Libertad de expresión en jaque | 13 casos en febrero
La ONG Espacio Público alertó este jueves 6 de marzo sobre 13 violaciones a la libertad de expresión registradas en febrero.
El número refleja una caída del 80,6 % frente a los 67 casos de enero, según su informe mensual.
La organización identificó al Estado como el principal culpable, con cuerpos de seguridad e instituciones liderando las agresiones.
Entre los incidentes, destacan tres detenciones de ciudadanos que reclamaron su derecho a expresarse. Periodistas, medios y particulares enfrentaron intimidación, censura y hostigamiento, evidenciando un patrón represivo.
El reporte detalla que dos periodistas, cuatro personas y tres medios sufrieron los embates. La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) ordenó cerrar dos emisoras en Portuguesa y confiscar sus equipos.
Un locutor vinculó la medida a motivos políticos, pues la dueña de las estaciones es familiar del opositor Jóbito Villegas, alcalde de Biscucuy. Espacio Público subrayó que, en dos años, Conatel clausuró al menos cinco radios, limitando aún más el acceso a la información en el país.
Libertad de expresión bajo ataque estatal
La libertad de expresión sigue en riesgo con casos como el del periodista Rory Branker, de La Patilla.
El Sebin lo detuvo el 20 de febrero tras salir de casa con su pareja. “A ella le dijeron que lo llevarían a El Helicoide, un lugar infame por torturas”, reveló la ONG.
Mientras, allanaron ilegalmente su vivienda. Otro caso involucró al médico Alexis Zárraga, arrestado el 14 de febrero en Falcón. Lo acusaron de “instigación al odio” por mensajes críticos al gobierno en WhatsApp.
Medios silenciados y apagones
Una emisora en Mérida quedó fuera del aire del 12 al 17 de febrero tras un apagón que dañó sus equipos.
Espacio Público denunció que estas interrupciones agravan la crisis de los medios. La ONG exigió respeto al derecho de informar y expresarse, señalando que la represión estatal y las fallas estructurales asfixian la comunicación. Los casos de febrero confirman un retroceso en las garantías democráticas en Venezuela.
Con información de EFE
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