Lesbomaternidades en Venezuela: un vacío legal que se mantiene

El Estado venezolano aún no tiene avances legales que protejan a las familias homoparentales, es por ello que existe un gran desafio para las lesbomaternidades

Maria Angela Arellano – 12/08/24

En Venezuela no existen avances en los mecanismos legales de protección para personas de la comunidad LGBTIQ+ y tampoco hay reconocimiento legal a sus familias ni a sus hijos e hijas. Esto afecta el derecho a la educación y a la salud de estas infancias, el derecho a la planificación familiar, el derecho a la igualdad sin discriminación ni subordinación alguna, tal como versa la Constitución del país. 

El 17 de mayo de 2024 el Observatorio de Violencias LGBTIQ+ publicó su segundo informe informe de Voces Contra el Prejuicio donde documentó, al menos, 461 casos de discriminación hacia las personas de la comunidad en 2023.

Ligia Peña es madre de dos niños de 10 y 12 años de edad. Además, es una mujer lesbiana merideña. “Mi proceso de ser madre siendo una persona de la comunidad LGBTIQ+ ha sido muy difícil porque he sido cuestionada de la manera como puedo criar a mis hijos y me he sentido sola, porque los prejuicios nacen desde mi entorno familiar”, dice.

De acuerdo con lo que relata Ligia, uno de los grandes retos de ser madre lesbiana en Venezuela es encontrar una un lugar en donde vivir. “Cuando convivía con mi ex pareja tuve que mudarme del sitio donde residía ya que temíamos ser juzgadas por estar compartiendo la crianza de mis hijos. Decidimos mudarnos por cuestiones de tranquilidad”, añade.

“El Estado venezolano tiene un vacío legal en materia de derechos para las personas LGBTIQ+, pero la deuda es aún más grande con las mujeres. Desprotegidas totalmente. Siendo doblemente discriminadas, por ser mujeres y por ser lesbianas y no estar adheridas a la norma de la heterosexualidad, el Estado Venezolano no les reconoce por su orientación sexual o identidad de género”, destaca Romario Sánchez, persona encargada de la dirección del Observatorio de Derechos LGBTIQ+. 

“En Venezuela aún hay muchos desafíos que enfrentan las personas de la comunidad LGBTIQ+ y es importante que se les garanticen los derechos para que puedan tener acceso a una vida digna”, comenta la ex diputada de la Asamblea Nacional Tamara Adrián, quien además es la primera mujer transgénero en tener un curul en el congreso venezolano.

A pesar de que la sentencia número 190/08  en el año 2008 de la Sala del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) no prohibe las uniones de hecho de parejas del mismo sexo, no los reconoce como una unión civil.

El abogado Yosmer Valero explicó que “las parejas heterosexuales con unión estable de hecho, según la ley de registro civil se pueden acceder a algunos derechos, y dependiendo del tribunal donde se haga el registro de esta unión al ser comprobada, la pareja tiene efectos jurídicos en cuanto a la repartición del patrimonio si ocurre una separación”.

Valero aclara que lo contrario pasa con las parejas del mismo sexo, eso aún no es posible porque el TSJ no ha aclarado el lugar que tienen las parejas del mismo sexo, por el valor diferenciado que poseen y no entran en las categorías de género que ya estan establecidas.

En 2016, el mismo TSJ emitió una sentencia que interpreta el artículo 75 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Allí explica que la jefatura de las familias pueden ejercerlas las familias homoparentales y, por ende, el Estado brindará protección sin distinción a la forma de conformación de la familia.

La decisión que tomó el organismo del Estado se encuentra en el oficio número 1425 del 05 de abril del año 2016. Allí se explica que Migdely Miranda Rondón tuvo un hijo por fecundación in vitro en Argentina con el óvulo de Ginyveth Soto Quintana. Posteriormente Soto fue asesinada y Miranda comenzó con el proceso legal para poder dejar los dos apellidos a su hijo. 

“En el fallo la Sala del Alto Juzgado establece que, en los casos de reproducción asistida donde la madre gestacional es una mujer distinta a la biológica, el niño o la niña, tiene el derecho de estar inscrito con los apellidos de sus progenitoras”, explica la sentencia del TSJ.

En primera instancia el TSJ no reconoció esta unión civil ya que sólo era legal en la República de Argentina, pero luego de una larga lucha lograron esta sentencia. 

Madre lesbiana en Venezuela, un constante temor a ser discriminada

Génesis Godoy y su hija Emma son una familia caraqueña. A diferencia de muchas personas de la comunidad LGBTIQ+, Génesis ha contado con el apoyo de su mamá. Ella estuvo allí para ella cuando le contó sobre su orientación sexual a los 14 años.  A medida que pasó el tiempo, el lazo entre madre e hija se hacía más profundo, al punto en el que Génesis le presentaba a sus parejas.

No pasó de la misma manera con el resto de su familia. A algunos les costó aceptarla, empezando por su papá, pero eso con el pasar del tiempo cambió. 

Mientras esto pasaba, Génesis se cuestionaba sobre qué era lo correcto y qué no. Dice que al no contar con referentes de la comunidad LGBTIQ+, su simple existencia le hacía sentir culpable y la sociedad seguía sosteniendo muchísimos prejuicios.

A los 18 años llegó Emma a su vida.  Ella insiste que la ha formado con amor, empatía, respeto, seguridad, y dice que los resultados han sido muy positivos.  Dice que siempre le enseñó de una manera que pueda entender las cosas. Por supuesto, ha tenido el acompañamiento de su madre en el proceso de crianza de su hija y eso ha sido muy positivo.

Por otra parte, su padre quién en un principio no estaba de acuerdo con su orientación sexual, poco a poco fue cambiando esa forma de pensar y con la llegada de Emma, la relación con Génesis se fortaleció y comenzó a llevarse bien con la pareja de su hija. 

“Emma ya está creciendo y tengo que tener conversaciones profundas con ella donde le explico sobre la homofobia. Le digo lo malo que es burlarse de eso, y ella lo entiende”, explica. 

Génesis aclara que le gustaría tener hijos con su pareja actual, pero se le detiene el saber que la sociedad venezolanas refuerza muchos los estereotipos de género y que mujeres lesbianas tienden a sufrir discriminación. Actualmente teme sentirse expuesta por mostrarse abiertamente como lesbiana en la vida escolar de su hija, pues no quiere terminar siendo discriminada ella, ni mucho menos Emma.

También le preocupa que el vacío legal del Estado es grande y afecta de manera significativa a las familias homoparentales que no tienen acceso a ningún respaldo legal si algo pasa. 

En este sentido, el Observatorio de Violencias LGBTIQ+ explica en su informe del año 2023, que se tiene la necesidad de que se legalice el matrimonio igualitario y la crianza homoparental en el país. 

En el año 2015, 12 entidades de las Naciones Unidas emitieron una Declaración Conjunta y exhorta a los Estados a actuar urgentemente para acabar con la violencia y la discriminación contra los adultos, adolescentes y niños LGBTIQ+.

“La Declaración señala que el hecho de no respetar los derechos humanos de las personas LGBTI y de no protegerlas frente a la violencia y la discriminación supone una grave violación de las normas internacionales en materia de derechos humanos”, reseñó ONU.

Prejuicios persisten en la cocrianza lésbica en Venezuela

Carolina y Teresa son dos mujeres venezolanas que tuvieron una hija a través de un tratamiento de reproducción asistida en el año 2012 en una clínica de Caracas. Así lo afirma Sánchez, del Observatorio de Violencias LGBTIQ+.

Sánchez explica que la niña fue registrada únicamente con los datos de la madre gestante. Aclara que se hizo de esa forma debido a que en Venezuela no reconocen a las familias homoparentales, ni los derechos de los/as niños/as a ser registrados/as con su doble filiación materna. 

“Estas madres decidieron irse a Colombia a intentar conseguir consolidar su familia, y que su hija tuviera los apellidos de ambas madres. Después de pasar por mucho trabajo en el país para conseguir esto, contando con la ayuda de la organización «Colombia Diversas»,  después de años de lucha, lo consiguieron”, dice.

Otro caso que se debe señalar fue la ardua lucha de la escritora Nacarid Portal y su pareja Yoittlin Arias que lograron obtener los dos apellidos para sus dos hijos en los pasaportes venezolanos esto sucedió en junio de 2023. 

Aunque fue un gran avance, y Portal expresó su felicidad, a pesar de tener la sentencia vinculante  el 2016 que hacia legal la partida de nacimiento de sus dos hijos, de igual forma realizó una demanda con el acompañamiento de dos abogados para obtener la identidad de los bebés en los pasaportes y aclarar las confusiones en cuanto al registro de las partidas de nacimiento. 

“Le doy gracias a la Sala de Casación del TSJ porque al final si pudimos hacer justicia y mis hijos ya tienen su identidad en la partida de nacimiento y en sus pasaportes”, dice en el vídeo la escritora. 

 Pese a esto, aún no existen garantías legales que permitan el matrimonio igualitario  o las uniones de hecho de parejas del mismo sexo en Venezuela. 

“El TSJ ha emitido algunas sentencias, como la del año 2008 y la del 2016 mencionadas con anterioridad, pero eso no significa que se haya marcado un precedente legal para reconocer a las familias homoparentales en el país su lucha sigue y cada día es más latente para que se puedan garantizar los derechos de las mamás, los papás y los hijos de estas familias”, dice Sánchez.

El matrimonio igualitario en Latinoamérica

Según cifras de una investigación de la Revista Repertorio de Medicina y Cirugía, el matrimonio igualitario es legal en más de 20 países de Europa y aquí en América Estados Unidos lleva la delantera. Lo contrario sucede con Latinoamérica ya que al menos solo cinco países es una ley el matrimonio entre parejas del mismo sexo. 

“En esta dinámica fue Argentina quien tomó la iniciativa, aprobando por primera vez la unión formal de dos personas homosexuales, ley vigente a lo largo de todo el territorio nacional. Esto fue el resultado de una reapertura democrática luego de una lucha incansable dada desde el 2000, basada en el ejemplo del continente europeo donde estas leyes reivindicatorias comenzaron a emitirse desde los años 90”, documentó la investigación.

Dentro de los análisis de esta investigación destaca el caso de México, porque en el país solo se ha logrado instaurar la ley del matrimonio igualitario en la ciudad de México, lo que merece especial reconocimiento dado que las representaciones sociales predominantes al interior de su cultura están impregnadas de “machismo” y expectativas de familia binaria.

En el caso de las mujeres, según este estudio tienen cuatro vias para acceder a la maternidad siendo LGBTIQ+, la primera son los hijos de esas parejas que tuvieron con hombres heterosexuales y luego a medida del tiempo comparten la crianza con su pareja del mismo sexo, la segunda opción es la reproducción asistida (método ropa, inseminación artificial o fecundación in vitro), la tercera la adopción y por último la inseminación artesanal. 

Por su parte, la investigación de la revista latinoamericana de Sexualidad, Salud y Sociedad explicó en su artículo que “el mayor cuestionamiento hacia las familias homoparentales existe a través de los sistemas culturales, religioso y legales, consideran que no tienen aptitudes parentales.”

Eva Rotenberg psicologa, miembro titular de la Asociación Psicoanalítica de Argentina, en un estudio sobre el tema en 2014 comentó que la parentalidad no tiene que ser desempeñada por algún sexo biológico en particular ni por los padres biológicos de ese niño, debido a que ser padres o madres no son atributos que se heredan o que se desarrollan en una persona y no en otras.

Las Naciones Unidas (ONU) a lo largo de varios años ha realizado campañas, publicado resoluciones y declaraciones conjuntas  convocando a todos los Estados que la conforman a actuar sobre las violencias que padecen las personas de la comunidad LGBTIQ+ en el mundo. 

“Nos sigue preocupando gravemente que en todo el mundo, millones de personas LGBTIQ, las que son percibidas como LGBTIQ y sus familias, sean víctimas de violaciones generalizadas de sus derechos humanos. Esta situación es alarmante y es por ello que deben tomarse medidas al respecto”, concluyó ONU.