Edmundo González es el presidente constitucional
En Venezuela todo el mundo sabe que el candidato a la presidencia que obtuvo mayoría de votos en las elecciones del 28 de julio 2024 ha sido Edmundo González Urrutia. La soberanía nacional, que reside en el pueblo, se manifestó mediante el voto en forma contundente a favor de EGU. Maduro, la AN y el TSJ, y todo órgano del Estado emana de la soberanía popular y a ella están sometidos (art.5). El pueblo eligió a EGU y todos los poderes públicos deben acatar ese mandato popular. El CNE conforme al artículo 228 tenía que proclamar presidente al candidato que obtuvo mayoría de votos. No lo hizo. En complicidad con las altas esferas del poder desconoció la soberanía popular, por ende, la Constitución Nacional.
Debemos recordar que acorde con el artículo 25 todo acto que menoscabe los derechos protegidos en la Constitución es nulo, los funcionarios son responsables de esa violación, no es excusa que se cumplían órdenes superiores. En estos momentos han incurrido en desconocimiento de la soberanía popular y de la Constitución los poderes públicos. Están al margen de la ley. El candidato oficial, repudiado aplastantemente por la soberanía popular, con el apoyo del TSJ, la AN y la cúpula militar corrupta, pretende juramentarse contrariamente a lo dispuesto en el artículo 231 constitucional, lo que significa que está usurpando la presidencia.
EGU es quien debe juramentarse ante la AN o en su defecto ante el TSJ, porque fue el candidato elegido. El problema radica en que los poderes públicos han sido tomados fraudulentamente por una pandilla cívico-militar que ha desconocido el Estado de derecho, la Constitución y el mandato del pueblo. Evidentemente, esa camarilla no juramentará a EGU, pues su plan es perpetuarse en el poder. La Constitución no prevé otra vía, fue elaborada bajo visión democrática, un órgano en defecto de aquellos.
Acorde al artículo 333 la Constitución no pierde su vigencia, por acto de fuerza o cualquier otro acto que la desconozca, y el artículo 350 dispone que el pueblo desconocerá toda autoridad que sea contraria a la Constitución. Esto ratifica la supremacía constitucional y la soberanía popular (art. 7). La Constitución crea los poderes públicos, les asigna sus funciones y competencias. Es ella quien regula la actuación del poder público y garantiza los derechos de los ciudadanos. Con fundamento en esa supremacía podemos afirmar que los vacíos deben ser llenados en una correcta interpretación constitucional. Si es ella quien dispone dónde debe juramentarse el presidente electo, pero los poderes públicos desconocen su mandato, EGU debe declarar su plena vigencia y juramentarse ante la propia Constitución, ante una asamblea de ciudadanos. Precisamente, la gran marcha nacional, somos mayoría, sería el escenario para juramentarse, aunque sea en forma digital.
Juramentado EGU es el presidente constitucional y debe designar a su gabinete. En primer lugar, tiene el deber de cumplir y hacer cumplir esta Constitución. Asume el carácter de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, lo que significa que los militares deben acatar sus órdenes. Debe designar vicepresidente (MCM). Se conoce que hay militares con formación institucional y rechazan el comportamiento de la alta jerarquía, lo que quedó demostrado en las elecciones del 28 de julio, pues más del 60% de los componentes de las Fuerzas Armadas votaron contra Maduro y a favor de EGU. En estos momentos dramáticos para la patria, estos militares deben dar un paso al frente y colocarse al lado del pueblo y de la Constitución. La camarilla corrupta y criminal debe ser destituida y sometida a proceso.
EGU, en virtud de que los poderes públicos AN y TSJ están al margen de la Constitución, debe disolver la AN y convocar a nuevas elecciones. El fundamento constitucional está en los artículos 25, 138 y 333, pues han actuado contra la Constitución y son cómplices de la usurpación del poder.
Es claro que EGU y el pueblo venezolano se encuentran en un momento político crucial para Venezuela y las Américas. EGU tiene que enfrentar la inmensa problemática social. Debe tomar medidas de emergencia. Pues, en Venezuela ha ocurrido un terremoto, por la ineficacia y corrupción gubernamental, que ha provocado grandes catástrofes. La economía venezolana está en ruinas, las instituciones desmanteladas y ruina moral en algunos sectores de la sociedad. La tarea debe ser con la concurrencia de todos con espíritu auténticamente venezolano.
Tenemos una profunda fe en el pueblo venezolano, tenemos la convicción de que los militares institucionalistas acompañarán al pueblo en su marcha hacia la libertad y combatirán a las fuerzas cubanas, nicaragüenses y bolivianas que la camarilla gobernante tiene a manera de guardia pretoriana, si actúan contra el pueblo. Unidos pueblo y ejército institucionalista conquistaremos la libertad y enrumbaremos la patria hacia la democracia y el progreso en justicia social. ¡Hasta el final!
Rodrigo Rivera Morales es doctor en Derecho Procesal y Constitucional. Bloque Constitucional Capítulo España.
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