La persecución continúa y empeora
EL NACIONAL, 10 DE OCTUBRE 2016 - 12:01 AM
Me refiero, por supuesto, a la persecución que el régimen de Nicolás Maduro mantiene en contra de periodistas y reporteros gráficos, propietarios y editores, así como en contra de las empresas titulares de medios de comunicación. Y aunque a primera vista podría parecer que estoy repitiendo la que ha sido una de mis reiteradas denuncias en cada uno de los países que me ha correspondido visitar en los últimos 18 meses, tengo que advertir que no se trata de la misma, sino de algo distinto, cada día más.
En la próxima Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, que tendrá lugar en México a finales de esta semana, señalaré que, durante los meses recientes, los ataques a la libertad de expresión se han incrementado en Venezuela. En el informe que presentaré, demostraré que se está produciendo una masificación y expansión de los ataques a periodistas y a medios de comunicación.
La primera tendencia que cabe señalar es la extensión territorial de los ataques. Han venido ocurriendo en grandes y pequeñas ciudades, a periodistas y reporteros gráficos, que trabajan en grandes y pequeños medios, diarios, emisoras de radio, portales informativos y canales de televisión. Estas acciones en contra de la libertad de informar son cada vez más frecuentes y más violentas, a menudo premeditadas: grupos paramilitares afectos al gobierno, sin control alguno por parte de las autoridades, acechan y atacan a quienes realizan su trabajo informativo.
Lo más grave es que estos ataques están ocurriendo en relación con los cuatro hechos noticiosos más recurrentes en Venezuela, que son: uno, las colas para adquirir alimentos y medicamentos; dos, la crisis de los servicios públicos, y entre ellos, de forma destacada, la ruina de los servicios de salud; tres, las protestas de los ciudadanos en las calles; y cuatro, el seguimiento informativo a la violencia causada por la delincuencia. Es evidente que hay una acción concertada de parte de las autoridades de organismos policiales y militares para impedir que los hechos más terribles y frecuentes de la vida cotidiana de Venezuela sean divulgados.
Estas acciones no se limitan a las amenazas, detenciones arbitrarias y agresiones físicas de distinto tenor. Incluyen situaciones de extrema gravedad. Citaré algunas. A un reportero gráfico de Barinas le dispararon por filmar al cordón militar que impedía el paso de una marcha pacífica y legal. Al ciudadano chileno-venezolano Braulio Jatar le han detenido ilegalmente, y lo han traslado de una cárcel a otra, por informaciones publicadas en su portal; a los cuatro miembros de un equipo de producción los detuvieron por realizar un video para el partido Primero Justicia; a unos periodistas les acusaron de terroristas solo por ejercer su actividad profesional. Ha sido sonoro el caso de la reja levantada alrededor de la morgue de Colinas de Bello Monte para evitar que los periodistas informen a la sociedad sobre la cantidad y los espeluznantes relatos de la criminalidad caraqueña.
El gobierno de Nicolás Maduro viene ejecutando un programa de triple hostigamiento a los periodistas, que ocurre en el momento en que los reporteros están en funciones: los golpean de forma salvaje, les roban los equipos y, además, les amenazan de cosas peores si denuncian lo ocurrido. Con frecuencia, las agresiones están a cargo de civiles que actúan con la protección de uniformados. Los hechos ocurridos en los meses recientes ratifican la asociación del gobierno con grupos de delincuentes y con bandas paramilitares.
De forma simultánea, siguen produciéndose ataques a las sedes de algunos medios de comunicación. Se les dispara durante las noches. Se les lanzan excrementos, como en el caso de El Correo del Caroní y El Nacional, o incluso, bombas molotov con el objetivo de provocar un incendio.
¿Y qué hacen las instituciones al respecto? Nada. Absolutamente nada. No hacen seguimiento a las denuncias. No investigan. Guardan silencio. De hecho, actúan de forma cómplice, como en el caso de un tribunal del estado Barinas que el pasado 23 de agosto prohibió a los tres periódicos de esa región informar sobre las noticias que vinculan a Adán Chávez con casos de corrupción.
Estas líneas apenas esbozan una situación cada vez más peligrosa, extendida y organizada en contra del derecho constitucional que tenemos medios de comunicación y profesionales del periodismo de realizar nuestro trabajo. De lo anterior se deriva que todo aquello que contribuya a denunciar estos hechos, a impedir que las agresiones continúen, está y estará en estrecha relación con la lucha, en todos los terrenos, que los venezolanos estamos dando para recuperar una vida en libertad.
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