Buenos días, pitaceros. La nueva ley de protección de pensiones impuesta al sector privado es un reflejo de las políticas económicas erráticas que han caracterizado al chavismo desde su llegada al poder. El traslado de los costos de malas decisiones públicas a los empresarios privados es un abuso que erosiona la competitividad y la estabilidad financiera de las empresas. Así, aunque se le quiera dar un barniz social. Ante la situación deficitaria del Estado, es preocupante que los recursos recaudados puedan desviarse de su objetivo original y no llegar directamente al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales y, peor, a los beneficiarios naturales, quienes padecen la crisis por la devaluación de su asignación desde hace más de seis años. Ante esto, la gran pregunta que queda es:
¿Será sostenible? |
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