LA REPRESIÓN POSTELECTORAL
.
La
represión contra los adversarios de
la narcodictadura comenzó desde el 29 de julio, cuando el pueblo de manera espontánea, en el uso del derecho constitucional de manifestar, se
lanzó a las calles de las principales
ciudades del país para protestar por la proclamación tramposa que
hiciera el presidente del Consejo Nacional Electoral, Elvis Hidrobo Amoroso del
candidato perdedor por más de 30%, Nicolás Maduro, quien puso en práctica, lo
que los especialistas llaman terrorismo de Estado procediendo a la persecución y
detención de los testigos de mesa, mujeres, niños y adolescentes, periodistas,
activistas políticos y sociales, discapacitados y ancianos.
(El Dato
Más de 60 políticos,18 periodistas y cinco
defensores de DDHH detenidos tras dos meses del #28J. La Patilla,
30-9-2024)
De esa forma, con el contubernio del
ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, que tiene en su poder las actas
de escrutinio, y directores de los cuerpos civiles y militares, hizo realidad
su funesta amenaza de un baño de sangre en el país si perdía las elecciones. Hasta
el 14 de agosto, según el fiscal del terror de la narcodictadura, Tarek William
Saab. la violencia postelecciones presidenciales, había dejado como saldo 25
muertes y 192 heridos, atribuibles por el servil funcionario del régimen a la
Plataforma de Unidad Democrática y no a la Guardia Nacional, colectivos, el
Sebin, y la DGCIM, responsables de tales actos de violencia criminal.
El Presidente Electo, doctor Edmundo
González, perseguido del régimen, tuvo que refugiarse, para salvaguardar su
vida, primero en la Embajada de los Países Bajos, y luego en la de España, de
donde salió deportado hacia Madrid, luego de ser coaccionado por Delcy
Rodríguez, vicepresidente ejecutiva, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea
Nacional, Eudoro González y el sicario político de la narcodictadura, José
Luis Rodríguez Zapatero.
En tal perverso propósito utilizaron
el Sippenhaft, un concepto jurídico
establecido durante el régimen nazi de Adolfo Hitler, egún el cual, un acusado
de supuestos crímenes políticos extendía automáticamente su responsabilidad
penal, en igual medida, hacia sus familiares, de modo que los mismos, eran
considerados igualmente culpables, arrestados; y, en algunos casos, también
condenados a muerte.
Desde siempre, los cuerpos
represivos de la narcodictadura han empleado el Sippenhaft, superado en
crueldad, ya que se extiende a amigos de los perseguidos, si tienen la mala
fortuna de encontrarse en el sitio donde estos van a detenerlos y no están.
Los ejemplos de tales
arbitrariedades abundan. El 10 de
febrero de 2024 se produjo la detención, en el Aeropuerto Internacional Simón
Bolívar de Maiquetía de Rocío San Miguel, directora de la ONG Control
Ciudadano. Con ella fueron detenidos dos hermanos, su exesposo, y el padre de su hija.
Entre tanto, el ministro del
Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, ha anunciado la operación represiva
denominada “Tun Tun” para privar de libertad a los adversarios de la
narcodictadura.
Sus primeras víctimas fueron Milciades Ávila y Edwin Moya, miembros del equipo de seguridad de María
Corina Machado, secuestrados el 29 de
septiembre por efectivos de las fuerzas represivas del régimen,
Al respecto el medio norteamericano El
Nuevo Herald reseñó:
-La oposición venezolana denunció
este domingo la detención de dos miembros del equipo de seguridad de la líder María
Corina Machado, entre ellos, su “jefe de protección”, Milciades Ávila, quien ya
había sido encarcelado el pasado 17 de julio y liberado 36 horas después, con
medidas cautelares. Edwin Moya “afirmó el Comité de Derechos Humanos del
partido Vente Venezuela (VV), formación que lidera Machado, en la red social X.
El comité indicó que desconoce el paradero de Ávila y Moya, por lo que exigió
saber dónde están y su “libertad inmediata”.
El medio adicionó:
-“Esta nueva arremetida forma parte
del falso expediente armado por el oficialismo contra toda la disidencia
política y ocurre justo después de declaraciones recientes de los propios
voceros del régimen sobre la supuesta huida de Machado del país”, añadió.
Sostuvo que se trata, “una vez más, de un escenario de desinformación para
cercar aún más a la dirigente y desmoralizar al país”. Entretanto, la
presidenta del partido político Primero Justicia (PJ), María Beatriz Martínez,
dijo que estas detenciones no cambian “la verdad que pretenden callar”. “Hace
dos meses ganamos limpiamente las elecciones, el mundo lo sabe y con la
represión y la persecución, (Nicolás) Maduro solo logra hundirse más”, añadió
en X, pese a que el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó como ganador de
las presidenciales del 28 de julio al mandatario. Igualmente, el exdiputado
Juan Pablo Guanipa indicó, en la misma red social, que Ávila y Moya son “dos
venezolanos comprometidos con su país que no deben estar ni un segundo bajo
secuestro”. El pasado 17 de julio, Ávila fue detenido cuando se encontraba en
su vivienda, según informó entonces Vente Venezuela. El jefe de seguridad de
Machado fue liberado tras más de 36 horas detenido, con una “medida cautelar de
presentación en el tribunal” cada 30 días, de acuerdo a la información de la
exdiputada. El sábado, Maduro aseguró que Machado se está preparando para irse
de la nación caribeña, porque -dijo- los antichavistas “son cobardes”. “Hoy les
digo, la supuesta abeja reina se quedó sin abeja y está preparando maletas
Gucci (…) ella sabe lo que yo estoy diciendo y ‘La Sayona’ (en alusión a
Machado) se está preparando para irse, compadre, también lo estoy diciendo, son
cobardes”, dijo el mandatario en la manifestación convocada para celebrar su
controvertida reelección en el estado La Guaira (norte).
Por su parte, el Comité de Derechos Humanos del partido Vente
Venezuela, denunció en la red social X. la detención de dos
miembros del equipo de seguridad de la líder política María Corina Machado, Milciades Ávila y Edwin
Moya, quienes fueron secuestrados este
fin de semana por efectivos de las fuerzas represivas del régimen El La fuente comité indicó que desconoce el paradero de Ávila y Moya,
por lo que exigió saber dónde están y su «libertad inmediata.
-Esta
nueva arremetida forma –explicó la nota- parte del falso expediente armado por
el oficialismo contra toda la disidencia política. Y ocurre justo después de
declaraciones recientes de los propios voceros del régimen sobre la supuesta huida de Machado del país.
El
30 de septiembre la ONG Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos
Humanos (PROVEA) aseguró que las elecciones presidenciales del pasado 28 de
julio, en las que el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó como ganador a
Nicolás Maduro, fueron empañadas por una “escalada de graves abusos” por parte
-dijo- de las autoridades de la nación.
El
portal AlNavío refirió al respecto:
-“El proceso electoral del 28 de
julio debía servir para abrir el camino hacia
el rescate de la democracia y la reinstitucionalización del país,
fue empañado por una escalada de graves abusos por parte de las autoridades
venezolanas”, indicó la organización en un mensaje publicado en X.
Asimismo, dijo que las autoridades
de la nación tuvieron como objetivo “torcer la voluntad popular y aplastar el
descontento de las grandes mayorías”.
Y agregó:
-Tras
la proclamación de Maduro como el ganador de las presidenciales en Venezuela,
la oposición mayoritaria, agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD),
denunció fraude electoral, lo que desencadenó protestas masivas contra el
resultado oficial, que dejaron
25 muertos y más de 2.400 detenidos, según las autoridades.
La
PUD justifica la victoria de su abanderado, Edmundo González Urrutia, con base
al “83,5 % de las actas electorales” que afirma haber reunido a través de
testigos y miembros de mesa, y que, posteriormente, fueron divulgadas en una
página web, documentos que el Gobierno tacha de “falsos”.
También
señaló:
-El
pasado 17 de septiembre, la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU
para Venezuela reveló que pudo confirmar que en los primeros días de las
protestas por el resultado oficial de las presidenciales, al menos, 158 niños fueron detenidos y que algunos
de estos sufrían discapacidad y fueron acusados de delitos graves,
como terrorismo o incitación al odio.
“Este
fenómeno es algo nuevo y extremadamente preocupante”, sostuvo la presidenta de
la Misión, Marta Valiñas, en comentarios a la prensa durante la presentación
del último informe que su equipo elaboró sobre la situación en Venezuela en el
último año.
“No
solo no ha habido mejoras (en derechos humanos), sino que las violaciones se
han intensificado, alcanzando niveles de violencia sin precedentes en el
contexto postelectoral”, recalcó.
En la
misma fecha, el portal 800 Noticias,
con información de TalCual, reportó:
-Cinco de los 68 adolescentes que
permanecen detenidos por las protestas poselectorales fueron pasados a juicio
durante el fin de semana por tribunales con competencia en terrorismo, según
denuncias de familiares y la ONG Una Ventana a la Libertad.
Y
añadió:
-Uno
de ellos es Diomer Gómez, de 17 años de edad, quien se encuentra detenido en la
Unidad de Atención Ciudad Caracas, ubicado en El Cementerio. Otros cuatro están
privados de libertad en el centro de coordinación policial de la urbanización
Juan José de Maya de San Felipe, Estado Yaracuy.
En
el caso de Gómez, sus familiares se enteraron de la audiencia preliminar, que
se hizo pasadas las 9:30 p.m, luego de que el abogado defensor pudo comunicarse
con ellos, por lo que no estuvo acompañado de un representante como lo estipula
la ley.
Ahora,
señaló una de sus hermanas, deben esperar a conocer cuándo iniciará el juicio.
Diomer Gómez fue acusado de los presuntos delitos de terrorismo, incitación al
odio y hurto calificado. «El expediente claramente dice que no existen pruebas,
pero a través de una jurisprudencia la Fiscalía dice que se tiene que ir a
juicio para ellos buscar la prueba. ¿Eso es justo? ¿Más de 50 días detenido y
aún la Fiscalía no tiene pruebas?», reclamó su hermana Dionexis García en días
pasados.
También
señaló:
-La
ONG Una Ventana a la Libertad informó que otros cuatro adolescentes señalados
de participar en las protestas poselectorales en San Felipe fueron enviados a
juicio el jueves 28. Este grupo fue detenido el 30 de julio en Boraure,
municipio La Trinidad, tras ser señalados de haber participado un día antes en
una manifestación en el sector Las Tapias, en la capital de Yaracuy.
En
la audiencia del pasado jueves la fiscalía les ofreció admitir los hechos y otorgarles
así un beneficio procesal, pero los jóvenes se negaron, destacó la organización
en una nota de prensa.
Por
su parte, la ONG Justicia, Encuentro y Perdón también denunció que un grupo de
adolescentes detenidos en la ciudad de Valencia, Estado Carabobo, estaba siendo
presionado para admitir delitos que no han cometido. Recordó además que
cualquier declaración obtenida bajo coacción carece de validez legal.
El 12
de agosto 2024 Noticias ONU reportó:
-El Gobierno debe investigar las
violaciones de las garantías fundamentales que han ocurrido en el marco de las
protestas relacionadas con las elecciones presidenciales de julio pasado, dice
el grupo establecido por el máximo órgano de derechos humanos la ONU.
Tras los comicios presidenciales del
28 de julio pasado en Venezuela, en las que las autoridades electorales
declararon vencedor al actual mandatario Nicolás Maduro, se suscitó una serie
de movilizaciones de protesta, tanto en las calles de todo el país como en las
redes sociales, a las que el Gobierno ha respondido con represión, según la
Misión de Determinación de los Hechos en ese país*, nombrada por el Consejo de
Derechos Humanos de la ONU.
La
Misión, conformada por expertos independientes, emitió un comunicado este lunes
exigiendo a las autoridades venezolanas a detener inmediatamente la represión e
“investigar a fondo la avalancha de graves violaciones a los derechos humanos
que están ocurriendo”.
Luego
indicó:
-De acuerdo con los expertos, el
Estado ha creado un clima de temor generalizado que ha dado lugar a 23 muertes
documentadas entre el 28 de julio y el 8 de agosto, la mayoría de ellas por
disparos de armas de fuego. En 18 casos, las víctimas fueron hombres de menos
de 30 años.
La presidenta de la Misión, Marta
Valiñas, dijo que las denuncias deben investigarse y que, de confirmarse un
abuso de la fuerza por los cuerpos de seguridad o de civiles armados
progubernamentales, debe haber rendición de cuentas.
Los datos de los expertos, obtenidos
del análisis de informes de organizaciones defensoras de los derechos humanos
señalan que después de la elección fueron detenidos al menos 1260 personas,
incluidas 160 mujeres.
La mayor parte de las detenciones se
produjeron en el Distrito Capital, 18%; seguido de los estados de Carabobo,
16%; y Anzoátegui, 9%.
Los números proporcionados por el
Fiscal General de la República elevan aún más a cifra al reportar 2200
detenidos de manera indiscriminada, con la calificación de “terroristas”.
Entre las personas detenidas se
cuentan dirigentes, miembros y simpatizantes de partidos políticos, periodistas
y defensores de derechos humanos, considerados o percibidos como opositores por
las autoridades.
Después especificó:
-Los expertos argumentaron que la
gran mayoría de las personas detenidas simplemente manifestaron su rechazo al
resultado de la elección presidencial anunciado por las autoridades y
detallaron que muchas de las detenciones ocurrieron después de que esas
personas participaran en protestas o expresaran sus opiniones en redes
sociales, cuando las autoridades fueron a buscarlas a sus casas.
Además, informaron tener denuncias
de detenciones de más de cien niños, niñas y adolescentes imputados por los
mismos crímenes graves que los adultos. Esos menores de edad no cuentan con la
presencia de sus padres, madres o tutores durante las actuaciones judiciales.
Igualmente señaló:
-La Misión reclama con firmeza la
obligación de garantizar que los niños, niñas y adolescentes detenidos sean
tratados con estricto apego a las normas internacionales de protección de la
niñez, respetando su interés superior”, declaró Francisco Cox, integrante del
grupo.
Los especialistas sostuvieron que
las características de las detenciones indican que se trata de detenciones
arbitrarias y que violan el debido proceso, dejando a los afectados desprotegidos
ante el sistema de justicia.
Apoyaron esta afirmación citando
audiencias telemáticas sumarias, llevadas a cabo por los Tribunales con
competencia en terrorismo de Caracas, aunque los hechos hubieran ocurrido en
otro lugar; la imputación de graves cargos penales como terrorismo,
conspiración y delitos de odio, sin una base probatoria que lo fundamente o
aplicados de forma desproporcionada; la negación de información a familiares o
información tardía e incompleta; o los impedimentos para el nombramiento de
abogados de confianza de las personas detenidas.
En este sentido, la Misión recalcó
que todas las personas detenidas bajo esas condiciones deben ser liberadas
inmediatamente.
Otra
de las integrantes, Patricia Tappatá, declaró:
-Las autoridades tienen que respetar
de manera irrestricta las normas internacionales sobre el debido proceso y
sobre las condiciones de detención, usando los canales formales para
comunicarse con los familiares”, subrayó otra de las integrantes.
El 9
de septiembre de 2024 Roberto Macedonio Vega, de Euronews, reportó:
-En su guerra contra Elon Musk, ha decidido anular la plataforma en el
país durante 10 días. Expertos consultados por 'Euronews' aseguran que lo hace
para evitar que se difundan imágenes de la represión y las protestas previsas
para los próximos días.
Siguen la
represión y las violaciones de
derechos humanos en Venezuela dos semanas después de las elecciones
del 28 de julio que dieron la 'victoria' oficialista a Nicolás Maduro, pese a que
las actas de los colegios
electorales, publicadas por la oposición, indican lo contrario.
Organizaciones
como Foro
Penal denuncian una situación
límite en el país, sumido en protestas contra el fraude electoral reconocido ya por el Centro
Carter, al que Maduro acusa de incitar "un golpe de Estado" e incluso por otros Gobiernos de izquierdas como el del chileno Javier
Boric.
Luego indicó:
-Según el último recuento de víctimas de Foro Penal, en
Venezuela se han producido 1.263 arrestos arbitrarios, 114 de los detenidos serían menores de edad.
La
cifra sería aún mayor según Amnistía Internacional,
que habla de más de 2.000 detenidos "por
ser críticos con el Gobierno", algo de lo que ha presumido el propio
Maduro.
Amnistía
Internacional ha publicado un informe en el que denuncian la existencia
de "torturas, muertes y uso
excesivo de la fuerza" con el fin de "silenciar la disidencia
y la protesta".
La misión
de Determinación de los Hechos de la ONU así como
la Fiscalía
de la Corte Penal Internacional consideran,
además, que estos hechos "cometidos en Venezuela parecen constituir crímenes de lesa humanidad".
El
día 24 del mismo mes y año miembros del
G7 reunidos al
margen de la 79 Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas exigieron
poner fin a la violación de los derechos humanos en Venezuela por parte de los
cuerpos represivos del régimen dictatorial de Nicolás Maduro.
La
periodista Janet Zoila Yucra Maguiña,
del portal Ipacto Venezuela, reseñó
al respecto:
-Los ministros de Exteriores del G7
reunidos al margen de la Asamblea General de la ONU en Nueva York pidieron este
martes a las autoridades de Venezuela “poner fin las violaciones de los
derechos humanos” y expresaron su indignación por la orden de detención y las
amenazas al que ha sido candidato de la oposición en las recientes elecciones,
Edmundo González.
En una declaración del ministro de
Exteriores italiano, Antonio Tajani, como representante
de turno del G7, se expresó la “profunda preocupación por la situación en
Venezuela, tras la votación del 28 de julio” y se .enfatizó que la victoria
proclamada por Nicolás Maduro, “carece de credibilidad y legitimidad
democrática, como lo indican los informes del Panel de Expertos de la ONU y
observadores internacionales independientes, así como los datos publicados por
la oposición”.
Después añadió:
-Y los representantes de Italia,
Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Japón y Reino Unido pidieron
nuevamente “que los resultados electorales sean completos y verificados de
manera independiente para garantizar el respeto a la voluntad del pueblo
venezolano”.
Asimismo, “expresaron su indignación
por la orden de aprehensión y las constantes amenazas a la seguridad del
candidato opositor, “quien decidió buscar refugio en España” y mencionaron que
según “los informes independientes antes mencionados, Edmundo González Urrutia
parece haber obtenido la mayor cantidad de votos” el 28 de julio.
Instaron además “a los
representantes venezolanos a poner fin a todas las violaciones y abusos de los
derechos humanos, las detenciones arbitrarias y las restricciones generalizadas
a las libertades fundamentales, que afectan particularmente a la oposición
política, los defensores de los derechos humanos y los representantes de los
medios independientes y la sociedad civil”
Y pidieron “la liberación de todos
los presos políticos y un camino hacia la libertad y la democracia para el
pueblo de Venezuela“, reseña la agencia Efe.
Mientras que instaron a la comunidad
internacional “a mantener a Venezuela en un lugar destacado de la agenda
diplomática y expresaron su apoyo a los esfuerzos de los socios regionales para
facilitar la transición democrática y pacífica liderada por Venezuela que el
pueblo de Venezuela ha elegido claramente en las encuestas“.
Por
otro lado, la periodista Idania Chirinos, de
NTN24, denunció al medio Euronews que el
régimen de Nicolás Maduro quiere evitar a toda costa que la comunidad
internacional vea tales violaciones
de derechos humanos en su país. Para ese momento, según la ONG
Provea, el número de manifestantes
muertos ascendía ya a 24.
Chirinos, una de las voces más
reconocidas del país, que lo abandonó tras ser perseguida por el chavismo que
no toleró sus críticas. aseguró además que "Hay una violación extrema
de los derechos humanos en Venezuela".
Y añadió:
-A todos nos duele Venezuela y no podemos perder la esperanza ni el
compromiso en recuperar la democracia . Hay
presos que son nuestros amigos, hay
presos que son nuestras propia familia, hay desaparecidos
con quien tuvimos la oportunidad de compartir.
Luego advirtió, en referencia a la
acusación de la Fiscalía de Nueva York contra Nicolás Maduro de pertenecer al
cartel de los Soles:
-No estamos peleando contra un
Gobierno formal, sino contra un régimen criminal que ha sido señalado de tener vínculos con el tráfico.
Y seguidamente apuntó:
-Las redes
sociales son para los venezolanos el medio más
eficaz y eficiente de comunicar porque no hay medios de comunicación libres, los portales más importantes
son bloqueados así que las redes son la única forma de comunicarnos.
Su
intención es apagar todas las redes sociales e ir a un 'black out'
informativo total, donde solo se escuche la voz del régimen en los medios que
ellos tienen en sus manos. Twitter es una plataforma a través de la que los
venezolanos se informan.
Respecto a los presos políticos
destacó:
-Incluso
miembros del partido de la oposición, como María Oropeza, coordinadora de Vente Venezuela en el Estado venezolano de Portuguesa o Freddy Superlano, jefe de
la campaña opositora, son víctimas de la mayor persecución política que
se recuerda en el país, aunque no la primera. Imputan a la mayoría de
detenidos delitos de terrorismo.
-No
son los únicos, otros políticos opositores como el exdiputado Américo de Grazia o el ex gobernador de
Mérida, Williams Dávila, también han sido detenidos.
Familiares de ambos hablan de secuestro y aseguran que se desconoce su paradero.
El
24 de septiembre Periódico Cubano,
que se edita en Miami, reportó:
-Edmundo González, presidente electo de
Venezuela, ofreció su primera entrevista desde su exilio en España. Durante la
conversación, González abordó temas clave sobre la situación política
venezolana, pero evitó profundizar en las sanciones impuestas por varios
países. El líder político llegó a España tras un acuerdo con el gobierno de
Nicolás Maduro, y su estancia ha sido marcada por su activismo y contactos
internacionales.
Luego
indicó:
Interrogado por la agencia Reuters
sobre si “¿EEUU debería reforzar sanciones, la Unión Europea debería reforzar
sanciones? ¿Deberían revocarse las licencias petroleras a Chevron y a Repsol para
conseguir mayor presión sobre ese tema?”, el exiliado dijo que “no quiero
opinar, no… No quiero discutir este tema o no lo considero… No, no es
importante, pero no quiero opinar sobre el particular.”
En la entrevista, González afirmó
sentirse “en libertad” en España, una sensación que no había experimentado en
Venezuela. “Me siento muy bien, en un país que me acoge y con una libertad que
no se puede medir en palabras”, comentó el dirigente.
La fuente igualmente precisó:
-González no dejó de
mencionar que su principal aspiración es una transición democrática en
Venezuela. Con el 10 de enero de 2025 como fecha clave para la toma de
posesión, el líder electo expresó su confianza en que este proceso se lleve a
cabo en paz y que sea respetado por todas las fuerzas políticas del país. Según
el político, su principal objetivo es que Venezuela recupere la normalidad
democrática, donde todos puedan expresarse libremente y sin temor a
represalias.
El exilio de González, según él
mismo relató, es temporal. Espera regresar a su país en los próximos meses, siempre
y cuando existan las garantías necesarias para ejercer su mandato sin
interferencias. “Nosotros estamos luchando por una transición en paz, y eso es
lo que hemos transmitido durante nuestra campaña”, aseguró.
En la misma fecha el portal AlNavío,
con información de EFE, reportó: Los ministros de
Exteriores del G7 reunidos al margen de la Asamblea General de la ONU en Nueva
York pidieron este martes a las autoridades de Venezuela “poner
fin las violaciones de los derechos humanos” y expresaron su indignación
por la orden de detención y las amenazas al que ha sido candidato de la
oposición en las recientes elecciones, Edmundo González.
En
una declaración del ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, como
representante de turno del G7, se expresó la “profunda preocupación por la
situación en Venezuela, tras la votación del 28 de julio” y se enfatizó que la
victoria proclamada por Nicolás Maduro, “carece
de credibilidad y legitimidad democrática, como lo indican los informes del
Panel de Expertos de la ONU y observadores internacionales independientes, así
como los datos publicados por la oposición”
Los representantes de Italia,
Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Japón y Reino Unido pidieron
nuevamente “que los resultados electorales sean completos y verificados de
manera independiente para garantizar el respeto a la voluntad del pueblo
venezolano”.
Seguidamente indicó:
-Asimismo, “expresaron su
indignación por la orden de aprehensión y las constantes amenazas a la
seguridad del candidato opositor, “quien decidió buscar refugio en España” y
mencionaron que según “los informes independientes antes mencionados, Edmundo
González Urrutia parece haber obtenido la mayor cantidad de votos” el 28 de
julio.
Instaron además “a los
representantes venezolanos a poner fin a todas las violaciones y abusos de los
derechos humanos, las detenciones arbitrarias y las restricciones generalizadas
a las libertades fundamentales, que afectan particularmente a la oposición
política, los defensores de los derechos humanos y los representantes de los
medios independientes y la sociedad civil”
También pidieron “la liberación de todos los presos
políticos y un camino hacia la libertad y la democracia para el pueblo de
Venezuela”.
De igual, también en la
misma fecha, el periodista Enrique Barrios, del portal Punto de Corte,.reseñó:
-José
David Crespo Camacaro, un adolescente de 14 años, sigue bajo custodia en el
Retén del Manzano, Barquisimeto, a pesar de presentar una boleta de
excarcelación y padecer de amibiasis, según ha denunciado su madre, Marbelin
Camacaro. La detención de José David, junto con la de su padre, Israel Crespo,
el pasado 30 de julio, ha generado un clamor por justicia y libertad.
Y
agregó:
-La
detención se produjo en el contexto de lo que se describen como arrestos
masivos post-electorales, donde la policía estadal y posteriormente la Guardia
Nacional intervinieron, acusándolos de delitos que su familia y defensores
rechazan vehementemente. A Israel lo trasladan a la cárcel de Tocorón, mientras
que José David permanece en el retén de menores, condiciones que su madre
describe como injustas y crueles.
Marbelin
Camacaro, quien está embarazada, ha solicitado la liberación de su hijo,
subrayando su inocencia y las dificultades económicas y emocionales que
enfrenta para visitar a su esposo. La denuncia se amplifica a través de redes
sociales, donde figuras como Molly De La Sotta han compartido el caso, buscando
generar una presión pública para que las autoridades actúen conforme a derecho y
justicia.
Igualmente
indicó:
-Este
caso pone en relieve las condiciones de los centros de detención en Venezuela y
las dificultades que enfrentan los familiares de los detenidos para obtener
información y justicia. La comunidad internacional y organizaciones de derechos
humanos están alertadas sobre la situación de José David Crespo, quien, según
la documentación presentada, debería estar en libertad, especialmente
considerando su estado de salud y la orden de excarcelación.
.La
madre de José David llama desesperadamente para que se respete la ley y se
libere a su hijo, un menor que, según su versión, lo arrestan sin una orden de
aprehensión y sin derecho a un abogado. La situación refleja una serie de
problemas legales y de derechos humanos que afectan a muchos en Venezuela,
donde los procedimientos judiciales y las condiciones de detención son a menudo
criticados.
El
20 de setiembre el medio Impacto
Venezuela reportó:
-El
secretario general de la ONU, Antonio Guterres, habló este viernes con …
Nicolás Maduro, y le manifestó su “preocupación” por los controvertidos
resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio en Venezuela, que
la oposición asegura haber ganado, anunció su oficina.
Y
añadió:
-Guterres “expresó preocupación por los
informes de violencia poselectoral y violaciones de derechos humanos (y)
enfatizó la necesidad de resolver cualquier disputa política de manera
pacífica, a través de un diálogo genuino e inclusivo”, señaló un comunicado de
la oficina del portavoz.
La comunicación fue vía telefónica.
El reporte publicado por Impacto Venezuela igualmente destacó que
el secretario general de la ONU tomó nota de las posiciones de Maduro proclamado ganador por el Consejo
Nacional Electoral (CNE) para un tercer mandato consecutivo de seis años
(2025-2031), lo que fue validado luego por el Tribunal Supremo de Justicia, aun sin
presentar las actas de votación que probarían su victoria. Ambas instituciones
están acusadas de servir al gobierno
.
-La oposición venezolana, liderada
por María Corina Machado, -explicó el
medio- denunció que hubo fraude y publicó en un sitio web copias de un 80% de
las actas electorales, que afirma demuestran el triunfo de su candidato Edmundo
González Urrutia.
Tras pasar un mes en la clandestinidad,
González Urrutia, sobre el que pesaba una orden de captura, se exilió el pasado
8 de septiembre en España.
El candidato opositor afirmó… haber
firmado bajo “coacción” del gobierno venezolano un documento para “acatar” la
cuestionada reelección de Nicolás Maduro, a cambio de permitirle la salida de
su país.
En la misma fecha, la Misión de Establecimiento de los Hechos de
la ONU para Venezuela advirtió que el
riesgo de la desintegración del Estado de derecho en el país “es muy alto”,
tras el agravamiento de la situación de los derechos humanos y la reactivación
“de la maquinaria represiva” del gobierno a raíz de las elecciones del 28 de
julio.
-Estas violaciones –reseñó el portal
800 Noticias- son el resultado de un
plan diseñado anticipadamente y ejecutado a través de diferentes modalidades de
represión: un plan para desalentar, silenciar, y anular la oposición política y
las voces críticas al Gobierno…o a quienes reclaman transparencia de los
resultados electorales”, señaló en el Consejo de Derechos Humanos la presidente
de la Misión, Marta Valiñas.
El
informe, hecho público el viernes 20 de septiembre, constata que los recientes abusos de los
derechos humanos que pudo documentar (como detenciones arbitrarias, torturas y
violencia sexual) son una continuación de las violaciones que en el pasado
consideró que constituían crímenes de lesa humanidad.
De igual modo señala que durante la
campaña electoral, entre el 4 y el 25 de julio, la Misión documentó hasta 121
detenciones de personas que fueron arrestadas simplemente por prestar algún
servicio en los actos de campaña de la oposición.
(Cabe recordar que al doctor Edmundo
González se le faltó el respeto, ya a bordo de un avión de Conviasa y hasta fue
amenazado de expulsión del mismo por un trabajador de esa empresa aérea
venezolana. Por otro lado, la líder María Corina Machado antes, durante y
después de la campaña electoral no podía viajar al interior vía aérea debido a
una orden arbitraria del régimen prohibitiva al respecto)
Sobre el citado informe la
periodista Janet Zoila Yucra Maguiña, del portal Punto de Corte, señaló
que a la luz del m ismo “La
maquinaria represiva del Estado venezolano continúa cometiendo graves
violaciones de derechos humanos y
delitos”.
También citó que la Misión de la ONU
alteró en el mismo respecto a las masivas detenciones en manos de agentes
policiales que ingresaron a las casas sin órdenes judiciales.
-En varios casos –explicó- no
conocían ni el nombre de la persona a detener.
Apuntó igualmente que Marta
Valiñas expresó que “Las detenciones investigadas por el
equipo de la ONU fueron arbitrarias” y en algunos casos “seguidas de actos de
tortura y de desapariciones forzadas de corta duración”.
Asimismo señaló que “A pesar de las
advertencias del gobierno sobre la posibilidad de un estallido de violencia si
Maduro no ganaba las elecciones, entre el 29 y 31 de julio hubo 915 protestas
en todo el país, en las que se pudo confirmar la muerte de 25 personas, que
fallecieron por disparos de arma de fuego..
De igual modo reconoció que “La
Misión no tiene aún evidencia suficiente para atribuir autoría en estos casos,
pero en varios se documentó la presencia de efectivos de la Guardia Nacional o
de la Policía Nacional haciendo uso de sus armas de fuego para reprimir las
protestas”.
Además detalló que 158 niños,
algunos con discapacidad, fueron detenidos tras las protestas postelectorales.
"HAY GRAVES VIOLACIONES DE LOS
ESTÁNDARES INTERNACIONALES DE PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ”
Respecto a los métodos
de torturas empleados por los represores de la narcodictadura, el medio
especificó:
-La presidenta de la
Misión indicó que se identificó “una serie de métodos de tortura utilizados por
las fuerzas de seguridad o por los servicios de inteligencia, como puñetazos,
golpes con planchas de madera o con bates envueltos en espuma, y descargas
eléctricas, asfixia con bolsas de plástico” entre otros.
La jurista sostuvo que
la comunidad internacional “enfrenta una gran responsabilidad para detener esta
persecución, para que las violaciones y delitos que se cometieron y que
continúan cometiéndose no queden impunes y para dar aliento a las víctimas
asegurando que podrán obtener justicia”.
El embajador de
Venezuela ante la ONU en Ginebra, Alexander Yáñez, rechazó con vehemencia las
denuncias de la Misión y afirmó que la ola de violencia postelectoral fue
generada “por la derecha fascista de Venezuela” que “empleó bandas criminales
para atacar personas y quemar y destruir instituciones públicas”.
“No fueron protestas
pacíficas”, señaló el diplomático y pidió al los países que rechacen el informe
de la Misión, que calificó de “grotesca burla escrita”.
Ecuador, que tomó la
palabra en nombre de Argentina, Chile, Canadá, Paraguay, Guatemala, Uruguay y
el suyo propio, pidió al Gobierno de Venezuela que cese con la represión y
deploró “la falta de independencia de la Consejo Nacional Electoral y del
Tribunal Supremo de Justicia”.
Pidió que se trate a
los menores detenidos de acuerdo a las normas internacionales, exhortó a la
“verificación imparcial de los resultados electorales” y se mostró a favor de
que el Consejo de Derechos Humanos renueve el mandato de la Misión de
Establecimiento de los Hechos para Venezuela, que expira en breve.
El informe concluyó
señalando que las violaciones a los derechos humanos ocurridos en el país
constituyen el crimen de lesa humanidad de persecución fundada en motivos
políticos.
También el 20 de
septiembre la periodista Janet Zoila Yucra Maguiña, del portal Punto de
Corte, reportó:
- El dirigente opositor, Edmundo González, dijo este viernes que buscó
refugio diplomático después de que le dijeran que las fuerzas de seguridad del
presidente Nicolás Maduro que “vendrán por usted”.
En entrevista con la
agencia Reuters, González, a quien la oposición insiste que fue el verdadero
ganador de las elecciones de julio otorgadas a Maduro, dijo a la agencia,
durante una entrevista en Madrid, que podría haber sido encarcelado y
posiblemente torturado si se hubiera quedado en Venezuela.
El exdiplomático de 75
años partió hacia España después de obtener garantías de que su familia y sus
propiedades en Venezuela estarían seguras, explicó y agregó que quería tener la
libertad de buscar el apoyo de los líderes mundiales para su caso para ser
presidente.
“Un oficial de seguridad
que trabajaba conmigo me llevó aparte y me dijo que había recibido información
de que los órganos de seguridad iban a buscarme y que lo mejor era refugiarse”,
informó.
“Podría haberme
escondido, pero tenía que ser libre para poder hacer lo que estoy haciendo,
transmitir al mundo lo que está pasando en Venezuela, establecer contactos con
los líderes mundiales”, argumentó.
Luego señaló:
-Un tribunal
venezolano había emitido una orden de arresto contra González, acusándolo de
conspiración y otros delitos, luego de que Maduro dijera que la oposición
estaba tratando de derrocarlo mediante un golpe de Estado.
Contó que ya se había
reunido con importantes figuras políticas españolas desde su llegada el 8 de
septiembre y que, tras recibir invitaciones para visitar Alemania, Países Bajos
y la Comisión Europea, realizaría una gira por Europa.
Afirmó que confiaba en
que todavía era posible un traspaso pacífico del poder en Venezuela si él fuera
la persona que lo lideraría.
“Quiero asegurar que
se respete la voluntad de los 8 millones de venezolanos que votaron por mí el
28 de julio”, expresó, en referencia a las afirmaciones de la oposición de una
victoria aplastante basadas en los votos que ha publicado. “Esa es una decisión
que ya se ha tomado y aspiro a cumplirla plenamente”.
Ratificó que primero
buscó refugio en la embajada de Holanda y después de 32 días tomó la decisión
de abandonar Venezuela, trasladándose a la residencia del embajador español
para realizar una solicitud de asilo desde Madrid.
Sabía que una vez
emitida la orden de arresto, enfrentaría una pena de prisión, potencialmente en
“una de las prisiones que han convertido en centros de tortura en Venezuela”.
(El doctor
Edmundo González Urrutia fue reconocido, entre otros, como Presidente Electo
por la Cámara de Diputados de Chile, Congreso de Costa
Rica, Congreso de Colombia,
Congreso de Diputados de España y el Parlamento Europeo)
La periodista
adicionó:
-Esta semana se supo
que mientras estaba en la residencia del embajador de España, Ramón Santos,
González firmó una carta diciendo que aceptaba la victoria electoral de Maduro.
El gobierno de
Venezuela publicó fotografías de la firma en presencia del presidente de la
Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, la vicepresidenta Delcy Rodríguez y el
enviado español.
González dijo a
Reuters que la carta fue acordada durante 48 horas “muy tensas” y reuniones
prolongadas entre él y los funcionarios venezolanos, y que fue “obligado” a
firmar.
El líder opositor
afirmó que las fotografías y grabaciones de audio fueron tomadas sin su
permiso, descartando que fueran realizadas por el embajador.
“Terminamos con un
texto que firmé. Dije que respetaba la decisión, aunque no estaba de acuerdo
con ella”.
González dijo que a
cambio obtuvo garantías por escrito de que su hija y su familia, incluidos dos
niños, que permanecen en Venezuela, estarían a salvo, junto con su automóvil y
su apartamento.
Agregó que en ese
momento no buscó garantías para la liberación de los presos políticos, pero es
una de las causas que lleva a todos los foros internacionales.
El 26 de septiembre de
2024 la líder de la democracia, María Corina Machado durante una entrevista con
los medios TalCual, El Pitazo y
Runrunes, transmitida por YouTube y difundida por agencias y portales
de noticias, aseguró que el expresidente del Gobierno
español José Luis Rodríguez Zapatero colaboró en
la "maniobra del régimen" -en alusión al Ejecutivo de
Nicolás Maduro- que permitió el exilio hacia Madrid de Edmundo González
Urrutia.
-No es verdad que (Zapatero) –se lee en el portal El
Español- salvó a Edmundo, él vino a ser parte, o él operó como
parte de una maniobra del régimen en contra de los venezolanos, y esto es
gravísimo.
La exdiputada dijo que la salida del
antichavista de Venezuela -donde la Justicia había emitido una orden de captura
en su contra- se logró a través de "una operación
grotesca, horrible, montada por el régimen, con operadores dentro y
fuera del país".
El medio digital añadió:
-Edmundo González llegó a España el
pasado 8 de septiembre como refugiado político tras pasar varios días escondido
por miedo a las amenazas chavistas. Afirmó entonces que venía a España por
decisión "personal" con el objetivo de continuar "la lucha por
lograr la libertad y la recuperación de la democracia en Venezuela".
Más tarde, el régimen de Nicolás
Maduro difundió que tenía un documento firmado por González
"acatando" el resultado anunciado por el chavismo y González denunció
que había firmado tras ser "coaccionado, chantajeado y presionado"
durante "horas muy tensas" en la residencia del embajador español en
Caracas.
La
coacción a Edmundo se inició en la embajada de Holanda, pero su titular no dejó
entrar a los chavistas.
Más tarde, el régimen de Nicolás
Maduro difundió que tenía un documento firmado por González
"acatando" el resultado anunciado por el chavismo y González denunció
que había firmado tras ser "coaccionado, chantajeado y presionado"
durante "horas muy tensas" en la residencia del embajador español en
Caracas.
También apuntó:
-En un vídeo se podía ver en la
residencia del embajador, Ramón Santos, a Edmundo González junto a Delcy
Rodríguez, vicepresidenta de la República, sancionada por la Unión Europea, y
Jorge Rodríguez, su hermano y presidente de la llamada Asamblea Nacional,
designada por el régimen.
Las imágenes provocaron las críticas
del Partido Popular, que acusó al Gobierno de Pedro Sánchez de ser
"cómplice" de la dictadura de Maduro al permitir que se
"coaccione y chantajee" al líder democrático venezolano en suelo
diplomático español.
No obstante, Edmundo
González siempre ha negado coacciones del Gobierno español y la embajada y ha
destacado que "aseguraron mi libertad de decisión".
En todos estos acontecimientos
sobrevoló la figura del expresidente Zapatero y el propio Edmundo afirmó que
entendía "que él era el artífice de promover ese encuentro".
Luego señaló:
-Tras semanas de silencio, este
martes Zapatero reconoció su participación "en la tarea de
facilitación" para que González viniese a España, aunque no dio más
detalles de la operación ni se pronunció sobre si Edmundo pudo recibir
coacciones en la embajada de España en Venezuela.
En otra entrevista divulgada por las
redes sociales el Presidente Electo Edmundo González Urrutia manifestó que María Corina Machado no supo de su plan de irse hasta el día antes de
ir a la embajada de España.
Igualmente se mostró
confiado en que ella no tendrá que tomar una decisión similar, pero advirtió:
“Es una situación que se puede presentar con cualquier dirigente político que
pueda estar en riesgo”.
Antes de estos hechos,
el lunes 2 de septiembre, el fiscal del terror, Tarek William Saab, había
emitido una orden de captura contra el Presidente Electo, que una hora después
procesó el Juzgado Especial Primero de Primera Instancia en Funciones de
Control con Competencia en Casos Vinculados con los Delitos Asociados al
Terrorismo. Este tribunal chavista
emitió la Orden Aprehensión N° 100-24 y lo acusó de forjamiento de documentos
públicos, instigación a la desobediencia de leyes, usurpación de funciones,
conspiración, asociación para delinquir
y sabotaje a daños de sistema.
Conviene recordar que
la investigación contra el Presidente Electo el 28 de julio guarda relación con
la publicación de una página web en la que la principal coalición opositora -la
Plataforma Unitaria Democrática (PUD)- asegura haber cargado "el 83,5 % de
las actas electorales" recabadas por testigos y miembros de mesa la noche
de la elección para sustentar su denuncia de fraude en las presidenciales.
-La PUD –se lee en la
Web- divulgó estas actas, que el Ejecutivo tacha de "falsas", después
de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamara como ganador de los
comicios a Nicolás Maduro, lo que ha sido cuestionado por numerosos países,
algunos de los cuales respaldan que González Urrutia ganó por amplio margen.
El jueves pasado,
cuando se hizo pública la tercera boleta de citación, la Fiscalía advirtió que,
de no asistir nuevamente, sería "librada una orden de aprehensión
respectiva" al considerar que se "encuentra en presencia de peligro
de fuga".
El día 25 de agosto
-fecha en la que se emitió la primera citación-, a través de un video publicado
en redes sociales, González Urrutia expresó que el MP lo "pretende someter
a una entrevista sin que se precise en qué condición se espera que comparezca y
precalificando delitos no cometidos".
A su juicio, el fiscal
general, Tarek William Saab, "se ha comportado, reiteradamente, como un
acusador político", ya que -aseveró- "condena por anticipado y ahora
impulsa una citación sin garantías de independencia y del debido proceso".
El 25 de septiembre la
Fiscalía informó a través de Instagram que el fiscal del caso, Luis Ernesto Dueñez, había sido condecorado con la Orden Dr. Danilo
Ánderson, por su “labor profesional y de perseverancia en la lucha contra la
impunidad, contribuyendo a la consolidación del estado de derecho y la justicia
en Venezuela”.
Lo propio hace la
narcodictadura con sus torturadores, a los que asciende y premia con divisas o
las propiedades de los presos políticos o exiliados.
El día siguiente el abogado
Joel García dijo a EFE que a los detenidos "les imputan por igual
terrorismo, pero no individualizan las conductas", lo que contraviene
-dijo- uno de los principios básicos del derecho, que establece que la
responsabilidad penal es individual.
El entrevistado señaló
además que a la fecha más 2.400 personas fueron detenidas tras las elecciones
del 28 de julio, algunas acusadas por la Fiscalía de «terrorismo, sin que se
sepa exactamente cuántas, un delito «amplio» en el marco jurídico del país,
según expertos, quienes advierten que, por tanto, cualquier cosa cabe» para que
alguien sea señalado como terrorista.
(En ninguna
de las dos dictadura militares que sufrió Venezuela en el siglo XX, la de los
generales Juan Vicente Gómez y Marcos Pérez Jiménez, hubo niños detenidos por
razones políticas. Además, la tortura no alcanzó las dimensiones de crueldad
adquiridas durante la narcodictadura de Nicolás Maduro, a pesar de la
inexistencia de la Ley Especial Para Prevenir y Sancionar la Tortura y Otros
Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes la Defensoría del Pueblo)
La
fuente añadió:
-El letrado explicó
que se han realizado audiencias «masivas» en las que se lleva a cabo el proceso
judicial «vía telemática» a los detenidos de «forma colectiva».
Para García, la
acusación de terrorismo es «un patrón sistemático y generalizado» contra la
población «disidente» al gobierno de Nicolás Maduro, algo que -afirmó- se vio,
aunque con «más selectividad», en las protestas antigubernamentales en 2014,
2017 y 2019, pero «la diferencia» es que, durante esos años, los detenidos
«podían designar defensa privada», como contempla la ley.
Asimismo, afirmó que a
los detenidos en las protestas poselectorales los representan defensores
públicos, lo que no permite «una contraparte» que «refute» las acusaciones,
pues considera que funcionarios adscritos al Poder Judicial cumplen instrucciones
y no pueden hacer mayor cosa.
En la misma fecha, la ONG Foro Penal dio a conocer
la existencia de 1.867 presos políticos
tras las elecciones y advirtió que este es el mayor registro de presos con
fines políticos conocido en Venezuela, al menos en el siglo XXI.
"Seguimos
recibiendo y registrando detenidos", señaló el texto publicado en El
Nacional la organización pro derechos humanos.
Señaló también que 68
de los detenidos son adolescentes, en edades comprendidas entre 14 y 17 años
La cifra suministrada
por Foro Penal abarca desde el 29 de julio el día siguiente a las presidenciales en
Venezuela, en las que el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó presidente
electo a Nicolás Maduro y la oposición denunció fraude, .hasta el 23 de
septiembre 1.867 presos políticos en Venezuela.
Según los detalles
difundidos en redes sociales, 1.637 presos son hombres y 230 mujeres. Además,
hay 1.708 civiles en el grupo y 159 militares. A la fecha 151 personas han sido
condenadas.
Foro Penal recordó
igualmente:
-Desde
2014, primer año de gobierno de Nicolás Maduro luego de la muerte de Hugo
Chávez Frías, se han registrado 17.828 detenciones con fines políticos en
Venezuela; el número de personas asistidas por Foro Penal que han sido excarceladas
más de 14.000 y personas aún sujetas arbitrariamente a
medidas restrictivas de su libertad: más de 9.000.
Luego indicó:
Organizaciones
internacionales han exigido la libertad de todos los presos políticos, pues
defienden el derecho a la protesta y a la libertad de expresión. Sin embargo,
en el país se desató una ola de persecución contra aquellos que manifestaron
ideales contrarios al chavismo.
Quienes están
encarcelados enfrentan violaciones de sus derechos humanos debido a las
condiciones en las que están o los tratos que reciben de funcionarios de
seguridad.
El 28
de septiembre del mismo año, una Nota de Prensa divulgada en las redes sociales
por el Observatorio Venezolano de Prisiones expresó:
María González no
soltaba el cartel con la foto de su hijo Johanny Vásquez y el mensaje “libertad
para los presos políticos”, aunque le dolía el pecho. Respiraba agitada y sus
ojos se llenaban de lágrimas frecuentemente.
La
hija de María es quien se encarga de ir a tribunales o hacer los trámites
necesarios, tras la detención de Johanny el 29 de julio, en el contexto de las
protestas poselectorales. “Tengo una presión en el pecho, me duele mucho”.
Luego
indicó:
-Las
madres de los adolescentes y jóvenes detenidos en la represión poselectoral también
se sienten presas. Ahora su vida está dedicada a insistir para lograr la
libertad plena de quienes fueron aprehendidos arbitrariamente por los cuerpos
de seguridad del Estado venezolano. Los hermanos, hermanas, padres y otros
parientes también padecen en carne propia la detención. La rutina en casa se
detuvo, así como el ritmo laboral.
“Estamos
desesperadas, sentimos impotencia, rabia y decepción cuando les dicen
terroristas. Mi hijo tiene 16 años y si le meten 10 años de cárcel va a salir
de 26 años, se ha perdido su vida ahí”, contó una madre entre lágrimas.
El
domingo 28 de septiembre (sic) se
cumplen dos meses desde que el Consejo Nacional Electoral proclamó a Nicolás
Maduro como ganador de las elecciones presidenciales y se generaron protestas
en Venezuela, entre el 29 y 30 de julio, en rechazo a los resultados
electorales y para exigir que se publicaran las actas de los comicios.
La
Misión de Determinación de los Hechos sobre Venezuela documentó la detención de
158 adolescentes, 130 varones y 28 mujeres. Sin embargo, Nicolás Maduro refirió
que eran más de 2000 detenidos, una semana después de las manifestaciones.
La
mayoría de los jóvenes y adolescentes detenidos fueron imputados por terrorismo
-entre 25 y 30 años de prisión- e incitación al odio -de 10 a 25 años de
condena-. También se registran casos de aprehendidas a víctimas de torturas o
de desaparición forzada.
Posteriormente,
en el intertítulo “Sin respuesta de la
defensa pública” de la Nota de Prensa puntualizó:
-Nérida
Ruiz tiene preso a su hijo, de 16 años, quien está preocupado porque no podrá
iniciar las clases en octubre. En la Escuela Técnica Comercial Robinsoniana
Distrital Juan España, en El Valle, lo esperan para que curse sexto año. Además
de sus estudios, el adolescente ayuda a su mamá con el cuidado de su hermanito,
de dos años.
“Yo
le digo a él que estudie porque eso es lo que pobremente uno le puede dejar, y
que no estudie por estudiar, que aprenda bien. Él me dice que va a buscar un
trabajo para ayudarme, porque yo soy madre soltera”, cuenta.
(En el mando de la Defensoría Pública siempre ha estado, desde hace casi
14 años, la hermana de Nicolás Maduro, María Adelaida Maduro Moros. Infobae, 18 de junio de 2014)
La
madre recibió apoyo de su jefe, sin embargo, Nérida, quien trabaja como cajera
en una mueblería, pidió sus vacaciones para dedicarse a lograr la libertad de
su hijo. “Es fuerte porque vamos a los tribunales y no hay despacho, la fiscal
salió de vacaciones y la suplente nunca está, no nos informan nada. Tenemos
defensor público impuesto”.
Mientras
Nérida se encarga de las visitas a su hijo mayor, una vecina cuida a su otro
hijo, de dos años. Es madre soltera y contaba con el apoyo del adolescente para
los cuidados del niño. “Mi hijo pequeño llama a su hermano por las noches y
cuando lo ve en una foto que tengo en la casa lo va a buscar a su cuarto”.
Las
hermanas también asumieron las riendas de los detenidos, para evitar crisis
nerviosas en sus madres. Gabrielis Ramírez, de 19 años, asistió a una
convocatoria frente al Ministerio Público del comité de Madres en Defensa de la
Verdad, el 26 de septiembre. Ella es quien se encarga de ir a los tribunales
porque su mamá sufre de la tensión. Sus dos hermanos, de 21 y 22 años, están
privados de libertad.
“Ha
sido duro para mi mamá. Nuestro papá se fue hace muchos años al extranjero y no
supimos de él, mis hermanos son el sustento de la casa. Solo somos mis hermanos
y yo con mi mamá”, contó la joven de 19 años, quien vive en La Guaira.
El
comité de Madres en Defensa de la Verdad lo confirmaron familiares de
adolescentes y jóvenes detenidos en el contexto de las manifestaciones,
acusados de terrorismo e incitación al odio y a quienes no se les permitió
defensa privada.
El
26 de septiembre asistieron al Ministerio Público para exigir la libertad de
sus parientes y entregaron una carta dirigida al fiscal Tarek William Saab en
la cual pidieron que se respete el debido proceso.
“No son terroristas, son inocentes”,
gritaban los familiares afuera del Ministerio Público.
Hay madres que tienen casi dos meses sin
ver a los jóvenes detenidos, trasladados al Internado Judicial de Carabobo.
Solo les permiten una llamada cada 15 días, pero no han podido constatar su
estado de salud.
(Al fiscal del terror, Tarek William Saab, le importa un comino el
sufrimiento de las madres con sus hijos presos menores de edad, por hacer uso
legítimo de un derecho consagrado en la Constitución chavista, el de protestar
por el fraude del 28J, que de materializarse acabará con los niños, adolescentes
y jóvenes, al acallarlos con los cuerpos de
exterminio de la narcodictadura a la sirve y no al pueblo, que le paga el sueldo)
Al
final de la Nota de Prensa el Observatorio de Prisiones de Venezuela destacó:
-La
Misión de Determinación de los Hechos sobre Venezuela sostuvo que los
principales poderes públicos abandonaron su independencia y se sometieron al
Ejecutivo, ya que “muchas de las garantías judiciales perdieron su efectividad,
dejando a la ciudadanía en desamparo frente al ejercicio arbitrario del poder”.
Recomendó al Estado venezolano que aseguren la transparencia de las
investigaciones del Ministerio Público y que se respete el debido proceso.
El 5
de agosto la ONG Una Venta a La Libertad, reportó:
-Ascienden a 30 las privaciones
ilegítimas de libertad durante manifestaciones realizadas esta semana en la
entidad llanera, tras los resultados de las elecciones presidenciales
realizadas la semana pasada en todo el país.
Así
lo confirmó el Coronel Ramón Cabeza, Secretario de Seguridad Ciudadana y Comandante
de la Policía del Estado Apure, quien informó este fin de semana que tras los
actos vandálicos, de terrorismo, alteración del orden público y amenazas de
muerte contra dirigentes del oficialismo, registradas en el estado los días
28,29 y 30 de julio actualmente, se encuentran detenidos 30 ciudadanos.
El
funcionario igualmente informó que los casos presentados permanecen detenidos
en varios centros de detención preventiva del Estado Apure, la Policía del Estado
Apure, el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas
(CICPC), el comando de la Guardia Nacional y la Zona de Defensa Integral (ZODI 31 Apure)
y la Dirección de Contrainteligencia Militar (DGCIM).
(Para este abominable oficial de las fuerzas armadas
quienes protestan porque la narcodictadura, en connivencia con el siniestro
Consejo Nacional Electoral, desconoció la voluntad mayoritaria de cambio
expresada por el pueblo soberano en los comicios del 28J, son terroristas)
Posteriormente
precisó:
-Entre
los casos reportados este fin de semana se encuentra el de María Isabel
García, coordinadora del Voluntariado de Mujeres con María Corina y Edmundo en
Elorza fue detenida el sábado 3 de agosto en la alcabala de Vuelta del Cacho, ubicada
en la entrada de Elorza, Municipio Rómulo Gallegos.
Luego
fue trasladada a la estación de la Guardia Nacional de Mantecal, Municipio José
Cornelio Muñoz. Sin embargo, la audiencia de presentación se ,llevó a cabo en
el Circuito Judicial Penal en San Fernando de Apure, como todos las causas de
este tipo.
Este
viernes 2 de agosto, la dirigencia del Partido Primero Justicia denunció que
funcionarios del SEBIN, detuvieron a David Villarroel, dirigente político del
mismo en la Parroquia el Recreo, San Fernando de Apure. Exigimos la
liberación inmediata de David y todos los detenidos desde el 28 Julio.
Por
otro lado, durante la tarde del miércoles 31 de julio la Policía del Estado
Apure detuvo al testigo de mesa nombre
Abraham Roberti Rodríguez, miembro de la estructura 600K en el sector Los Cocos
de Caramacate en el Municipio San Fernando del Estado Apure.
“Le
preguntaron el nombre y al asentir le taparon la cabeza y se lo llevaron
detenido”. Lo detuvo la PN”, comentan los familiares.
El
reporte destacó también:
-A
la lista de detenidos por esta causa se suma Andrés Ascanio Chaparro cuya
audiencia telemática se llevó a cabo también el 31 de julio a las 09:00, y en
la cual no le permitió asistencia privada, lo acusaron de terrorismo. También,
aproximadamente a las 12:50 de la tarde del 30 de julio del presente año,
funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana adscritos al DCZ-354 aprehendieron a Luis
Eduardo Herrera Peña de 24 años.
La
captura de Herrera Peña se concretó frente a la Plaza Negro Primero en San Juan
de Payara, Municipio Pedro Camejo en el Estado Apure, luego de una publicación
en whatsapp, a las 4 de la tarde del 29 de Julio, dónde aparecía el joven
llamando a salir a las calles a defender la voluntad ejercida por los
ciudadanos el pasado 28 de julio.
-El
joven –explicó- fue trasladado hacia la sede del DGCIM en la ZODI-APURE que
hasta los momentos familiares no tienen acceso a ninguna información de su
paradero”, revelan familiares. Sin embargo, de acuerdo a fuentes en materia judicial
en las actas aparece que lo detuvieron el 30 de julio. Fue presentado este
viernes 2 de agosto con los delitos anteriormente señalados.
También
se encuentra bajo prisión en San Fernando, capital del Estado Apure, el
ciudadano Edixon Orozco Martínez, por estas mismas causas y aún está a la
espera de la audiencia de presentación.
Antony
Josué Araujo Herrera de 21 años fue detenido por funcionarios de la Policía
Nacional, en su propia casa el martes 30 de julio, aproximadamente a la 01:30
PM en el Municipio Achaguas, luego de una manifestación presentada en la
entrada de este municipio.
En
su cuenta X el G.J Domingo Hernández Lárez, comandante estratégico operacional
de las FANB dio cuenta en esta red social que el día 2 de agosto que
efectivos de la #FAN en labores de inteligencia, por la defensa de la paz,
efectuaron la aprehensión de un ciudadano identificado como Yefrin Josué Campos
Aragoza, integrante de los Comanditos, por la comisión del delito de
instigación al odio, luego que el joven invitaba a la población a atentar
contra la vida de Nicolás Maduro.
Efectivos de la #FAN en labores de inteligencia, por la defensa de
la paz, efectuaron la aprehensión de un ciudadano identificado como Yefrin
Josué Campos Aragoza, C.I.N° V-32.416.008; parte de las células durmientes de
los “Comanditos de la violencia”, por la comision del… pic.twitter.com/zbRell92Tx
—
GJ. Domingo Hernández Lárez (@dhernandezlarez) August 3, 2024
Ángel Martelo de 21 años fue
apresado en la urbanización Santa Inés, aproximadamente a las 03:00 PM del día
de agosto del año en curso, por una comisión de funcionarios del SEBIN quienes
según testimonio de los familiares no dieron detalles del arresto. “Lo montaron
en la camioneta y se lo llevaron sin mediar palabras”, indicaron.
La
nota explicó:
-Son
parte de las células durmientes de los “Comanditos de la violencia” por
incitación a la violencia, odio y desestabilización, al publicar de manera
premeditada imágenes y mensajes en las redes sociales, planificando realizar un
ataque terrorista al complejo de gas doméstico de la urbanización Santa Inés, Municipio
San Fernando, del estado Apure”, escribió el comandante estratégico operacional
de la FAN en su cuenta de X
Efectivos de
la #FAN en
labores de inteligencia, por la defensa de la paz, efectuaron la aprehensión de
dos ciudadanos identificados como Héctor José Hidalgo Betancourt
C.I.V-26.889.989 y Angel Jesús Martelo Mendoza C.I.V-30.544.099, parte de las
células durmientes de los… pic.twitter.com/f1BWHFvLKf
— GJ. Domingo Hernández Lárez
(@dhernandezlarez) August 3, 2024
Igualmente
señaló:
-En
Guasdualito, municipio fronterizo José Antonio Páez en el Estado Apure, se
encuentran privados de libertad varios ciudadanos: Anderson de Jesús Castro
Barrios, apresado el 29 de julio y la audiencia de presentación se celebró el
01 de agosto, así como también de Anthony Alexander Velazco Gutiérrez, Wilson
Stiven Vielma Díaz. En esta zona fronteriza también tienen bajo custodia de los
cuerpos policiales está la ciudadana Jennireth Gómez Piña y Francisco David
Rodríguez Cabrices.
Por
su participación en una marcha pacífica, el 30 de julio también fue apresado
Edurbely David Pérez Suárez en la plaza Boyacá en Guasdualito estado Apure,
mientras se llevaba a cabo un partido de fútbol, acusado de cometer terrorismo
y alteración del orden público. Tiene 24 años de edad, solo en la cédula,
puesto a qué es una persona con cierta discapacidad que le impide desarrollarse
de manera normal como cualquier adulto, además, tiene un quiste en el cerebro y
quien presenta, además, complicaciones cardíacas, por lo que requiere
tratamiento médico de por vida.
También
en este mismo orden de ideas en Guasdualito se practicaron otras detenciones de
Jhonathan Josué González Rodríguez de 24 años, ingeniero en Sistemas,
Yercfinzon Emanuel Pérez Sepulveda de 20 años, estudiante, Eduar Jose Bastidas
de 21 años, mecánico de profesión, José Jean Carlos Páez Ovallos, detenido el
31 de Julio ya fue presentado sitio de reclusión Centro de Coordinación Policía
N 2 (Guasdualito).
Finalmente
apuntó:
El
1 de agosto, se concretó la detención de Alan Sinohed Castro por terrorismo,
incitación al odio, obstrucción de la vía pública y resistencia a la autoridad.
Se encuentra recluido en los calabozos de la Guardia Nacional Bolivariana.
(Si las Fuerzas Armadas actuaran contra los
guerrilleros colombianos y la minería ilegal
con la misma diligencia que pusieron
en práctica contra quienes protestaron justificadamente por el fraude
electoral del 28J, nuestras fronteras no serían violadas, ni envenados los
ríos ni deforestados los parques nacionales. No lo hacen porque son sus
cómplices. Además, el ministro de la Defensa del régimen criminal de Nicolás
Maduro, Vladimir Padrino López, tiene las pruebas del fraude.)
El 9 de agosto de 2024 la Agencia
PARLASUR repórtó:
-El
jueves 8 de agosto de 2024, se informó sobre la detención en Caracas del
Exparlamentario venezolano del MERCOSUR, Williams Daniel Dávila Barrios, quien
ejerció como Presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales del
Parlamento del MERCOSUR (PARLASUR). Según informaron allegados a Dávila, fue
arrestado en Los Palos Grandes por fuerzas de la Guardia Nacional y el Servicio
Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN).
Luego
indicó:
-La
Presidencia del PARLASUR, en atención a la gravedad de la situación, ha enviado
una nota urgente al Gobierno de Venezuela, a través del Embajador ante la ALADI
y MERCOSUR en Montevideo, exigiendo conocer de inmediato la situación y el
paradero del Exparlamentario.
Cabe
destacar que el Williams Dávila es beneficiario de una Medida Cautelar vigente
impuesta al Gobierno de Venezuela en el año 2017 por la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos (CIDH), registrada bajo el Número 533-17, Resolución
35/2017.
Luego
destacó:
-En declaraciones al respecto, la
Presidenta del PARLASUR, Fabiana Martín, afirmó que “el arresto del
Exparlamentario Williams Dávila, en contra de las medidas cautelares
internacionales que protegen sus derechos, es un hecho alarmante que va en
detrimento de los principios democráticos y el Estado de derecho en Venezuela.
Instamos a las autoridades venezolanas a respetar estas medidas y garantizar la
seguridad y el bienestar de todos sus ciudadanos.”
Desde
la Presidencia del Parlamento del MERCOSUR, basado en los principios
democráticos y de paz que lo rigen, se insta al cese inmediato de este tipo de
acciones represivas contra la sociedad venezolana y la oposición política.
En
la misma fecha Ivonne Valdés, de CNN Español, reportó:
-Dos
líderes de la oposición venezolana fueron detenidos en lo que organizaciones
civiles y sus familiares denuncian como una continuación de la persecución y el
hostigamiento contra manifestantes opositores por parte del Gobierno de… Nicolás
Maduro tras las protestas poselectorales en este país.
El
Centro para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos en Venezuela,
Defiende Venezuela, denunció en redes sociales que el exgobernador del estado
Mérida y dirigente del partido Acción Democrática (AD), Williams Dávila
Barrios, había sido detenido por “colectivos” durante una vigilia que se llevaba
a cabo este jueves en honor a los detenidos, realizada en la Plaza Los Palos
Grandes del municipio capitalino Chacao.
Y
añadió:
-La
organización indicó que se desconocía su paradero y medios venezolanos han
difundido un video del supuesto momento en el que fue detenido la noche del
jueves. CNN no ha podido verificar independientemente estas imágenes.
Por
su parte, María De Grazia, la hija de Américo De Grazia, dijo este jueves en un
video que “después de más de 24 horas sin saber de su paradero y después de
haberlo buscado ‘bajo piedras’, desesperados, nos enteramos que lo tienen en El
Helicoide”, una prisión de alta seguridad en Venezuela.
De
Grazia fue diputado de la Asamblea Nacional de 2011 a 2021 y ha sido crítico
del Gobierno de Maduro señalando la detención de otros ciudadanos opositores.
En 2021 fue inhabilitado para ejercer funciones públicas como parte del equipo
del entonces presidente de la Asamblea, Juan Guaidó.
“No
sabemos qué cargos se le imputan, no tienen una orden de captura contra mi
papá, no tenemos fe de vida, no sabemos en qué condiciones lo tienen”, afirmó
la hija de Grazia.
Por
otro lado, Manuel Cobela y Osmary Hernández,
del mismo medio, adicionaron que
doce días de la realización de las elecciones presidenciales en Venezuela y de
las protestas generadas en rechazo al anuncio del Consejo Nacional Electoral que
proclamó ganador a Nicolás Maduro, sin hasta ahora publicar resultados que lo
respalden.
Luego
indicaron:
-La
organización no gubernamental Foro Penal ha verificado más de 1.000
detenciones, entre ellas las de varios dirigentes opositores. El mandatario
maneja otras cifras y habla de más de 2.000 arrestos.
El
29 de septiembre el portal 800 Noticias
reportó:
-El
partido político Convergencia exigió este fin de semana la liberación de su
coordinador nacional, Biagio Pilieri, tras un mes de ser detenido luego de
participar en una protesta convocada por la Plataforma Unitaria Democrática
(PUD), en contra del resultado oficial de las presidenciales del 28 de julio.
Y
agregó:
-Hace
un mes detuvieron injustamente a nuestro coordinador nacional, Biagio Pilieri,
30 días en los que sus derechos han sido violados, 30 días sin su libertad, 30
días sin poderlo ver», señaló la formación en un mensaje publicado en X.
(..)
El pasado 5 de septiembre, su esposa, María Livia Vasile, denunció que Pilieri
fue acusado de cinco delitos, entre ellos “terrorismo”, al tiempo que explicó
que fue presentado en una audiencia sin la presencia de sus “abogados de
confianza”.
“Mi
esposo fue presentado el pasado día viernes, 30 de agosto, sin presencia de sus
abogados de confianza, con asistencia de un defensor público. Fue imputado por
cinco delitos: conspiración, asociación para delinquir, instigación al odio,
terrorismo y traición a la patria», señaló Vasile en X.
Pilieri
fue detenido el pasado 28 de agosto tras participar en una protesta convocada
por la PUD, en rechazo al fallo del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que
convalidó la controvertida reelección de Nicolás Maduro en las presidenciales,
según denunciaron opositores en la red social.
También
destacó:
-La
oposición indicó que fue capturado luego de que supuestamente dos vehículos y
dos motos lo persiguieran por Caracas.
Un
día después de su detención, Convergencia denunció que funcionarios del
Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) allanaron la residencia de
Pilieri, en el Estado Yaracuy (oeste), sin ofrecer mayores detalles del
operativo policial.
El
29 de septiembre Miguel Martínez, del portal Punto de Corte, reportó:
-Este
28 de septiembre se cumplió un mes desde la detención arbitraria del activista
opositor, Biagio Pilieri, tras una masiva manifestación en Caracas el pasado 28
de agosto.
La
ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) informa que ni la familia, ni los
abogados del activista y también periodista no han podido acceder a él,
exigiendo su libertad y la de todos los más de 2000 presos políticos, que se
encuentran en estado de indefensión por no contar con una defensa de confianza
o privada.
En
fecha del 5 de septiembre, la esposa de Pilieri reveló que fue llevado a
tribunales el 30 de agosto, sin la presencia de sus abogados de confianza. La
Fiscalía lo acusa de delitos como conspiración, terrorismo y traición a la
Patria.
Luego
señaló:
-Pilieri,
actualmente con defensor público, no ha podido comunicarse con su familia desde
hace más de una semana, según denunciaron familiares.
La
esposa de Pilieri insiste en el respeto de sus derechos constitucionales,
citando artículos de la Constitución que protegen el debido proceso y
comunicación.
Sobre los prisioneros de la narcodictadura
luego del fraude del 28J, la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones denunció
que ““Cumpliendo con la peor de sus amenazas, el régimen de Nicolás Maduro
concretó el traslado de más de 700 presos políticos, detenidos arbitrariamente
después de las elecciones presidenciales del 28 de julio, quienes se
encontraban en calabozos policiales de todo el territorio nacional y fueron
llevados hasta las cárceles de Tocuyito y Tocorón.
Luego
indicó:
-Los
movimientos inusuales se viralizaron a través de las redes sociales con
desgarradoras imágenes en las que los familiares ven con terror como sus seres
queridos, a quienes hasta la fecha no les permiten visitas ni la designación de
sus abogados de confianza, son trasladados hacia cárceles sin previo aviso y a
cientos de kilómetros de distancia.
El
pasado domingo 25 de agosto trascendió, según la versión de los familiares, que
un grupo de personas fueron ingresadas al Internado Judicial Capital “Yare III”,
donde presuntamente les raparon el cabello y uniformaron con franelas y
pantalones azules, para posteriormente ser trasladados en al menos 14 autobuses
hacia el Centro Penitenciario de Aragua, conocido
como “Tocorón”; el Centro de Formación Hombre Nuevo Libertador, conocido como
“Fénix Carabobo”, y las instalaciones del desalojado Centro Penitenciario de
Carabobo, conocido como “Tocuyito”.
El
lunes 27 de agosto, también se reportaron traslados desde la sede de la Policía
Nacional… de San Francisco en el Estado Zulia y desde el Dirección de Investigaciones
Penales de la PN en Barinas, hacia la región central del país donde se ubican
las cárceles de Tocorón y Tocuyito. Una vez más les negaron información a los
familiares sobre cuál sería el destino de sus familiares.
Asimismo
apuntó:
-En
tanto, el viernes 30 de agosto, familiares del estado insular Nueva Esparta
denunciaron que en un avión trasladaron a un grupo de presos político hacia
tierra firme en una clara violación al debido proceso. También se reportaron
traslados desde los estados Táchira y Apure.
Hasta
la fecha, a ninguna de las personas trasladadas en los días anteriormente
mencionados se les ha permitido el contacto con sus familiares ni la
designación de sus abogados de confianza, por lo que desde el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) estamos
monitoreando y documentando la situación. Preocupa en gran medida que estas
personas privadas de libertad no han sido sometidas a chequeos físicos ni
psicológicos, aunado a que ni siquiera se han preocupado por la atención
integral de las personas con enfermedades preexistentes y discapacidad.
En
este punto es importante destacar que la detención arbitraria tiene un impacto
devastador en la salud mental de las víctimas, dejando secuelas que pueden
durar toda la vida porque el aislamiento, la incertidumbre y el miedo constante
generan altos niveles de ansiedad, estrés postraumático y
depresión. Durante el encierro, las víctimas suelen experimentar una
sensación de impotencia y vulnerabilidad extrema, lo que puede llevar a
trastornos psicológicos graves, como alucinaciones, paranoia y pérdida del
sentido de identidad. Además, las secuelas de la detención arbitraria no
terminan con la liberación.
Las
personas que han sido detenidas de manera injusta a menudo enfrentan
dificultades para readaptarse a la vida cotidiana, sufriendo de insomnio,
pesadillas y un estado de alerta constante. El estigma social y el trauma
emocional prolongado pueden afectar sus relaciones interpersonales y su
capacidad para mantener un empleo, perpetuando un ciclo de sufrimiento y
exclusión social. El daño causado por estas experiencias es profundo y, en
muchos casos, irreparable.
Igualmente
destacó:
-Ahora
bien, también observamos con suma preocupación que los traslados a estos
detenidos se llevaron a cabo con muchas irregularidades, incluso algunos bajo
engaño, pues no les avisaron a sus familiares y muchos de ellos se enteraron
cuando fueron a llevarles la comida a las comandancias policiales.
Son
muchos los familiares que han viajado a kilómetros de distancia, a pesar del
costo económico que esto implica en un país azotado por la inflación, y en
ninguno de los penales antes mencionados hay una lista de trasladados. No hay
quien les dé información sobre el paradero de su familiar, ni cuándo serán los
días de visitas y bajo qué condiciones serán.
El
equipo de OVP se mantiene vigilante ante estos hechos que no
han hecho más que violentar las garantías judiciales y los derechos humanos de
cada uno de los detenidos arbitrariamente, para informar exhaustiva y
oportunamente al sistema internacional e interamericano de protección de los
DDHH.
El 9 de septiembre de
2024 Amnistía Internacional reveló en las redes sociales que en medio de la
intensificación de la represión postelectoral urge una rendición de cuentas
internacional y por lo tanto el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones
Unidas debe renovar el mandato de la Misión Internacional Independiente de
Determinación de los Hechos sobre Venezuela, afirmaron 30 organizaciones
nacionales e internacionales que defienden los derechos humanos en Venezuela.
La
nota señaló además, que la Misión puede
jugar un rol clave en la rendición de cuentas y mantener el escrutinio
internacional en medio de la represión generalizada tras las elecciones del 28
de julio, recalcaron las organizaciones.
-Tras
las elecciones presidenciales, -afirmó- las y los venezolanos se enfrentan a una
brutal represión contra quienes ejercieron su derecho a la participación
política y a la protesta, líderes políticos, periodistas, personas defensoras
de los derechos humanos y otras personas opositoras o percibidas como tales, lo
que hace que la necesidad de renovar el mandato de los expertos sea más urgente
que nunca, señalaron las organizaciones.
(…)
La Misión fue uno de los primeros mecanismos internacionales en afirmar que las
autoridades venezolanas han cometido graves violaciones de derechos humanos
como parte de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil que
podrían constituir crímenes de lesa humanidad. En sus rigurosos informes, esta
identificó a autoridades de medio y alto rango, incluido el jefe de Estado,
como posibles responsables de violaciones de derechos humanos tales como
ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y torturas, violencia
sexual, así como abusos contra manifestantes. La Misión también se ha referido
al papel activo del poder judicial venezolano en la comisión de estas
violaciones y los diversos mecanismos de represión del Estado, incluido un plan
para reprimir a la oposición o a aquellas personas percibidas como tal, y la
falta de una reforma genuina del aparato de seguridad pública.
Luego
apuntó:
-Millones
de venezolanos participaron en las elecciones presidenciales, a pesar de las
irregularidades y violaciones de los derechos humanos que empañaron el proceso,
incluyendo detenciones de miembros de la oposición, discursos estigmatizantes,
ataques al espacio cívico, inhabilitaciones arbitrarias de personas candidatas
de la oposición y restricciones a la participación política.
El
Consejo Nacional Electoral anunció que Nicolás Maduro ganó las elecciones, pero
un panel técnico de expertos electorales de la ONU y el Centro Carter, que
fueron las únicas misiones técnicas de observación acreditadas por el propio
CNE para observar los comicios, concluyeron que el proceso careció de
transparencia e integridad. La oposición publicó en Internet actas de votación
asegurando que Edmundo González Urrutia ganó las elecciones por un margen
significativo.
Desde
el 29 de julio, las autoridades venezolanas han activado su política de
represión, violando derechos humanos, incluyendo a la vida, las garantías
judiciales y la libertad.
Asimismo
especificó:
-Las
fuerzas de seguridad venezolanas, así como grupos armados pro gobierno,
conocidos como “colectivos”, han reprimido las manifestaciones contra el
resultado electoral anunciado, generando reportes de más de 20 muertes de
manifestantes y transeúntes. Según Nicolás Maduro, más de 2.400 personas han
sido detenidas, incluidas 120 niñas y niños, entendiendo “niños” como menores
de 18 años según la definición de la Convención sobre los Derechos del Niño.
Muchas de las personas detenidas han sido acusadas de ‘terrorismo’ y otros
tipos penales discrecionales.
El
sistema judicial venezolano, incluidos el Tribunal Supremo de Justicia o la
Fiscalía General, carecen de independencia e imparcialidad, como la Misión ha
documentado rigurosamente en sus informes.
Otras
condiciones estructurales que facilitan la comisión de graves abusos y
llevaron a la creación de la Misión, persisten y se han agravado incluyendo la
impunidad y la falta de independencia judicial y de reparación a las víctimas,
según las organizaciones.
Con la renovación del mandato de la
Misión, los gobiernos enviarían un mensaje claro a los autores de abusos de que
la comunidad internacional se compromete a hacerles rendir cuentas por crímenes
internacionales y continuas violaciones de los derechos humanos, así como
respaldar la lucha de tantas víctimas por lograr verdad y justicia, afirmaron
las organizaciones firmantes. Las investigaciones en curso y los informes
públicos de la Misión también son esenciales para evitar un mayor deterioro en
un periodo postelectoral crítico.
De
igual modo señaló:
-La
renovación de su mandato permitiría a la Misión continuar reuniendo evidencias
sobre las graves violaciones de derechos humanos que todavía se cometen,
analizar sus causas raíz, determinando posibles responsables, reportar sobre
las dinámicas en el país y proveer recomendaciones necesarias. También
permitiría a la Misión apoyar y complementar las funciones de la Oficina del
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y de la
Fiscalía de la Corte Penal Internacional, que está llevando a cabo una
investigación sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
Interrumpir
el trabajo de la Misión en un momento tan crucial tendría implicaciones
negativas para la protección de las víctimas, los supervivientes y la población
en general, y podría incentivar aún más al gobierno venezolano a continuar su
brutal represión, concluyeron las organizaciones.
La
solicitud fue firmada por representantes de
Acceso a la Justicia, Alerta Venezuela, Amnistía Internacional, Caleidoscopio
Humano, Centro de Justicia y Paz (Cepaz),
Centro para los Defensores y la Justicia, Centro por la Justicia y el Derecho
Internacional (CEJIL), CIVICUS, Comisión
Internacional de Juristas, Comité de familiares de víctimas de los sucesos de
febrero y marzo de 1989 (COFAVIC), Espacio Público, Federación Internacional
por los Derechos Humanos (FIDH), Foro
Penal, Freedom House, Fundación para el
Debido Proceso (DPLF), Global Centre for the Responsibility to Protect (GCR2P),
Human Rights Watch, Ideas por la Democracia,
Justicia, Encuentro y Perdón, Laboratorio
de Paz, Observatorio Global de Comunicación y Democracia (OGCD), Observatorio
Venezolano de Conflictividad Social (OVCS), Oficina de Washington para Asuntos
Latinoamericanos (WOLA), ONG Red Reto, Organización Mundial Contra la Tortura
(OMCT), Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea), Red
Electoral Ciudadana (REC), Robert F. Kennedy Human Rights, Servicio
Internacional de Derechos Humanos y Voto Joven.
El día 30 de septiembre,
la Misión Internacional de la Organización de las
Naciones Unidas en Venezuela emitió un comunicado en el que expresó su
preocupación por las violaciones de derechos humanos que se producen en este
país.
-Existen –explicó- motivos
razonables para creer que se cometieron al menos 5 privaciones arbitrarias de
la vida, 14 desapariciones forzadas de corta duración y 58 detenciones
arbitrarias cometidas durante este tiempo.
Igualmente documentó 28
casos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes contra
personas detenidas, incluidos 19 casos de uso de violencia sexual y de género
contra hombres y mujeres en el mismo período.
Y agregó:
-Su presidenta también
denunció la detención de dirigentes sindicales, periodistas y personas
defensoras de derechos humanos. A esos representantes de los trabajadores los
detuvieron durante un año y los sometieron a un fuerte maltrato después de que
reivindicaran mejoras laborales. Todo ello, en un país que está mucho más
cercano a la fantasía socialista que todos aquellos que nos regimos por el
oscuro capital.
El 30 de septiembre de
2024 la ONG Coalición por
los Derechos Humanos y la Democracia pidió protección internacional para las
víctimas de la represión desatada por la narcodictadura contra manifestantes y
activistas políticos y sociales.
El portal 800
Noticias relató al efecto:
-Gracias a las
gestiones realizadas por el equipo de Coalición por los Derechos Humanos y la
Democracia, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha otorgado medidas
cautelares en beneficio de 7 venezolanos, Roland Carreño, Freddy Superlano,
Biagio Pilieri, así como de los activistas Carmen Leonor Azuaje, Elianger
Navas, Nélida Sánchez y la periodista Ana Carolina Gauta.
(Estas
medidas son simbólicas porque la
narcodictadura
no las cumple)
Luego de evaluar los informes
detallados presentados por la ONG, la instancia internacional alertó sobre la
situación de gravedad, riesgo y daño irreparable contra los derechos humanos de
los mencionados detenidos en los eventos post electorales.
Seguidamente señaló:
-Kelvi Zambrano
Director de la Coalición por los DDHH y la Democracia expresó: “Agradecemos
enormemente a la CIDH por su interés y preocupación por los presos políticos
venezolanos, es necesario que el Estado venezolano cumpla con la petición de
garantizar la vida e integridad física y moral de quienes gozan de este
beneficio internacional”.
Destacó Zambrano que
la CIDH además de protección a las víctimas, pide el cese de la represión,
persecución y ataques contra la libertad de expresión en Venezuela. Añadió que
la Coalición por los DDHH apuesta al diálogo, la reconciliación, la paz, la
justicia y la libertad de los presos políticos.
Después apuntó:
El Director de la ONG
recordó que la CIDH exhorta a las autoridades venezolanas a informar dónde se
encuentra los detenidos bajo custodia del Estado, en qué condiciones y las
circunstancias de su detención.
“Estamos de la mano
con las víctimas que han acudido a nosotros en busca de apoyo, no las vamos a
abandonar, por lo que seguimos trabajando con los organismos internacionales en
busca de protección, hasta lograr la libertad de todos los detenidos de forma
arbitraria, añadió Kelvi Zambrano defensor de los derechos humanos.
En igual fecha, 800
Noticias reportó:
-La relatora de la ONU
sobre la independencia de los jueces y abogados, Margaret Satterthwaite, instó
este lunes al Gobierno de Nicolás Maduro a liberar «inmediatamente» al abogado
Perkins Rocha, acusado por las autoridades de haber ayudado a candidatos de la
oposición durante las últimas elecciones en Venezuela.
Rocha fue detenido por
agentes de seguridad del Estado encapuchados el 27 de agosto, tras haber
trabajado como asesor jurídico de la principal coalición opositora de
Venezuela, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD).
Después destacó:
-El letrado fue
retenido en paradero desconocido hasta que compareció ante la justicia, luego
de lo cual fue trasladado al centro penitenciario El Helicoide.
Según la experta, este
“secuestro, detención y procedimiento” por parte de las autoridades venezolanas
podrían constituir represalias por haber ayudado a los candidatos de la
oposición durante los comicios.
“Me preocupa
seriamente que pueda haber sido sometido a tortura y malos tratos mientras se
desconocía su paradero”, afirmó Satterthwaite en un comunicado,, donde también
expresó: “El caso de Rocha parece ser el último de una serie de casos similares
dirigidos contra quienes expresaron su oposición al actual gobierno a través de
vías democráticas”.
Ante esta situación,
instó a las autoridades venezolanas a permitir que Rocha se reúna con su
abogado y sea liberado de forma inmediata de su detención arbitraria para que
pueda preparar su defensa
En la misma fecha,
pero en el portal Punto de Corte, Aslhyth Álvarez escribió:
Como defensor de los derechos
humanos, Diego Casanovas recalcó
que trabajan en un “Comité de familiares y amigos por la libertad de
los presos políticos” una causa que es bandera para toda la población
venezolana que tiene más de 2500 presos políticos, algo nunca visto en el país.
“Son familias que están sufriendo por tener a sus familiares
presos” dijo.
Luego
indicó:
-El
activista comentó durante el programa Agenda Común para Punto de Corte y Doble
Vía, dirigido por Vanessa
Davies y José Gregorio
Yépez, que algunas madres no han podido ver a sus familiares y “no
saben en qué condiciones están después de 50 días”.
Diego Casanova destacó la
importancia de defender la libertad y solicitar la justicia internacional para
que el mundo sea consciente de lo que está sucediendo en Venezuela, destacando
que existen numerosas familias y que la mayoría de los encarcelados políticos
después del 29 de julio provienen de sectores populares desfavorecidos.
“Son
miles de familias, la mayoría de los presos políticos después del 29 de julio son
de sectores populares muy pobres” atribuye este perfil a una razia represiva
que se desató contra estos sectores en virtud de haber votado el 28J a favor
del candidato de las fuerzas democráticas.
Y
añadió:
-En
este contexto el gobierno viéndose rechazado de manera categórica por estos
sectores que en algún momento lo apoyaron “le enviaron un mensaje a esta población que salió de manera espontánea
ese 29J ¡hartos de lo que estaba ocurriendo y de la burla ante el fraude!” manifestó
Casanova.
El activista defensor
de derechos humanos, considera
que su hermano, así como la de muchas otras personas de bajos recursos, son
víctimas de la “política represiva” del Estado contra los
sectores populares del país que no apoyaron al oficialismo en las elecciones
presidenciales del 28 de julio.
José Gregorio Pérez Maita, joven de 25 años quien
vive en Charallave, Municipio Cristóbal Rojas del Estado Miranda y es una de las personas detenidas en el
contexto de la represión poselectoral, detenido el lunes 29 de julio, “por
sujetos encapuchados, portando armas largas sin ningún tipo de identificación
lo interceptan a riesgo de que lo mataran, ya que esa tarde estaban
amedrentando a varias personas que estuvieron pacíficamente protestando por el
fraude”.
Una
semana después, “no sabíamos nada de él, lo buscamos por todos lados” Relató Casanova, que a su hermano lo
presentan en el circuito judicial penal de Los Valles del Tuy en Ocumare, ante
un tribunal de terrorismo, imputado por delitos de terrorismo, incitación al
odio, irreverencia a la autoridad y daño al patrimonio público.
Con
relación a la detención agregó que los sujetos encapuchados estaban actuando en
conjunto con la policía municipal de Charallave “lo llevan al comando
policial y lo golpean estando el alcalde presente” según le cuenta el
detenido a su hermano “le preguntaban qué ¿Quién lo había contratado para
hacer guarimbas?
También
explicó:
-Según
Diego Casanova, hermano de Pérez, a su pariente lo acusaron de supuestamente
lanzar piedras a una sede del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV)
junto con otros jóvenes que ni siquiera se conocían hasta encontrarse en el
lugar de reclusión. Pero él lo desmiente “Mi hermano no participó en las protestas, no estuvo en ninguna
actividad durante esos días”
Comentó
que le permiten ver a su hermano los días sábados, una sola persona, por una
hora y se encuentra en condiciones inadecuadas para un detenido por
razones políticas, puesto que en las cárceles no garantizan “agua,
alimentación y todo se lo tenemos que llevar”.
Señaló
que no le permitieron ver el expediente y no les permitieron tener defensa
privada: “insistimos en juramentar a unos abogados del Foro Penal pero no nos
permitieron juramentarse en la presentación, al final dijeron que no lo iban
aceptar que no siguiéramos insistiendo”.
El
26 de septiembre El Nacional, con
información de AFP, reportó:
-Estamos privados de
libertad, encerrados como si fuéramos delincuentes o un peligro para la
sociedad, somos inocentes de todos los cargos que nos están inculpando",
dice uno de los jóvenes en carta escrita con caligrafía escolar. Más de 2.400
personas fueron detenidas durante las protestas que estallaron tras la
cuestionada reelección de Nicolás Maduro, en medio de denuncias de fraude de
parte de la oposición. Del total, un centenar eran menores de edad.
Foto: Federico Parra / AFP
La
carta fue leída por Theany Urbina en el marco de una protesta para exigir la
libertad de los detenidos arbitrariamente por los cuerpos de represión de la
narcodictadura
El
despacho publicado por El Nacional
añadió:
-Un
grupo de 86 adolescentes ya fueron excarcelados, pero se estima que unos 30 aún
están detenidos. Miguel, el hijo de Urbina, junto con Yenderson, Daiber,
Héctor, Bleider, Ángel, Diomer y Alexander, que también firmaron la carta,
permanecen en una comisaría policial en Caracas a la espera de su libertad.
“Algún
día me iré de este lugar tan feo, de este infierno que nadie pertenece», sigue
el texto que Urbina leyó con la voz entrecortada en una protesta por la
libertad de su hijo este jueves frente a la Fiscalía en Caracas. “Esto no es
vida, cómo es posible estar pagando algo que ni mis compañeros ni yo hicimos”,
dice.
Luego
destacó:
Las
protestas escenificadas entre los días 29 y 30 de julio dejaron 27 muertos
-entre ellos dos militares- y cerca de 200 heridos. Los detenidos fueron
tachados de “terroristas” por el propio Maduro.
(La narcodictadura siempre
culpa de sus delitos violatorios de los derechos constitucionales de los
venezolanos, entre ellos el de protestar, sin miramiento los cuerpos represivos
de Maduro arremeten violentamente contra niños, adolescentes, mujeres,
discapacitados, ancianos a los que tilda de terroristas. Además los fiscales,
coaccionan a las víctimas para que se responsabilicen de delitos que no han
cometido a cambio de beneficios procesales)
A
Miguel Urbina lo detuvieron el 2 de agosto cuando comía una golosina en la
entrada de su casa. “Llegaron dos funcionarios y se lo llevaron”, relata su
madre, manicurista de 32 años de edad, que afirma que no estuvo involucrado en
manifestaciones.
Ella
asegura que su hijo está aislado junto con los demás adolescentes en un espacio
donde al menos no tienen contacto con presos comunes. “Me decía que tenía
miedo”, sigue. “Mi hijo no es un delincuente, no es un terrorista”, insiste.
El Nacional igualmente precisó que los
manifestantes jueves entregaron ante la Fiscalía
un documento para pedir que sean liberados.
-Familiares
cuentan –señaló- que antes de ser trasladados al sitio de reclusión actual, a
algunos de los adolescentes les pasaron descargas de corriente y les pusieron
una bolsa en la cabeza amenazándolos con llenarla de gases lacrimógenos.
Otro
caso citado por El Nacional, con
información de AFP:
-También
de 16 años de edad, Ángel Moisés Ramírez, hijo de Nérida Ruiz, de 39 años,
lleva casi 60 días detenido. Ella abraza una fotografía del mayor de sus hijos
vestido con el uniforme de la escuela.
Se lo
llevaron de su casa mientras cuidaba a su hermano de año y medio. Lo acusaron
de “hurto calificado, incitación al odio, terrorismo y resistencia a la
autoridad”. Esto luego de que una de las motos saqueadas en un almacén fuera
dispuesta en el camino para subir a su casa.
Él
empieza la semana que viene» el último año de la secundaria, cuenta Ruiz a la
AFP. “Y esa es su mayor preocupación, que él empieza clases y cómo va a hacer”,
remarca esta madre, que trabaja como cajera en una mueblería.
Debido
a las dificultades económicas de su familia, Miguel Urbina no estaba
estudiando, señala su madre, la cual añadió: “Todos en mi casa debemos
trabajar, trabaja mi esposo, trabajo yo, y mi hijo estuvo trabajando,
aprendiendo carpintería”, cuenta.
-No
estaba estudiando pero iba a comenzar a estudiar para retomar tercer año» de
secundaria, asiente Urbina, que clama por la excarcelación de todos los menores
de edad detenidos.
Se
aferra al papel en el que está plasmado el pedido de libertad de Miguel, el
mayor de sus cuatro hijos.
“Lo
único que pedimos es justicia”, señala la carta. “Por favor ayúdenos a salir de
este lugar tan feo, apóyenos, no aguantamos ni un día más en este lugar, solo
somos jóvenes que no tenemos nada que ver en lo que está pasando en el país, no
somos terroristas”, expresa.
Otra
de las víctimas de los cuerpos represivos de la narcodictadura, Gerardo Leal,
relató al portal El Pitazo que tuvo
que irse a Colombia en una travesía de cuatro días en la cual no se cambió de ropa, no se bañó, no se cepilló los
dientes ni pudo descansar. El temor y el apuro lo empujaban a una de las
trochas que unen a Venezuela con Colombia, para finalmente llegar al país
vecino y sentirse en resguardo.
-Solo
pude salir –explicó- con mi querido
vehículo del que soy apasionado, mi moto, sin más nada. Sin dinero. Me traje
fue mucho sufrimiento, lloré todo el camino, cada vez que me paraba a saber si
iba bien o no en la ruta, lloraba y lloraba.
Leal
confió también a El Pitazo que cuando
su esposa de 44 años y su hija de 15 años fueron detenidas, ya estaba a
kilómetros de su hogar, y aunque ambas
mujeres fueron liberadas 26 horas después, padecieron de violencia verbal y
psicológica durante ese tiempo.
(La
narcodictadura acusa a la oposición de fascista y nazista. Pero en este caso como
muchos otros denunciados el 24 de septiembre de 2021 en el segundo informe de la Misión
Internacional Independiente de Determinación de Hechos sobre Venezuela aseguró haber recibido información de que
agentes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) habrían
amenazado con aplicar sippenhaft a disidentes bajo su custodia, en particular a
algunos de los señalados de participar en la llamada Operación Gedeón. El
sippenhaft fue un concepto jurídico establecido
en la Alemania Nazi de Adolfo Hitler en, según el cual, un acusado de
supuestos crímenes políticos extendía automáticamente su responsabilidad penal,
en igual medida, hacia sus familiares, de modo que los mismos, eran
considerados también culpables,
arrestados; y, en algunos casos, también condenados a muerte. En cuanto al
calificativo de fascista que aplican Nicolás Maduro, Jorge Rodríguez y Diosdado
Cabello contra quienes disienten contra su oprobioso régimen, el epíteto se
corresponde con ellos, ya que son los que están en el poder y reflejan
semejanza con los camisas negras
empleados por el dictador italiano Benito Mussolini para sembrar el terror
contra sindicatos, huelguistas y todo intelectual vinculado a la izquierda que
se posicionara en contra del fascismo. Los círculos del terror y los
enmascarados de la Dirección General de Contrainteligencia Militar y Servicio
Bolivariano de Inteligencia Nacional se comportan contra la disidencia igual
que lo hicieran en su momento los camisas negras)
. El Pitazo igualmente apuntó:
-A
Leal le da vergüenza decir en voz alta los insultos y las amenazas que dijeron
los uniformados a su familia. Describe esas horas como terroríficas para ambas.
Cuando finalmente llegaron a
Colombia, no paraban de llorar del shock en el que estaban.
Al
ser liberadas, llegaron a su hogar, hicieron maletas y salieron de inmediato de
Trujillo hasta Colombia. Pudieron hacerlo con un poco más de calma y cruzaron
por el puente internacional Simón Bolívar. No sellaron pasaporte de salida de
Venezuela, solo entrada a Colombia.
La
familia Leal no solo fue víctima de esta situación. Días previos funcionarios
policiales llegaron al lugar donde tenían una venta de perros calientes y les
indicaron que no podían seguir allí. Mudaron el emprendimiento a su hogar y el
carrito fue decomisado por los uniformados.
El Pitazo continuó:
-Su
vida y la de su familia cambió para siempre, pero Gerardo Leal no se arrepiente
de nada de lo que hizo, ni de sus ideales políticos y mucho menos del apoyo a
María Corina Machado y a Edmundo González.
“Salí
por pensar diferente y creer en un país de cambio a través de los votos. Soy
perseguido, amenazado, mi cabeza tiene precio, pero tengo 25 años trabajando
por un cambio en Venezuela”, dijo.
Leal
fue miembro fundador de la asociación de motorizados José Gregorio Hernández.
Ellos crearon el movimiento de motos del comando Con Venezuela y recorrieron
todo Trujillo durante la campaña y las visitas de María Corina Machado al
estado.
Describe
la organización ciudadana como una “lucha por la patria y la familia”, con la
que aportaron y trabajaron todos a favor de la candidatura de Edmundo González
Urrutia.
Pero
ese acto que considera heroico, resultó con tres motorizados detenidos. Dos están
en la cárcel de Tocuyito, Estado Carabobo, y otro en el Helicoide, en Caracas.
Además de ser él un perseguido político, otros de sus compañeros también lo son
y están en resguardo en otros estados de Venezuela y fuera del país.
“Antes
en el país el que trabajaba comía y ahora no es así, ahora nada alcanza para
nada”, contó sobre su apoyo a la candidatura opositora en la elección
presidencial del 28 de julio.
El
5 de agosto el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, condenó rotundamente
la represión y violencia que ha desatado el Gobierno de Venezuela en contra de
su propio pueblo, y sostuvo que no reconoce a Nicolás Maduro como mandatario
reelecto. ya que los resultados presentados por el Consejo Nacional Electoral
(CNE) de Venezuela “no reúnen los criterios mínimos de transparencia que exige
una democracia moderna”.
El
despacho de EFE señaló además que “Guatemala
ya había indicado el pasado 2 de agosto mediante su Cancillería que no
reconocía como oficiales los resultados que daban como ganador a Maduro de las
elecciones celebradas el 28 de julio en Venezuela.
Y
agregó:
-La
nación centroamericana es uno de los países que no han reconocido el triunfo de
Maduro en la región, al igual que Perú, Uruguay, Ecuador, Argentina, Panamá y
Costa Rica.
Por
otro lado, la Organización No Gubernamental Foro Penal, reportó que al menos 13
personas han muerto en Venezuela durante las protestas en contra de Maduro por
los resultados electorales.
También
señaló que “Las autoridades venezolanas por su parte cifran en 2.000 los
arrestados en las manifestaciones”.
El
1 de octubre de 2024 el portal 800
Noticias, con información de TalCual,
reportó:
-La
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó este martes medidas
cautelares a favor de Osmary Sánchez Chirinos, una joven de 26 años embarazada
quien se encuentra detenida por presunta “incitación al odio” luego de las
elecciones presidenciales.
Y
explicó luego:
-La
beneficiaria se encuentra en una situación de gravedad y urgencia, en la medida
en que no estaría recibiendo la atención médica necesaria y adecuada para su
estado de salud», señaló la CIDH en una nota de prensa. Considera que su
detención está enmarcada en la llamada «operación tun tun», como se denominó a
la detención arbitraria de opositores por cuestionar los resultados
electorales.
Osmary
Gabriela Sánchez Chirinos fue detenida el pasado 7 de agosto por funcionarios
de la Dirección de Investigación Penal (DIP) de la Policía Nacional de Coro,
Estado Falcón, luego de que un “patriota cooperante” la acusara de instigar al
odio a través de un grupo de WhatsApp. Fue presentada en audiencia virtual ante
el Tribunal 2do con Competencia en Terrorismo de Caracas y señalada de los
delitos de incitación al odio y terrorismo.
Actualmente
padece de hipertensión, infección y fiebre alta. También se denunció que
funcionarios de la penitenciaría la estarían sometiendo a tortura psicológica.
Finalmente
señaló:
-La
CIDH pidió al Estado venezolano que adopte las medidas necesarias para proteger
los derechos a la vida, integridad personal y salud de Sánchez Chirinos; que
implemente medidas necesarias para que sus condiciones de detención se adecúen
a estándares internacionales aplicables; e informe sobre las acciones para
investigar los hechos.
Por
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