Misión de Determinación de Hechos asegura que se ha ampliado la persecución en Venezuela
TCDLa Misión de Determinación de Hechos espera que el país resuelva sus crisis de derechos humanos, estableciendo los hechos y reconociendo que se han cometido errores. También denunciaron el incremento de las detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales, así como el aumento de las torturas y malos tratos a las personas ya detenidas
La Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela, una instancia independiente de Naciones Unidas, presentó hoy una actualización oral de su informe del pasado septiembre de 2020, donde aseguran que se ha ampliado la persecución y el concepto de enemigos internos en el país, lo que ha derivado en el aumento de violaciones a los derechos humanos.
En su participación durante la 46 sesión del Consejo de DDHH de la ONU, la presidenta de la Misión de Determinación, Martha Valiñas, destacó que luego de la elección de diciembre de 2020 para escoger a un parlamento cuestionado por parte de la comunidad internacional, y sus actuaciones para «investigar» a los diputados electos por supuestos actos terroristas, «el clima político de exclusión de las voces disidentes parece continuar, marcado por la represión de la oposición política que destacamos en nuestro primer informe».
Valiñas destacó la detención del diputado Gilberto Sojo, así como las falencias del juicio contra Juan Requesens, quien tiene una medida sustitutiva de libertad. La Misión de Determinación de Hechos señaló que continuan los procedimientos penales en más de dos tercios de los 110 casos de detenciones arbitrarias contra disidentes políticos y militares que investigaron para su informe de septiembre de 2020.
Esos procedimientos penales, que se han visto retrasados, han costado la vida a algunos detenidos, resaltó la jefa de la Misión, haciendo alusión al caso del pemón Salvador Franco, fallecido en diciembre de 2020 pese a tener una medida judicial que ordenaba su traslado a un centro de salud.
Martha Valiñas también destacó los casos de militares como el capitán de navío Luis de la Sotta o el coronel Oswaldo García Palomo, de quienes dijo siguen «en un estado de salud frágil y en condiciones de detención terribles, y presuntamente siguen siendo sometidos a tortura u otros tratos crueles».
Por ello, la Misión de Determinación de Hechos se compromete a seguir investigando los casos de torturas y tratos crueles, así como las nuevas denuncias de violencia sexual y de género que han recibido desde su último informe.
Sobre la ampliación del concepto de enemigos internos en el país, la Misión de Determinación de Hechos lo justifica con la persecución, detención y judicialización a trabajadores humanitarios y organizaciones no gubernamentales, como fue el caso de la ONG zuliana Azul Positivo.
«Las y los funcionarios públicos han alimentado el hostigamiento de las ONG mediante el uso de retórica que critica la cooperación con organismos y organizaciones internacionales, o la recepción de fondos extranjeros», dijo la jefa de la Misión.
Además, Valiñas dijo que la Misión de Determinación de Hechos espera que el país resuelva su crisis de derechos humanos, estableciendo los hechos y reconociendo que se han cometido errores. También hizo enfásis en la participación de Maduro ante el Consejo de DDHH el pasado mes de febrero. «Mientras lo hacía, él y su gobierno continuaron tergiversando la gravedad de la situación (de derechos humanos) y negando toda transgresión».
Los derechos humanos deberían estar en el centro de la recuperación de Venezuela, dijo la jefa de la Misión de Determinación de Hechos, «pero negar la realidad y desestimar todas las críticas no ayuda a proteger los derechos fundamentales de aquellos y aquellas en riesgo y aquellos y aquellas que han sufrido. Las víctimas tienen derecho a la verdad y a la justicia, al igual que lo tiene el pueblo de Venezuela en su conjunto».
Misión de Determinación sigue
La Misión de Determinación de Hechos también destacó en la actualización oral que en su primer informe identificaron a los presuntos perpetradores de unidades de inteligencia, seguridad y militares del Estado, por lo que en su nuevo informe escrito -que debe ser entregado en septiembre- «profundizaremos en nuestras investigaciones sobre estas estructuras, aclarando las responsabilidades y las cadenas de mando, utilizando el estándar de motivos razonables para creer».
La Misión de Determinación de los Hechos «también examinará las tácticas utilizadas por los perpetradores estatales para eludir responsabilidades o protegerse de la rendición de cuentas, incluida la coordinación con actores no estatales para cometer violaciones y crímenes, como con colectivos y otros grupos armados civiles y guerrilleros».
La jefa de la Misión indicó que han logrado identificar más de 200 asesinatos cometidos por cuerpos policiales desde comienzos de año, y se prometieron a investigar sus circunstancias. «También investigaremos la participación de otras fuerzas policiales, además de las FAES, en estos asesinatos».
*Lea también: FAES, Cicpc y policías estadales cometieron casi 2.000 ejecuciones extrajudiciales durante 2020
Sobre las FAES, que ha sido altamente cuestionada por organismos de la ONU, mencionaron la masacre de La Vega, donde se habrían desplegado 650 funcionarios en una operación para supuestamente neutralizar bandas delicitivas. «Nuestras investigaciones preliminares indican que al menos algunos de los asesinados fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales».
La jefa de la Misión también mencionó las manifestaciones antigubernamentales, así como el colapso de los servicios básicos y la crisis del combustible. Según datos aportados por organizaciones civiles, se registraron más de 100 casos de detenciones en las protestas desde septiembre.
También detallaron que desde septiembre de 2020, la Misión de Determinación de Hechos ha identificado 36 nuevos casos (8 mujeres y 28 hombres) de presuntas detenciones arbitrarias. «Algunas de ellas parecen haber tenido una motivación política. Algunas de estas personas han sido acusadas bajo la Ley contra el Odio, acusadas por delitos de odio por criticar al gobierno y a personas relacionadas con él».
Nueve de estas detenciones afectaron a periodistas y la prensa independiente, destacó Valiñas, «quienes también han sido acosados o sus trabajos suspendidos, sus oficinas allanadas y sus equipos confiscados. Silenciar a quienes informan sobre la realidad política y social impide la transparencia necesaria para garantizar la rendición de cuentas».
Además, Martha Valiñas dijo que recientemente se han puesto en contacto con la administración de Nicolás Maduro «para iniciar un diálogo y poder realizar investigaciones en el terreno, tal como hemos intentado de manera continua durante el último año, sin hasta la fecha obtener una respuesta. Seguiremos buscando la cooperación».
Por su parte, el abogado chileno Francisco Cox Vial (también parte de la Misión junto a Valiñas y Pauls Seils) resaltó que están dispuestos a ingresar a Venezuela para verificar la situación en terreno apenas la administración de Nicolás Maduro les extienda la invitación.
«Consideramos que todo lo que concluimos en el informe de septiembre lo mantenemos. No hemos visto ningún antecedente que haga cambiar esas conclusiones, y se mantiene el patrón de conducta que pusimos de manifiesto en septiembre pasado», dijo Cox ante la pregunta de si se mantenía la clasificación de presuntos crímenes de lesa humanidad.
El abogado instó a los países preocupados por la situación venezolana al uso de los distintos mecanismos de protección y denuncia para evidenciar la situación dentro del país, y reconoció que han tenido dificultades para realizar su trabajo.
El abogado chileno dijo que han enviado comunicaciones a la Fiscalía General y la Defensoría Pública venezolana con el objetivo de obtener información oficial sobre el informe de respuesta que recibieron y ampliar los datos allí descritos, pero no han obtenido respuesta hasta la fecha.
Además mencionó que debido a la falta de liquidez financiera de la Misión no les ha permitido contar con un equipo completo para profundizar aún más las investigaciones, así como que están «a la expectativa» de cómo puedan ayudar otras naciones a su trabajo.
Respuesta de Venezuela
El embajador Héctor Constant, representante de Venezuela ante el Consejo, señaló que la actualización oral de la Misión de Determinación de Hechos demuestra la «perversión de mecanismos que se crean solo parar agredir países».
Dijo que su país está «del lado que se oponen a la hegemonía», y se oponen «al circo mediático que usa a los derechos humanos» para agredir a los países. El embajador también calificó como «destemplada» y «una inmoralidad en su plenitud» la actualización oral sobre Venezuela.
Costant remató que la Misión hizo uso de información falsa, politizada y selectiva, es un «informe creado por fake news», para supuestamente agredir a Venezuela, en lugar de tomar en cuenta la cooperación de la administración de Nicolás Maduro con la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, sobre la que se dijo no se tomó nota de los acuerdos que han logrado.
Además, dijo que si los integrantes de la Misión de Determinación de Hechos están «tan preocupados» por los derechos humanos en el país, deberían donar los tres millones de dólares que recibieron por parte del Consejo para ser usados en la compra de 1,5 millones de dosis de la vacuna contra el covid-19, pues prosiguió con el discurso de que las sanciones han impedido acceder al país a ello.
De los más de 25 países que participaron luego de la presentación de la actualización oral, solo Rusia, Irán, Siria, Nicaragua, Cuba, Burundi y Bielorrusia -todos cuestionados por la falta de sistemas democráticos sólidos- siguieron la retórica venezolana al afirmar que la Misión de Determinación de Hechos realizaba un trabajo «sesgado» para agredir, además de «imponerse un mandato sin el consentimiento del país».
El resto de las naciones, incluyendo los bloques de la Unión Europea y el Grupo de Lima, deploraron la falta de acceso de los investigadores al país, así como el aumento de los casos de acoso, intimidación, detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales, poniendo de manifiesto algunos casos como la masacre de La Vega.
En el caso de la Unión Europea, su representante destacó que la situción de Venezuela sigue siendo preocupante, por lo que «si hace falta», seguirán aplicando más medidas restrictivas contra funcionarios de la administración Maduro para evitar que se sigan violando los derechos humanos dentro del país.
Francia, España y Portugal lamentaron la falta de cooperación de las autoridades venezolanas con la Misión de Determinación de Hechos, pues Venezuela es miembro del Consejo de DDHH y por tanto «deben respetar» dicha posición.
También países como Ecuador solicitaron que se rindan cuentas a las víctimas, y se logren verdaderos actos de justicia contra estas graves violaciones de derechos humanos que podrían constituir crímenes de lesa humanidad. «Este órgano se creó para proteger y defender los derechos humanos, no es para utilizarlos como arma política. Esperamos que se logre un verdadero respeto y protección a los derechos humanos», afirmó el representante de Islas Marshall.
Mientras que la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y ONG como Cofavic, Cepaz y Provea resaltaron el aumento de las graves violaciones de los derechos humanos, así como el hostigamiento del personal humanitario y de instituciones civiles, en medio de un contexto de cuarentena debido a la pandemia del covid-19 que ha servido para «continuar la persecución a opositores».
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