contexto de la represión poselectoral, detenido el lunes 29 de julio, “por sujetos encapuchados, portando armas largas sin ningún tipo de identificación lo interceptan a riesgo de que lo mataran, ya que esa tarde estaban amedrentando a varias personas que estuvieron pacíficamente protestando por el fraude”.

            Una semana después, “no sabíamos nada de él, lo buscamos por todos lados”    Relató Casanova, que a su hermano lo presentan en el circuito judicial penal de Los Valles del Tuy en Ocumare, ante un tribunal de terrorismo, imputado por delitos de terrorismo, incitación al odio, irreverencia a la autoridad y daño al patrimonio público.

            Con relación a la detención agregó que los sujetos encapuchados estaban actuando en conjunto con la policía municipal de Charallave “lo llevan al comando policial y lo golpean estando el alcalde presente” según le cuenta el detenido a su hermano “le preguntaban qué ¿Quién lo había contratado para hacer guarimbas?

            También explicó:

            -Según Diego Casanova, hermano de Pérez, a su pariente lo acusaron de supuestamente lanzar piedras a una sede del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) junto con otros jóvenes que ni siquiera se conocían hasta encontrarse en el lugar de reclusión. Pero él lo desmiente “Mi hermano no participó en las protestas, no estuvo en ninguna actividad durante esos días”

            Comentó que le permiten ver a su hermano los días sábados, una sola persona, por una hora y se encuentra en condiciones inadecuadas para un detenido por razones políticas, puesto que en las cárceles no garantizan “agua, alimentación y todo se lo tenemos que llevar”.

            Señaló que no le permitieron ver el expediente y no les permitieron tener defensa privada: “insistimos en juramentar a unos abogados del Foro Penal pero no nos permitieron juramentarse en la presentación, al final dijeron que no lo iban aceptar que no siguiéramos insistiendo”.

            El 26 de septiembre El Nacional, con información de AFP, reportó: -Estamos privados de libertad, encerrados como si fuéramos delincuentes o un peligro para la sociedad, somos inocentes de todos los cargos que nos están inculpando", dice uno de los jóvenes en carta escrita con caligrafía escolar. Más de 2.400 personas fueron detenidas durante las protestas que estallaron tras la cuestionada reelección de Nicolás Maduro, en medio de denuncias de fraude de parte de la oposición. Del total, un centenar eran menores de edad.

            Foto: Federico Parra / AFP

            La carta fue leída por Theany Urbina en el marco de una protesta para exigir la libertad de los detenidos arbitrariamente por los cuerpos de represión de la narcodictadura

            El despacho publicado por El Nacional añadió:

            -Un grupo de 86 adolescentes ya fueron excarcelados, pero se estima que unos 30 aún están detenidos. Miguel, el hijo de Urbina, junto con Yenderson, Daiber, Héctor, Bleider, Ángel, Diomer y Alexander, que también firmaron la carta, permanecen en una comisaría policial en Caracas a la espera de su libertad.

            “Algún día me iré de este lugar tan feo, de este infierno que nadie pertenece», sigue el texto que Urbina leyó con la voz entrecortada en una protesta por la libertad de su hijo este jueves frente a la Fiscalía en Caracas. “Esto no es vida, cómo es posible estar pagando algo que ni mis compañeros ni yo hicimos”, dice.

            Luego destacó:

            Las protestas escenificadas entre los días 29 y 30 de julio dejaron 27 muertos -entre ellos dos militares- y cerca de 200 heridos. Los detenidos fueron tachados de “terroristas” por el propio Maduro.

(La narcodictadura siempre culpa de sus delitos violatorios de los derechos constitucionales de los venezolanos, entre ellos el de protestar, sin miramiento los cuerpos represivos de Maduro arremeten violentamente contra niños, adolescentes, mujeres, discapacitados, ancianos a los que tilda de terroristas. Además los fiscales, coaccionan a las víctimas para que se responsabilicen de delitos que no han cometido a cambio de beneficios procesales)

            A Miguel Urbina lo detuvieron el 2 de agosto cuando comía una golosina en la entrada de su casa. “Llegaron dos funcionarios y se lo llevaron”, relata su madre, manicurista de 32 años de edad, que afirma que no estuvo involucrado en manifestaciones.

            Ella asegura que su hijo está aislado junto con los demás adolescentes en un espacio donde al menos no tienen contacto con presos comunes. “Me decía que tenía miedo”, sigue. “Mi hijo no es un delincuente, no es un terrorista”, insiste.

            El Nacional igualmente precisó que los manifestantes  jueves entregaron ante la Fiscalía un documento para pedir que sean liberados.

            -Familiares cuentan –señaló- que antes de ser trasladados al sitio de reclusión actual, a algunos de los adolescentes les pasaron descargas de corriente y les pusieron una bolsa en la cabeza amenazándolos con llenarla de gases lacrimógenos.

            Otro caso citado por El Nacional, con información de AFP:

            -También de 16 años de edad, Ángel Moisés Ramírez, hijo de Nérida Ruiz, de 39 años, lleva casi 60 días detenido. Ella abraza una fotografía del mayor de sus hijos vestido con el uniforme de la escuela.

            Se lo llevaron de su casa mientras cuidaba a su hermano de año y medio. Lo acusaron de “hurto calificado, incitación al odio, terrorismo y resistencia a la autoridad”. Esto luego de que una de las motos saqueadas en un almacén fuera dispuesta en el camino para subir a su casa.

            Él empieza la semana que viene» el último año de la secundaria, cuenta Ruiz a la AFP. “Y esa es su mayor preocupación, que él empieza clases y cómo va a hacer”, remarca esta madre, que trabaja como cajera en una mueblería.

            Debido a las dificultades económicas de su familia, Miguel Urbina no estaba estudiando, señala su madre, la cual añadió: “Todos en mi casa debemos trabajar, trabaja mi esposo, trabajo yo, y mi hijo estuvo trabajando, aprendiendo carpintería”, cuenta.

            -No estaba estudiando pero iba a comenzar a estudiar para retomar tercer año» de secundaria, asiente Urbina, que clama por la excarcelación de todos los menores de edad detenidos.

            Se aferra al papel en el que está plasmado el pedido de libertad de Miguel, el mayor de sus cuatro hijos.

            “Lo único que pedimos es justicia”, señala la carta. “Por favor ayúdenos a salir de este lugar tan feo, apóyenos, no aguantamos ni un día más en este lugar, solo somos jóvenes que no tenemos nada que ver en lo que está pasando en el país, no somos terroristas”, expresa.

            Otra de las víctimas de los cuerpos represivos de la narcodictadura, Gerardo Leal, relató al portal El Pitazo que tuvo que irse a Colombia en una travesía de cuatro días en la cual no se cambió de ropa, no se bañó, no se cepilló los dientes ni pudo descansar. El temor y el apuro lo empujaban a una de las trochas que unen a Venezuela con Colombia, para finalmente llegar al país vecino y sentirse en resguardo.

            -Solo pude salir –explicó-  con mi querido vehículo del que soy apasionado, mi moto, sin más nada. Sin dinero. Me traje fue mucho sufrimiento, lloré todo el camino, cada vez que me paraba a saber si iba bien o no en la ruta, lloraba y lloraba.

            Leal confió también a El Pitazo que cuando su esposa de 44 años y su hija de 15 años fueron detenidas, ya estaba a kilómetros de su hogar, y  aunque ambas mujeres fueron liberadas 26 horas después, padecieron de violencia verbal y psicológica durante ese tiempo.

(La narcodictadura acusa a la oposición de fascista y nazista. Pero en este caso como muchos otros denunciados el 24 de septiembre de 2021 en el segundo informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos sobre Venezuela  aseguró haber recibido información de que agentes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) habrían amenazado con aplicar sippenhaft a disidentes bajo su custodia, en particular a algunos de los señalados de participar en la llamada Operación Gedeón. El sippenhaft fue un concepto jurídico establecido  en la Alemania Nazi de Adolfo Hitler en, según el cual, un acusado de supuestos crímenes políticos extendía automáticamente su responsabilidad penal, en igual medida, hacia sus familiares, de modo que los mismos, eran considerados también  culpables, arrestados; y, en algunos casos, también condenados a muerte. En cuanto al calificativo de fascista que aplican Nicolás Maduro, Jorge Rodríguez y Diosdado Cabello contra quienes disienten contra su oprobioso régimen, el epíteto se corresponde con ellos, ya que son los que están en el poder y reflejan semejanza  con los camisas negras empleados por el dictador italiano Benito Mussolini para sembrar el terror contra sindicatos, huelguistas y todo intelectual vinculado a la izquierda que se posicionara en contra del fascismo. Los círculos del terror y los enmascarados de la Dirección General de Contrainteligencia Militar y Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional se comportan contra la disidencia igual que lo hicieran en su momento los camisas negras)

.           El Pitazo igualmente apuntó:

            -A Leal le da vergüenza decir en voz alta los insultos y las amenazas que dijeron los uniformados a su familia. Describe esas horas como terroríficas para ambas.       Cuando finalmente llegaron a Colombia, no paraban de llorar del shock en el que estaban.

            Al ser liberadas, llegaron a su hogar, hicieron maletas y salieron de inmediato de Trujillo hasta Colombia. Pudieron hacerlo con un poco más de calma y cruzaron por el puente internacional Simón Bolívar. No sellaron pasaporte de salida de Venezuela, solo entrada a Colombia.

            La familia Leal no solo fue víctima de esta situación. Días previos funcionarios policiales llegaron al lugar donde tenían una venta de perros calientes y les indicaron que no podían seguir allí. Mudaron el emprendimiento a su hogar y el carrito fue decomisado por los uniformados.

            El Pitazo continuó:

            -Su vida y la de su familia cambió para siempre, pero Gerardo Leal no se arrepiente de nada de lo que hizo, ni de sus ideales políticos y mucho menos del apoyo a María Corina Machado y a Edmundo González.

            “Salí por pensar diferente y creer en un país de cambio a través de los votos. Soy perseguido, amenazado, mi cabeza tiene precio, pero tengo 25 años trabajando por un cambio en Venezuela”, dijo. 

            Leal fue miembro fundador de la asociación de motorizados José Gregorio Hernández. Ellos crearon el movimiento de motos del comando Con Venezuela y recorrieron todo Trujillo durante la campaña y las visitas de María Corina Machado al estado.

            Describe la organización ciudadana como una “lucha por la patria y la familia”, con la que aportaron y trabajaron todos a favor de la candidatura de Edmundo González Urrutia.

            Pero ese acto que considera heroico, resultó con tres motorizados detenidos. Dos están en la cárcel de Tocuyito, Estado Carabobo, y otro en el Helicoide, en Caracas. Además de ser él un perseguido político, otros de sus compañeros también lo son y están en resguardo en otros estados de Venezuela y fuera del país.

            “Antes en el país el que trabajaba comía y ahora no es así, ahora nada alcanza para nada”, contó sobre su apoyo a la candidatura opositora en la elección presidencial del 28 de julio.

            El 5 de agosto el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, condenó rotundamente la represión y violencia que ha desatado el Gobierno de Venezuela en contra de su propio pueblo, y sostuvo que no reconoce a Nicolás Maduro como mandatario reelecto. ya que los resultados presentados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela “no reúnen los criterios mínimos de transparencia que exige una democracia moderna”.

            El despacho de EFE señaló  además que “Guatemala ya había indicado el pasado 2 de agosto mediante su Cancillería que no reconocía como oficiales los resultados que daban como ganador a Maduro de las elecciones celebradas el 28 de julio en Venezuela.

            Y agregó:

            -La nación centroamericana es uno de los países que no han reconocido el triunfo de Maduro en la región, al igual que Perú, Uruguay, Ecuador, Argentina, Panamá y Costa Rica.

            Por otro lado, la Organización No Gubernamental Foro Penal, reportó que al menos 13 personas han muerto en Venezuela durante las protestas en contra de Maduro por los resultados electorales.

            También señaló que “Las autoridades venezolanas por su parte cifran en 2.000 los arrestados en las manifestaciones”.

            El 1 de octubre de 2024 el portal 800 Noticias, con información de TalCual, reportó:

            -La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó este martes medidas cautelares a favor de Osmary Sánchez Chirinos, una joven de 26 años embarazada quien se encuentra detenida por presunta “incitación al odio” luego de las elecciones presidenciales.

            Y explicó luego:

            -La beneficiaria se encuentra en una situación de gravedad y urgencia, en la medida en que no estaría recibiendo la atención médica necesaria y adecuada para su estado de salud», señaló la CIDH en una nota de prensa. Considera que su detención está enmarcada en la llamada «operación tun tun», como se denominó a la detención arbitraria de opositores por cuestionar los resultados electorales.

            Osmary Gabriela Sánchez Chirinos fue detenida el pasado 7 de agosto por funcionarios de la Dirección de Investigación Penal (DIP) de la Policía Nacional de Coro, Estado Falcón, luego de que un “patriota cooperante” la acusara de instigar al odio a través de un grupo de WhatsApp. Fue presentada en audiencia virtual ante el Tribunal 2do con Competencia en Terrorismo de Caracas y señalada de los delitos de incitación al odio y terrorismo.

            Actualmente padece de hipertensión, infección y fiebre alta. También se denunció que funcionarios de la penitenciaría la estarían sometiendo a tortura psicológica.

            Finalmente señaló:

            -La CIDH pidió al Estado venezolano que adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida, integridad personal y salud de Sánchez Chirinos; que implemente medidas necesarias para que sus condiciones de detención se adecúen a estándares internacionales aplicables; e informe sobre las acciones para investigar los hechos.

            El 5 de agosto, Gonzalo Himiob, vicepresidente del Foro Penal, denunció que la “gran mayoría” de los detenidos en Venezuela en protestas contra el resultado oficial de las elecciones presidenciales del 28 de julio son acusados de “terrorismo”.

            El activista explicó:

            -Esta medida también se le ha imputado a los adolescentes, por lo que el Centro Comunitario de Aprendizaje (Cecodap) pidió a las autoridades no criminalizar a los menores de edad, incluyendo a los casos en los que los fueron capturados en flagrancia al quemar propiedad pública y privada.

            “Ese delito se aplica a partir de la reforma de la Ley Orgánica de Protección del Niño, Niña y Adolescente (Lopnna) en el año 2015, donde se incluyó este delito como susceptible de privación de libertad (…) Pero la advertencia que hacemos es no criminalizar al adolescente”, afirmó Carlos Trapani, director de Cecodap, en una entrevista para Efecto Cocuyo el 21 de agosto.

            El 23 de agosto la periodista Tahiana González, del portal El Diario, reportó:

            -La Organización No Gubernamental Foro Penal confirmó un total de 1.674 presos políticos en Venezuela, la mayor cifra reportada en el país durante el siglo XXI, de acuerdo con un balance que ofrecieron el viernes 23 de agosto.

            Luego indicó:

            -Del total de detenidos por causas políticas, 1.458 son hombres y 216 mujeres. Asimismo, 1.567 corresponden a adultos y 107 a menores de edad.

            En cuanto a sus ocupaciones, 1.519 de los detenidos son civiles, mientras que 155 son militares.

            La ONG detalló que desde el 22 de julio al 22 de agosto se encarcelaron a 1.377 personas por fines políticos y 149 fueron condenadas. Además, se reportaron 8 excarcelaciones, mientras que 1.525 de los detenidos no tienen aún una medida cautelar.

            Explicó que en el total de la cifra no se contabilizan a quienes fueron arrestadas y liberadas o bajo arresto en un plazo de 48 horas.

            Luego apuntó:

            -El Foro Penal también ha monitoreado las recientes detenciones en contra de ciudadanos, periodistas, activistas y dirigentes políticos en el contexto de las protestas poselectorales del 29 de julio.

            En ese sentido, la organización informó que hasta el 18 de agosto se confirmaron 1.503 detenciones. De esta cifra, 129 corresponden a adolescentes; 200 mujeres; 18 personas con discapacidad, enfermedades crónicas o necesidades especiales; y 14 indígenas.

            Los abogados del Foro Penal han denunciado en reiteradas oportunidades que a estos detenidos se les ha negado la defensa privada, así como la visita de sus familiares.

            Mientras que otras organizaciones defensoras de los derechos humanos han catalogado de “infrahumanas” las condiciones en las que se encuentran los detenidos en el contexto de las manifestaciones poselectorales.

            El 3 de octubre otro reporte de Foro Penal publicado en El Nacional y otros medios contabilizó 1.905 presos por motivos políticos, 38  más que la semana pasada, discriminados así: 1.669 hombres y 236 mujeres y 67 adolescentes de entre 14 y 17 años de edad.

            El Nacional explicó igualmente:

            -La crisis poselectoral desató protestas que causaron, según el Ejecutivo, 25 muertes y más de 2.400 detenidos, cifra que supera considerablemente la de Foro Penal.

            Esta ONG aseguró:

            -Hemos registrado y calificado el mayor número de presos con fines políticos conocido en #Venezuela, al menos en el Siglo XXI. Seguimos recibiendo y registrando detenidos.

            De igual modo afirmó a EFE recientemente que sus cifras son distintas a las anunciadas por las autoridades porque en la organización solo contabilizan detenciones que califiquen de “arbitrarias”, cuando -afirmó- “no hay elementos de culpabilidad sobre la persona apresada.

            Por otro lado, la narcodictadura responsabilizó a los manifestantes -a quienes vincula con la PUD- de generar “violencia” y “vandalismo en varias sedes públicas, mientras que el bloque antichavista acusa de represión a los agentes de seguridad del Estado en las protestas.

          No debe olvidarse que antes de los comicios el narcodictador Nicolás Maduro sentenció que en el país se produciría un baño de sangre sino resultaba ganador en las elecciones presidenciales del 28J.

            Y cumplió su palabra, pues tras conocerse los falsos resultados que anunció el siniestro Consejo Nacional Electoral en la madrugada del 29 de julio dándolo como ganador, el pueblo se lanzó a la calle a protestar contra el vulgar fraude cometido contra la voluntad popular que se había expresado el día anterior masivamente a favor del candidato de la Plataforma de Unidad Democrática en una proporción 70% versus 30% de Nicolás Maduro, cuyo régimen desató la mayor  barbarie conocida hasta entonces en Venezuela contra testigos de mesas de la oposición, periodistas, manifestantes y activistas políticos y sociales.

 

            Cabe señalar que si en la comunidad internacional existían dudas del fraude estas fueron disipadas el 2 de octubre de 2024 durante la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, cuando Jennie K. Lincoln, asesora para América Latina y el Caribe del Centro Carter informó que las actas demuestran el triunfo en las elecciones del 28 de julio del opositor Edmundo González Urrutia sobre Nicolás Maduro.

            En esa instancia la experta electoral aseguró:

            -Acabo de recibir lo que se envió por correo internacional y me gustaría compartir esto con ustedes después de la sesión para que puedan ver que estas son actas originales de Venezuela que tienen un código QR muy significativo.

            Luego señaló:

            -Este código "permitió a los testigos, los observadores electorales de miles y miles de centros de votación, recopilar la información de manera sistemática a partir de datos originales producidos por el CNE", el Consejo Nacional Electoral,

            Después indicó:

            -Este es el punto clave de estas elecciones. El Centro Carter fue invitado para observar los comicios del 28 de julio en los que el mandatario Nicolás Maduro fue proclamado vencedor para un tercer período de seis años entre denuncias de fraude.

(La líder opositora María Corina Machado y el rival de Maduro en las urnas, Edmundo González Urrutia, afirman tener pruebas que lo desmiente: las actas electorales. Lincoln les dio la razón”.)

            Los datos "demuestran que Edmundo González ganó más del 67% de los votos y Nicolás Maduro obtuvo el 31%", pero "la responsabilidad" de proclamarlo recae sobre la autoridad electoral.

            El reporte del medio alemán DW refirió al respecto:

       -No solo la oposición conoce los "verdaderos resultados" de los comicios, sino que "el Gobierno", el CNE y "los militares" también están al corriente porque el sistema de votación electrónica "funcionó", aseguró la representante del Centro Carter.

            "El mundo sabe lo que pasó el 28 de julio; ahora tiene en sus manos la VERDAD!", reaccionó Machado en la red social X.

            Y agregó:

            -Estados Unidos y buena parte de la comunidad internacional denuncian fraude electoral y piden la publicación de las actas, a lo que Caracas se niega.

Durante la sesión del consejo permanente, el órgano ejecutivo de la organización, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, denunció un proceso electoral que "no fue ni justo ni libre ni transparente".

            "Como se esperaba no se presentó ninguna acta ni ninguna evidencia del resultado electoral. Se anunció un resultado fraudulento" que "se ocultó detrás de torturas, detrás de asesinatos, detrás de desaparición forzada, detrás de persecución política", subrayó.

            También especificó:

            -La cuestionada reelección de Maduro desató protestas en el país caribeño que se saldaron con 27 muertos, unos 200 heridos y más de 2.400 detenidos.

            La principal alianza opositora de Venezuela, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), agradeció al Centro Carter por haber presentado ante el Consejo Permanente de la OEA las actas electorales que asegura haber recabado a través de testigos y miembros de mesa, y que muestran, según el antichavismo, que hubo "fraude" en las presidenciales del pasado 28 de julio.

            Asimismo,  el 2 de octubre El Nacional, con información de EFE, reportó:

            -Vente Venezuela denuncia la detención de al menos 41 de sus dirigentes: “Ganar una elección no es delito/ La organización aseguró que hay 34 militantes de la formación Primero Justicia presos, 22 de Voluntad Popular (liderado por Leopoldo López, exiliado en España), 11 de Encuentro Ciudadano y 10 de Acción Democrática (AD).

            Y agregó:

            -Vente Venezuela (VV), el partido fundado y liderado por la opositora María Corina Machado, aseguró este miércoles que en el país hay 154 dirigentes políticos de la oposición  detenidos, entre los que se encuentran dirigentes nacionales y personas que ocupaban cargos de elección popular cuando fueron arrestados.

            A través de X, Magalli Meda, jefa del equipo político de Machado, explicó que solo VV tiene a 41 de sus integrantes tras las rejas, casi todos aprehendidos en las semanas anteriores y posteriores a las elecciones presidenciales del 28 de julio, cuyo resultado oficial dio la reelección a Nicolás Maduro, lo que ha sido cuestionado dentro y fuera del país.

(Es oportuno explicar que el funesto Consejo Nacional Electoral ha negado, sin sustentación legal, la inscripción de Vente Venezuela)

            Asimismo, aseguró que hay 34 militantes de la formación Primero Justicia presos, 22 de Voluntad Popular (liderado por Leopoldo López, exiliado en España), 11 de Encuentro Ciudadano y 10 de Acción Democrática (AD).

            Además, las formaciones Convergencia, Un Nuevo Tiempo, (el socialcristiano) Copei y el comando de campaña de la principal coalición opositora -Plataforma Unitaria Democrática (PUD), que impulsó la candidatura presidencial de Edmundo González Urrutia-, tienen, cada uno, a cuatro de sus miembros privados de libertad.

            Después apuntó:ER MÁS

            Meda, quien se encuentra asilada en la Embajada argentina en Caracas desde el 20 de marzo, dijo que a estos se suman representantes de otras organizaciones políticas y 1.713 ciudadanos detenidos después de los comicios, luego de que la PUD denunció fraude y asegurara que su abanderado ganó la Presidencia, reclamo respaldado por numerosos países.

            Por ello, la jefa política de Vente Venezuela cuestionó el diálogo político convocado por el Parlamento -controlado por el chavismo-, que espera celebrar este jueves una primera reunión con representantes de los partidos, para empezar un proceso de revisión y ajuste de las leyes electorales, para las elecciones regionales y municipales previstas para 2025.

            “El régimen convoca a un ‘entendimiento’ con los partidos políticos. Mientras tanto, así se ‘entienden’ luego del megatriunfo electoral de Edmundo González Urrutia. Ganar una elección no es delito”, apuntó la opositora, en referencia al aumento de detenciones que se desató tras los comicios.

            El 3 de octubre El Carabobeño reportó:

            -En audiencia preliminar telemática, la jueza Keidimar Ramos Castillo, titular del Tribunal 2 con competencia en terrorismo, pasó a juicio a siete menores, con edades comprendidas entre 15 y 17 años. Están acusados de terrorismo, incitación al odio, obstrucción de la vía pública y resistencia a la autoridad durante las protestas surgidas en el país a raíz de los resultados electorales.

            Este es el segundo grupo de jóvenes, menores de 18 años, que es pasado a juicio en Carabobo. El primero, que fue de dos menores de edad, recibió la decisión judicial el pasado viernes.

(¿Esta miserable jueza de la narcodictadura tendrá consciencia?? ¿O el régimen la convirtió en una robot para condenar a unos adolescentes por protestar contra el fraude del 28J? ¿Es terrorismo protestar ante una ignominia? La narcodictadura es generosa con los funcionarios sumisos. Probablemente sea promovida en el corrompido sistema judicial. ¿Tendrá esta endemoniada jueza?)

            La audiencia preliminar inició cerca de las 2:00 de la tarde de este miércoles. Los familiares estaban esperanzados en que, tras 62 días y luego de las pruebas que consignaron ante la defensoría pública, incluidas constancias de estudio y deportivas y cédulas de testigos, pudieran salir del Palacio de Justicia de Carabobo, en Valencia, con sus hijos.

            El Carabobeño igualmente destacó:

      -Los siete recibieron una oferta de la jueza: Se declaran culpables y sólo pagarán una pena de 6 años y 8 meses, sin beneficios procesales. De lo contrario, irían a juicio con el riesgo de tener que cumplir los 10 años que pidió la fiscalía para los menores de edad. Ninguno aceptó, por lo fueron pasados a juicio, sin ninguna posibilidad de beneficios.EMÁS

            Estos siete jóvenes, entre los que hay una niña de 16 años, tienen varias cosas en común. Fueron detenidos en distintas horas entre el 29 y el 30 de julio y están recluidos en comandos policiales de Valencia y Libertador. La defensora pública es Kelly Pérez y todos fueron torturados en los centros policiales a los que fueron enviados tras su detención, según declaración de sus familiares.

            Todos grabaron un video en el que admitían que les habían pagado 30 dólares por salir a la calle a protestar. Lo hicieron luego de varios días de recibir golpes, tantos que algunos perdieron piezas dentales. Otro tiene las tetillas quemadas, porque le pusieron electricidad. Ninguno de los exámenes forenses exigidos por los familiares se realizó.

            Este miércoles, cada uno de ellos participó en la audiencia preliminar telemática, encabezada por la jueza Keidimar Ramos Castillo. Primero intervino el fiscal para presentar los delitos por los cuales debían ser imputados y pedir una condena, tras el juicio, de 10 años. Algunos niños suplicaron por su libertad, pero la jueza no los escuchó.

            Después especificó:

            -Luego le correspondía el turno a la defensora pública, Kelly Pérez, cuyas intervenciones no alcanzaban los dos minutos. Los familiares creen haberla escuchado cuando susurraba la petición de revisión de medidas cautelares. Esta funcionaria no consignó ante el juzgado todos los documentos que cada padre le entregó para demostrar la inocencia de sus hijos y su condición de estudiantes o deportistas, según les informó la jueza durante la audiencia. «La defensa no promovió nada», dijo Ramos.

            Posteriormente la jueza negaba la petición de la defensora y anunciaba el pase a juicio. La frustración de los padres se hizo presente, no tener derecho a la defensa incrementa la impotencia.

(El 18 de junio de 2024 el portal Infobae  recordó: “En el mando de la Defensoría Pública siempre ha estado, desde hace casi 14 años, la hermana de Nicolás Maduro, María Adelaida Maduro Moros”).

            Hoy se arrepienten de no haber denunciado todas las violaciones al debido proceso que enfrentan sus hijos. La primera, una audiencia preliminar realizada 62 días después de la detención y no 10, como establece la ley. Lo hicieron porque pensaron que, por tratarse de menores de edad, habría menos ensañamiento. La realidad hoy es otra.

            Dos de estos menores han manifestado intenciones suicidas. No entienden por qué están viviendo esta situación y sus niveles de tolerancia están superando sus propios límites.

            Por otro lado, apuntó El Carabobeño, “Los padres nunca han podido ver el expediente de sus hijos”, a pesar de haber  solicitado “el expediente infinidad de veces y siempre nos dicen que no se puede porque es ilegal. ¿Por qué es ilegal si ellos son menores de edad y nosotros somos parte del proceso?”.

            También precisó:

            -Es tanta la irregularidad que algunos números de cédula en el acta policial estaban mal escritos. “Dónde está el derecho a podernos defender, con abogados privados. Ni siquiera hemos podido ver qué delitos le están imputando a nuestros hijos”.

            A mi hijo lo detuvieron en una cancha en la que jugaba béisbol, tenía 15 años, cumplió los 16 en agosto y ni siquiera pude abrazarlo. «Los vecinos grabaron el momento de la detención y se ve cuando lo tienen en el piso dándole patadas, después lo levantan y él sale corriendo, entonces el policía dice mátalo, mata al de gorra y mi hijo grita soy menor, soy menor».

            Y aquí estoy yo, prosigue el relato. Teniendo esa pequeña esperanza de que le dieran una medida cautelar porque mi hijo tiene apoyo familiar, pasó para quinto año de bachillerato, es prospecto del béisbol, este año venían de los grandes equipos a verlo. Tenemos todas las atenuantes para que les otorgaran una cautelar que le permitiera seguir con sus estudios y su vida, porque ellos son inocentes, ellos no han hecho nada.

            Esta madre pasó la semana comprando los útiles escolares porque estaba convencida de que le otorgarían la medida cautelar y podría iniciar el quinto año de bachillerato. “Tenía la esperanza de que me lo entregaran para llevarlo al colegio. El está deprimido, cada vez que me ve me dice: ¿Mamá pero por qué yo estoy aquí si yo no he hecho nada?. Él es un niño, tiene tanta depresión que no se quiere ni bañar, yo le llevo la comida y la regala porque no quiere comer”, cuenta entre lágrimas.

            Ella va tres veces al día al comando a llevar comida, camina una hora y media desde su casa hasta el centro de reclusión. “No puedo trabajar, no como, no duermo, porque no tengo vida, porque mi hija y yo estamos presas, igual que mi hijo”.

(La justicia tarda pero llega. A estos abominables jueces, defensores públicos y torturadores de niños y adolescentes les llegará el momento, más pronto que tarde, de entregarle cuentas de sus criminales actos a la justicia que ellos hoy pisotean para complacer al Adolfo Hitler colombiano Nicolás Maduro, que odia tanto a los niños que el regalo navideño que les entregó en los años 2022 y 2023 consistió en una pareja de muñecos con su abominable rostro y el de Cilia Flores)

            El medio valenciano del mismo modo especificó:

            -Otro de los menores pertenece a la Asociación de Tenis de Mesa. Quedó seleccionado para representar a Carabobo en los juegos juveniles. Su madre consignó ante la defensora pública todos los documentos que certificaban estos hechos, los cuales ahora no aparecen, según lo confirmó la jueza en la audiencia telemática.

            Otro de los jóvenes tiene 16 años y es músico, compone canciones. Fue detenido junto a un amigo en Prebo, caminando hacia su casa luego de ensayar una nueva composición. En la audiencia se dijo que él había sido detenido frente al Fuerte Paramacay. “Eso es falso, dijo su madre”. Según las actuaciones, a estos menores los detuvieron funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), pero su madre asegura que quienes los apresaron fueron policías de Carabobo.

            Otro caso dramático es el de la joven de 16 años detenida la noche del 29 de julio en Naguanagua. Había ido a comer perros calientes con otros tres amigos cuando los vieron unos hombres encapuchados que los llevaron al Fuerte Paramacay. Un hombre vestido con uniforme militar le dijo que si se acostaba con él le daba la libertad. Al no lograr el cometido, se apoderó del teléfono de la joven, quien fue golpeada y obligada a grabar un video acusando a la hermana de María Corina Machado. “Mi hija tenía pestañas postizas y se las arrancaron”

            Con las costillas y brazos golpeados la metieron en un cuarto lleno de piedras, junto a otros detenidos. Duró tres días sin comer ni tomar agua. Hoy está junto a mujeres mayores de edad presas por diferentes delitos, que la han golpeado. Una vez intentó suicidarse y hace unos días me dijo que está cansada de estar allí, que no quiere seguir así.

            Su madre también la inscribió en el colegio, con la esperanza de libertad que tuvo hasta este miércoles.

            Las audiencias continuarán esta semana. Si todo sigue como hasta ahora, la suerte de los adolescentes detenidos, en manos de la jueza Keidimar Ramos Castillo y de defensores como Kelly Pérez, no da pie a la esperanza.

            La ONG Justicia, Encuentro y Perdón se solidarizó con estas familias y condenó la indolencia con estos jóvenes, a quienes se les ha privado de su libertad por dos meses.

            -Exhortamos a las autoridades del sistema de justicia –expresó- a revisar estos casos, haciendo valer las garantías al debido proceso y el respeto a sus derechos humanos. Es absolutamente condenable que jóvenes que no han cometido delito alguno sean criminalizados, causando graves lesiones a su presente y futuro.

            El 4 de octubre el portal La Patilla publicó el texto que sigue, de la autoría de: Douglas Valle, titulado “Siete adolescentes torturados”:

            -Este jueves, la líder democrática María Corina Machado compartió un mensaje poderoso y desgarrador sobre la situación de siete adolescentes del estado Carabobo, quienes fueron torturados tras participar en las protestas poselectorales contra Nicolás Maduro.

            Su denuncia resuena en cada rincón de Venezuela y más allá: “¿Cuánta maldad puede haber en una persona y en un régimen para torturar a niños y jóvenes?”, expresó con indignación en sus redes sociales.

            Estos jóvenes, que solo reclamaban su derecho a ser libres, se han convertido en un símbolo de la lucha por la dignidad. “Estos 7 muchachos son nuestros hijos; nuestra razón de lucha”, enfatizó Machado. En su mensaje, hizo un llamado a toda la sociedad venezolana a alzar la voz y enfrentar este horror. “Nadie puede callar”, advirtió.

            El caso ha tomado fuerza esta semana, cuando se conoció que la jueza Keidimar Ramos Castillo ordenó el pase a juicio de los menores, quienes presentan signos de tortura y han sido víctimas de extorsión. Permanecen recluidos en calabozos policiales, lejos de la libertad que merecen.

            Y yo publiqué, conmovido, en la misma fecha en mi portal “Poemario de Eladio Rodulfo González” el tanka occidentalizado:

                                              TIRANO

                                                            Tirano cruel,

                                                    torturador de niños,

                                                      ser ominoso,

                                                  emisario del diablo,

                                                   Herodes redivivo.

            El día anterior, El Nacional, con información del portal Todo Ahora, había  reportado:

         -“Ni terroristas ni delincuentes, nuestros muchachos son inocentes”. Bajo esta consigna, madres de adolescentes se reunieron a las afueras del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en Caracas.

            La protesta tenía como objetivo abogar por la liberación de los jóvenes detenidos, así como presentar un recurso de amparo para exigir el respeto de los derechos fundamentales. 

            De acuerdo con el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), dos madres, en representación del Comité de Madres en Defensa de la Verdad, entraron al TSJ en compañía de un defensor privado. Allí pudieron entregar el recurso de amparo.

 

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