Rechazo y discriminación entre las principales causas de ausencia de control prenatal en adolescentes embarazadas

Aunque la OMS establece que la cantidad mínima aceptable de controles prenatales es de 8, las mujeres embarazadas tienen acceso a menos consultas en Lara. El estado retrocedió 70 años en la prevención de la mortalidad materna. Las muertes de adolescentes embarazadas aumentaron 11% de 2021 a 2023, advierte la ONG Laboratorio de Desarrollo Humano (Ladeshu) que le hace seguimiento a este indicador desde 2018

Liz Gascón – 20/11/24

El Hospital Central Antonio María Pineda atiende la mayoría de los partos de alto riesgo en el estado Lara. Foto: Liz Gascón (Archivo)

Naybeth emigró a Barranquilla, Colombia, en agosto de 2022, con sus hermanas y su novio para buscar trabajo. En aquel momento tenía 15 años de edad y había terminado el tercer año de bachillerato en un liceo público de Barquisimeto, capital de Lara. 

La adolescente planeaba trabajar un par de meses y regresar a Venezuela para continuar con sus estudios. Pero su estadía en Colombia se alargó cuando supo que estaba embarazada. 

“Yo iba a conocer (Colombia) porque nunca había pensado irme. Como me enteré que estaba embarazada me quedé por allá”, relata. 

Naybeth decidió hacerse los controles prenatales en Barranquilla porque temía que en su país se dificultara la atención médica gratuita o el pago de estudios médicos que no están disponibles en el sistema de salud pública. Como no estaba afiliada a la seguridad social en Colombia, buscó ayuda en organizaciones para migrantes y tuvo acceso a consultas y exámenes cada mes. 

En junio de 2023 la adolescente dio a luz en Colombia y al día siguiente le presentaron los métodos anticonceptivos que estaban disponibles para prevenir otro embarazo. Le pusieron un dispositivo intrauterino y le hablaron de sus derechos sexuales y reproductivos.

En el norte de Barquisimeto otra joven dio a luz a su segundo hijo el 18 de junio de 2024 en el Hospital Central Antonio María Pineda. Su primer embarazo fue en 2020. Para ese momento tenía 17 años de edad y asistió a los controles en el ambulatorio de Tamaca. Cuatro años después volvió a la consulta en ese centro público y la refirieron a hospitales con mayor capacidad. En las dos oportunidades ha tenido dificultades para su atención prenatal o durante el parto, cuenta su mamá a la Red de Mujeres Constructoras de Paz.

“En 2020 no había transporte, nos pedían insumos (…) Ahora nos pidieron dos yelcos y espero que no pidan más porque no tenemos cómo comprarlos. Mi hija entró hace varias horas a sala de partos para una cesárea y no tengo información de ella”, agregó la mamá de la joven a las puertas de la emergencia obstétrica.

Las fallas en los servicios de ginecología y obstetricia de los centros de salud pública del estado Lara son un motivo de preocupación para las adolescentes embarazadas y sus familiares. Además de las limitaciones que tienen para trasladarse a los consultorios por deficiencias en el transporte público o falta de dinero para cubrir sus pasajes y estudios, hay otra inquietud expresan tres médicas y una psicóloga de la Asociación Larense de Planificación Familiar (Alaplaf).

El miedo al rechazo del entorno de las embarazadas –familia, comunidad, amistades, lugar de estudio– y la estigmatización en centros de salud pública donde los trabajadores sanitarios no estén sensibilizados figuran entre las razones de abandono de los controles prenatales, advierten.

“La primera causa de ausencia de control prenatal de manera precoz es el temor de la adolescente de ser juzgada por sus familiares y amigos. Además, quizás no consiguen un trato adecuado por parte del personal de salud que las atiende en sus primeras consultas”, sostiene la doctora Anais Villamizar, médica ginecóloga infanto juvenil de Alaplaf.

En el sistema de salud pública el embarazo adolescente se atiende en la consulta prenatal de Alto Riesgo Obstétrico (ARO) sin distinción de la edad de la paciente porque hacen una clasificación según las patologías, aunque el artículo 50 de la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (Lopnna) establece que el Estado, con la participación de la sociedad, debe garantizar servicios y programas de atención sexual y reproductiva a esta población que sean accesibles económicamente, confidenciales y que garanticen el respeto a la vida privada. Las y los adolescentes mayores de 14 años tienen derecho a solicitar estos servicios por sí mismos.

“La consulta de ARO de las adolescentes debe ser una consulta en donde se atienda solo adolescentes, lo que evitaría la exposición al juicio de otras pacientes. Las adolescentes, al igual que el resto de las pacientes, tienen derecho a ser tratadas con respeto independiente de su condición de edad o condición socioeconómica”, propone Villamizar.

Las complicaciones que se presentan en las mujeres embarazadas de 10 a 19 años de edad están entre las principales causas de muerte de este grupo etario, agregan las médicas ginecólogas Jumana Younes y Luzmila González, quienes también prestan servicio en Alaplaf.

“Las madres adolescentes tienen mayor riesgo de sufrir trastornos hipertensivos del embarazo, anemia, diabetes gestacional, partos prematuros, endometritis puerperal, e infecciones sistémicas. De igual forma, los bebés de madres adolescentes tienen un mayor riesgo de padecer bajo peso al nacer, nacimientos prematuros y afección neonatal grave que puede llevar a la muerte del recién nacido”, detalla Villamizar.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) establece que el mínimo aceptable de consultas durante el embarazo son 8. Pero en Lara un alto porcentaje de mujeres gestantes tiene una cantidad de controles por debajo del estándar, según las investigaciones sobre mortalidad materna que hace la ONG Laboratorio de Desarrollo Humano (Ladeshu) en la región desde 2018. 

Solo en Haití, Bolivia y Guyana murieron más embarazadas que en un solo estado de Venezuela durante 2021, según estimaciones del Laboratorio de Desarrollo Humano (Ladeshu). Ese año se registraron 49 muertes maternas, mientras que 2022 y 2023 cerraron con 53 por año. Foto: Liz Gascón 

Entre 2022 y 2023 se registraron 106 muertes maternas en Lara, 53 por año. La Razón de Mortalidad Materna (RMM) se situó en 155 decesos por cada 100.000 nacidos vivos. El estado retrocedió 70 años en la prevención de este indicador, precisa la organización.

“El alto porcentaje de muertes maternas en adolescentes [de 15 a 19 años] se incrementó en un 11% en relación a 2021. Lo que a su vez da cuenta de la falta de políticas dirigidas a la prevención de los embarazos en adolescentes y hacía la educación sexual y reproductiva en los jóvenes”, dice la socióloga Yelena Salazar, coautora del informe de mortalidad materna en Lara.

Salazar señala que este indicador es sensible a las crisis y emergencias humanitarias. En los registros de 2022 y 2023, Ladeshu evidenció que 89% y 79% de las mujeres que murieron durante el embarazo o hasta 42 días después del parto tuvieron menos de 8 controles prenatales.

“El deterioro progresivo de la atención prenatal, del parto y del posparto ha incidido en el incremento de la RMM”, reitera Salazar.

Venezuela tiene la peor Razón de Mortalidad Materna del continente con 259 casos por cada 100.000 nacidos vivos, revela un informe conjunto de la OMS, Unicef y el Fondo de Poblaciones de las Naciones Unidas (UNFPA por sus siglas en inglés) publicado en febrero de 2023. “Es el país con el mayor crecimiento de la muerte materna en el mundo durante el siglo XXI. Con un porcentaje de 182,8% supera a todos los países de Asia, África y América Latina”, advierte Ladeshu. 

Estas cifras distan de una declaración escrita por el ministro de salud de Venezuela, Carlos Alvarado, en 2022, en la cual asegura que lograron un control relativo de la mortalidad materna entre 2018 y 2021 mediante la implementación de dos planes: Parto Humanizado y Ruta Materna. Pese a las promesas de gratuidad y atención integral, estás iniciativas del Estado presentan fallas que imposibilitan que las mujeres embarazadas tengan cubiertos sus controles en el sistema de salud pública debido a la inoperatividad de los laboratorios públicos o servicios de imágenes. 

La Encuesta Nacional de Hospitales que monitorea 40 centros en el país determinó en 2023 que 53% de los laboratorios y 80% de los servicios de ecografía no funcionan o lo hacen de manera intermitente.

La falta de acceso a controles prenatales en adolescentes embarazadas de Lara refleja las deficiencias estructurales del sistema de salud en Venezuela, donde los obstáculos financieros, el estigma y la falta de sensibilización del personal sanitario limitan la atención oportuna. 

A pesar de los programas estatales que prometen atención gratuita, los elevados índices de mortalidad materna en el estado muestran que estos esfuerzos resultan insuficientes. Como advierten las expertas, una inversión sólida en programas de salud materna y educación sexual integral, junto con el fortalecimiento de la infraestructura de salud pública, es fundamental para reducir estos indicadores y garantizar un entorno seguro para las madres adolescentes y sus hijos.

La formación en perspectiva de género; la revisión de prejuicios y estigmas y sensibilizaciones con la situación de las adolescentes encabezan la lista de recomendaciones de las expertas consultada por la Red de Mujeres de Paz para que se implementen en los centros de salud pública que atienden a las embarazadas.