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martes, 10 de marzo de 2015

Protestaron anoche a favor y en contra de Maduro en Lima

Protestaron anoche a favor y en contra de Maduro en Lima

Los opositores al régimen de Nicolás Maduro forcejearon con la policía y se quejaron de haber sido maltratados/ El Comercio
Los opositores al régimen de Nicolás Maduro forcejearon con la policía y se quejaron de haber sido maltratados/ El Comercio
El grupo de opositores a Maduro se concentró frente a la embajada venezolana portando banderas y carteles en rechazo a la detención de Ledezma. Por su parte, los manifestantes convocados por la organización "Amigos de Venezuela" se reunieron en un acera contraria para acusar a los otros de apoyar una intentona golpista en ese país
Dos manifestaciones se realizaron hoy en los exteriores de la embajada de Venezuela en Lima de opositores y de simpatizantes del presidente venezolano, Nicolás Maduro, por la detención del alcalde de Caracas, Antonio Ledezma.

El grupo de opositores a Maduro se concentró frente a la embajada venezolana portando banderas y carteles en rechazo a la detención de Ledezma, que ha sido acusado en su país de participar en un plan golpista.

La portavoz del Comando Simón Bolívar, Paulina Fachín, declaró a RPP Noticias que estaban manifestando su rechazo a Maduro como una expresión de su libertad de pensamiento, lo que "no podríamos hacer en Venezuela".

Fachín dijo que salir a las calles en su país es un delito y agregó que la manifestación en simultáneo de otro grupo, a favor de Maduro, es una señal de democracia.

Algunos legisladores peruanos, como el aprista Jorge del Castillo, se acercó a la manifestación para dar su solidaridad con los opositores al gobierno venezolano.

Por su parte, los manifestantes convocados por la organización "Amigos de Venezuela" se reunieron en un acera contraria para acusar a los otros de apoyar una intentona golpista en ese país.

En un momento, ambos grupos se enfrentaron verbalmente y la Policía Nacional hizo retroceder a los manifestantes para pedir que se alejen de la sede diplomática.

El canciller peruano, Gonzalo Gutiérrez, declaró ayer que su país promoverá las vías de solución por el diálogo en Venezuela, pero que no calificará la situación política en esa nación.

Gutiérrez dijo que los cancilleres de Ecuador, Colombia y Brasil están en conversaciones para promover el reinicio del diálogo interno en Venezuela y, en ese sentido, indicó que es probable realizar una reunión a nivel de ministros de Relaciones Exteriores de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur). 

domingo, 1 de marzo de 2015

Demandaron anular norma de la FAN sobre protestas

Demandaron anular norma de la FAN sobre protestas

Estudiantes, profesores, gremios y la MUD acudieron a la Sala Constitucional

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Tamayo encabezó una delegación de profesores, estudiantes, abogados en ejercicio y opositores DGANE COBO


JUAN FRANCISCO ALONSO |  EL UNIVERSAL
viernes 27 de febrero de 2015  12:00 AM
Anular la Resolución 008610 del Ministerio de la Defensa, que permite a los militares usar armas de fuego en manifestaciones en las que haya riesgo de "violencia mortal". Esta fue la exigencia que, a una sola voz, ayer le hicieron catedráticos de Derecho, estudiantes universitarios, abogados en ejercicio y opositores al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

"Unidos en una cruzada de tipo jurídico, académico y gremial (...) estamos solicitando con el apoyo del estudiantado, con el apoyo de estos ciudadanos que no estamos conformes con la Resolución (...) a la Sala Constitucional que declare la nulidad por inconstitucionalidad evidente", afirmó el penalista José Luis Tamayo, quien estaba flanqueado por el exdecano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela, Alberto Arteaga Sánchez; por la magistrada emérita Blanca Rosa Mármol de León y por la presidenta del Colegio de Abogados, Ivette Lugo.

Tras calificar de "plagio" la normativa, pues es similar a dos dictadas por el Ministerio del Interior para las policías en años anteriores, el jurista denunció: "Lo que se hizo en el Ministerio de la Defensa insólita y vergonzosamente fue copiar esas dos resoluciones y se le cambió el nombre de Policía Nacional o policías por Fuerza Armada Nacional (FAN) y le hicieron unos agregados y precisamente esos agregados son los que determinan la violación directa e inmediata de los artículos 43, 68, 329 y 332 de la Constitución".

En el numeral 9 del artículo 15 de las normas demandadas se establece que los militares "no portarán ni usarán armas de fuego en el control de reuniones públicas y manifestaciones pacíficas. A menos que, por la necesidad y proporcionalidad de los medios empleados para contrarrestarla, se necesario su porte y uso".

Asimismo en el artículo 24 se permite a los uniformados usar de armas, sin precisar cuáles, cuando "sea inevitable" y en el numeral 9 del 22 se precisa que esos casos inevitables son aquellos en los que haya "una situación de riesgo mortal".

Tamayo precisó que junto a la demanda de nulidad también interpusieron una medida cautelar, con la cual persiguen que los garantes de la Constitución dejen sin efecto de inmediato la resolución por los riesgos que, según ellos, comporta.

"Es un clamor popular, de todos los ciudadanos que esa resolución sea derogada", afirmó y aunque reconoció que no se puede achacar a la Resolución lo ocurrido el martes en el Táchira, donde un joven fue asesinado por una policía en una protesta, apuntó: "Esta Resolución está dando la posibilidad de que una persona sin formación, sin haber sido capacitada pueda sentirse con una patente de corso para usar un arma de fuego cuando no se trate de una manifestación violenta".

Instantes antes el dirigente estudiantil de la UCV, Francisco Matheus, solicitó una investigación contra el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López; por los hechos violentos que se han desarrollado en el país las últimas semanas. "Él es el único responsable de esta problemática", dijo.

La oposición también interpuso otra demanda contra la resolución, la cual en virtud de lo ocurrido en San Cristóbal debería ser decidida de inmediato, a criterio de la diputada al Parlamento Latinoamericano, Delsa Solórzano.

"Le pedimos a las autoridades correspondientes que anulen esta Resolución que solo trae confusión y muerte", declaró, al tiempo que envió el siguiente mensaje a los policías y militares: "No vale alegar órdenes superiores cuando se está cometiendo un delito, por lo que nuevamente hacemos un llamado a todos los funcionarios que estén controlando manifestaciones a que no porten ni utilicen armas de fuego contra los manifestantes".

¿Qué posibilidades hay que de estas acciones prosperen? Pocas, al menos eso es lo que se concluye al revisar los archivos de la Sala Constitucional, la cual desde 2003 no ha dictado una decisión contra el Gobierno.

viernes, 27 de febrero de 2015

Estudiantes recogen firmas contra uso de armas en las protestas

Estudiantes recogen firmas contra uso de armas en las protestas

Esta recolección de firmas es un recurso más contra la resolución 8610 del Ministerio de Defensa / @TV_VENEZUELA
Esta recolección de firmas es un recurso más contra la resolución 8610 del Ministerio de Defensa / @TV_VENEZUELA

Un grupo de estudiantes, juristas, académicos y opositores venezolanos presentó este jueves un recurso judicial ante el TSJ para anular la resolución

Un grupo de estudiantes de la Universidad Central de Venezuela (UCV) comenzó hoy a recoger firmas para solicitar la nulidad de la resolución que permite a las fuerzas armadas el uso de la fuerza "potencialmente mortal" para controlar manifestaciones.

"El movimiento estudiantil venezolano en pleno hoy estamos anunciando la recolección de firmas para solicitar la nulidad de la resolución 8610 que aprobó el ministro de la defensa (Vladimir) Padrino López y que permite el uso de armas de fuego en manifestaciones", dijo el presidente de la Federación de Centros Universitarios de la UCV, Hasler Iglesias.

Esta recolección de firmas es un recurso más contra la resolución 8610 del Ministerio de Defensa, que sigue a otro con el mismo fin, presentado ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) después de la muerte, el pasado martes, de un adolescente de 14 años en una protesta.

"Esta semana vimos cómo un joven tachirense cayó asesinado por la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en San Cristóbal con un arma de fuego", dijo Iglesias a periodistas.

Un grupo de estudiantes, juristas, académicos y opositores venezolanos presentó este jueves un recurso judicial ante el TSJ para anular la resolución.

"El día de ayer se introdujo una demanda en el TSJ, vamos a llevarla a todas las instancias que nos competen e incluso a nivel internacional, para que entendamos la grave violación a los derechos humanos que está permitiendo esta resolución", señaló.

Iglesias dijo que "los derechos están siendo violados" para todos los que creen "que las cosas se están haciendo mal en Venezuela" y que salen a manifestarse en las calles.

El defensor del Pueblo, Tarek William Saab, aseguró ayer que la resolución no guarda relación con la muerte del adolescente llamado Kluivert Roa, ya que esta regula la actuación de las fuerzas armadas y no de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), cuerpo al que pertenece el acusado de ser el autor de su muerte.

El disparo contra el adolescente venezolano fue efectuado supuestamente por un agente de la PNB, el cual fue detenido el mismo día e imputado.

Otro grupo de estudiantes exigió el miércoles la destitución del director de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), cuerpo al que pertenece el acusado de la muerte del joven.

Advierten que criminalizar protestas traerá más víctimas en Venezuela

Advierten que criminalizar protestas traerá más víctimas en Venezuela

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Manifestacion en el Estado Tachira controlada por la Guardia Nacional

Tras el asesinato de siete jóvenes en una semana, miles de estudiantes protestaron en distintas ciudades del país y una decena terminó herida; señalan que el chavismo se beneficia de la polarización


Sabrina Martin. EL DIARIO EXTERIOR.COM 27 febrero 2015

Estudiantes de diversas universidades del país exigieron justicia por la muerte del niño de 14 años asesinado por un Policía Nacional en medio de una protesta en Táchira. (Maduradas)

Venezuela amaneció conmocionada por el asesinato de Kluiverth Roa, un joven de 14 años de edad que murió este martes por el disparo de un Policía Nacional en San Cristóbal, Estado Táchira. Estudiantes de diversas universidades del país salieron a las calles como medida de protesta por el suceso, y criticaron el discurso del presidente Nicolás Maduro en el cual intentó justificar el vil asesinato.

La Fiscal General Luisa Ortega Díaz informó que Javier Osías Mora Ortiz, policía Nacional de 23 años de edad, fue detenido e imputado por los delitos de homicidio intencional calificado por motivos fútiles e innobles, uso indebido de arma orgánica y quebrantamiento de pactos y convenios internacionales.

La periodista Thabata Molina informó a PanAm Post que el CICPC confirmó este miércoles que el impacto que causó la muerte de Kluiverth Roa fue por un perdigón de goma proveniente de una escopeta calibre 12, permitida para funcionarios de control de orden público.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, condenó el asesinato pero se adelantó a las investigaciones y aseguró que los policías fueron provocados por un grupo de manifestantes y el disparo se generó por un hecho “inverosímil”.

Rafael Uzcátegui, coordinador general del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos de Venezuela (Provea), en una entrevista a PanAm Post calificó como irresponsables las declaraciones ofrecidas por Nicolás Maduro, considera que el presidente intentó justificar el hecho, y lo responsabilizó por el aumento de los niveles de conflictividad y violencia de las últimas horas.

Para Uzcátegui el asesinato de Roa es una consecuencia del discurso violento emanado del Gobierno de Venezuela para deslegitimar a una parte de la población; y prevé que criminalizar las protestas traerá como consecuencia más hechos violentos e indeseables.

El representante de Provea estima que al Gobierno le conviene polarizar al país de cara a las próximas elecciones parlamentarias; para él, en los últimos seis meses la polarización había perdido fuerza por la crisis que viven los venezolanos, sin embargo Uzcátegui afirma que los “altos analistas del presidente Maduro le han recomendado repolarizar a la sociedad”.

En siete días, siete jóvenes asesinados con tiros en la cabeza

Con Kluiverh Roa suman siete jóvenes asesinados en una sola semana, todos ellos con impactos de bala en la cabeza y en diferentes Estados del país.

Este miércoles se conoció la muerte de Jefferson Pérez de 18 años de edad. Testigos denunciaron que fue ultimado de un tiro por un policía de la PNB en Caracas.

El pasado 17 de febrero los estudiantes José Daniel Frías Pinto (20 años) y Julio Alejandro García Adonis (22 años) de la Universidad de Los Andes fueron encontrados muertos en un matorral en el Estado Zulia; ambos jóvenes fueron detenidos por la policía durante una manifestación y desde entonces se desconocía su paradero.

El 19 de febrero, fue encontrado el cuerpo de Jhon Barreto Ramírez (21 años) en el Estado Táchira. El joven estudiaba en la Universidad Nacional Experimental Del Táchira (UNET); y el sábado 21 de febrero en Catia (Caracas) fueron encontrados sin vida los cuerpos de los jóvenes Yasmir Tovar  (22 años) y Luis Aranyi García (21 años), asiduos manifestantes opositores en Caracas.

Todos los individuos recibieron impactos de bala en la cabeza.

Violencia contra menores aumentó 32% en 2014

Este miércoles 25 de febrero Cecodap, organización venezolana sin fines de lucro, publicó el estudio Somos Noticia, en el cual informó un incremento de 32% en los casos de violencia contra niños y adolescentes en 2014, en comparación con 2013.

El estudio hace referencia a los casos de violencia institucional, y denuncia que más de un centenar de adolescentes murió en 2014 por agresiones y abuso de poder por parte de funcionarios pertenecientes a cuerpos de seguridad del Estado.

Sobre el resto de los tipos de violencia institucional (proveniente de las autoridades) la institución informó que en base a sus estudios hemerográficos, en 2014 hubo 238 casos de este tipo de flagelo, 31 de esos casos en infantes, y el resto en adolescentes.

Protestan por decreto de “licencia para matar”

Estudiantes de varias universidades del país protestaron este miércoles por el asesinato de Kluiverth Roa, en el Estado Táchira.  Exigieron justicia y la derogación inmediata de la resolución 8610, que autoriza a cuerpos policiales el uso de armas mortales en manifestaciones.

Luego de varias horas de protestas en los alrededores de la Universidad de Los Andes (ULA), en Mérida, el movimiento estudiantil reportó que tres manifestantes fueron heridos, uno presuntamente de bala en la pierna y otros por perdigones.

Dos estudiantes de la ULA en el núcleo del Estado Trujillo fueron detenidos por horas, y en la manifestación se reportaron heridos por perdigones.

En Maracaibo, Estado Zulia, 90 personas quedaron detenidas (20 de ellos menores de edad) y una persona fue herida, en medio de disturbios en la sede de la Universidad Rafael Belloso Chacín.

En el Estado Táchira se vieron automóviles incendiados y choques con las fuerzas de seguridad.

Desde Provea, Uzcátegui informó que recibió reportes de movilizaciones en ocho ciudades de Venezuela.

Profesores de Derecho de diferentes universidades de Venezuela emitieron uncomunicado en el que critican el uso de armas letales para dispersar manifestaciones.”Claramente, el Gobierno venezolano se prepara a hacer frente a la crisis con una escalada represiva, atemorizando a los ciudadanos, limitando sus libertades y evitando que ejerzan sus derechos fundamentales”.

La Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) también hizo público este martes un comunicado donde manifiesta su preocupación por los recientes hechos: “La Secretaría General de la UNASUR lamenta la muerte del estudiante venezolano, Kluiverth Roa, y reitera la disposición de UNASUR para encontrar salidas democráticas y pacíficas a la situación de tensión que vive el hermano país”.

El Consejo General de Representantes Estudiantiles de la Universidad Católica Andrés Bello exigió a las autoridades competentes la investigación exhaustiva de los recientes jóvenes fallecidos; hizo un llamado al cese de la impunidad y al respeto de los derechos humanos.
Editado por Elisa Vásquez.

Publicado en Panampost

martes, 24 de febrero de 2015

Quiénes siguen en prisión a un año de las protestas opositoras en Venezuela

Quiénes siguen en prisión a un año de las protestas opositoras en Venezuela

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Al día de hoy, no queda claro cuántas personas siguen en la cárcel por las protestas.

Daniel Pardo BBC Mundo, Caracas
18 febrero 2015

Este miércoles cumple un año en la cárcel el detenido más prominente de las protestas antigubernamentales en Venezuela en 2014, el político opositor Leopoldo López.

Desde entonces, su juicio ha avanzado poco, una vez cada tanto vuelven las denuncias de tratamientos arbitrarios en la cárcel militar donde se encuentra y mes a mes se han sumado más organizaciones internacionales de Derechos Humanos a rechazar su detención, que consideran política.
Mientras tanto, otros detenidos menos prominentes viven condiciones similares, según las organizaciones y los abogados que los representan.
Uno es, por ejemplo, el excalcalde de la ciudad de San Cristóbal, Daniel Ceballos, que está recluido en la misma cárcel que López, Ramo Verde.
Y otro es Christian Holdack, un estudiante que, según varios informes de organizaciones de DD.HH., sufrió agresiones físicas y psicológicas cuando lo arrestaron y hoy es procesado junto a López.
Holdack, como el líder opositor, es acusado de ser autor intelectual de las muertes y autor material de los daños a edificios del Estado ocurridos aquel 12 de febrero, que inauguró una ola de protestas de cuatro meses que dejó 43 muertos y más de 800 heridos.
Y, según la Fiscalía, 3.351 detenidos.
Varias ONGs han denunciado que las autoridades abusaron de su poder en algunas detenciones.

¿Cuántos son?

De esos 3.351 detenidos hoy no queda claro cuántos quedan en la cárcel.

Según las cifras de la fiscal, Luisa Ortega Díaz, 41 personas permanecen privadas de libertad por hechos relacionados a las protestas.
"De las privadas de libertad, 27 son civiles y 14 funcionarios policiales y de la Fuerza Armada nacional Bolivariana (FANB)", dijo en una rueda de prensa la semana pasada.
Díaz no detalló de qué están acusados cada uno de ellos ni reveló sus nombres.
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Varias ONGs han denunciado que las autoridades abusaron de su poder en algunas detenciones.
Sin embargo, aseguró que de las 3.351 personas detenidas, "1.436 fueron sobreseídas, 1.402 acusadas, 6 están con archivo fiscal y 507 todavía están en el proceso de investigación".
Algunas denuncias incluyen detenciones de personas que no hacían parte de las protestas.
Por su parte, el defensor del Pueblo, Tareck William Saab, informó hace un mes que los detenidos son 51, de los cuales 14 son funcionarios de la policía acusados de abuso de la autoridad o tratos crueles.
Su identidad, añadió, "es parte de la reserva legal".
Mientras tanto, el Foro Penal Venezolano, una organización no gubernamental que ha dado apoyo legal a muchos de los detenidos, dice que son 60, sin incluir a los funcionarios del Estado.
"Nosotros (el Foro Penal) nos ponemos a disposición de la Fiscal para compartir estas cifras, sin temor a corregirlas, pero hasta la fecha no hemos tenido respuesta para reunirnos", dijo Alfredo Romero, director de la organización, la semana pasada en una rueda de prensa.
El dato del número de detenidos hoy, pues, no es claro. Como tampoco es el dato de los muertos en las protestas: el Ministerio Público contó 43, la Defensoría del Pueblo 48 y el Foro Penal, 44.
Y de esas muertes, solo una ha sido oficialmente resuelta por la justicia.
A un año de las protestas, son más las preguntas que las respuestas.
De las 43 muertes que hubo en las protestas, solo una fue resuelta por la justicia.

En qué están

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Algunas denuncias incluyen detenciones de personas que no hacían parte de las protestas.
Aunque todos los casos de los detenidos son distintos, los expertos en DD.HH. coinciden en que hay varios puntos de coincidencia.
Primero, "todas son personas que no han sido sentenciadas, sino que están siendo procesadas en un tribunal", le dice a BBC Mundo Nizar El Fakih, un abogado del centro de DD.HH. de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) en Caracas que ha seguido de cerca más de 1.000 de estos casos.
"Segundo, son personas que cuyos juicios, como en el caso de López, han sido diferidos varias veces", dice, sobre una tendencia que muchos opositores ven como una forma de mantenerlos en prisión.
Y tercero, continúa, "en la mayoría de estos casos se ha violado el debido proceso, pues se priva de libertad con un análisis demasiado flexible de si hay o no un peligro de que el acusado se fugue o de si puede obstaculizar el proceso".
Sin embargo, tanto la Fiscal como el Defensor del Pueblo han manifestado que, según ellos, se ha respetado el debido proceso.
Expertos dicen que los delitos que cometieron manifestantes fue más la excepción que la regla, como argumenta el oficialismo.

De qué los acusan

La mayoría de los más de 3.000 detenidos durante las protestas fueron o son acusados,
sobre todo, de tres delitos: instigación pública (llamar a otros a cometer delitos), obstaculización de vía públicas con el objeto de producir un siniestro y agavillamiento (asociarse con otros para cometer delito).
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De las 43 muertes que hubo en las protestas, solo una fue resuelta por la justicia.
Ese, por ejemplo, es el caso de Leopoldo López. Sin embargo, no queda claro de qué están acusados todas las demás personas que siguen en la cárcel por las protestas.
Los informes de las organizaciones de DD.HH. (entre las que se incluyen la ONU y Human Rights Watch) coinciden en que la mayoría de los más de 3.000 casos de arresto representan una violación a los DD.HH., sea por detención arbitraria o tratamiento indebido.
Sin embargo, estos informes admiten que durante las protestas de hace un año una minoría de manifestantes cometieron delitos.
"La mayoría de los detenidos son claramente inocentes y hemos podido verificar que fueron arrestados, y a veces maltratados, por su simple desacuerdo con el gobierno", dice El Fakih.
"Pero hubo excepciones", añade.
"Desde el Centro de Derechos Humanos de la UCAB no hemos negado que en algunos casos aislados hubo violaciones a la ley de parte de algunas personas que se encontraban manfiestando, pero siempre hemos insistido en que es una excepción, a diferencia de la narrativa del gobierno, que dice que todos los detenidos fueron violentos", concluye.

Y pone el ejemplo del último informe sobre las protestas que publicó -en julio- el Ministerio Público, que según él con solo el título criminaliza de entrada a todos los manifestantes: "Resultados de las manifestaciones violentas febrero-junio 2014".

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