Mujeres víctimas de violencia pierden confianza en instituciones públicas de Anzoátegui

 

Cerca de 100 denuncias semanales atienden cuerpos de seguridad e investigaciones del estado Anzoátegui por actos violatorios de los derechos de la mujer,  y pocas son las víctimas que reciben respuesta inmediata, según expertos

 

Giovanna Pellicani – 19/07/24

Dos órdenes de alejamiento no han sido suficiente para frenar el acoso que enfrenta la traumatóloga Diana Malavé por parte de su ex pareja, el abogado Luis Rodríguez.

A sus 32 años de edad, la traumatóloga contabiliza tres años consecutivos de persecución y hostigamiento, protagonizado por el padre de sus dos hijos, de siete y nueve años de edad. Hasta ahora no ha logrado respuesta inmediata de las autoridades policiales y de investigación en la zona norte del estado Anzoátegui. Esta situación le provoca daños emocionales y sociales.  

Diana ya perdió la cuenta de cuántas veces se ha tenido que encargar del envío de una citación a su ex pareja. 

“Todo comenzó un 28 de enero, cuando el padre de mis hijos me hizo una escena de celos durante una reunión familiar, en la que compartí con un grupo de conocidos y bailé con uno de mis compadres. Desde ese día tenía prohibido hablar con hombres, salir con mis amigas a solas y compartir tragos sociales si no estaba él, si lo hacía era una regalada”, recuerda Malavé.

Ella asegura que nunca ha recibido una golpiza de su ex pareja, pero confiesa que hubiese preferido una agresión física a enfrentar tantos años de violencia psicológica y verbal.

Según el artículo 39 de la Ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia: Quien mediante tratos humillantes y vejatorios, ofensas, aislamiento, vigilancia permanente, comparaciones destructivas o amenazas genéricas constantes, atente contra la estabilidad emocional o psíquica de la mujer, será sancionado con prisión de seis a dieciocho meses.

Con cuatro años de experiencia en el área de traumatología del Hospital Luis Razetti de Barcelona y dos años ofreciendo consultas privadas en una reconocida clínica de Barcelona, capital del estado, pudo lograr su independencia económica, lo que considera generó mayor incomodidad en su expareja.

“Él dejó de trabajar, comenzó a quedarse en casa para supervisar mis horas de entrada y salida a la casa,  luego comenzó a perseguirme. El amor fue muriendo hasta que se acabó; le dije que ya no sentía nada por él y quería separarme y fue peor porque su conducta se volvió obsesiva y angustiante”, indicó la mujer.

Gritos de auxilio silenciados

Diana vivía en la parte alta de Puerto La Cruz, en un apartamento que logró adquirir bajo la modalidad de Ley de Política Habitacional, pero tuvo que mudarse porque su expareja entraba y salía de la casa las veces que le  apetecía y se sentía indefensa.

“Ya cuando me sentí acosada, cuando vi que comenzaba a humillarme y a mal ponerme con todos mis allegados decidí acudir a la Unidad de atención a la víctima de Polisotillo. Todo iba bien, hasta que lo hicieron firmar una caución. Luego, me dijeron que debía esperar que el caso llegara a la fiscalía correspondiente del Ministerio Público para solicitar una orden de protección”, detalló.

Sus ojos delatan la angustia que, asegura, vive a diario. Luego de acudir a la Fiscalía N° 13, encargada de atender casos de violencia de género en el Ministerio Público de Anzoátegui, Diana sufrió en carne propia “el desinterés” de las autoridades policiales del estado.

Fue interceptada en tres oportunidades por Luis, quien le suplicó que retomaran su relación, pero ella se negaba. Cada vez que llamaba a los funcionarios policiales para que detuvieran a su expareja estos le preguntaban si había sido agredida y al responder que “no” le pedían que regresara al cuerpo de seguridad para que pusiera de nuevo la denuncia.

“Luis firmó tres cauciones y hasta ahora no atiende el llamado de los funcionarios. Aparece, me amenaza con no dejarme rehacer mi vida y, luego, se pierde por un tiempo. Cuando fui nuevamente al Ministerio Público me indicaron que a los seis meses vence la orden de alejamiento y que debe ocurrir otro hecho de violencia, para activar esta medida de protección que hasta ahora no me ha servido de nada”, contó mientras su rostro denotaba desesperación.

Riesgosa actuación

Ella desconoce a qué otras instituciones puede acudir para actuar en defensa de sus derechos y las veces que ha ido a poner una denuncia le piden que haga llegar la citación a su expareja, pero ella ya no sabe dónde vive y tampoco cómo hacer llegar dicho documento, para que la Fiscal encargada pueda imponer otra orden de alejamiento.

“Tampoco han hecho nada para arrestarlo. Sólo me aclaran que puede ir preso si me agrede físicamente. Entonces será que debo esperar que me agreda  o me mate para que puedan hacer algo al respecto”, denunció.

La profesional de la salud tiene ocho meses a la espera de su cita para ser evaluada por un psicólogo forense y su posición económica no le ha permitido contratar un abogado para que la ayude a agilizar su caso. 

La Ley Orgánica Sobre el Derecho de la Mujer a una Vida Libre de Violencia tiene por objetivo promover el derecho de las mujeres, creando condiciones para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en cualquiera de sus manifestaciones, pero ello no le ha sido garantizado a Diana.

A 17 años después de la promulgación de dicha Ley, en Anzoátegui no se ha dado cumplimiento al artículo 2 que establece que el Estado debe fortalecer las políticas públicas para prevenir la violencia contra las mujeres y erradicar la discriminación de género.

Se ha perdido la confianza

Diana recuerda que la primera vez que acudió a la Fiscalía de Violencia de Género, ubicada en el piso 5 del edificio del Ministerio Público en Puerto La Cruz, junto a ella esperaban 17 mujeres y la última vez que fue era la número tres y última de la lista para atención ese día, pero cada vez que acude asegura observar menor cantidad de víctimas y mayor número de quejas.

“Se nota que han perdido la confianza en la fiscalía y en todos lados porque siempre que voy y converso con otras víctimas solo escucho quejas de la actuación de los mismos, parece que han perdido el amor por sus funciones y trabajan por salir del paso. Conocí a una víctima que ha acudido más de ocho veces porque su expediente se extravió”, aseguró.

En el artículo 15 de la Ley citada anteriormente se reconocen 19 formas de violencia de género contra las mujeres, pero parece que a Diana no le han identificado el primero para tomar acciones en contra del victimario, pues hasta ahora no recibe ningún tipo de respuesta a su caso y mientras esto ocurre la mujer de 32 años de edad asegura que sus hijos padecen las consecuencias de todo el tiempo que su madre ha perdido pidiendo auxilio a las autoridades y que aún no obtiene respuesta.

“Mis hijos han perdido clases porque yo debo pasar el día entero en la fiscalía a la espera de que me atiendan, sufren porque su mamá ahora está ausente y porque me ven llorando a cántaros a cada rato”, relató.

Defensa necesaria

Helena Paiola es otra de las víctimas de violencia de género contra la mujer en el estado Anzoátegui. Luego de buscar defensa por cuatro años consecutivos, logró contratar a un abogado privado que se encarga de hacer seguimiento al caso y de actuar en su defensa.

“Pero a qué costo he logrado un poco de seguridad. Por cada actuación y defensa el abogado me cobra $50 dólares y me he desangrado económicamente. Por lo menos dos veces por mes debo pagar esa cantidad de dinero”, expresó la contadora de 40 años de edad.

Al visitar el pasillo de espera de la Fiscalía 16 del Ministerio Público donde aguardan las mujeres que han sido víctimas de violencia de género, el equipo de Mujeres Constructoras de Paz pudo constatar que, además del descontento entre las víctimas, el lugar no es cómodo para hacer largas esperas, hasta de cinco horas, pues no tiene ventilación.

De las cinco mujeres que esperaban para ser atendidas, tres de ellas estaban ahí por segunda, tercera y cuarta vez para buscar respuesta a sus denuncias y resguardo policial; sin embargo, en sus rostros dejan ver cansancio, impotencia y angustia.

Voceros del Ministerio Público, que no quisieron revelar sus nombres por temor a sanciones administrativas, aseguran que las listas de víctimas a diario no superan las 10 personas por cada delito, mientras que en los cuerpos de seguridad municipales y del estado revelan que 12 de cada 20 casos que atienden al día en las unidades para la víctima, son remitidos al Ministerio Público.

Riesgo latente

Frente a la opacidad que aseguran Diana y Helena han observado en los cuerpos de seguridad e investigaciones del estado, sienten temor a engrosar la lista de femicidios que, durante el primer trimestre de 2024 fueron 95 víctimas, según la organización Utopix.

Ambas víctimas aseguran que a pesar de que la Ley Orgánica Sobre el Derecho de la Mujer a una Vida Libre de Violencia establece la defensa, acompañamiento y resguardo de sus derechos, además de penas para los victimarios, en ninguno de los casos lo han aplicado.

“Tiene que existir violencia física continua para que las autoridades puedan hacer algo y, sin embargo, primero apuestan a la conciliación o cauciones de alejamientos que no sirven de nada”, asegura Diana.

Atención a la víctima

El psicólogo Ronael Méndez asegura que pese a la gravedad de los daños y consecuencias psicológicas que representa la violencia basada en género (VBG) contra la mujer, en el estado Anzoátegui no existe una unidad de atención, orientación y acompañamiento psicológico de la víctima, y los que están disponibles en despachos autorizados están condicionados a tiempos irreales que exponen a quienes acuden en la búsqueda de ayuda.

Muestra de ello es Diana, quien tiene ocho meses a la espera de una evaluación psicológica que le ayude a determinar las consecuencias de estar sometida a continuos ataques y persecuciones de su expareja.

Méndez explica que 80 % de las mujeres víctimas de violencia de género presentan problemas de control de ansiedad, trastorno de sueño, problemas de alimentación y hasta riesgos de suicidios.

“Por medio de la amenaza, intimidación, manipulación, humillación o cualquier acto que ponga en riesgo la salud mental de la mujer, el victimario intenta minimizarla hasta verla reducida en el temor y angustia”, resalta el experto.

El experto en psicología asegura que ha participado en conferencias de violencia de género y conformado equipos de trabajo para identificar debilidades del sistema de justicia en el estado Anzoátegui, y en las intervenciones de otros colegas ha podido contabilizar e identificar que en la entidad se registran cerca de 100 denuncias de violación de los derechos de la mujer cada semana y que sólo 8  % de los casos más graves obtienen respuesta inmediata.

Con 22 años de experiencia, Méndez asegura que pese a la reforma de la Ley orgánica sobre el derecho de la mujer a una vida libre de violencia, “el Estado ha sido incapaz de brindar acompañamiento a las víctimas y sólo ha apostado a ocultar las cifras rojas que dejan en evidencia la falta de políticas públicas que beneficien a la sociedad”.

“He sido testigo de cómo algunas mujeres que buscan defensa en las instituciones del estado y no consiguen ningún tipo de sanción para los victimarios, han terminado incluso con presentar alteraciones en el proceso del lenguaje y memoria, pero nada de esto es evaluado por los expertos que asignan en estos departamentos que se supone deben actuar en defensa de los derechos de la mujer”, explicó.

Indica que las mujeres víctimas de violencia psicológica, física o verbal pueden terminar sintiéndose culpables de los hechos que cometen sus victimarios e, incluso, permitir la continuidad de algunos abusos en su contra para alcanzar la “paz mental”.

Diana Malavé hoy pide justicia frente a tantas humillaciones a las que asegura ha sido sometida por las instituciones que se suponen deben actuar en defensa de sus derechos, y solicita al Gobierno central revisar las direcciones de los cuerpos de seguridad e investigaciones, encargados de atender la violencia de género en el estado Anzoátegui y considera que lo mismo ocurre en otras regiones del país.

“No se sientan culpables, reconozcan que como mujeres tienen derecho a ser respetadas y aprendan a conocer sus derechos para que puedan actuar en defensa de ellos”, es el mensaje del psicólogo Ronael Méndez a las mujeres víctimas de violencia en el estado Anzoátegui.

Disolución de concubinatos

Incluso en las prefecturas municipales, como lo es la que está ubicada en el sector Pozuelos de Puerto La Cruz, parte alta del municipio Sotillo, al norte del estado, para solicitar la disolución de la unión estable de hechos, a la que algunas conocen como acta de concubinato, la víctima debe velar por la entrega de dos citaciones al victimario y esperar seis días hábiles por cada una hasta cumplir con un proceso que supera el mes, asistiendo continuamente para que pueda ser anulada la carta de concubinato.

Y quién mejor para ser testigo de dicha exposición y revictimización que Lorena Rosas. Ella no ha podido anular su acta de concubinato porque se extravió una de las citaciones entregadas y el prefecto le informó que hasta que no apareciera no podría continuar con el proceso.

“Me pidieron que la hiciera llegar con algún funcionario, me entregaron dos citaciones originales, mi ex pareja debía firmar las dos y una de ellas debía regresar a las manos del prefecto, como se extravió no puedo seguir el proceso y no existe una solución al respecto. Él no asiste a la cita y yo pierdo mi tiempo, entonces me arriesgo a que por estar en ese seguimiento me pueda denunciar él a mi o me pueda agredir y, seguramente, nadie hará nada al respecto”, resaltó el ama de casa quien aún no encuentra solución a su caso.

Por ahora, en el estado Anzoátegui sólo se ha dado a conocer el programa de Mujeres Constructoras de Paz, cuyos equipos trabajan en las zonas centro y sur de la entidad, de resto no existen organizaciones que trabajen directamente en materia de violencia de género, por lo que muchas mujeres víctimas desconocen a dónde acudir.

Las mujeres víctimas de violencia de género del estado Anzoátegui acuden a las policías municipales, de estado, al Cuerpo de Investigaciones CIentíficas Penales y Criminalísticas, además del Ministerio Público, pero en todas estas instituciones se deben encargar de enviar las citaciones y hacer seguimiento a la misma hasta que llegue el recibido de vuelta al cuerpo policial o detectivesco. En medio de ese camino pierden la confianza y se cansan del sistema que debe protegerlas.